Un informe de la Procuraduría muestra la forma en la que los paramilitares montaron un plan de persecución y exterminio para acabar con organizaciones sociales en esta región del país entre 1998 y 2005.
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| El Magdalena Medio fue escenario de persecusiones sistemáticas a organizaciones de derechos humanos, sindicatos y líderes sindicales. Foto: Archivo Semana |
Las principales víctimas de la violencia paramilitar en el Magdalena Medio fueron los defensores de derechos humanos, las asociaciones de mujeres, los líderes comunitarios y los sindicalistas, quienes por el solo hecho de hacer parte de una organización social fueron señalados como guerrilleros.
Así lo reveló un informe de la Procuraduría sobre el impacto que generaron los crímenes del Bloque Central Bolívar, BCB, en la sociedad del Magdalena Medio que fue presentado durante la audiencia de identificación de afectaciones de las víctimas de Rodrigo Pérez Álzate, alias ‘Julián Bolívar’.
Entre 1998 y 2005, los paramilitares del BCB que eran comandados por ‘Julián Bolívar’, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ e Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, montaron una estrategia de terror con la que pretendieron intimidar a la población y exterminar todo tipo de participación de la comunidad.
Según el informe presentado por Diego Alvarado, delegado de la Procuraduría, los paramilitares “justificaron el conflicto como una lucha antisubversiva, etiquetando a la población civil, sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios como “guerrilleros”, excusa bajo la que se cometieron toda clase de crímenes y vejámenes”.
Al final estas organizaciones sociales fueron objetivos constantes de los ataques paramilitares por dedicarse a la defensa y a la
promoción de los derechos humanos en la región del Magdalena Medio y
por denunciar publicamente los crímenes de las autodefensas.
Con amenazas, persecuciones, masacres, homicidios selectivos, torturas, violencia sexual, desplazamiento y limpiezas sociales, lasautodefensas dominaron la región dejando una huella imborrable para los sobrevivientes.
Para la Procuraduría lo paradójico es que durante el auge de la violencia paramilitar las cifras oficiales escondieron la realidad e hicieron creer que no estaba pasando nada. Esta situación fue reforzada por una “hermandad de los paramilitares con fuerzas armadas legales y grupos empresariales importantes en la zona”, dice el informe, que le otorgaron inmunidad al grupo ilegal.
Sumado a esto, los paramilitares del BCB lograron poner personas afines en las instituciones del Estado y los gobiernos locales y regionales, lo que les permitió manejar a su gusto la economía, la política y la justicia de la región.
El informe presentado por el procurador delegado concentra su análisis
en Barrancabermeja, por considerar que allí se vivió lo peor de la
incursión paramilitar que se ensañó con las organizaciones sociales, y
además, porque con su condición como puerto petrolero, esta ciudad se
prestó para el surgimiento de numerosas formas de participación social
que fueron atacadas por las autodefensas.
La Procuraduría identificó los daños colectivos que sufrió la población del Magdalena Medio para que en la sentencia que emitan los magistrados de Justicia y Paz en el caso de ‘Julián Bolívar’, se ordene reparar a las organizaciones y grupos sociales que se vieron afectados por el terror paramilitar.
La estrategia de exterminio
La región del Magdalena Medio comprende los departamentos de Bolívar, Santander, Cesar y Antioquia, y en menor medida a Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Tolima. Estos entes territoriales están conectados por el río Magdalena que sirve como un corredor entre el centro y el norte del país.
Barrancabermeja es considerada el corazón económico y político de esta región por contar con la refinería de petróleo más grande del país. Así, por su ubicación y por los recursos con los que cuenta, esta región se convirtió en un atractivo botín para los grupos armados ilegales.
Desde los años 70, la guerrilla del ELN se posicionó en la zona donde permaneció hasta finales de la década de los noventa cuando fue desplazada por la llegada de los paramilitares del Bloque Central Bolívar comandados por ‘Julián Bolívar’. Este grupo llegó a la región con la excusa de acabar con uno de los principales focos de subversión cometiendo masacres como la de Barrancabermeja en la que fueron asesinadas 35 personas en 1998.
En esta arremetida paramilitar se igualó el hecho de pertenecer a una organización social a la militancia dentro de la guerrilla, razón por la que los miembros de sindicatos y movimientoscomunitarios fueron tildados de promover los ideales subversivos y de ser parte del ala política del ELN y de las FARC. Aquí comienza el exterminio.
Ataques a los sindicatos
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| El BCB es señalado como responsable de varios homicidios de sindicalistas en el Magdalena Medio. Fotomontaje: VerdadAbierta.com |
Los sindicatos de funcionarios públicos, de transportadores, dedocentes, de trabajadores de la hotelería y de la industria del petróleo, la electricidad y el tabaco, son considerados como las principales víctimas del actuar paramilitar en Barrancabermeja. A las autodefensas de Julian Bolívar se les señala como responsables de al menos trece asesinatos de sindicalistas de la región.
La tradición sindical de Barranca nace en 1924 con el surgimiento de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, el principal sindicato de Ecopetrol. “Esta organización desempeñó un papel protagónico en los procesos de movilización social y por ello fue altamente victimizado”, señala el informe.
De hecho, entre 2000 y 2002, circuló un rumor en esta ciudad sobre la aparición de una lista negra con los nombres de los dirigentes sindicales que serían objeto de ataques del BCB. La preocupación fue mayor cuando fueron asesinados dos afiliados a la USO, crímenes que aceptó ‘Julián Bolívar’ por línea de mando aunque negó que existiera una política para atacar a los sindicalistas.
Por parte de la USO, los sindicalistas asesinados fueron Cervando Lerma Guevara, líder de los Movimientos Obreros como Trabajador Temporal, Manuel Salvador Guerrero Pensionado de Ecopetrol y ex miembro de la USO y Rafael Jaimes Torra, quien fuera el tesorero de esta organización.
El BCB también fue responsable del asesinato de Luis Alberto Carazo, rector y profesor de la Escuela Jorge Eliecer Gaitán y miembro activo de la Organización Sindical ASEM y Miguel Rojas Quiñones, docente de la escuela Los Alcázares y afiliado al Sindicato de Trabajadores del sector educativo de Santander SES, filial FECODE.
Del Sindicato de Conductores y Trabajadores de la Industria del Transporte de Santander, Sincotrainder, fueron asesinados su presidente Luis Alberto López Plata y su tesorero Luis Manuel Anaya Aguas. (Ver artículo: Así los paras exterminaron a un sindicato en Barrancabermeja)
Otros sindicalistas víctimas de la persecusión fueron, Robinson Badillo y Jairo Chima, miembros del sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia, Sintraemsdes, Gustavo Castellón del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja de Compensación Familiar, Sinaltracomfa, Helio Rodríguez Ruiz afiliado al Sindicato Nacional de la Industria Gastronómica, Hotelera y Similares, Hocar, Edgar Manuel Ramírez afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia Sintraelecol y Ciro Arias, quien fuera el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Tabaco en Colombia, Sintraintabaco.
Según el informe: “las libertades sindicales fueron especialmente golpeadas. Líderes y lideresas de sindicatos muy importantes fueron asesinados, lesionados, desplazados o exiliados. Muchos sindicatos fueron debilitados y otros desaparecieron. La violencia antisindical no fue fortuita, sino intencionada y tuvo impacto colectivo sobre el ejercicio del derecho de asociación”.
Ataques a defensores de derechos humanos
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, nació en 1987 para hacerle frente a la violación a derechos humanos y crisis humanitaria en la región.
Según el informe, en el exterminio de las organizaciones participó una red de inteligencia de la Armada Nacional que se hizo conocer como la ‘Red 07’, grupo que fue señalado por la Fiscalía como la autora de al menos 68 homicidios selectivos de sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas. En el caso de Credhos, la ‘Red 07’ participó en un atentado a una de las líderes más importantes de esta organización en 1990.
Luego de este hecho, varios de sus dirigentes fueron obligados a abandonar la ciudad por las amenazas hasta el punto que tuvieron que cerrar las oficinas de la organización. Sin duda, según el ministerio público, Credhos es una de las organizaciones que sufrió el mayor acoso del BCB.
“La violencia que esta organizaciónpadeció influyó de manera indirecta en otras organizaciones de derechos humanos que actuaban en la zona, y que vieron reducido su margen de actuación por las intimidaciones contra Credhos. Fue un mensaje simbólico dirigido a una organización específica, pero que alcanzó a muchas otras que desarrollaban un trabajo similar en la región”, señala el informe.
En otros casos identificados por la Procuraduría, el homicidio de una sola persona desarticuló organizaciones o tuvo un impacto negativo importante en sus posibilidades de fortalecimiento o en la continuidad de la asociación.
Ataques a organizaciones de mujeres
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| Las muejeres fueron de las principales víctimas de la violencia paramilitar en el Magdalena Medio. Foto: Archivo Semana |
Otra organización que se convirtió en objetivo de los paramilitares fue la Organización Femenina Popular, OFP, un movimiento feminista enfocado en la defensa de los derechos humanos de las mujeres del Magdalena Medio.
Por denunciar los abusos de las autodefensas fueron blanco de persecuciones y amenazas, como le ocurrió a Yolanda Becerra Vega, miembro de la OFP, conocida por sus denuncias
contra la violación de los Derechos Humanos que cometían los
paramilitares.
De hecho según la Procuraduría, los paras destruyeron una de las casas en donde desarrollaban sus actividades de educación y promoción de las mujeres y sus hijos. “Los paramilitares demolieron una de sus oficinas en su totalidad, recogieron los escombros, los subieron en camiones y se los llevaron para enviar un mensaje de su intención de desaparecer totalmente a la OFP”, señala el informe de la Procuraduría.
Otros hechos en los que fue víctimizada la organización fue el asesinato de Diofanol Sierra, el 9 de abril de 2002, quien era Profesor de Danzas de la OFP e integrante del grupo de tamboras Gaitambo de la ciudad de Barrancabermeja.
La violencia paramilitar tuvo un impacto considerable sobre la vida de las mujeres de la región, que en entrevistas con funcionarios de la Procuraduría narraron varios eventos de violencia sexual en su contra. “Les cortaban el pelo, porque se negaban a lavarles la ropa a los paramilitares o a tener relaciones sexuales con ellos. A otras mujeres las hacían exponerse en ropa interior, barriendo el espacio público porque les gustaban las fiestas”, narra el informe.
Ataques a la comunidad LGTB
La comunidad LGBT fue perseguida y estigmatizada por los paramilitares, principalmente en Barrancabermeja. “En muchos eventos los miembros de esta comunidad fueron amenazados, agredidos sexualmente y sometidos a tratos crueles o degradantes. Con frecuencia las lesbianas eran violadas para “demostrarles que estaban equivocadas en cuánto a su orientación sexual”, asegura el informe de la Procuraduría.
Como resultado de esta persecusión, la discriminación de la comunidad aumentó, generando a su vez un crecimiento de la violencia en su contra.
La condición de homosexual podía significar llamar la atención del grupo armado y por ende, las personas que pertenecían a la comunidad LGBT, tuvieron que esconderse so pena de sufrir la persecución.
El código de conductaparamilitar
Los paramilitares del BCB implementaron un código de conducta en el que ordenaba a la comunidad del Magdalena Medio como debía comportarse, bajo la amenaza de ser castigados en caso de que lo incumplieran.
En primer lugar a las personas se les prohibió acercarse a las organizaciones sociales y de derechos humanos. No podían participar tampoco en sindicatos u organizaciones que se les pareciera, por esta razón algunas de estas prácticamente desaparecieron.
Así mismo, les imponían cómo resolver conflictos conyugales. “Las sanciones iban desde barrer las calles hasta asesinatos. Las víctimas eran desnudadas, rapadas y bañadas con agua caliente. Era una forma de degradarlos y hacerles perder la dignidad. Como los paramilitares les prohibieron acudir a la policía, la ciudadanía terminó acudiendo directamente a los ilegales”, señala el informe en el que se agrega que la policía no se atrevía a actuar contra los ilegales y por el contrario le recomendaban a la gente que mejor arreglaran “por las buenas” con los paras.
Los paramilitares también regulaban la libre circulación a través de toques de queda, tanto en las zonas rurales como en los cascos urbanos, y de retenes y peajes ilegales. Según el informe “estas acciones parecían direccionadas a consolidar el control militar sobre el territorio y al mismo tiempo regular la vida y la cotidianidad de las comunidades”.
En algunos barrios de Barrancabermeja, el BCB cortó las líneas telefónicas y prohibió que fueran reinstaladas. La comunidad cree que lo hicieron para que no hablaran entre ellos, y especialmente para que no se organizaran. “La gente denunció estos eventos ante la policía, pero ellos mismos informaron a los ilegales y sugirieron no denunciar más para evitar problemas con el BCB”, relata el informe.
Las propuestas de reparación
Aunque muchos de los daños colectivos sufridos por las víctimas son irreparables, el ministerio público presentó una serie de propuestas de reparación construidas en conjunto con la comunidad afectada del Magdalena Medio.
Para las organizaciones que fueron víctimas de las persecuciones y ataques, lo principal es que los victimarios pidan perdón de manera pública y rectifiquen que las víctimas eran inocentes y que no tenían ningún tipo de relación con la guerrilla.
De acuerdo con el informe de la Procuraduría, las organizaciones piden favorecer las garantías para el ejercicio pleno de los derechos a la asociación, organización y participación ciudadana, que fueron estigmatizados durante el auge paramilitar.
De la misma manera solicitan un programa de protección a líderes y lideresas de organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, que evite la repetición de los hechos de violencia.
Los líderes de la comunidad pidieron que se les permita participar en todas las etapas del proceso de reparación en el cual, según la Procuraduría, se debe incluir un enfoque diferencial para atender adecuadamente a las víctimas según su género, su edad o su raza.
En cuanto a los daños psicosociales, como la presencia paramilitar instauró de una cultura de guerra, la comunidad pide un plan de acción que permita promover una cultura de paz a través de un programa de acompañamiento médico, psicológico y psiquiátrico a las víctimas, sus familias y a las comunidades en general.
Para la comunidad es necesario que se fortalezcan las organizaciones de víctimas, para promover procesos de memoria histórica que permitan dignificar la memoria de las víctimas y hacer una exigencia de no repetición de estos hechos de barbarie.
Para recuperar lo que ellos consideran el tejido social, es necesario que se diseñen procesos de sensibilización que promuevan el respeto a la diferencia y la diversidad donde se aborden temáticas como derechos humanos, organización comunitaria, los derechos a la asociación, la población LGBTI, los derechos sexuales y reproductivos y la violencia contra las mujeres.
Finalmente dentro de las medidas, la comunidad pide que se cree una oficina local de la Defensoría y la Procuraduría para la atención a las víctimas para que estén vigilantes del proceso de reparación.
Así mismo piden que haya una presencia mayor de la Fuerza Pública y de las instituciones para poder recuperar la confianza perdida en el Estado.
