Luis Eduardo Franco vive con las secuelas que le dejó un accidente con una mina antipersona hace nueve años, cuando trabajaba como erradicador manual de coca. Hoy todavía espera los beneficios que el gobierno le prometió. Su historia no es la única
Tras el accedente Luis Eduardo quedó inhabilitado para trabajar, ahora es su esposa la que mantiene el hogar y la quien vela por la salud y educación de los dos hijos. Foto: Cortesía Acción contra Minas.
“Si le vuelvo a preguntar su nombre repítamelo, no se ponga bravo, a veces se me olvida de qué estoy hablando y con quién lo estoy haciendo”. Con estas palabras, Luis Eduardo Franco, un campesino de Manzanares, Caldas, advierte sobre las secuelas que le dejó un incidente con una mina anti persona, en 2006, cuando trabajaba en la operación presidencial “Colombia Verde”.
Las cifras no son alentadoras. Según la Dirección para la Acción Integral contra Minas (AICMA), desde 1990 hasta la fecha, 40 personas perdieron la vida y otras 306 quedaron heridas durante el proceso de erradicación de cultivos ilícitos. La mayoría de los afectados vive en el Quindío.
La historia de este caldense empezó en 2005, luego de que el Consejo Directivo del Fondo para de Inversión para la Paz, creara los Grupos Móviles de Erradicación, compuestos cada uno por 32 personas – 28 erradicadores, dos rancheros y un capataz-. Ellos estaban encargados de llegar a zonas donde la fumigación no alcanzó a hacer efectiva y donde el Estado, por las condiciones de terreno, no hacía presencia.
De esta manera, la siembra y recolecta de café fueron sustituidas por un empleo que, según el campesino, fue escogido a ciegas: “acá llegaron varios buses del Gobierno en 2005, nos dijeron que nos contrataban para recolectar tomate o café, no recuerdo bien, y que nos iban a pagar 27 mil pesos diarios para los jornaleros y 33 mil para los coordinadores de los grupos”.
Luis Eduardo llegó como capataz a Yacopí, Cundinamarca. Sin recibir capacitación previa le dieron un lapso de 45 días para que, junto con los 31 hombres que tenía a cargo, acabara con la mayor cantidad de cultivos de hoja de coca que pudiera, descansaban 10 días y luego volvían a retomar la labor.
Señala la campaña Acción contra Minas, seccional Manizales, que el departamento se convirtió en uno de los focos de reclutamiento para la actividad. Las cifras lo demuestran, durante los primeros años de la implementación del plan, murieron 13 personas de Manzanares y otras siete quedaron heridas. Preferían los riesgos de un sueldo fijo a esperar lo que resultara de la cosecha del campo.
El saldo negro de la operación Colombia Verde
Los erradicadores eran transportados en avión desde Bogotá hasta Florencia, Caquetá, donde tomaban rumbo hacia San Vicente del Caguán para luego, en helicóptero, llegar a la Serranía La Macarena. Foto: Archivo Semana.
Tras haber cerrado el año 2005 con un total de 33.419 hectáreas erradicadas, el Gobierno decidió emprender esta acción para “limpiar” la Serranía de la Macarena de hoja de coca y, al tiempo,afectar la economía de la guerrilla de las Farc. Para ello, entre el 20 de enero y el 2 de agosto del 2006 alrededor de 800 personas se trasladaron al lugar para continuar con la política de Estado.
Luis Eduardo fue uno de ellos, era pieza clave del Gobierno, pues con la experiencia acumulada de un año era uno de los encargados de capacitar a los nuevos erradicadores. Al igual que ocurrió en Yacopí, todos fueron contratados de manera verbal, les aseguraron que estaban amparados por una póliza de seguro y que estaban protegidos ante cualquier tipo de accidente laboral.
Sumado a ello, la erradicación se tuvo que hacer con la guerra como telón de fondo: “tras caernos varias pipetas, nos arrastramos hasta el río, allá amanecimos sin comida ni nada. Era mejor estar expuesto a que algo nos callera por allá arriba”, recordó Luis Eduardo .
Fue tal el impulso que el Gobierno le metió a la campaña que el entonces presidente, Álvaro Uribe, se desplazó hasta el lugar para, en palabras de Luis Eduardo, animar a los erradicadores a seguir con la tarea. “Nos prometió a todos que nos iba a dar un subsidio de vivienda, pero fueron solo palabras porque no hubo nada. Uno de pendejo por creerse el cuento se metió allá y ahora vea todo lo que pasó”.
Sin embargo, el 2 de agosto de 2006 se dio por terminada la erradicación tras el accidente en el que murieron seis campesinos y siete más quedaron heridos, entre ellos Luis Eduardo. Para la fecha, Acción Social de la Presidencia de la República manifestó que el incidente se había presentado en el desarrollo de la segunda fase de la operación Colombia Verde, la cual hasta el momento llevaba 2.900 hectáreas de coca erradicadas.
Pasaron dos años para que las personas afectadas, tanto las heridas como las viudas de las víctimas, recibieran la debida atención. Fue la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona, de la Presidencia de la República, la que se hizo cargo de la situación de Manzanares, como pudo ser corroborado por varios de los campesinos consultados.
“Acción Contra Minas me visitó y si no es por ellos y la Cruz Roja me hubiera enfermado peor, pero solo nos ayudaron hasta 2012, luego dijeron que se les habían acabado los recursos, que no podían darnos para los especialistas y desde entonces sigo esperando que regrese la ayuda”, dijo Luis Eduardo.
Su afectación es tal que, al día de hoy, no puede hacer fuerza porque sus terminales nerviosas no le responden, se le olvidan las cosas, se desmaya y pocas veces puede mantenerse de pie por largas jornadas. No ha vuelto a conseguir trabajo. “Desde ese accidente, con todos esos muertos, a nosotros nos dejaron abandonados. Nunca respondieron por nada, ni asistencia médica, ni una pastilla para darnos. Fueron solo mentiras”, concluyó el campesino.
El vacío jurídico
Durante más de 40 días cientos de campesinos como Luis Eduardo vivían en estos campamentos que el gobierno les otorgaba. Allí, aparte de trabajar en la erradicación tenían que sacar tiempo para preparar comida y lavar la ropa. Foto: Archivo Semana.
Tuvo que ocurrir la tragedia de la operación Colombia Verde para que el Gobierno reglamentara la contratación de los erradicadores manuales de cultivos ilícitos. Diana Marcela Forero, abogada de la campaña Colombia contra Minas, en diálogo con VerdadAbierta.com aseguró que solamente hasta el 2007 el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos de Acción Social contrató a la empresa de servicios temporales, ‘Empleamos’, para que esta se encargara de las convocatorias, contratación y afiliación a ARP de las personas en los municipios.
No obstante, la Procuraduría ha recomendado al Gobierno tomar como referente el proceso de diseño, adopción e implementación de desminado humanitario realizado por organizaciones civiles. Señala el ente que estos grupos han previsto todos los riesgos de la actividad, adecuando el territorio en relación a los estándares de desminado y precaviendo el cumplimento del derecho internacional humanitario.
El caso de los afectados de Manzanares se convirtió en una pugna entre las víctimas y las entidades. Acción contra Minas asegura que el Estado no puede olvidar a las víctimas que sirvieron para la implementación del plan durante los dos primeros años. Aseguran que a pesar de no contar con el contrato laboral pertinente, fueron contratistas y, por ende, se les debe garantizar los derechos bajo dicha condición.
Según la abogada Diana Forero, todos los casos no se pueden arreglar por la vía jurídica: “hay que verlos particularmente y, hoy, la Ley no mira esas minucias, a algunas personas se les dan garantías y a otras no”.
Señala, además, que el caso de Luis Eduardo es uno de los más complicados, pues a pesar de ser víctima directa de minas, no perdió ninguna extremidad de su cuerpo y por ende no suma el porcentaje necesario (50%) para acceder a una pensión de invalidez. Sumando a que no tiene los papeles que lo certifican como erradicador durante el 2005 y 2007.
A pesar de haber sido reparado por vía administrativa, el acompañamiento y la atención psicosocial se acabaron por lo cual, la seccional de Manizales de Acción contra Minas está tratando de actualizar su historia clínica para que pueda volver a ser evaluado y entrar dentro del plan de atención.
No es el único caso, al igual que él, los demás afectados directos y las viudas han librado una batalla jurídica para que se les reconozcan todos los derechos que como contratistas del Estado deben tener. Han pasado casi seis años y el daño no ha sido reparado y la salud sigue en deterioro.
Aunque accedieran a uno de los tantos proyectos productivos que el Gobierno impulsa para los demás afectados, ellos solo piden que se les reintegre el derecho a la salud y a la atención psicosocial prioritaria.
