32 líderes de organizaciones y comunidades religiosas de ese país hicieron una declaración pública en la que ponen de presente su respaldo al proceso de paz con las Farc e instan al gobierno de Barack Obama a que ayude en la implementación de una paz justa y verdadera.
Desde hace más de dos años representantes del gobierno Santos y de las Farc intentan encontrar una salida negociada al conflicto armado. Foto: archivo Semana.
Además de celebrar los avances de la negociación con las Farc en materia de minas antipersonal y para rendir cuentas sobre los desaparecidos, estos líderes también le hacen un llamado a las dos partes para que incorporen las “justas demandas de las víctimas de todos los actores armados”, y le piden al Congreso y al Gobierno norteamericano que ayuden a incidir en este aspecto; llaman la atención para que el Eln también forme parte de un especio de negociación; y pide que desde su país se destinen recursos para apoyar la etapa de post-acuerdos.
Esta declaración pública se dio en medio de los Días de Oración y Acción por la Paz en Colombia, jornada que se celebra en Colombia y Estados Unidos. VerdadAbierta.com la reproduce en su totalidad:
Honorable Presidente Barack Obama y Distinguidos Miembros del Congreso de los EE.UU.:
En nuestra calidad de líderes de un amplio rango de organizaciones y comunidades religiosas a lo largo de los Estados Unidos, nos sentimos enormemente animados por los avances logrados en el proceso de diálogo de paz en Colombia. Nos alientan los recientes acuerdos alcanzados por las partes involucradas en el diálogo para eliminar minas antipersonales y rendir cuentas sobre las personas desaparecidas, las acciones emprendidas por ambas partes para reducir el conflicto, y la disposición de las partes involucradas en el diálogo para escuchar a una dramática variedad de valientes víctimas de la violencia perpetrada por todos los actores armados. Ahora, más que nunca, estamos convencidos de que este proceso ofrece una oportunidad histórica para poner fin a un conflicto que ha desplazado a más de seis millones de mujeres, hombres y niños, y en el cual han desaparecido más de 25,000 personas y han muerto más de 220,000 colombianos, siendo más del 80 por ciento de las víctimas civiles.
Apreciamos profundamente las cada vez mayores señales de la Administración Obama en apoyo del diálogo de paz en Colombia, incluyendo el nombramiento de un Enviado Especial para el proceso de paz, así como la visita del Vice-Presidente Biden en 2014 para dar realce a las negociaciones y para destacar los derechos de las víctimas del conflicto. Apelamos a todos los miembros del Congreso de los EE.UU. a unirse en un apoyo bipartidario a la paz, y en un compromiso de apoyo a ciudadanos colombianos de todos los sectores que intentan implementar la paz con verdad y justicia.
Mientras avanza el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, hacemos una urgente invocación al gobierno colombiano y a la guerrilla del ELN para establecer negociaciones serias, y a los Estados Unidos y a la comunidad internacional para estimular este importante paso. La paz sólo podrá alcanzarse plenamente cuando todos los actores en el campo de batalla busquen poner fin al conflicto.
Aunque nos complacen los avances en el proceso de paz, sabemos que el camino por delante es difícil. Tal como nos lo han indicado nuestros colegas colombianos: “No puede haber una verdadera reconciliación si no hay procesos de perdón entre enemigos (Mateo 18:21-22), de cuidadosa búsqueda de la verdad (Salmos 85:11), de justicia restauradora (Gálatas 6:1), y de reparación de las grandes heridas que resultan de más de 50 años de conflicto armado”. Invocamos a la Administración y al Congreso de los EE.UU. a incidir para que los negociadores colombianos incorporen las justas demandas de las víctimas de todos los actores armados —víctimas de las guerrillas, de los paramilitares y de las fuerzas armadas colombianas— por alcanzar la verdad y la justicia, y por establecer reparaciones significativas y exitosamente implementadas, así como garantías para que el brutal pasado jamás se repita. Este reto incluye abordar la grave exclusión social y política de las comunidades pobres y marginadas de Colombia, la cual contribuyó a alimentar el conflicto.
El gobierno de los Estados Unidos está utilizando el lenguaje de la paz – y ello es sumamente apreciado. Resulta también crucial que todas nuestras acciones y nuestra asistencia respalden la paz. En lugar de ayuda militar, la asistencia debe transformarse en apoyo para la implementación del acuerdo de paz, para atender las necesidades humanitarias, y para fortalecer las instituciones civiles. En una sociedad post-acuerdo de paz, las instituciones de justicia civil y la aplicación de la ley deben reemplazar a las fuerzas armadas en las zonas rurales colombianas, y las acciones de desarrollo deben ser lideradas por entidades civiles. Debe incrementarse la asistencia estadounidense hacia organizaciones de la sociedad civil que pueden ayudar a construir la paz en el terreno.
La asistencia de los EE.UU. debe también enfocarse en el retorno seguro y sostenible de tierras para personas desplazadas internamente y refugiados. Invocamos a los EE.UU. a defender y proporcionar financiamiento para programas de protección más efectivos para las comunidades de retornados, así como para defensores de los derechos humanos, miembros de sindicatos, comunidades afro-colombianas e indígenas, y grupos políticos que puedan participar en el proceso electoral una vez que se declare la paz. Debe recurrirse a la asistencia y la diplomacia estadounidenses para asegurar la plena implementación del Plan de Acción Laboral, suscrito antes de la firma del acuerdo de libre comercio; aún permanecen mayormente incumplidos los compromisos de este mecanismo con la protección de sindicalistas y la promoción del respeto a los derechos laborales.
Los fondos provenientes de los EE.UU. también deben apoyar sólidos mecanismos para buscar la verdad y la justicia, así como programas de desmovilización y reintegración, rehabilitación para combatientes menores de edad, programas para víctimas de la violencia sexual, educación sobre minas antipersonales y eliminación de las mismas, apoyo para familias de personas desaparecidas en cuanto a la búsqueda de sus seres queridos, y continuación de un robusto programa de derechos humanos. El gobierno de los EE.UU. puede contribuir a la búsqueda de la verdad sobre el conflicto, emitiendo una orden de alcance multi-agencias para desclasificar documentos de los EE.UU. para informar a una comisión de la verdad.
Del mismo modo que las partes en el conflicto se obligan a respetar los acuerdos de paz que surjan de las negociaciones, la comunidad internacional debe actuar para respetarlos también. Para los Estados Unidos, ello implicará respetar los acuerdos que se han logrado sobre políticas rurales y de drogas. Ello implica un mayor enfoque sobre desarrollo rural de pequeña escala con pequeños productores,y un enfoque en programas de desarrollo alternativo desarrollados con participación de los agricultores, en lugar de programas de fumigación aérea que destruyen los cultivos de alimentos esenciales y dañan el medio ambiente y la salud de las comunidades. Este cambio ofrece un enfoque más sostenible y efectivo para reducir la producción de drogas ilícitas y para fortalecer las comunidades rurales.
Paralelamente al desarrollo de la asistencia orientada hacia la paz, hay otras acciones que los Estados Unidos pueden tomar para ayudar a Colombia a construir la paz en el terreno. El gobierno de los EE.UU. puede instar al gobierno colombiano a desmantelar a los grupos sucesores de los paramilitares que siguen amenazando y dañando a las comunidades rurales y urbanas. Ello incluye investigar y procesar judicialmente a aquellos integrantes de las fuerzas armadas, la policía, autoridades civiles, terratenientes y empresarios colombianos que continúan instigando, ayudando y tolerando a estos brutales grupos. La paz sólo puede arraigarse plenamente cuando se aborden todas las diversas fuentes de la violencia.
Queremos advertir que al mismo tiempo que avanza el proceso de paz, se han incrementado las amenazas y ataques contra representantes de las víctimas, líderes del derecho a al tierra, líderes de grupos religiosos, defensores de los derechos humanos, dirigentes afro-colombianos e indígenas, y defensores de la pacificación. Ahora y después que se firme un acuerdo de paz, los Estados Unidos deben invocar al gobierno colombiano a denunciar estas amenazas y ataques, ofrecer mecanismos de protección y, lo que es más importante, garantizar que estas amenazas y ataques sean investigados y procesados judicialmente de manera oportuna y efectiva. Sólo puede alcanzarse la paz cuando todos los colombianos puedan ejercer y expresar sus derechos de manera libre y segura.
Finalmente, instamos a los Estados Unidos a reafirmar el papel de las asociaciones de víctimas, organizaciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil para la construcción de la paz. Estas organizaciones pueden y deben jugar un papel vital en implementar y monitorear los acuerdos de paz, impulsar la reconciliación, prestar asistencia a las víctimas para reconstruir sus vidas, reintegrar a los ex-combatientes y reconstituir el tejido and social que la guerra ha desgarrado.
Urgimos a los Estados Unidos a asumir su obligación moral de ayudar a Colombia a construir una paz justa y duradera.
Rev. Geoffrey A. Black
General Minister and President, United Church of Christ
Rev. Mamie Broadhurst
Co-Moderator, Colombia Mission Network of the PC (USA)
J Ron Byler
Executive Director, Mennonite Central Committee U.S.
Sister Simone Campbell
Executive Director, NETWORK- A National Catholic Social Justice Lobby
Patrick Carolan
Executive Director, Franciscan Action Network
Sr. Patricia Chappell
Executive Director, Pax Christi USA
Rev. Dr. John R. Deckenback
Conference Minister, Central Atlantic Conference of the United Church of Christ
Rev. Elizabeth A. Eaton
Presiding Bishop, Evangelical Lutheran Church in America
Rev. Fritz Gutwein
Co-Director, Presbyterian Peace Fellowship
Lisa Haugaard
Executive Director, Latin America Working Group
Rev. Dr. Susan Henry-Crowe
General Secretary, General Board of Church and Society, The United Methodist Church
Nate Hosler
Director, Office of Public Witness, Church of the Brethren Secretary
Rev. Linda M. Jaramillo
Executive Director, Justice and Witness Ministries, United Church of Christ
Rev. JuliaBrown Karimu
Co-Executive Global Ministries, President, Division of Overseas Ministries
Gerry Lee
Director, Maryknoll Office for Global Concerns
Dr. Eli S. McCarthy
Director of Justice and Peace, Conference of Major Superiors of Men
Reverend John L. McCullough
President and CEO, Church World Service
Rev. Dr. James Moos
Co-Executive Global Ministries, Executive Minister, Wider Church Ministries
Rev. Gradye Parsons
Stated Clerk of the General Assembly, Presbyterian Church (USA)
Fr. Antonio Ponce OMI
Director, Missionary Oblates of Mary Immaculate, Justice, Peace and Integrity of Creation office
Diane E. Randall
Executive Secretary, Friends Committee on National Legislation
Rev. Angel L. Rivera-Agosto
Latin America Area Executive, Global Ministries UCC/DOC
Rev. Kent Siladi
Conference Minister, Connecticut Conference United Church of Christ
Sandra Sorensen
Director, Washington Office of the United Church of Christ
Jean Stokan
Justice Team, Sisters of Mercy of the Americas
Sarah Thompson E
xecutive Director, Christian Peacemaker Teams
Rick Ufford-Chase
Co-Director, Presbyterian Peace Fellowship
Rev. Shannan Vance-Ocampo
Director of Colombia Programs, Presbyterian Peace Fellowship
Rev. Dr. Sharon E. Watkins
General Minister and President, Christian Church (Disciples of Christ)
Jim Winkler
General Secretary and President, National Council of Churches of Christ in the USA
Margot Worfolk
Board Chair, Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)
Scott Wright
Executive Director, Columban Center for Advocacy and Outreach
