Cientos de campesinos del Magdalena, beneficiados por una reforma agraria hace 20 años, fueron sacados de sus parcelas a plomo por ‘Jorge 40’ y sus hombres, y luego el Estado les revocó las adjudicaciones por haber abandonado sus tierras e incumplido con sus créditos. Muchas las tituló a sus victimarios. Esta es su increíble y triste historia.
Por Equipo de Verdad Abierta
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En breve: En 1997, ‘Jorge 40’ y sus hombres del bloque Norte instalan su centro de operaciones en el centro del departamento del Magdalena, allí desplazan a cientos de campesinos y se quedan con sus tierras. Lugares que menciona este artículo: San Ángel, Chivolo y Pivijay. |
 ‘Jorge 40’ llegó y muchos de sus hombres aprovecharon para apropiarse de miles de hectáreas de tierras en el Magdalena. Foto montaje Verdad Abierta  La finca La Pola se convirtió en uno de los cuarteles de las autodefensas de ‘Jorge 40’ cuando sus hombres desplazaron a cientos de campesinos de la región de Chivolo. Foto Verdad Abierta. |
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El 10 de marzo de 2006, el día en que se desmovilizó Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ jefe del bloque Norte de las Autodefensas, cientos de campesinos que se encontraban deambulando desplazados por varios municipios de la Costa Caribe colombiana, pensaron que era el momento para regresar a sus tierras.
Y más cuando en su primera versión libre ante Justicia y Paz, en agosto de 2007, el sanguinario jefe paramilitar les había anunciado a varios campesinos de municipios como Pivijay, Chivolo y San Ángel que asistieron a su audiencia en Barranquilla, que les devolvería las tierras que él y sus hombres les habían quitado. ‘Jorge 40’ también le envió un mensaje a sus hombres y testaferros: “debían devolverle las tierras a los campesinos y si había algún paramilitar en la zona, los campesinos tenían que denunciarlo”.
Orlando Yánez, un policía retirado, había sido uno de los que tuvieron que dejar abandonadas sus tierras a finales de la década de los noventa por las amenazas de ‘Jorge 40’. Después de asistir a la versión libre que dio el ex jefe paramilitar, decidió regresar a su parcela en Chivolo. No fueron muchos los que se atrevieron a volver, como cuenta Orlando tres años después, en parte porque muy pocos le creyeron a ‘Jorga40’ tanta generosidad.
Los pocos campesinos que volvieron se toparon con una realidad que era muy distinta a la prometida. Sus fincas habían sido tecnificadas con sofisticados acueductos para dar de beber a los animales, estaban protegidas con cercas eléctricas y las cuidaban hombres armados. Por supuesto, sus parcelas tenían nuevos propietarios.
Se dieron cuenta de que faltaba mucho para recuperar sus tierras. Allí apenas comenzaba ese nuevo calvario.
Historia de un despojo
A lo largo de los ochenta el conflicto fue creciendo en el centro del departamento del Magdalena. El Eln extorsionaba y secuestraba a los grandes ganaderos, mientras cientos de campesinos liderados por organizaciones como la Asociación de Usuarios, Anuc, presionaban al Estado para que les entregara las fincas ociosas en poder de los terratenientes de la región. Como las entidades estatales iban a paso de tortuga en responder en la redistribución de tierras, muchos campesinos invadían las fincas sin explotar.
Desesperados con las invasiones campesinas y las extorsiones guerrilleras, como lo recuerda bien Manuel Lineros, ex funcionario del antiguo Incora en el Magdalena, muchos propietarios de tierras fueron voluntariamente al Instituto a ofrecer sus propiedades rurales para que fueran adquiridas por el Estado. Como estaban las cosas, el mejor negocio era venderle al Incora. Así la entidad estatal encargada de la reforma agraria inició un lento proceso de titulación de tierras a campesinos de San Ángel, Pivijay, Chivolo, entre otros municipios magdalenenses.
Al principio, las tierras fueron entregadas de manera gratuita, pero a comienzos de los noventa el Incora entregaba las tierras a los campesinos con subsidios del 70 por ciento, pero con un crédito a largo plazo de la Caja Agraria por el 30 por ciento restante.
En San Angel, Pivijay y Chivolo, el Incora compró fincas como La Pola, El Encanto, La Palizua, Oceanía y Parapeto, que en total sumaban unas 17 mil hectáreas. Luego las adjudicó a 253 familias campesinas, bajo un programa de unidades agrícolas familiares, que contó con la participación de las organizaciones de campesinos.
Fue el caso de El Encanto, una finca de 1195 hectáreas que había sido propiedad del ganadero Jaime Barrios, que a finales de 1990 el Incora la compró, la dividió en 37 parcelas que le entregó a igual número de familias. Este ejemplo se volverá particularmente revelador de lo fue capaz de hacer ‘Jorge 40’ para robarle su tierra a los cultivadores de estas pequeñas parcelas.
El Incora también adecuó vías, construyó puentes y distritos de riego, y ayudó a los campesinos a comercializar sus productos. “Fue una forma de acabar con el conflicto”, dice Linero, quien como gerente adjudicó muchas de esas tierras.
Pero la región no se pacificaría. Muy al comienzo de la expansión paramilitar del final del siglo XX, ‘Jorge 40′ envió a un grupo armado al mando de Tomas Freyle Guillén a abrir un frente en el centro del Magdalena supuestamente sólo para combatir a los guerrilleros, pero pronto se vio que su interés eran las tierras.
Alberto*, un parcelero de Chivolo cuenta que un 13 de diciembre de 1996, en plenas fiestas patronales de la región, “llegó un grupo paramilitar a Pueblo Nuevo, corregimiento de Chivolo, y nos reunieron a todos. De allí en adelante, llegaban a cada rato, hacían reuniones, pasaban, asesinaban a campesinos por los alrededores”.
Jesús Olivo, reconocido líder del movimiento campesino que había participado en el proceso de adjudicación de tierras a los campesinos de la región, fue uno de los primeros asesinados. De ahí en adelante las Auc no pararon de matar.
Según cuentan los propios campesinos, los paramilitares se tomaron el corregimiento de Pueblo Nuevo y en menos de dos años- entre 1996 y 1997- asesinaron a varios campesinos de El Pueblito, San Ángel, Chivolo y La Estrella: a Victor Cantillo Jiménez, José Montenegro Manga, Alonso Martínez, Miguel Avendaño Martínez, Antonio Mendinueta Barrios, Miguel Palencia, Luis Alfonso Fernández de Agua, Alberto Zolar, Laura Acuña, Humberto Noriega, Lorenzo Ariza, Juan Marriaga, Yonis Marriaga, Orlando Buelvas Cervantes, Manuel Pérez, Dionisio Jaraba y Manuel de la Cruz de la Hoz, entre muchos otros.
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| En este rancho de la finca La Pola en Chivolo, el 15 de julio de 1197, ‘Jorge 40’ reunió a los campesinos de las fincas La Pola, La Palizua, El Encanto, entre otras y les ordenó que desalojaran sus tierras porque las necesitaba para “abrir zona”. Foto Verdad Abierta |
En 1997, ‘Jorge 40’ se instaló la finca de La Pola, una de las que fue adjudicada a 72 familias de parceleros en 1991, y de allí orquestaba sus macabros planes de asesinatos y masacres.
Manuel*, un campesino que tenía una finca en El Encanto, otra de las propiedades tituladas por el Incora a 37 familias de Chivolo, empezó a ver cómo sus vecinos empezaban a irse poco a poco por las constantes visitas de los paramilitares.
Él y otros entrevistados por Verdad Abierta, recuerdan que escudados por las armas de ‘40’, llegaron Augusto ‘Tuto’ Castro, Saul Severini, Pedro Sánchez Gamarra, Miguel Gnecco Pacheco alias ‘Don Armando’, Neyla Alfredina Soto Ruiz alias ‘Doña Sonia’ o ‘La Sombrerona’ y Ómar Montero Martínez alias ‘Codazzi’ intimidando a los campesinos y obligándolos a vender sus parcelas por precios irrisorios.
“Los campesinos eran ser señalados como colaboradores de la guerrilla y empezaron a recibir ofertas por sus tierras de hombres de ‘Jorge 40’”, dice Manuel.
El 15 de julio del 1997, ‘Jorge 40′ ordenó a sus hombres que reunieran a todos los campesinos que vivían en las fincas La Pola, El Encanto y La Palizua, entre otras, y les dijo que tenían 15 días para desocupar. En esa reunión estaba el profesor Ricardo Barrios quien fue retenido por hombres de ’40’ y apareció asesinado al día siguiente. También asesinaron a José de Jesús Henao, quien tenía propiedades en el predio El Radio y lo acusaron de ser colaborador de la guerrilla. Su objetivo primordial, era ya obvio, no era combatir a la guerrilla, sino hacerse a las mejores tierras de la región.
Como lo debieron planear bien las Auc, esos asesinatos precipitaron el éxodo masivo de los parceleros. Muchos se fueron para Barranquilla, Santa Marta y Valledupar, y otros, como Antonio Fernández Buelvas, uno de los campesinos que había titulado el Incora en 1991, prefirieron quedarse en el casco urbano de Chivolo esperando a que se enfriara la situación.
Manuel, quien también decidió esperar callado, se topó varias veces con Antonio, quien le contó que tenía a su mujer y seis hijos alojados en las casas de varios familiares. “Estamos comiendo migajas”, le dijo a Manuel un día que se lo encontró en una de las calles de Chivolo.
También, le contó que en secreto iba y venía de su parcela de 30 hectáreas y sacaba sus animales que luego vendía en el pueblo para poder sostener a su familia y a sus padres. Pensaba que cuando se calmara todo podría regresar a su finca.
Un día tomó la decisión de volver porque creyó que los paramilitares se habían ido ya. “Incluso muchos nos animamos”, recuerda Manuel*, Antonio regresó a la finca con su padre pero con la mala suerte que ese mismo día llegó un grupo de paramilitares. Lo asesinaron en el patio de su parcela.
A su padre le tocó llamar a algunos vecinos que leayudaron a enterrarlo al frente de su propia finca. Desde ese día, los pocos campesinos que quedaban en los alrededores decidieron nunca más regresar y olvidar que alguna vez tuvieron tierra. A los que se quedaron en poblaciones cercanas como Plato, Fundación y Chivolo, los paramilitares los buscaban y los obligaban a firmar papeles en blanco que luego utilizarían para legalizar las ventas de sus parcelas en notarías del Magdalena.
Como le ocurrió a José Isabel Blanco Jiménez, a quien Augusto ‘Tuto’ Castro, quien según varios relatos llegó sin nada a la región, y pronto se convirtió en un verdadero señor feudal que se sentía dueño de la vida de la gente, sentenció a muerte a sus dos hijos Manuel Antonio y José Isabel, con las misma disculpa de que eran guerrilleros. Según relata en su denuncia, en una ocasión varios paramilitares fueron a buscar a sus hijos y se salvaron porque estaban viajando.
Después de esos incidentes, un nuevo enviado de las Auc de apellido Morón les ofreció 13 millones de pesos por las 104 hectáreas de tierras, que aceptaron ante las amenazas, pero al final solo les entregaron 3 millones de pesos porque una de las fincas estaba hipotecada.
Cuando le entregaron los últimos 700 mil pesos le obligaron a firmar varios documentos en blanco. Morón siempre fue acompañado por varios hombres armados de las Auc y los amenazaban con que los matarían, a él y su esposa, sino firmaban los papeles.
Con las hojas en blanco, los paramilitares se encargaron de hacer la sucesión de las tierras correspondientes a la primera esposa, según lo pudo comprobar el desplazado cuando solicitó una copia de la escritura en una notaría de Plato.
La historia de Blanco se repetiría con cientos de campesinos que fueron obligados a malvender sus propiedades por un precio menor a su valor real. Muchos de los beneficiarios del Incora se vieron obligados a abandonar sus parcelas. Ninguno denunció en su momento el despojo. Sabían que hacerlo les hubiera costado la vida.
En el Magdalena, desde 1997 a 2006, ‘Jorge 40’ y sus secuaces fueron amos y señores de esas tierras. A punta de asesinatos y miedo, desplazaron a las 253 familias que habían sido beneficiarias de las 17 mil hectáreas del Incora y a muchos campesinos que eran desde siempre dueños de sus fincas en esa región del Magdalena.
La estocada
Entre 2002 y 2003, en medio de los desplazamientos masivos, el Incora inició un extraño proceso que le daría una nueva estocada a los campesinos víctimas de ‘Jorge 40’.
El entonces gerente regional para el Magdalena, José Fernando Mercado Polo, firmó, entre el 25 de octubre de 2002 y el 24 de abril de 2003, varias resoluciones de revocatoria de títulos de propiedad que tenían los 37 campesinos a quienes, al despuntar los noventa, el Incora había adjudicado colectivamente la finca El Encanto, en zona rural de Pivijay. Cuando Mercado Polo decretó que les quitaba las tierras, allí ya no había campesinos, pues todos habían huído cuando los paramilitares los sacaron a la fuerza.
Estas revocatorias pasaron por un comité evaluador que visitó las fincas y certificó que efectivamente habían sido abandonadas, y eso sirvió de coartada a Mercado Polo para quitarles las tierras. También adujo que los campesinos habían dejado de pagar las cuotas correspondientes al préstamo de la Caja Agraria por el 30 por ciento del valor de la tierra.
En las resoluciones, conocidas por Verdad Abierta, el gerente certificó que se notificó por edicto a los campesinos para escucharlos en descargos y ninguno de ellos se presentó. Por eso se le designó un curador para el caso a quien se le notificó la decisión. El Curador no solicitó ninguna prueba, como se puede observar en el expediente.
En ninguna parte del expediente suministrado por el Incoder – que asumió las funciones del Incora tras su liquidación en mayo del 2003- se dice oinvestiga el motivo del abandono de las tierras por parte de estos campesinos que habían vivido en ellas por casi dos décadas.
Lo que es más extraño, es que dentro del grupo de parceleros revocados se encuentra Antonio Fernández Buelvas, titular de 32 hectáreas de tierras y quien fue asesinado por hombres de ‘Jorge 40’ en 1997 cuando intentó volver a su parcela.
Muchos de estos campesinos no hicieron la correspondiente denuncia de desplazamiento en la época en que fueron expulsados por los paramilitares, lo que en teoría hubiese protegido sus propiedades y evitado la revocatoria de los títulos. También dejaron de pagar sus obligaciones porque se encontraban huyendo de las amenazas de muerte y en muchos casos apenas tenían para sobrevivir.
“Eran campesinos que les tocó trabajar como mototaxistas o empleadas de servicio y lo que ganaban apenas le alcanzaba para sobrevivir en las ciudades, y no iban a pagar por un crédito de una tierra que les robaron”, dice Yanez para referirse a la cláusula que con todo el cinismo invocó el Incora para revocarles a estos campesinos los títulos de sus tierras.
Era imposible que, en un territorio en el no se movía un hoja sin permiso de ‘Jorge 40’, los funcionarios del Incora no se enteraran que los campesinos fueron desplazados a la fuerza por los paramilitares. Y más si se tiene en cuenta que uno de los revocados había sido asesinado y sepultado en su propia parcela.
La Fiscalía está investigando la conexión entre estas revocatorias de títulos con el hallazgo de una caja con escrituras y un listado con el título “nombres para adjudicar parcelas Toluas, Santa Rosa, El Encanto y Bejuco Prieto” que contiene una lista de nombres con cédulas, que le incautó el Ejército a ‘Jorge 40’ en las Sabanas de San Ángel el 29 de julio de 2006.
No obstante, en un documento de sede nacional del Incora, fechado el 24 de septiembre de 2001, el gerente general de la época, Jorge Enrique Cardozo, en el proceso de extinción de dominio sobre un predio ubicado entre Santa Rosa y Chivolo señala que fue imposible hacer una inspección del lugar debido a las “circunstancias de inseguridad y perturbación del orden público”.
Lo interesante del documento es que dice que incluso “las autoridades policivas de la inspección La China expidieron varias certificaciones según la cual no era conveniente el acceso a la vereda La Pola (la finca que fue ocupada por ‘Jorge 40’ y de donde se desplazaron 72 familias), lugar de ubicación del predio Santa Rosa, dada las circunstancias de orden público.”
Y a pesar de esto, poco tiempo después en 2002 y 2003, el gerente regional del Incora pudo enviar a visitas de campo a funcionarios suyos que verificaron el abandono de unos predios, sin problema alguno de alteración del orden público, cuando esa zona seguía dominada por los mismos paramilitares que cuando fueron los funcionarios nacionales en 2001 y no pudieron inspeccionarla. Los funcionarios regionales del Incora, muy convenientemente, no averiguaron por qué o cómo habían salido los campesinos de allí. Y sin dilaciones el director regional readjudicó varios predios a unos nuevos colonos, a quienes también tuvieron que hacer visitas técnicas y nunca reportaron problemas.
Así que los campesinos, que fueron titulados por el Incora en 1991, y que decidieron volver en el 2006 se encontraron con que ahora en sus tierras estaban en nuevas manos. Peor aún, en otros casos los nuevos dueños solo aparecían en el papel porque los verdaderos propietarios eran testaferros de ‘Jorge 40’.
Allí inició una nueva batalla para estos campesinos que aun no ha terminado.
El nuevo desplazamiento
Los campesinos perdieron sus tierras cuando fueron perseguidos y masacrados por ‘40’ y sus cómplices. Las volvieron a perder cuando vino la autoridad agrícola y legalizó la usurpación de facto que habían hecho los violentos. Y encima, ahora ven a varios que se quedaron con sus tierras, Saul Severini, ‘Tuto’ Castro, ‘Codazzi’ o ‘Don Armando’, libres y disfrutando de sus fincas malhabidas.
Cuando ‘Jorge 40’ le dio la orden a sus lugartenientes que devolvieran las propiedades robadas, algunos de ellos salieron de las tierras no sin antes quemar las viviendas y acabar con las mejoras que le habían hecho a las fincas.
Muchos de los campesinos intentaron en un primer momento, ante el desespero y la necesidad, recuperar por sus propios medios varios predios. Así desde el 5 de junio de 2007 empezaron a regresar en grupos de cinco a 10 personas y se quedaron en la zona rural de Chivolo. Pero, aún con ‘Jorge 40’ extraditado, los beneficiarios del terror no los iban a dejar volver tan fácil.
El 15 de enero de 2008, los desplazados de El Encanto denunciaron amenazas contra uno de sus líderes por parte de hombres que trabajaron para ‘Jorge 40’ que no se habían desmovilizado y que se oponían al regreso de los colonos a sus parcelas. Solo hasta julio de 2008, el Ministerio del Interior otorgó a la comunidad de desplazados de El Encanto medidas colectivas de protección.
En cuanto a los predios de El Encanto, solo 13 de los 37 que originariamente habían sido adjudicados a los campesinos tienen en la actualidad medidas de protección individual, y los nuevos títulos adjudicados por el Incora en 2002 y 2003 aun siguen vigentes.
Para tener una referencia de la situación, en todo el Magdalena, a la fecha, solo están protegidas 41 mil hectáreas correspondientes a 846 predios. Una cantidad pequeña si se compara que solo en el caso de los predios mencionados en este artículo fueron despojados 253 predios.
En otros casos los campesinos han intentado negociar con sus despojadores. En una ocasión que conoció Verdad Abierta, varios de ellos se reunieron con un abogado de ‘Tuto’ Castro quien le aseguró que les devolvería las tierras que les había robado, pero a la fecha no ha cumplido.
Ante la imposibilidad de recuperar lo suyo, muchos campesinos han intentado entrar por sus medios a sus predios. Sin embargo, han sido desalojados por sus nuevos propietarios, como ocurrió el 4 de julio de 2008, cuando varios campesinos -propietarios originales del lote El Radio del predio La Pola – retomaron sus tierras pero fueron expulsados por la policía de Plato.
Lo mismo ocurrió el 7 de junio de ese mismo año, con 19 familias propietarias y desplazadas del predio Villa Luz-también de La Pola- que fueron sacados por la policía por solicitud de los nuevos dueños.
A lo largo de este proceso, los campesinos han recibido nuevas amenazas por parte de grupos de Águilas Negras o desmovilizados para que no denuncien esta situación, por lo que en parte se explica por qué, 12 años después de su desplazamiento y despojo, muy pocos lo hayan denunciado.
También ha sucedido que denuncias de campesinos ante la Fiscalía en Santa Marta han desaparecido. Así ocurrió con la demanda que hizo Blanca*, una desplazada y despojada de Chivolo, quien en 2007 denunció por desplazamiento forzado y robo de tierras a Augusto ‘Tuto’ Castro y Jorge Castro Pacheco- detenido por parapolítica. Pero su denuncia no aparece registrada ninguna investigación en la Fiscalía.
Los campesinos también están desesperados porque sus tierrashan sido revendidas y el proceso para su recuperación cada día se vuelve más complejo. Por eso le pidieron a la fiscal de Justicia y Paz que lleva el proceso del Bloque Norte que interceda por ellos para que las autoridades protejan sus tierras, eviten que se sigan negociando y se las devuelvan.
Sin embargo, las autoridades insisten en que los propios campesinos son los que tienen que iniciar el proceso de protección de sus tierras ante organismos del ministerio público como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las Personería Municipales.
‘Jorge 40’ ha entregado diez bienes a Justicia y Paz, ninguno de éstos incluye las fincas del centro magdalenense. Tampoco figuran en los demás bienes entregados por paramilitares y que hoy están en manos del Fondo de Reparación de Víctimas que maneja Acción Social.
Su llamado a sus hombres a que devolvieran las propiedades a sus legítimos dueños cayó en el vacío o era una charada.
El caso de ‘Tuto’ Castro es uno de los más escandalosos. Cientos de campesinos lo han denunciado como uno de los principales artífices y beneficiarios del despojo. Según pudo constatar Verdad Abierta, las Fiscalías II y V especializadas de Santa Marta llevan al menos siete procesos por concierto para delinquir agravado en su contra. Y la Fiscalía 29 Seccional de Plato Magdalena le sigue otros por desplazamiento forzado y amenazas personales. Pero sigue en libertad y disfrutando sus fincas.
Mientras tanto, Manuel, Alberto, Blanca y los muchos campesinos del Magdalena malviven hacinados donde parientes, se volvieron sirvientes o mendigos y ya no les quedan muchas esperanzas de que la justicia que tanto ha cojeado, realmente llegue algún día.
*Los nombres han sido cambiados por la seguridad de las víctimas
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