Un estudio realizado por lideresas comunitarias encuentra que no se evidencian proyectos respecto a lo pactado con las extintas Farc y falta información.
Chocó ha sido uno de los departamentos más olvidados por el Estado colombiano y, en lo que respecta a la implementación de los Acuerdos de Paz con enfoque de género, no es diferente.
En un estudio diseñado por la organización Corporación Humanas, y realizada por 15 mujeres de cinco municipios de ese departamento del Pacífico, durante un año, se evidenció la falta de titulación de tierras, la ausencia de un sistema integral de salud, la escasa atención a víctimas del conflicto armado, la limitada participación política y el abandono, a pesar de los compromisos hechos en el Acuerdo de Paz, en donde se aplicó un enfoque de género a lo largo de las 310 páginas que componen su documento.
Fueron mujeres lideresas, afro e indígenas de diferentes comunidades en Bahía Solano, El Carmen de Atrato, Istmina, Medio San Juan y Quibdó, las que llevaron adelante la investigación, aprendieron a realizar derechos de petición, seguimiento a entidades, búsquedas en bases de datos y así revelaron que las cifras encontradas no dan respuesta alguna de la implementación porque sencillamente son inexistentes.
Encontraron “la falta de interés de muchos gobernantes y alcaldes a la hora de trabajar en las medidas de género”, dice una lideresa de Istmina, que prefiere mantener reserva por miedo a represalias. “También la falta de compromiso para subir la información a las plataformas del gobierno sobre las acciones”.
Según la Alianza 5 Claves, son ocho los ejes temáticos de género que se incorporan en el acuerdo, incluyendo el acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones; la promoción de la participación de las mujeres en la toma de decisiones y resolución de conflictos; reconocimiento público y no estigmatización de su labor como sujetas políticas; medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres, sistemas de información desagregados, entre otros.
De los 130 indicadores de en cuanto a género incluidos en el Acuerdo, el estudio se enfoca en 24 que abarcan la reforma rural integral, participación política, fin del conflicto; medidas de solución al problema de drogas ilícitas y sobre las víctimas del conflicto.
De acuerdo con el Instituto Kroc, a noviembre de 2023, el 15% de las 130 disposiciones que deben incorporar el enfoque de género en todo el país estaban sin iniciar, el 53% se encontraba en estado mínimo de implementación, el 19% en estado intermedio y el 12% se había completado.
“Hicimos un trabajo demasiado exhaustivo, concienzudo y juicioso de sentarnos a mirar no solamente cuáles eran las necesidades de las mujeres de nuestros municipios, sino hacer el conglomerado de las necesidades de las mujeres chocoanas”, aseguró Yurleidy Alcázar, lideresa de El Carmen de Atrato.
Así mismo, afirmó que las dos prioridades que tienen más relevancia dentro del análisis son la reforma rural integral, que les permitiría el acceso a las tierras, y la atención psicosocial a las víctimas.
Así avanza cada punto
Frente al tema de entrega de tierras, se encontró que la Agencia Nacional de Tierras no cuenta con datos actualizados para conocer el número de hectáreas entregadas en Chocó; no hay subsidios integrales; en la línea de crédito únicamente se han realizado entregas de folletos comerciales pero no hay ningún indicador para establecer el porcentaje de mujeres que accedieron a estas líneas, como tampoco hubo soluciones de viviendas.
Los pocos datos existentes se encuentra el del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), creado para facilitar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento del Acuerdo Final, que tiene información de tres mujeres a las que les fueron adjudicadas doce hectáreas en Bahía Solano a junio de 2023, las últimas cifras disponibles.
“La pelea que nosotras siempre hemos tenido es la entrega de los títulos, ya que no se lo hacen efectivo a una mujer, sino que es vinculado a su núcleo familiar o a un grupo, entonces para mí no se traduce de verdad como en un avance”, aclara Alcázar.
Al realizar la comparación con otros departamentos la diferencia es abismal. A la misma fecha en Córdoba ya habían sido entregados 55 títulos a mujeres, mientras que en Chocó no se tienen siquiera los datos completos para conocer la cifra.
En temas de salud pública, el estudio halló que aunque los cinco municipios están priorizados en la propuesta del Plan Nacional de Salud Rural, no se evidencia la implementación. En SIIPO el avance registrado hasta hoy, 15 de julio, es de 0%. Respecto a la educación tampoco hay indicadores desagregados por género y municipio en la plataforma SIIPO ni mediante peticiones al ICETEX.
Tal vez el único punto en el que se ve un avance, en temas económicos, es en líneas de crédito blandas y subsidiadas para las mujeres. En el último reporte del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario desde el 31 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2023 se han entregado más de 1.000 créditos a mujeres chocoanas.
La participación política atravesada por las amenazas
Las iniciativas para desarrollar la participación política se ven mediadas por la situación de seguridad y lideresas de organizaciones y movimientos sociales. Para agosto de 2023, los estudios de riesgo se habían realizado a 28 mujeres lideresas, pero en la investigación se encontró que hasta el momento no es posible identificar si se les proporcionaron las medidas de protección porque la Unidad Nacional de Protección no cuenta con la información.
“Nos han llegado amenazas a quienes somos voceras de la comunidad. En algunas ocasiones hemos tenido que guardar el silencio para no poner en peligro la vida de nosotras como defensoras. Entonces el miedo no nos ha dejado tampoco avanzar, porque uno debe cuidar su vida, porque tiene su familia”, aseguró una de las mujeres, que por miedo a sufrir algún atentado contra su vida prefiere guardar reserva en su nombre.
Adicionalmente, la participación ciudadana en medios de comunicación comunitarios no ha sido implementada en ninguno de los cinco municipios seleccionados. En temas de control de veeduría social los últimos datos registran que han habido avances parciales, ya que se reportan diferentes talleres realizados hasta diciembre de 2023. Pero las mujeres creen que existen inconsistencias pues como lideresas y parte activa de la comunidad no han tenido conocimiento de estas actividades en Istmina y Medio San Juan.
“Queremos que nos apoyen a las mujeres en la política y no que solo nos busquen cuando llegan las elecciones regionales para hacerles campaña”, dice Elideisa Córdoba, lideresa social, afro e indígena de Quibdó.
A pesar de las dificultades, hoy hay concejalas de los municipios cuando hace unos años era impensable. “Teniendo en cuenta que antes las mujeres no tenían la oportunidad de poner sus nombres en una lista. Ahora en el municipio de Istmina tenemos varias fueron electas al concejo del municipio”, aclara Marelys Mosquera, lideresa y para el representante legal de la Asociación para el Servicio y el Emprendimiento.
Falta de garantías para las mujeres víctimas
A pesar de que el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras fue presentado y entregado, no se ha puesto en marcha. El último informe al respecto en la plataforma SIIPO es del 2021 y Chocó no se menciona; no hay protocolos de protección para los territorios rurales y tampoco un Sistema de Prevención y Alerta para la reacción rápida.
En medio de la presentación del informe, que se dio en Quibdó el 28 de junio, varias mujeres aseguraron que necesitan las garantías para seguir ejerciendo como lideresas. Adicionalmente, pidieron con urgencia que se reestructure el sistema de alertas para activar una ruta prioritaria para impedir que algo les suceda.
“Yo no puedo ir a mi resguardo, allá está el Eln (Ejército de Liberación Nacional) y ellos siguen pidiendo cuotas y revisando quién entra o sale, también hay horarios para salir a la calle. Yo sólo puedo ir cada cierto tiempo y cuando mi comunidad me protege”, asegura una de las mujeres indígenas, quien pidió anonimato por temor a represalias.
El único municipio que dio respuesta ante las solicitudes en este tema fue el de Medio San Juan, que cuenta con líneas de atención a través de canales electrónicos como WhatsApp, correo y página web, pero no tienen un canal específico que recopile las situaciones de personas y organizaciones que se encuentran en riesgo.
“Espero que las autoridades tomen más conciencia respecto a las responsabilidades y las acciones que pueden ejercer para poder vivir en un territorio más justo y equitativo”, dijo finalmente la lideresa de Istmina.
La falta de coordinación y de información reflejan los limitados avances en este indicador.
Acuerdo sobre las víctimas del conflicto
Para las víctimas, el Acuerdo de Paz incluye varias medidas, entre las que están los planes de reparación colectiva con enfoque territorial, medidas de recuperación emocional, rehabilitación psicosocial, retorno de personas en situación de desplazamiento y mecanismos para la promoción y protección de los derechos humanos.
En cuanto a la reparación colectiva, que es el reconocimiento, dignificación y reparación de organizaciones sociales que han sufrido la violencia, hay registros de la capacitación de 17 personas de cuatro municipios: Bahía Solano, El Carmen de Atrato, Medio San Juan y Quibdó. En 2022 y 2023 sí hubo un aumento considerable con la creación de 10 comités de impulso o grupos de apoyo en total de donde participaron 51 mujeres de diferentes partes de Chocó.
Una lideresa indígena mencionó que “esos espacios son buenos para visibilizar que existen los Acuerdos de Paz y que nuestros resguardos se enteren de lo que está sucediendo. Lo malo es que es complicado hacerlo. Yo tuve que salir de mi comunidad con mi esposo e hijas porque fui amenazada por grupos armados y allá no existe el Estado”.
Por otra parte, la información de la atención psicosocial a mujeres víctimas es incongruente ya que según el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas hay más de 500 personas que han sido atendidas entre Istmina y Quibdó, pero en el SIIPO solo aparecen datos de cuatro mujeres en Quibdó durante 2022 y 2024.
“La asistencia emocional o psicosocial en el municipio de Bahía Solano no la hemos tenido. En algún momento se trató de activar una ruta para que las víctimas del conflicto armado tuviéramos un acompañamiento, pero yo no sé si los amenazaron o les dio miedo pero se fueron del territorio y no volvieron”, dice Yesenia Rivas, lideresa e integrante de la Mesa Municipal de Víctimas de Bahía Solano por el enfoque de género.
La falta de recursos es un tema que persiste, y no hay profesionales suficientes, dice el estudio. En Quibdó, un sólo profesional había realizado más de 300 atenciones virtuales en un mes, sin poder llevar así un proceso continuo y cercano con las víctimas.
El estudio no registró avances en este compromiso con las víctimas indígenas, negras y afrodescendientes de Bahía Solano, El Carmen de Atrato, Istmina, Medio San Juan y Quibdó entre enero del 2022 y julio del 2023. Esto se debe a la falta de procesos adecuados de socialización y sensibilización, la cantidad de trámites burocráticos para acceder a la atención y la falta de personal, según el informe.
¿Qué sigue con este informe?
Desde el Programa Integral de Garantías, la integrante Gloria Luna dice que este informe “nos llama a fortalecernos a nosotras como sociedad civil, llamando a la institucionalidad para entablar un diálogo e interlocutar, porque nosotras trabajamos por las garantías, para que todas y cada una pueda defender los derechos humanos sin que esto nos lleve a la muerte o a las amenazas”.
Aún así, a las mujeres que trabajaron en la investigación les queda un sabor agridulce. “Es bueno para visibilizar que existen los acuerdos y como mujer darme cuenta que puede que yo sea indígena y ellas afro pero sufrimos las mismas violencias y dificultades”, aseguró otra lideresa que pidió omitir su nombre.
Yolanda Perea, del equipo de Género y Diversidad del Ministerio de Interior, asegura que en este momento se encuentran en conversaciones con la Gobernación para articular las responsabilidades de género en la política pública, enmarcado en los derechos de las mujeres y la población de género diversa para que realmente se implemente .
“Siento amores y odios porque cuando uno está en esta tarea de investigadora se topa con una cruda realidad”, dice Alcázar del Carmen de Atrato. “Sin embargo, algo que aprendí es que igual hay que entender que los procesos caminan a veces no tan rápido como uno quisiera”.
Dannia Beltrán, líder del proyecto en Corporación Humanas, dice que lo que esperan con el trabajo es que en la construcción de los planes de desarrollo territorial las mujeres puedan seguir conversando con las autoridades para que se construyan programas, pues el fin es dar esta herramienta para la interlocución, participación y construcción de paz, para que las mujeres puedan replicarlo con sus organizaciones o comunidades.
Finalmente, a pesar de que no es el mejor panorama y los avances son parciales, hay varias mujeres que sí han notado un cambio en comparación con hace unos años. Al menos ya hay “sensibilización sobre la equidad de género, un compromiso político y normativo y la participación activa de las organizaciones de mujeres ha incrementado”, afirma Yenny Palacios, lideresa de la Comisión de Género del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato. Siendo esto un pequeño paso en la construcción de paz para las mujeres en Colombia.
