Para que la implementación del Acuerdo de Paz sea acorde con las necesidades de las regiones más afectadas por el conflicto armado, el Estado deberá cumplirle en los próximos diez años a las comunidades que trabajaron en la formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y consignaron sus expectativas en materias de productividad, desarrollo y seguridad integral. En los próximos diez años se invertirán 5,15 billones de pesos en tres subregiones de ese departamento.
Trece municipios del Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia fueron priorizados con el Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc con el fin de que a través de programas de intervención puedan mejorar sus condiciones de vida para los próximos diez años. Las tareas ya empezaron, pese a las dificultades de orden público que prevalecen en esta gran región.
El Estado, a través de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en convenio con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el contratista Unión Temporal Urabá en Desarrollo, realizó durante 2017 y 2018 obras de Pequeña Infraestructura comunitaria (PIC) y el Plan 50/51, de mejoramiento de vías, con la intención de generar confianza con las comunidades y permitir acceso a los territorios.
Además, en aplicación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial se concertó el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), firmado en diciembre de 2018 en Medellín, una herramienta participativa que pretende sentar las bases para atender las necesidades de las comunidades de los municipios de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia, Briceño, Valdivia, Ituango, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. Cada uno quedó con un pacto municipal en los que se consignaron sus propuestas, de acuerdo a sus carencias.
El PATR tienen 8 pilares construidos participativamente en los trece municipios de acuerdo a las condiciones de los territorios y a las necesidades primordiales: 1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; 2. Infraestructura y adecuación de tierras; 3. Salud rural; 4. Educación rural y primera infancia rural; 5. Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural; 6. Reactivación económica y producción agropecuaria; 7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación; 8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz. (Leer más En Antioquia, esperan las inversiones del posconflicto)
Para desarrollar esos ocho pilares se presupuestaron 5,15 billones de pesos que se distribuirán durante los próximos diez años, pudiendo, a los cinco años de ejecución, actualizarse de manera participativa, pues las condiciones de los territorios se transforman constantemente, además de los cambios de gobierno local y regional, que también influyen.
Una mirada a las propuestas generales de esos pilares, discutidas y acordadas en el PATR, arroja un panorama esperanzador, que exigirá, eso sí, bastante voluntad política del gobierno nacional y una fuerte articulación con los gobiernos regionales y locales, así como con todas las comunidades involucradas para su cumplimiento.
Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo
Una de las primeras propuestas en este pilar es el diseño de un plan de acción subregional en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, corporaciones autónomas regionales y las administraciones municipales, que permita determinar las áreas susceptibles de derechos de uso o de sustracción de Zonas de Reserva Forestal que habilite la titulación de baldíos a campesinos sin tierra en consonancia con la normatividad vigente.
Además, se propuso fortalecer institucionalmente la presencia de la ANT en los municipios PDET de Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, a través de unidades móviles, itinerantes y oficinas locales, que permitan atender y agilizar procesos, así como asesorar en temas de tierras a las comunidades con el apoyo de entidades territoriales y la cooperación internacional.
En este punto, dicen fuentes consultadas, es indispensable que la ANT haga un trabajo conjunto con la ART y que no pase lo de Tarazá, donde, según su alcaldesa, Gladis Miguel, el año pasado dio una oficina a la ANT, “pero no se hizo nada, no se pudo legalizar la tierra y eso nos salió costoso”. Ahora los funcionarios de esta agencia ya no están en el municipio.
También está la propuesta de constituir zonas de reserva campesina (ZRC) en Valdivia, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Anorí, y clarificar los límites entre la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena con la Zona de Reserva Campesina del Valle del Cimitarra, para que permita avanzar en la formalización y titulación de predios dentro de la ZRC del Nordeste. Además de generar acceso a tierras a campesinos de Ituango y Tarazá que están asentados dentro del Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo.
Como aporte étnico, se gestionará con el Ministerio del Interior la constitución, ampliación y saneamiento de los territorios en donde existan asentamientos o resguardos indígenas, y la titulación colectiva para consejos comunitarios de comunidades negras en estas subregiones. Asimismo, se pretende implementar acciones que determinen estos planes, de tal forma que permitan el restablecimiento del equilibrio de los recursos naturales renovables y el desarrollo de propuestas económicas de uso sostenible. Para este pilar hay destinados 86.110 millones de pesos.
Infraestructura y adecuación de tierras
Este es uno de los puntos donde las comunidades tienen más peticiones por la poca inversión que ha hecho el Estado en vías. Quedaron 17 propuestas plasmadas en el documento que tendrán la inversión de 877.759 millones de pesos. Entre ellas están la pavimentación y construcción de vías y puentes para conectar municipios y subregiones como es el caso de Amalfi y Vegachí; El Bagre y Segovia; Ituango y sus corregimientos; Cáceres y Zaragoza; Remedios y Yondó; Anorí y Valdivia.
Las vías fluviales también son de gran importancia en estas subregiones, sobre todo en el Bajo Cauca, donde hay cientos de comunidades ribereñas. Se propuso realizar un dragado con fines de navegabilidad del río Cauca y sus afluentes, Nechí, Porce y Tarazá. Esta acción mejoraría la navegabilidad desde el municipio de Tarazá pasando por Caucasia en ruta hacia la costa Caribe colombiana.
En este pilar también se incluyó la propuesta de ampliar la red de energía eléctrica en zonas rurales interconectadas en los municipios PDET, además de la implementación de sistemas alternativos de energía para las viviendas rurales en zonas dispersas no interconectadas en los municipios. Datos del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia arrojaban para 2016 que en los trece municipios priorizados por lo menos 8.900 viviendas rurales carecían del servicio de energía.
Salud rural
Pese a la insistencia de las comunidades de plantear la propuesta de la construcción y mejoramiento de centros de salud, hospitales, ya que la mayoría de municipios y veredas carecen de ellos, la idea no caló, pese a que se presupuestaron para este pilar 289.328 millones de pesos, que se suman a los 951.224 millones de pesos del Sistema General de Participaciones (SGP).
Cifras a octubre de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social indican que la cobertura del sistema de salud en los municipios priorizados alcanza, en promedio, un 83,2 por ciento y pese a que todos cuentan con un hospital de primer nivel, la atención hospitalaria de segundo nivel solo se ofrece en los municipios de Caucasia (Bajo Cauca), Yarumal (Norte) y Yolombó (Nordeste).
Sin embargo, se acordó la implementación de estrategias, programas y proyectos para la atención psicosocial de la población vulnerable y víctima del conflicto armado, promoviendo la oportunidad, continuidad y sostenibilidad en los municipios PDET. La implementación de la política nacional de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo estrategias para la prevención del embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual.
También se incluyó el fortalecimiento del Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural (SISPI) en las comunidades indígenas ubicadas en las zonas rurales de los municipios PDET, que beneficiaría a los cerca de 5 mil indígenas organizados en 10 comunidades que habitan en resguardos legalmente constituidos.
Se acordó, además, la ampliación de la oferta de servicios especializados, incluyendo telemedicina en estas subregiones, a partir de un análisis de oferta y demanda, y el análisis de la situación de salud del territorio. No obstante, en Briceño hicieron pruebas de Telemedicina y no funcionó, la gente debía tener internet o posibilidad de llamadas. Intentaron hacer uso del servicio, pero siempre les decían que el sistema estaba caído.
Educación y primera infancia rural
Este es el ítem que más dinero tiene asignado, con un presupuesto de 623.787 millones de pesos, que se suman al billón de pesos que llegan por el SGP. Entre las propuestas en este rubro quedaron la posibilidad de abrir residencias estudiantiles para alumnos de educación superior en las tres subregiones, y ampliar la oferta en educación superior con programas pertinentes, con criterios de acceso y permanencia para la población rural de los municipios PDET.
Se pretende crear un programa de becas con subsidios de sostenimiento para la formación en educación superior, con enfoque diferencial y étnico, que beneficie a la población rural; además de un modelo educativo propio, desde la educación inicial, que aporte al fortalecimiento de la identidad étnica y cultural en los territorios afro y fortalecer e implementar la cátedra de estudios afrocolombianos en los municipios PDET.
En las propuestas también se incluyó el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se espera que implemente jornadas trimestrales sobre sus servicios institucionales a través de las tres líneas de atención para la población rural (agencia pública de empleo, emprendimiento y formación profesional integral).
Voceros de las comunidades reconocen que el Sena ha estado ofreciendo sus servicios en estos municipios, “pero debe ser más efectivo para que sí se den las clases”, se quejan algunos líderes, “porque los estudiantes se han ilusionado, pero al final no terminan con el proceso por falta de continuidad”.
Las cifras oficiales no son halagadoras. Para 2017, la educación rural y primera infancia rural, en su conjunto, contaba con una cobertura del 52,8 por ciento en Transición; 87,9 por ciento en Primaria; 62,28 por ciento en Secundaria; y 25,59 por ciento en Media. Además, según el Anuario Estadístico de Antioquia de 2016, de 568 establecimientos educativos rurales, solo el 18,6 por ciento tenían servicio de internet.
De cumplirse lo acordado en el PART, la ciencia, tecnología e innovación llegarán a estos municipios implementando un plan estratégico departamental pertinente a la visión territorial, vocación y necesidades de la población rural, además la Política Pública de Primera Infancia, con énfasis en la educación inicial en las modalidades pertinentes, ampliando las coberturas, el acceso y permanencia, con enfoque diferencial, étnico y de género, para la población rural de los municipios PDET.
Se logró incluir en el PART el apoyo al Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) desde la educación inicial, para los pueblos indígenas de los municipios PDET de la Subregión Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño. De acuerdo con sus necesidades, se requiere “la disponibilidad de profesores de planta, para garantizar la enseñanza en sus saberes propios, acordes a su cultura, lengua, pensamiento, usos y costumbres”.
Asimismo, las comunidades afro, que cuentan con cerca de 60 mil habitantes en los municipios priorizados, solicitaron Ia implementación “de un modelo educativo propio que aporte al fortalecimiento de la entidad étnica y cultural, así como el fortalecimiento de la cátedra de estudios afrocolombianos”.
Si bien en el centro del proceso educativo están los docentes y los alumnos, y la necesidad de un programa de formación pertinente, oportuno, de calidad y con enfoque diferencial y étnico, el problema para buena parte de los municipios priorizados es el orden público. Líderes de la región se preguntan “¿cómo garantizar que los profesores rurales puedan ir a las escuelas sin el temor a las amenazas de los grupos armados o que haya la cantidad suficiente de estudiantes? A muchos, incluso, no les dan viáticos para ir a veredas lejanas donde los pasajes son costosos”.
Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural
Bajo este pilar se priorizó la implementación de programas de restauración, conservación y reforestación de las corrientes hídricas que abastecen de agua a las zonas rurales de la subregional PDET Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño. También la creación de una estrategia de manejo integral de residuos sólidos y la construcción de rellenos sanitarios veredales regionales para la disposición final de los residuos. Para este pilar se destinaron 194.250 millones de pesos más 127.326 millones de pesos de SGP.
Lo particular de este apartado es que no quedó consignada ninguna propuesta relativa a la vivienda rural. En muchas veredas se carece de una vivienda digna para los campesinos y debido a los desplazamientos forzados en razón del conflicto armado, los campesinos pierden la que tenían sin posibilidad de adquirir alguna en otro lado.
Las cifras demuestran una cruda realidad. Teniendo como base las cifras del DANE de 2005, el 11,47 por ciento de los hogares de la región, es decir, 9.511 hogares, se encuentran en déficit cuantitativo de vivienda, mientras que el déficit cualitativo es de 43.675 hogares; es decir, el 52,66 por ciento de las viviendas existentes requieren mejoras; además, miles de ellas carecen de cobertura de alcantarillado y acceso a agua potable.
Reactivación económica y producción agropecuaria
En este pilar las familias campesinas tienen puestas todas las esperanzas, pues la economía en sus veredas no ha sido muy abundante, por el contrario, la pobreza es lo que predomina, por ello priorizaron fortalecer las cadenas productivas de cacao, café, caña panelera, aguacate, cítricos, arroz, caucho y realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad para el establecimiento de cultivos promisorios como sacha inchi, a través de la implementación de proyectos productivos integrales. Estos proyectos incluyen extensión agropecuaria, fortalecimiento a organizaciones, acceso a canales de comercialización y activos productivos, con el fin de mejorar la economía y el desarrollo sostenible en los municipios PDET.
La comercialización de los productos también está entre las necesidades más urgentes para mejorar la economía de la familia rural y el desarrollo sostenible del campo. Además de crear una bolsa de empleo con el objetivo de vincular a la población a las oportunidades laborales en el territorio, propendiendo por el desarrollo social e integral de la economía rural, además de proyectos integrales en la línea de turismo, ecoturismo, etnoturismo, agroturismo y turismo de aventura propendiendo por el desarrollo social e integral de la economía de las familias del campo.
Gestionar acceso prioritario a programas de créditos y de fomento, y normalización de cartera para proyectos agropecuarios con el fin de estimular el desarrollo económico de la subregional Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño.
“Aún así, los créditos no pueden ser un arma de doble filo y que no lleguen para endeudar a los campesinos y luego no puedan pagar porque sus proyectos nos prosperaron”, aseguran en la región. Y no quieren repetir lo ocurrido al campesino Óscar Mazo, de la vereda El Orejón, de Briceño, que accedió a un crédito para sembrar aguacate y cacao, además de conseguir unas vacas, pero ninguno de los dos proyectos prosperó, no recibió el acompañamiento necesario por parte del Estado y ahora tiene la deuda que no sabe cómo pagar.
La mayoría de los municipios PDET tienen la minería como sustento, por lo que se propuso dar apoyo a la minería tradicional para su desarrollo responsable, a través del fortalecimiento organizacional, la caracterización minera, el acompañamiento integral (asesoría y asistencia para trámites ambientales y mineros) y comercialización.
Se incluyó, además, implementar programas de forestación, reforestación y conservación a través de pago por servicios ambientales en áreas de importancia estratégica para la protección de cuencas y conservación de la biodiversidad. Este pilar tiene el presupuesto de 44.384 millones de pesos.
Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación
Se acordó diseñar una estrategia subregional para el fomento de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, con enfoque agroecológico, privilegiando proyectos productivos sostenibles para el autoconsumo, la transformación y comercialización de bienes y servicios agrícolas, pecuarios y acuícolas.
Asimismo, se propuso adelantar la custodia, defensa, producción, conservación, intercambio y protección de semillas nativas tradicionales y especies pecuarias criollas con fines alimentarios para la recuperación de la soberanía alimentaria, las prácticas y saberes tradicionales.
Se estableció, además, la creación de una estrategia de atención integral en salud y nutrición con enfoque comunitario para niños y niñas menores de cinco años con desnutrición aguda, además de las madres gestantes y el adulto mayor.
Y como parte del fortalecimiento productivo, se tratará de constituir una red de las organizaciones sociales con los mercados públicos de alimentos, consolidando la comercialización de productos locales y el mejoramiento en la calidad de los alimentos.
Si bien Ituango se construyó, este año, la plaza de mercado, pero su infraestructura no es de plaza sino edificio moderno que le quita el valor de plaza, luego los locales están casi vacíos y muchos campesinos dijeron que nunca les preguntaron nada sobre esta construcción. Para este pilar hay destinados 46.802 millones de pesos.
Reconciliación, convivencia y construcción de paz
En este último pilar están consignadas las propuestas para la pacificación de los territorios, sin embargo, implementarlas es posible si el Estado reconoce los grupos paramilitares y hace esfuerzos para desmantelarlos, de lo contrario la guerra continuará y todas las anteriores propuestas no podrán realizarse. Para este pilar hay destinados 29.824 millones de pesos.
Una de las principales propuestas es la creación de estrategias integrales de seguridad, para la protección de líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y comunidad en general, manteniendo el enfoque de género y diferencial. Además, formular estrategias que promuevan el respeto y garantía de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI en los municipios PDET.
Es necesaria una “ruta de memoria histórica y no repetición”, en la subregión Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño donde la guerra aún se mantiene. También está la propuesta de crear programas de fortalecimiento de los sistemas locales de justicia y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como una estrategia para facilitar la convivencia pacífica, la reconciliación y la construcción de paz.
Crear estrategias y políticas públicas, que promuevan el respeto y garantía de los derechos de las personas en condición de discapacidad, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, adulto mayor, afrodescendientes, indígenas y comunidad LGTBI, además de acciones para fortalecer y priorizar la participación de las víctimas y los demás actores vinculados con el conflicto armado en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición.
Los municipios de estas subregiones han tenido gran cantidad de víctimas por minas antipersonales, por ello se hizo necesario promover ante las entidades competentes la priorización de las actividades relacionadas con el desminado humanitario, la educación en riesgo de minas antipersonal y la atención integral a víctimas. Y es importante que la ART se piense en estrategias para no perder los esfuerzos y propuestas que ya se han hecho, como en Briceño, y que no han dado resultados, o que no se tenga que volver a repetir los procesos cada vez que fallan.
Los PDET operarán hasta el 2028 y es ahí donde el Estado deberá garantizar el cumplimiento a los Acuerdos de Paz en su conjunto. Tal vez uno de los papeles cruciales es de la unidad entre el Plan Nacional Integral de Sustitución voluntaria (PNIS), con el PATR, pues estos territorios son grandes cultivadores de hoja de coca y por ello requieren cambios estructurales. Estos lugares necesitan proyectos de vida que les brinden solvencia económica y garantías de permanencia a sus habitantes.
