El coronel retirado del ejército, Alirio Urueña, y el teniente retirado de la policía, José Fernando Berrio, eran enjuiciados desde agosto del 2008 por cargos de ”homicidio con fines terroristas”. La decisión del juez ya fue apelada por la Fiscalía ante el tribunal superior.
El juez Néstor Ramos, del tribunal penal del municipio de Tuluá, en el departamento de Valle del Cauca, falló en marzo que los cargos imputados en contra de el coronel Urueña y el teniente Berrio por la Fiscalía General debieron ser otros, como ”homicidio agravado”, y no con ”fines terroristas”.
Los dos oficiales retirados eran acusados por la muerte de cuatro hombres, torturados y asesinados a tiros en marzo de 1990 en una finca de la población de Trujillo, un municipio cafetero en el departamento de Valle del Cauca.
Tras la decisión judicial, ambos oficiales retirados, que han negado cualquier vinculacióncon las muertes de la masacre, quedaron en libertad el pasado 10 de marzo, confirmó el fiscal Eduardo Meza, quien llevó el caso.
“El juez anuló la decisión que yo había tomado en agosto y ordenó la libertad de los dos procesados”, agregó Meza en entrevista telefónica según El Tiempo.com
Para la época de los hechos, Urueña tenía el grado de mayor y trabajaba en el Batallón Palacé, que actuó en lazona de Trujillo, donde ocurrieron muertes, secuestros y desapariciones a fines de los 80 y los 90.
Urueña estaba detenido en una cárcel de Bogotá, mientras Berrio se encontraba en una prisión de la ciudad de Pereira.
“Miembros del ejército nacional… llevaban a cabo ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias de personas presunta o verdaderamente vinculadas a los grupos guerrilleros… y que para tal propósito contaban con el apoyo de grupos paramilitares”, de acuerdo con la decisión del fiscal Meza al imputar cargos a los dos oficiales.
Meza dijo que había acusado a los dos uniformados por homicidio con fines terroristas ”porque en el proceso está demostrado que llevaron zozobra a la comunidad. Además, los asesinatos fueron sistemáticos”.
De acuerdo con activistas y familiares entre 1986 y 1994, al menos 200 personas fueron asesinadas a manos de grupos armados irregulares en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío, todos en el departamento de Valle del Cauca.
Con información de El Tiempo.com
