Este corregimiento de San Jacinto, Bolívar, demuestra las dificultades que tienen las instituciones para garantizar el retorno de los campesinos a sus tierras. La respuesta es lenta, y la urgencia, mucha.
Por Jesús Fragozo
En Las Palmas la mayoría de las casas están en mal estado, algunas incluso podrían colapsar en cualquier momento. Foto: Jesús Fragozo.
En Las Palmas parece que se detuvo el tiempo. Hay casas de techos de láminas de zinc, paredes agrietadas, y hasta de bahareque. Y la vía que conduce a este corregimiento del municipio de San Jacinto, en Bolívar, parece que advirtiera que en este pueblo, más de 500 familias se desplazaron el 28 de septiembre de 1999, luego de que el Bloque Héroes de los Montes de María matara el día anterior a tres hombresy a una mujer, y los amenazara con volver para acabar con todos. (Ver: Las Palmas, un pueblo que no se olvida).
A mediados de diciembre del año pasado, 77 familias retornaron allí, después de varios años de refugio en varias ciudades del país. Ellos y otros habitantes que habían vuelto desde 2005, ocuparon las pocas casas que se mantenían en píe, mientras la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, les adjudicaba un predio. Pero han pasado seis meses y las soluciones no llegan. Algunos campesinos denuncian que “esto es un retorno a medias”.
Las calles de Las Palmas –mientras tanto- parece que hablaran sobre cómo los palmeros (gentilicio del corregimiento) huyeron del pueblo cuando llovía a cántaros. Es como si se oyeran los gritos de Emma Herrera cuando le suplicaba a los “mochacabezas”, como le decían a los ‘paras’, que la mataran a ella si le disparaban a su hijo Celestino Ávila Herrera, y los paramilitares le cumplieron matándolos a ambos. Ese día, el 27 de septiembre del 99, también murieron Tomás Bustillo y Rafael Sierra.
A finales de los 80, una facción del EPL extorsionó y reclutó a decenas de palmeros; y luego, en 1991, apareció el Frente 37 de las Farc e hizo lo mismo. Las AUC llegaron en 1994 y enseguida instalaron un retén entre Las Palmas y Corralito, un sitio obligado para el paso de los campesinos. A partir de esa fecha, las Autodefensas comenzaron a hostigar y a matar campesinos a los que acusaban de ser colaboradores de las guerrillas.
Todos ellos tuvieron que reiniciar sus vidas en ciudades como Barranquilla, Cartagena y Bogotá; pero sobre todo los días que anhelaban volver a las parcelas en donde sembraban tabaco, maíz, yuca y ñame. (Ver: Las Palmas, el pueblo que no se resignó a morir)
“Estamos pasando trabajo”
En Bolívar hay casi 200 mil desplazados, y el 40 por ciento de esta cifra residía en los Montes de María, según el director de la Unidad de Víctimas de este departamento, Arturo Zea Solano. Foto: Jesús Fragozo.
Después de la incursión paramilitar, el pueblo no ha vuelto a ser el mismo. Ni siquiera después del retorno. “Cuando volvimos, creímos que esto iba a ser positivo para los palmeros. Pero las cosas no se han dado, no sabemos si es culpa de la Unidad de Víctimas o de otras instituciones del Estado. Muchas familias que retornaron se han regresado porque estamos pasando trabajo. A veces no se consiguen alimentos”, afirma Fidel Cerpa, un desplazado de 43 años que volvió al pueblo en diciembre de 2014, luego de vivir en San Jacinto.
Algunos campesinos aseguran que la Unidad de Víctimas se comprometió a entregar unos mercados durante varios meses, por lo menos hasta cuando hubiera cosecha. Los palmeros se quejan de que no todos hayan sido indemnizados; de que la vía de 18 kilómetros, en la que se invirtió 1.400 millones de pesos, se vuelva lodo cada vez que llueve; de que la única escuela del pueblo esté en precarias condiciones; y de que carezcan de agua potable y de un médico que esté las 24 horas del día.
“El puesto de salud funciona de vez en cuando. Por ahí llega entre semana una enfermera. La semana pasada, por ejemplo, me tocó a las 10:30 de la noche llevar a mi señora, que tiene 52 años, a San Jacinto, porque tenía un fuerte dolor en el pecho. Estaba tan mal que luego la trasladaron a El Carmen. Lo peor es que en Las Palmas la mayoría de los que hemos retornado estamos viejos”, dice José Joaquín Leal Pérez, un campesino de 58 años que se desplazó con su familia a Bogotá el 8 de septiembre de 1997, tras ser señalado por los paramilitares como miembro de la guerrilla de las Farc.
Sin embargo, un grupo de campesinos que forma parte del Comité de Impulso, una asociación de 35 palmeros, afirma que las familias que han retornado firmaron una carta de voluntariedad, en la que quedó constancia de que volverían a un corregimiento con esas condiciones. “Si el Gobierno no nos ve en el pueblo, no va invertir. Lo que pasa es que muchas familias que se han ido, buscaban algo distinto a rehacer sus vidas en Las Palmas”, dice Marta Pereira, miembro del comité que retornó el año pasado.
El director de la Unidad de Víctimas en Bolívar, Arturo Zea Solano, afirma que 180 familias de Las Palmas han sido indemnizadas con recursos que oscilan entre los 12 y 14 millones de pesos, y que su balance del retorno es “altamente positivo”, que no se ha comprometido a entregar un mercado mensual, que se construyó una casa de la cultura, que la gobernación de Bolívar instaló dos motores de gasolina que proporcionan energía al pueblo, que hay una escuela de primaria en donde estudian 31 niños, y que no sabe qué ha pasado con el puesto de salud.
“En mayo tenían que empezarse a construir 100 viviendas, pero las obras aún no han comenzado. Y la Gobernación ya firmó un convenio con la empresa de energía Electricaribe para que en Las Palmas se suministre energía las 24 horas del día, esperemos que esto arranque en diciembre, aunque debió estar listo el año pasado”, agrega Zea.
Los 31 niños que han retornado a Las Palmas estudian en un salón de la iglesia del pueblo. Foto: Jesús Fragozo.
Los niños estudian en un salón sin abanicos de la iglesia del pueblo, según Johana Lora, la única profesora del corregimiento. Y los bachilleres, que son casi 20, se trasladan a San Jacinto en un transporte especial que dispuso la Alcaldía.
La defensora del Pueblo en Bolívar, Irina Junieles, asegura que “sí hubo una decisión política por parte de la comunidad para retornar a Las Palmas” aunque no estuvieran listas todas las condiciones. Pero que eso no implica que el Estado incumpla con los 14 componentes de retorno que hacen parte de la Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas, y que se refiere a elementos como habitabilidad, tierra, salud, educación, vías y servicios básicos, por no mencionarlos todos.
“Presentamos una tutela en contra de la Alcaldía de San Jacinto y del hospital municipal, porque no han asignado a un médico rural que acompañe a las familias que han retornado a Las Palmas, pero un juez la declaró improcedente. Entonces impugnamos la decisión, que pasó recientemente a El Carmen, en donde un juez fallará en segunda instancia”, afirma Junieles. Sin embargo, el alcalde del municipio, Hernando Buelvas, asegura que la culpa es del hospital, y que ya se han otorgado recursos para que este corregimiento por fin tenga un médico.
En Las Palmas, mientras tanto, la consigna es “aguantar y aguantar”, hasta que el Gobierno cumpla los componentes del retorno, y los campesinos vuelvan a estar tranquilos.
