El más reciente informe de la organización Somos Defensores registra un aumento de asesinatos y atentados contra defensores de derechos humanos: en el año que se firmó el acuerdo de paz con las Farc se registraron 80 asesinatos y 42 sufrieron atentados.
Durante la fase final de la negociación de paz entre el gobierno nacional y las Farc aumentaron las amenazas y los asesinatos de líderes sociales. Foto: Ricardo Cruz.Colombia parece vivir un déjà vu en cuanto a asesinatos de personas que se tomaron la tarea de defender sus derechos y los de sus comunidades: se ha vuelto repetitivo escuchar que el año que terminó tuvo más muertos que su antecesor. Salvo en 2014, cuando ocurrió una disminución en esa materia, desde 2006 ha aumentado constantemente el número de homicidios de esta clase de líderes.
Ese dramático panorama es reflejado por el Programa Somos Defensores, una organización no gubernamental que ha documentado diferentes tipos de agresiones contra líderes sociales desde 2002. En su más reciente informe, titulado Contra las cuerdas, que será publicado este miércoles, pone de presente que el año pasado, a pesar de haberse reducido un 29 por ciento las agresiones contra defensores de derechos humanos, los asesinatos y los atentados aumentaron nuevamente.
“En comparación con 2015, se ve con preocupación el incremento en los homicidios (de 63 a 80 casos) y de los atentados (de 35 a 49 casos). Las amenazas disminuyeron significativamente (539 a 317 casos) al igual que las detenciones arbitrarias (de 26 a 17 casos). El resto de agresiones se mantuvieron en los mismos niveles o descendieron ligeramente”, señala el documento.
Las agresiones registradas fueron 317 amenazas, 80 asesinatos, 49 atentados, 17 detenciones arbitrarias, dos desapariciones forzadas, nueve casos de usos arbitrarios del sistema penal, seis hurtos de información y un caso de violencia sexual.
Al analizar los casos de homicidio se encuentra que 71 eran hombres y 9 mujeres; que los sectores con más líderes muertos fueron los comunales (20), seguido de indígenas (15), campesinos (13), comunitarios (10) y afro (7); y que la mayoría de los homicidios ocurrieron en los departamentos de Cauca (22), Antioquia (10), Norte de Santander (6), Nariño (5) y Valle del Cauca (5).
Sobre las regiones, el informe alerta que “es motivo de especial observación que los departamentos del suroccidente colombiano (Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo) concentran un muy alto número de homicidios (34 casos) lo que significa que el 42% de los crímenes contra defensores del país se concentran en ese territorio. Otro dato importante es que tan solo 10 de los 80 homicidios registrados, se presentaron en capitales de departamento lo cual significa que el 87.5% de las muertes contra estos activistas ocurren en zonas rurales del país”.
Al revisar la variable temporal se encuentra que los homicidios aumentaron en el segundo semestre del año: en los primeros seis meses ocurrieron 37 y en el segundo 43. Y si se cierra aún más el margen temporal, queda de presente que el trimestre más violento fue el último con 22, justo cuando se celebró el plebiscito que rechazó el primer acuerdo de paz acordado entre el gobierno nacional y las Farc en Cuba, y el Congreso de la República refrendó el segundo acuerdo que incorporó aclaraciones pedidas por los promotores del No.
Para Carlos Guevara, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Somos Defensores, hay una “corresponsabilidad en el tiempo” entre homicidios, amenazas y la sensación de zozobra que se vive en los territorios: “Hay sectores que después de que ganó el No hablan con más fuerza, beligerancia y violencia contra defensores de derechos humanos en las regiones; el No fue un nuevo aire la ultraderecha y se tradujo en amenazas con más fuerza”.
Este informe también llama la atención que la mayoría de las personas asesinadas no representaban liderazgos visibles, sino que eran “liderazgos absolutamente locales, difíciles de identificar en muchos casos, pero no por ello menos importantes para la labor de defensa de los derechos de comunidades apartadas y abandonadas por el Estado; de hecho estos liderazgos locales son los que permiten que grandes procesos indígenas, campesinos, afro, de mujeres, LGBTI, etc., puedan tener importantes resultados e impactos”.
Al respecto, Guevara indica que esa situación representa un cambio de estrategia de los violentos que ahora “buscan desarticular el proceso desde adentro y desde abajo, porque si golpean las bases de los movientes sociales, se desarticulan la capacidad de conexión en la base y desestructura la organización”. Y agrega que también lo hacen para evitar llamar la atención y mermar los costos políticos: “Cuando mataron a Ana Fabricia Córdoba y a Yolanda Izquierdo, todo el mundo se fue sobre los líderes de tierras, se inventaron mil directivas y hoy en día por eso no tenemos un líder asesinado de tierras -líder, no reclamante- porque se puso la lupa sobre la seguridad de esas personas”.
En cuanto a la forma como fueron cometidos los asesinatos, la información recabada por Somos Defensores indica que en 69 hechos se utilizó arma de fuego; en siete, arma blanca; y uno mediante golpes con un objeto contundente; además, en tres casos se encontraron señales de tortura física y uno de ellos fue desaparecido previamente. Ninguna de las víctimas contaba con medidas de protección y diez de ellas habían denunciado amenazas previamente.
Disminuyen amenazas
Esta es una reducción que despierta preocupación por más paradójico que pueda parecer. Las amenazas bajaron respecto a 2014 y 2015, cuando se dio un inusitado aumento relacionado con el avance de las negociaciones de paz en Cuba. Si se comparan las 317 amenazas que ocurrieron el año pasado con las 539 de 2015, se encuentra una reducción del 40 por ciento.
Sin embargo, preocupa la reducción por cuanto surge del aumento de asesinatos y atentados. Para Guevara hay una relación directa entre esas dos situaciones: “Pasamos de las amenazas a los hechos, lo hemos venido diciendo todos estos años. En 2013 dijimos que durante la negociación iban a bajar, pero que cuando se acerquen la firma y la implantación de los acuerdos se va a sufrir una violencia focalizadas contra defensores de derechos humanos. Así ha pasado en procesos de paz en otros países como Guatemala, El Salvador, Burundi y Filipinas. Nosotros lo dijimos desde hace años, el gobierno pensó que era una tomadura de pelo y ahora estamos recogiendo muertos”.
Las regiones con más amenazas en 2016 fueron Bogotá con 67 casos; Valle del Cauca con 61; Santander con 42; Cauca con 39; y Atlántico con 27.
Varios enigmas
A pesar de las denuncias, los crímenes siguen ocurriendo en las regiones. Una de las mayores críticas es que ni el gobierno ni la Fiscalía tienen un sistema de registro de esta situación. Foto: Ricardo Cruz.El actual desangre de líderes se ha dado en medio de una álgida discusión entre las organizaciones sociales y no gubernamentales, que denuncian que esa ola de violencia es producto de nuevos grupos paramilitares, y el gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación, que responden que el paramilitarismo ya no existe y, de paso, argumentan que usar esa figura sería concederles estatus político a grupos del crimen organizado. También se cuestiona la existencia o no de la sistematicidad en los hechos.
Más allá de las discusiones, lo cierto es que las muertes continúan y van en aumento. Sobre este aspecto, el nuevo informe de Somos Defensores llama la atención porque por primera vez se le atribuye la mayoría de asesinatos a grupos paramilitares y no a desconocidos como ha sido la tendencia. Del total de casos del año pasado, se les atribuyen 45 a grupos paramilitares; tres a guerrillas; 28 a desconocidos; y cuatro a miembros de la Fuerza Pública. Esas cifras contrastan enormemente con las de 2015, cuando se le atribuyeron seis a grupos paramilitares; dos a guerrillas; 51 a desconocidos; y cuatro a miembros de la Fuerza Pública.
El informe indica que “este incremento está asociado a muchos de los movimientos que este grupo ha tenido en los territorios que históricamente han controlado y a los intentos de cooptar los territorios que las Farchan ido dejando en su proceso de reincorporación a la vida civil; tal situación fue sustentada en un detallado informe entregado por la OACNUDH al Gobierno Nacional en diciembre de 2016. Estas zonas también cuentan con alta presencia de las FFMM y la Policía Nacional”.
Al respecto, Guevara explica que no existe un fenómeno paramilitar de índole nacional, pero indica que “hay manifestaciones de este tipo de grupos de carácter regional en la Costa Norte, Antioquia, algunas zonas del suroccidente y de los Llanos Orientales, que se articulan con carácter de confederación, como lo demostraron las Autodefensas Gaitanistas con el paro armado de marzo del año pasado. No hablamos de que exista un Plan Pistola a nivel nacional, pero sí hay presencia paramilitar en las regiones”.
Por otro lado, el informe cuestiona que a pesar de que en la última década más de 3 mil defensores fueron agredidos y se registran más de 500 asesinatos, el gobierno nacional y la Fiscalía no reconocen la sistematicidad de los casos y no tienen un mecanismo propio para documentarlos.
“En la actualidad el Gobierno aún se basa en la información que organizaciones de la sociedad civil como CINEP, CERAC, INDEPAZ, CCEEU, MOVICE, MARCHA PATRIOTICA, CUMBRE AGRARIA, OACNUDH y el Programa Somos Defensores y tan solo dedicándose a cuestionar la disparidad de cifras sin reconocer que el verdadero problema no radica en la diferencia de las cifras de la sociedad civil sino en la incapacidad del Estado colombiano en documentar cabalmente estas muertes a fin de para la violencia y la impunidad en este tema”, plantea el documento.
Este año los líderes sociales desempeñarán un rol vital en las regiones por cuanto ya está en marcha la implementación del Acuerdo Final alcanzado con las Farc luego de cuatro años de negociaciones en Cuba. Y aunque todos los sectores reconocen su importancia porque este proceso se basa en la construcción de paz territorial, los líderes sociales siguen desprotegidos y al acecho de los violentos: en menos de dos meses ya han sido asesinados más de una decena y nuevas amenazas han llegado a territorios que anteriormente eran controlados con las Farc.
Diferentes estamentos de la sociedad claman para que se implemente correctamente el Acuerdo Final y se rodee a los defensores de derechos humanos con el fin de garantizarles protección en el libre ejercicio de su labor. Por ahora, esa parece ser la vía más cercana para romper ese déjà vu y que no se vuelvan a enterrar líderes sociales y se impida la reescritura de repetitivas líneas que consignan que el año que termina tuvo más muertos que su antecesor.
