El departamento de Valle del Cauca ocupa el cuarto lugar como el territorio de Colombia con más asesinatos de líderes sociales. Aunque el Acuerdo de Paz dispuso un conjunto de medidas para garantizar el activismo social y la defensa de derechos humanos, la violencia contra esas labores arreció.
Los asesinatos de líderes sociales aumentaron drásticamente con la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto que firmaron el 24 de noviembre de 2016 el Estado colombiano y la otrora guerrilla de las Farc. Desde ese entonces, han sido asesinados 786: una gran paradoja que va contra las expectativas que se tenían para afrontar la llamada época del posconflicto.
Del total de esos crímenes, 60 ocurrieron en Valle del Cauca; y en los cinco años previos a que se firmara la paz, 25 fueron asesinados en tierra vallecaucana. Ese doloroso registro es consolidado por Somos Defensores, organización no gubernamental que desde 2002 monitorea toda clase de agresiones contra líderes sociales; y expone que el principal departamento del suroccidente colombiano es uno de los más peligrosos para asumir la vocería de diversas comunidades.
El primer asesinato cometido en Valle del Cauca una vez firmado el Acuerdo de Paz ocurrió el 14 de enero de 2017, cuando un disidente de las Farc mató en Buenaventura a Emilsen Manyoma Mosquera, reconocida lideresa que luchó por el espacio humanitario que decenas de familias desplazadas por la violencia construyeron en la ciudad portuaria sobre el océano Pacífico. (Leer más en: El silencio de los fusiles duró poco)
A partir de ese momento, los homicidios se fueron sucediendo a mayor velocidad, uno tras otro, llegando a su pico máximo el año pasado, cuando 18 líderes sociales fueron asesinados. De ese modo, Valle del Cauca ocupa el cuarto lugar entre los departamentos con más homicidios de defensores de derechos humanos, siendo superado ampliamente por Cauca y Antioquia, y tan sólo por dos casos por Nariño.
Las 60 víctimas son hombres y mujeres que tenían entre 18 y 70 años de edad, que se dedicaban a labores comunales, protegían el medioambiente, luchaban por mejores condiciones de vida para poblaciones rurales, se dedicaban al sindicalismo y defendían los derechos de la comunidad LGBTI.
Las muertes violentas ocurrieron en 22 de los 42 municipios que componen a Valle del Cauca. La mayor cantidad de los casos sucedieron en Cali, la capital departamental, concentrando el 25 por ciento, con 15; le siguen los municipios de Buenaventura, con siete; Tuluá, con cinco; Jamundí, con cuatro; y Buga y El Dovio, cada uno con tres. El resto están esparcidos en poblaciones más pequeñas.
El asesinato más reciente que enlutó al movimiento social en este departamento es el de Jesusita Moreno Mosquera, ocurrido el pasado martes 7 de junio, cuando desconocidos le dispararon al salir de su casa, ubicada en el barrio La Floresta, de Cali. Doña ‘Tuta’, como le decían cariñosamente, se caracterizó por proteger el río Nauca y denunciar atropellos de grupos armados contra las comunidades afrodescendientes de la región del San Juan, en Chocó.
¿Por qué son asesinados los líderes sociales?
Los asesinatos de líderes sociales en este departamento tienen relación con su privilegiada ubicación geográfica, que lo dota de una gran variedad topográfica y cuenta con el puerto marítimo por donde transita más de la mitad de exportaciones e importaciones del país. Lamentablemente, esas características se han convertido en una especie de ‘maldición’, pues grupos armados ilegales y redes de crimen organizado se disputan su control para explotar diversas rentas ilícitas. Y a su merced están los activistas que abogan por las comunidades y sus territorios.
No obstante, esa lectura no basta para explicar por qué la violencia contra los líderes sociales es tan alta y sostenida en esta región. Irina Cuesta, investigadora del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), plantea dos variables adicionales.
La primera obedece una lógica regional, por ser el principal receptor de víctimas de desplazamiento forzado y de otras dinámicas en la región Pacífico, compuesta por los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. “Este departamento y, Cali, específicamente, jalonan muchas cifras de agresiones a líderes sociales. Son un centro al que llegan líderes desplazados por razones de seguridad y siguen amenazados; son un lugar de movilidad social entre el Pacífico e incluso el sur del país, que hace que las cifras también se reflejen allí”, indica.
Tal es el caso de doña ‘Tuta’, quien fue asesinada en la capital vallecaucana, aunque dedicó su activismo a defender a las comunidades afrodescendientes del sur del Chocó. “El desplazamiento mueve las cifras de líderes sociales asesinados en el departamento”, concluye Cuesta.
La segunda variable planteada por esta investigadora está relacionada con las dinámicas propias de las subregiones de Valle del Cauca, las cuales explican por qué los asesinatos se concentran en mayor cantidad en determinados municipios.
“En Buenaventura -agrega- hay una violencia y un impacto humanitario importante. En este momento la situación del Bajo Calima es de desplazamientos forzados por combates entre grupos armados y la Fuerza Pública, también hay liderazgos afros e indígenas amenazados. Otra dinámica es la del sur, en Florida y Pradera, una zona mucho más cercana a las dinámicas de conflicto en Cauca, relacionadas con sustitución de cultivos de uso ilícito e implementación del Acuerdo de Paz. Hay diversidad subregional en el departamento”.
Ese planteamiento es compartido por Camilo González Posso, director del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), organización que monitorea el conflicto armado y le hace seguimiento a la violencia contra líderes sociales: “Valle del Cauca es uno de los departamentos más difíciles de leer porque hay varias conflictividades, no solamente por la presencia de grupos armados, sino también al tema de mafias y conflictividades territoriales. La situación no es homogénea y las disputas varían según los territorios: hay conflictividades en la zona de costa y en la región de la vía que comunica a Dagua con Cali, entre consejos comunitarios de comunidades negras y empresas multinacionales, con minería ilegal y con minería formal; eso se ve reflejado en violencia contra comunidades, organizaciones y líderes sociales”.
Y continúa: “Pero si vamos al norte del departamento, las conflictividades son distintas: en Sevilla y Bugalagrande hay presencia de mafias de microtráfico, también están entrando grupos residuales de las Farc. Lo otro es Cali, en donde hacen presencia diferentes grupos armados, como lo señaló la Alerta Temprana 01 de este año de la Defensoría del Pueblo, en una ciudad que es receptora de violencia y donde se presenta lavado de activos. Además, el sur del Valle es zona de tránsito porque colinda con el norte de Cauca y Huila, con corredores del narcotráfico para sacar drogas por la región del Naya y Buenaventura”.
Más allá de actores armados y de dinámicas territoriales, Lourdes Castro, coordinadora de Somos Defensores, pone la lupa el apartado socioeconómico de Valle de Cauca y en la pluralidad de organizaciones sociales que luchan por mejores condiciones de vida, para explicar los altos índices de violencia contra los defensores de derechos humanos.
“En Valle del Cauca deben enfrentarse al actuar criminal, pero también hay conflictos sociales, culturales y económicos de hondo calado, con las comunidades afro, indígenas y campesinas. Hay conflictos sociales y económicos de tiempo atrás sin resolver, que han creado condiciones de exclusión, donde hay inequidad y racismo, que generan muchas tensiones. Y, como ha ocurrido históricamente en Colombia, muchas veces se resuelven de manera violenta contra líderes sociales”, detalla.
Además, se aleja de la explicación “reduccionista” de las autoridades, que señala que los asesinatos de líderes sociales están relacionados con grupos armados, disputas territoriales y control de economías ilegales: “La lectura es más compleja y hay otros factores, que están muy marcados en Valle del Cauca, porque confluyen disputas por tierras, racismo, exclusión y pobreza. Y en el fondo, hay tejidos sociales muy fuertes de afros, indígenas, campesinos y jóvenes, que luchan para superar esa situación y por son atacados. Eso se vio reflejado en el Paro Nacional del año pasado”.
Las protestas del año pasado por cuenta de la reforma tributaria con la que el gobierno nacional pretendió aumentar los impuestos a la clase trabajadora se vivieron con mayor intensidad en Valle del Cauca, y es la principal causa del aumento de agresiones y asesinatos de líderes sociales en el departamento.
Al respecto, Somos Defensores indicó en su informe anual sobre 2021, que por motivo de la represión estatal durante el Paro Nacional, las agresiones a líderes sociales pasaron de 43 en 2020, a 145 en 2021. En Cali se vivieron los momentos más convulsionados a causa de la respuesta policial, que derivó en la muerte de manifestantes. (Leer más en: En Cali está naufragando el Estado Social de Derecho)
Por otro lado, Carmen*, integrante del Nodo Suroccidente de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos (CCEEU), plataforma que agrupa a 48 organizaciones de derechos humanos en la región, plantea que los altos índices de violencia también se deben a la falta de respuesta de la Justicia para investigar y condenar a quienes asesinan líderes sociales.
“La impunidad es un factor que alimenta esta violencia. En la Mesa Territorial de Garantías (instancia de diálogo entre organizaciones sociales, entidades del Estado y Naciones Unidas), tenemos una mesa técnica de investigación, donde periódicamente hacemos un ejercicio de revisión con la Fiscalía, pero los procesos son muy lentos y no hay avances. Tenemos casos en esa Mesa de hace cinco o seis años y todavía están en fase de investigación. ¡No hay ninguna condena!”, lamenta.
Y prosigue: “Es una situación muy triste y compleja porque ante esos niveles de impunidad, quien atenta contra los defensores y defensoras de derechos humanos, sabe que no va encontrar castigo y seguirá haciéndolo sin mayor temor. La mejor forma de protegernos no es que la UNP (Unidad Nacional de Protección) nos ponga más carros blindados, nos dé más chalecos y celulares, sino que se esclarezcan los hechos violentos que ponen en riesgo nuestra vida e integridad”.
Además, también cuestiona la negativa del gobierno nacional y de la Fiscalía General de la Nación, de reconocer que hay disidentes de las Farc en diferentes partes del departamento atacando a pobladores y líderes sociales.
“Esa situación -dice- es parte de las discusiones que estamos dando con la Fiscalía y el Gobierno, pues plantean que no hay disidencias en esta región del país, pero la gente nos cuenta que hay personas armadas en la zona rural de Pradera, de Tuluá y de Buga; hay personas desplazadas por esos actores armados ilegales en la parte alta y también tenemos asesinatos y extorsiones. Ni qué decir lo que se vive en el Bajo Calima y Buenaventura, por enfrentamientos entre grupos armados”.
¿Cómo detener los asesinatos de líderes sociales?
La violencia contra los líderes sociales no encontró solución en el gobierno del presidente Iván Duque Márquez (2018-2022). A poco menos de dos meses de terminar su mandato presidencial, las cifras demuestran que su política de seguridad y su Plan de Atención Oportuna (PAO) para proteger a defensores de derechos humanos y líderes sociales, no dieron resultados.
Las fuentes consultadas en este reportaje coinciden en que el nuevo mandatario de los colombianos, que asumirá las riendas del Ejecutivo el próximo 7 de agosto, deberá centrar sus esfuerzos en garantizar la protección de las comunidades y en implementar de manera integral el Acuerdo de Paz.
Castro, de Somos Defensores, hace un llamado para que se apliquen, en su conjunto, las medidas dispuestas en el Punto 3,4 del Acuerdo de Paz, relativas a garantías para comunidades, organizaciones de defensoras de derechos humanos y excombatientes. Puntualmente, reclama que se ponga en marcha la construcción de una política pública para el desmantelamiento de grupos armados y se mejore la respuesta a las Alerta Tempranas que emite la Defensoría del Pueblo, en las que advierte sobre diversos riesgos y así se eviten más muertes.
Desde la FIP, Cuesta señala que la política de seguridad del próximo gobierno tiene que dar un viraje para poner en el centro la protección de las comunidades y de los liderazgos sociales: “Lo que nos deja el gobierno Duque es un balance con avances en capturas y bajas de cabecillas de grupos armados, pero eso no implicó protección para las comunidades. En definitiva, el centro de una política de seguridad tiene que ser la protección, más que el ataque a grupos armados”.
En ese sentido, González Posso, de Indepaz, insta a que en sus primeros 30 días al frente de la Nación, el nuevo Gobierno Nacional presente una política pública de seguridad con un alto componente humano, como lo demandan el Acuerdo de Paz y Naciones Unidas. “Que no sea sólo presencia de la Fuerza Pública, sino del Estado en general para el desmantelamiento de estos grupos que atentan contra los líderes y la paz en general”, precisa.
Asimismo, sugiere que además del Punto 3,4 del pacto de La Habana, se reactive la implementación Punto 4, relacionado con la sustitución de cultivos de uso ilícito, pues buena parte de las agresiones contra líderes sociales se concentran en regiones que son disputadas por el narcotráfico.
Y Carmen, desde la CCEEU, reclama que “el incumplimiento del Acuerdo de Paz incide en el nivel de violencia que se ha generado en los últimos años. Por esa razón, seguimos esperando que los gobiernos locales y el nacional, se comprometan de manera decidida”.
* Nombre cambiado por razones de seguridad
