La principal lección que dejan los procesos de paz de Centroamérica es que el respaldo de la sociedad es crucial para que los acuerdos se implementen con éxito. Por Juan Diego Restrepo E., Ciudad de México.
Durante varias décadas El Salvador y Guatemala vivieron guerras civiles que devastaron sus economías, rompieron el tejido social, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y la democracia casi nula. A mediados de los años 90 en ambos países se firmaron acuerdos de paz, con relativo éxito en El Salvador, y con muy poco impacto en Guatemala.
¿Cuáles son las deudas que tienen ambos países con lo pactado? Para responder a esta pregunta, VerdadAbierta.com aprovechó su presencia en el décimo tercer encuentro del Observatorio del Crimen Organizado convocado por la organización alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES) realizado recientemente en Ciudad de México, para hablar con dos expertos: Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública de El Salvador, y Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
Guatemala: el 95% de los acuerdos no se ha cumplido
Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
El 29 de diciembre de 1996 se firmaron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno nacional de Guatemala, en cabeza en ese momento del presidente Álvaro Arzú Irigoyen, y los representantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng), en la que confluyeron las distintas facciones guerrilleras que por más de 30 años mantuvieron un alzamiento en armas.
De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, este conflicto interno dejó más de 200 mil víctimas, entra muertas y desaparecidas, la mayoría de ellas provocadas por fuerzas estatales y paraestatales en su afán de contrarrestar a las guerrillas de izquierda.
Se necesitaron seis años, entre 1991 y 1996, tres presientes y mucho apoyo internacional para concretar una salida negociada que le permitiera a este país alcanzar la paz en sus territorios. La implementación de los acuerdos ha sido muy compleja, entre otras razones porque no fueron refrendados en las urnas por la mayoría de los guatemaltecos y sus puntos no han sido desarrollados en su totalidad en los 19 años de vigencia
Marco Antonio Canteo, es reconocido jurista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, quien le ha hecho un detallado seguimiento a la aplicación de los acuerdos y quien tiene una visión crítica de sus resultados.
¿En qué están los acuerdos hoy en Guatemala?
El 95% de los acuerdos de paz no se han cumplido. ¿A qué se debe esto? Yo diría que al final de cuentas, los acuerdos de paz también expresan un ganador y un perdedor. Ahí está una de las explicaciones de fondo.
¿Fueron tan débiles esos acuerdos?
Los acuerdos de paz se dan en la coyuntura del fin de la guerra fría donde era insostenible seguir en conflictos armados derivados de los nuevos cambios a nivel mundial. Entonces la comunidad internacional presiona a Guatemala para llegar a una negociación. La guerrilla estaba muy debilitada y si seguía en el la guerra iba a ser aniquilada.
En consecuencia, los acuerdos no son suficientemente sólidos como para establecer las condiciones y mecanismos para su cumplimiento. Aunque se incluyeron temas sustantivos, no hubo ni la institucionalidad ni los recursos ni la voluntad política para hacerlos realidad. Ni siquiera hubo una izquierda sólida para exigir su cumplimiento.
¿Cómo se ha expresado esa debilidad en las urnas?
La Urng es un partido sumamente débil, que ha sufrido las luchas intestinas de los tres grupos que lo conforman, su dirigencia ha envejecido, y no ha tenido la capacidad de renovar sus cuadros. En todas las elecciones no ha sacado más del 3% de los votos.
Mientras en El Salvador se construye un partido de izquierda sólido, en Guatemala surgen muchas organizaciones no gubernamentales de cuadros medios de la guerrilla que se atrincheran allí.
¿Por qué los guatemaltecos no salieron a votar por la refrendación de los acuerdos?
Funcionó la estrategia de comunicación del Ejército que cooptó durante el conflicto a la institucionalidad, tanto pública, como privada. Esas estrategias fueron muy efectivas porque la clase media que vivía en las urbes no se enteraba de lo que pasaba en el campo, era muy poco consciente de las masacres y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esa circunstancia se combina con una ciudadanía guatemalteca muy conservadora. No existía una masa crítica que exigiera el cumplimiento de los acuerdos de paz.
¿Qué se votó en ese referendo?
Básicamente eran tres componentes sustanciales: el primero, independencia judicial y reforma al sector justicia; segundo, los derechos de los pueblos indígenas, que es el tema que menos se ha cumplido en el país; y tercero, la cuestión de la carga tributaria, que en América Latina es la más baja.
Los sectores conservadores hicieron una gran campaña para desvirtuar estos tres acuerdos y por ejemplo en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, toda la publicidad del sector conservador planteaba el riesgo que significaba reconocer la autodeterminación. Eso pegó mucho en la clase media. En materia de independencia judicial, no se lograron los cambios en la constitución más allá de pequeños maquillajes.
¿Y qué se hizo al fracasar el referendo?
Algunos sectores impulsaron una serie de normativas de carácter legal, que son muchas, pero que se han cumplido poco. Después se aprobó una ley marco de los procesos de paz, pero es letra muerta, no se cumple tampoco.
¿La justicia internacional ha actuado frente a los crímenes cometidos durante la guerra?
La debilidad de la Urng en la negociación impidió que se lograra un acuerdo para instalar tribunales internacionales que juzgaran los casos del pasado. Lo único que se logró fue el compromiso del Estado de desarticular lo que se llamó “cuerpos paralelos” provenientes del conflicto armado y que generan impunidad alrededor del Estado.
Diez años después se instaló la Comisión Internacional contra la Impunidad, que es como una especie de Fiscalía, pero que depende del Ministerio Público, es decir, solo se puede adherir a los casos que lleve la Fiscalía, y los resultados no han sido del todo positivos después de siete años de experimentos. Fue lo máximo que se logró, no se logró más.
¿Y qué ha pasado con la verdad?
Posiblemente Guatemala en lo que más avanzó en el tema de justicia de transición ha sido en la verdad. Hay dos informes, uno de la Iglesia Católica y otro de Naciones Unidas a través de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que dan cuenta de las grandes atrocidades cometidas durante el conflicto armado, pero que no tuvieron una amplia difusión ni una estrategia de comunicación para construir una base social que pueda exigir más justicia y más reparación.
El Estado nunca reconoció la validez de esos informes. De hecho el Ejército se negó a proporcionar información a la Comisión de Esclarecimiento Histórico.
En ese sentido ¿qué trascendencia ha tenido el hallazgo de archivos de la Policía en una vieja bodega?
Los archivos de la Policía Nacional Civil son un gran descubrimiento, tienen más de un millón de documentos que revelan la estrategia contrainsurgente que había copado a ese organismo. Es un enorme descubrimiento y de allí han sacado información para llevar procesos relacionados con violaciones de derechos humanos.
¿Y existe acceso a archivos del Ejército?
El Ejército se ha negado de manera sistemática a entregar los planes de inteligencia para combatir en las principales áreas del conflicto armado. Algunos documentos han sido entregados, pero después de largos procesos judiciales y los dan cercenados. Pero lo que hay revela la estrategia de genocidio y eso sí es un punto central. De ahí surge la tesis de la Fiscalía y de algunas agrupaciones de derechos humanos de acusar a Efraín Ríos Montt por genocidio.
¿Está en riesgo de quedar en la impunidad ese genocidio?
El único genocidio que se ha probado, pero que después fue anulado, fue contra el grupo Maya Ixil, en el noroccidente del país, en la parte central del altiplano guatemalteco. Es el único caso que, de momento, tiene una tesis muy sólida, pero hay otros casos que la Fiscalía está construyendo en donde las víctimas están exigiendo que también se acuse por genocidio.
¿Por qué se anuló la condena contra Ríos Montt en ese caso?
Después delos acuerdos de paz se impuso una ley de reconciliación nacional para aplicarse tanto a militares como a guerrilleros, pero se dejó una frase donde se hace la salvedad de los delitos internacionales, y ese es el camino que usaron las organizaciones y la Fiscalía para que delitos de lesa humanidad, como genocidio y torturas no queden bajo el amparo de esa ley.
El problema es que en Guatemala se volvieron a posicionar sectores de derecha, entre ellos los militares, y surge nuevamente el tema de la amnistía, mucho más ahora con una Fiscalía y una Corte de Constitucionalidad dominada por la derecha, con simpatías hacia el sector militar. Todo apunta a que se están creando las condiciones para que le den amnistía a Ríos Montt. El asunto es que una sentencia favorable a él beneficiaría a todos los imputados, sean del Ejército o de la guerrilla.
Efraín Ríos Montt gobernó Guatemala entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983.
¿Se ha reparado a las más de 200 mil víctimas que dejó el conflicto en Guatemala?
El proceso ha sido muy deficiente. Hay mucha corrupción y la institucionalidad es muy débil. En el caso de quienes pertenecieron a las Patrullas de Autodefensa Civil (conocidas como PAC), se les dio plata y trabajo, y reforestaron gran parte del país.
Quienes han logrado demostrar que fueron víctimas, recibieron por ley 2500 dólares. Pero se generó una perversión de los mecanismos de reparación, y algunas organizaciones se aprovecharon de esa lógica y se volvieron intermediarias.
Todo se hizo a través del Programa Nacional de Resarcimiento, todavía vigente, pero el actual gobierno lo está liquidando, está negando las reparaciones.
¿Hubo despojo de tierras en Guatemala?
Buena parte de las tierras que tenían los mayas en las áreas de conflicto armado no tenían títulos. Por la guerra, muchas comunidades huyen hacia México, y dejan abandonadas sus fincas y las PAC y el Ejército se apropian de ellas. Cuando se firman los acuerdos y se exige el retorno, encuentran sus tierras ocupadas. Naciones Unidas y el gobierno crearon centros de justicia para ayudarle a la población con sus demandas, y la gente pensaba que esos centros se iban a encargar de devolverles su tierra. Pero no fue así. Esas tierras abandonadas ahora están tituladas a quienes hicieron parte de las PAC y a miembros del Ejército.
En algunos casos, el gobierno ha comprado fincas en sectores distantes de los que poseían, y en otros casos los ha dejado a su suerte.
¿Se garantiza que no haya repetición?
En eso no se trabajó absolutamente nada. Después de la guerra Ríos Montt fue diputado al Congreso durante dos periodos y tenemos a Otto Pérez Molina, señalado de ser parte de las graves violaciones a derechos humanos, que llega a ser presidente del país (actualmente en ejercicio).
