Después de 53 años de combates en ciudades, pueblos y selvas, este 27 de junio la guerrilla más vieja de América Latina deja de existir como guerrilla. ONU destaca este proceso comparado con otros ocurridos en el país y en el mundo. El reto del gobierno nacional: cumplir con los acuerdos.
Esta AK- 47 que perteneció a la guerrilla ahora fue convertida en una pala que simboliza el paso de las Farc a la vida civil. Foto: Tomada de Presidencia.
En zona rural de Mesetas, Meta, se cerró el último contenedor de la Misión Política de la ONU en Colombia que guarda las armas de más de 7 mil guerrilleros de las Farc que cumplieron con el acuerdo pactado con el gobierno nacional. El cierre se hizo a escasos 800 metros de donde estaban el presidente de la República, Juan Manuel Santos; el jefe máximo de la organización insurgente, Rodrigo Londoño; el jefe de la Misión Política de la ONU en Colombia, Jean Arnault; así como el sacerdote jesuita Francisco de Roux, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, y un nutrido grupo de invitados nacionales e internacionales.
La elección de la Zona Veredal Transitoria de Normalización ‘Mariana Páez’ no fue a la ligera, allí es donde se concentran poco más de 500 subversivos, muchos más que en cualquiera de las 25 zonas que hay en todo el país.
Allí, la Misión Política de la ONU recibió un total de 7.132 armas y 77 caletas con explosivos inestables de parte de los 6.803 guerrilleros y 2.184 milicianos. Arnault explicó que todavía faltan 700 armas por recolectar y que permanecerán hasta el 1 de agosto en las manos de los guerrilleros que brindan la seguridad de las zonas veredales. A partir de ese día, las zonas se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, donde los desde ahora exguerrilleros harán todas las actividades necesarias para reincorporase a la vida legal.
Ese también será el día en el que la Misión sacará todos los contenedores de las zonas para fundir el armamento y las municiones para convertirlas en tres monumentos, que estarán instalados en Colombia, Cuba y Estados Unidos. Con este paso histórico, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-Ep) dejan de ser una guerrilla armada para convertirse en un partido político.
“La paz significa que la participación política estará abierta a todos”, dijo durante su discurso Rodrigo Londoño, conocido en las filas guerrilleras como ‘Timochenko’.
Precisamente, el jefe de las Farc sostuvo que este acto es la muestra de que cumplieron “con la mayor buena fe” las promesas del Acuerdo de Paz que firmó esa guerrilla con el gobierno nacional el 24 de noviembre en el Teatro Colón, de Bogotá. “No le fallamos a Colombia. Hoy dejamos las armas”, aseveró.
Pero no todo fue optimismo. El máximo comandante de las Farc expresó la preocupación de sus hombres por lo que llamó la “negligencia estatal” para cumplir cabalmente con la implementación del Acuerdo, puesto que continúan los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos, la expansión de otros grupos armados e, incluso, la persecución contra familiares de miembros del grupo guerrillero.
A esto se suma que todavía no han salido de la cárcel todos los insurgentes que debieron haber sido beneficiados por la Ley de Amnistía e Indulto, aprobada en diciembre del año pasado. “Siguen en prisión a seis meses de la Ley de Amnistía, que garantizaba la libertad en 10 días. Por eso, ellos y sus familiares adelantarán acciones de protesta. Nada de eso debería ser necesario”, puntualizó Londoño.
Pese a esto, reiteró que de ahora en adelante la única arma de este grupo será la palabra y su lucha será “exigir una implementación práctica de lo acordado”, pero siempre desde lo pacífico y civilizado. “Nuestro cumplimiento nos llena de autoridad para exigirle a la contraparte”, dijo.
Acto seguido, el presidente Santos le respondió que todavía quedan actos recíprocos durante la implementación y aseguró que su gobierno está cumpliendo lo pactado: “No estoy y seguramente nunca estaré de acuerdo con ustedes sobre el orden económicoo político que deba tener nuestra Nación, pero defenderé con toda determinación y contundencia su derecho a expresar sus ideas dentro del régimen democrático en un Estado de Derecho y para que ese derecho sea efectivo contarán con las garantías de seguridad que sean necesarias”.
En su alocución, Santos aseguró que Colombia ya nunca más será un país enfrentado entre sí mismo y agregó que el depósito de las armas en los contenedores es la muestra para el mundo de que “la paz es real e irreversible”.
El camino que empieza
Rodrigo Londoño, el jefe de las Farc, llegó a la zona veredal de Mesetas el pasado 26 de junio para el acto de la entrega final de armas. Foto: Tomada del Twitter de las Farc.Pese a que el evento fue en Meta, desde diferentes puntos del país la gente se reunió en las plazas principales de algunas ciudades para presenciar la dejación final de las armas a través de pantallas gigantes instaladas para la ocasión.
“Es un reto histórico que seamos la generación capaz de alcanzar y construir la paz. Este es un acuerdo que solo tiene que ver con campo sino también con la participación política en nuestras ciudades”, indicó Andrés Camacho, vocero distrital de Marcha Patriótica en Bogotá.
El activista explicó que parte de lo que se viene es aterrizar el fin del conflicto también a las grandes urbes, pues asegura que todavía persisten las bandas que están matando a los jóvenes. “Erradicar la violencia política también implica erradicarla de nuestras ciudades”, señaló.
Otro de los pasos a seguir tras la dejación de las armas es el tránsito de exguerrilleros a ciudadanos en completa legalidad. Inicialmente, reciben un certificado de la ONU que ratifica que entregaron su armamento y, luego, firman un acta ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la que se comprometen a no volver a usarlo y a reintegrarse a la vida legal.
Todos ellos continuarán su proceso en las zonas veredales, tal como están hoy, en tareas de formación, identificación individual, obtención de documentos y a la espera de la conformación del partido político, al que muchos se integrarán en diversas labores.
Ante ese escenario, el presiente Santos afirmó que a partir de hoy Colombia será “un país donde nunca más nos matemos por nuestras ideas”. Con tono jubiloso, el jefe de las Farc alzó la voz para decir ¡Adiós a las armas! ¡Adiós a la guerra! ¡Bienvenida la paz!”.
Mirada al pasado
El 9 de abril de 1994 se firmó la paz entre la Crs y el Gobierno. Unas armas de los 400 guerrilleros fueron lanzadas al mar y otras fundidas. Foto: cortesía de la Corporación Arco Iris.La relevancia de este acto, de por sí extraordinaria tras 53 años de guerra, cobra mayor importancia porque es uno de los pocos procesos con mayor tasa de armas entregadas por combatiente. El jefe de la Misión, Jean Arnault, informó que a las 26 Zonas Veredales y Sitios Transitorios de Normalización ingresaron 6.803 guerrilleros y 2.184 milicianos, y si se tiene en cuenta que no todos los milicianos eran combatientes, sino que estaban asociados atareas de logística e inteligencia, se obtiene que la relación tropas y armas entregadas es de uno a uno, o incluso podría ser mayor.
Además, falta por encontrar las armas que están escondidas en caletas a lo largo y ancho del país. De las 900 que reseñaron las Farc, han sido extraídas 77. De este modo, el proceso de esta guerrilla podría terminar con más armas entregadas que excombatientes, contrariando la tendencia de otros casos.
Este proceso de dejación de armas, que inició el pasado 7 de junio y concluyó 20 días después, tras sufrir varios retrasos en su cronograma original por cuestiones de implementación del Acuerdo Final y logísticas para la adecuación de las zonas de concentración, es el sexto que se realiza en el país en las últimas décadas.
Desde la amnistía que el general Gustavo Rojas Pinilla les concedió a las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo en 1953, hasta la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre 2003 y 2006, en el país dejaron las armas la Autodefensa Obrera (Ado), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt), el Ejército Popular de Liberación (Epl), el Movimiento Armado Quintín Lame (Maql) y la Corriente de Renovación Socialista (Crs).
Tras la amnistía a Guadalupe Salcedo, siguió la desmovilización de alrededor de 900 combatientes del M-19 que entregaron 280 armas durante una audiencia pública en Santo Domingo, Cauca. Le siguieron las del Prt, el Maql, el Epl y la Crs, una disidencia del Eln, en el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994), las cuales contaron con actos simbólicos de entrega de armas y el acompañamiento de veedores internacionales. Se estima que, en total, entregaron 1.680 armas.
De manera similar al proceso que concluyó hoy con las Farc, aquellos contaron con dispositivos de verificación y monitoreo por parte de actores externos, como la Internacional Socialista, la Conferencia Episcopal, partidos socialistas y el Consejo Mundial de los Pueblos Indios, que garantizaron la entrega y la destrucción del material de guerra.
Por otro lado, el informe Desarme de las Farc: Claves y propuestas para un proceso viable, éxito y transparente, publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hace dos años, concluye que el desarme de las guerrillas en los noventa “se caracterizó por hacerse con estructuras poco numerosas que tenían un componente armado que no era de gran envergadura y su operación se limitaba a determinadas regiones, lo que generó un alto grado de cohesión de mando y control. Esto facilitó la definición de compromisos específicos para el abandono de las armas bajo esquemas lineales con itinerarios, censos, zonas de concentración, recolección, registro y disposición de los arsenales mediante su destrucción total”.
Visión de excombatientes
Varios sectores cuestionaron que no hubiera un registro de los jefes de las Farc dejando sus armas, como ocurrió con el M-19 y Carlos Pizarro. Foto: archivo Semana.Para Álvaro Villarraga, desmovilizado del Epl e investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el proceso con las Farc es mucho más sofisticado, de mayor dimensión y contó con un garante internacional con máspeso y permanencia. Por ello destacó el papel de la Misión de la ONU, pues a su juicio, las misiones de veeduría de los noventa fueron muy cortas.
“Estuvieron unas semanas previas, hubo apoyo en el registro de armas, asistieron a los actos de dejación y se fueron muy pronto. De hecho, eso mostró una flaqueza posterior, sobre todo en términos de garantías para los territorios, las poblaciones y los amnistiados que fueron víctimas de hechos de violencia”, dijo Villarraga.
En este caso, el gobierno nacional ya le pidió a la ONU que autorice una segunda Misión para que acompañe la implementación del Acuerdo Final, lo que fortalece el proceso, de acuerdo a lo sostenido por Villarraga.
Asimismo, señaló que los procesos de antaño y el actual tienen muchas similitudes, salvo que el de las Farc tiene un impacto y unas dimensiones mucho más grandes, por lo que representan: “Hoy tienen una triple importancia porque es la guerrilla más grande e histórica del continente, pero ninguna guerrilla en el país le ha entregado las armas al gobierno, las dejaron frente a terceros; también tienen la similitud de que tuvieron zonas de concentración: el Epl en ocho, el M-19 una y los otros grupos también, pero las Farc contó con 26; también hay similitud de proceso previo de listados de armas y combatientes”.
Más allá de la dejación de armas, Villarraga insistió en que hay coincidencias en los procesos de las otras guerrillas, sólo que en esta ocasión tienen mayor repercusión: “Hay cosas que coinciden pero que ahora se dimensionan y se hacen a fondo. Por ejemplo, los beneficios de incorporación política: el Epl tuvo dos constituyentes plenos; también el M-19 y otros grupos tuvieron una circunscripción especial de paz por una sola oportunidad a nivel de concejos en 1994; la Corriente de Renovación Socialista tuvo dos miembros en la Cámara de Representantes. Hoy en día el proceso de las Farc tiene más dimensión: cinco senadores y cinco representantes por dos periodos, y 16 circunscripciones especiales de paz para las regiones más golpeadas por el conflicto”.
De manera similar opinó José Aristizábal, exintegrante de la Corriente de Renovación Socialista (Crs), la disidencia del Eln: “Hay una similitud: un grupo armado acuerda el cese de la confrontación y se da el proceso de dejar las armas, a cambio de unas garantías para participar en la política y de algunas medidas frente a las comunidades donde han trabajado. Entonces en ambos es común el paso de la confrontación armada a la lucha política, la transformación de esos grupos en movimientos políticos. Tanto enlos 90 como ahora, en torno a una mesa”.
Aristizábal también aplaudió que la dejación de armas de las Farc se hizo con tiempos prudentes y de manera escalonada, lo cual permitió hacerle seguimiento a la expedición de las leyes y reformas necesarias para implementación del Acuerdo Final: “Se logró más tiempo, antes fue: firmado el acuerdo, hecha la dejación de armas”. De hecho, uno de los motivos por los que se retrasó la marcha de las Farc a las zonas de concentración, aparte de los pocos avances en la construcción de los campamentos, fue que el Congreso de la República no había expedido la Ley de Amnistía e Indulto.
En cambio, Jaime Fajardo, otro integrante del Epl, consideró que el gobierno y las Farc incurrieron en errores al no hacer pública la dejaciónde armas por parte de los jefes guerrilleros. “Las Farc y el gobierno olvidaron las experiencias de procesos anteriores. Fue un error no hacer pública la dejación de armas, el no ver a los comandantes entregando las armas. Todo el mundo recuerda el proceso del M-19 por el hecho de que los combatientes y Pizarro entregaron las armas, lo mismo que el Epl, el Quintín Lame y el Prt. Creo que ese criterio de que esto implicaba humillación y rendición no es cierto. Se desaprovechó el momento para desvirtuar muchos ataques que ha tenido el proceso”, declaró para este portal.
Igualmente, estimó un error y una diferencia de los procesos de los noventa el no involucrar de manera directa a las comunidades y autoridades locales: “La vinculación de muchos sectores sociales fue un aspecto importante en el pasado. Hubo mucho criterio de paz territorial, de apoyarse en los municipios y en las gobernaciones. Aquí ha habido lenidad en lograr que la implementación de los acuerdos y la reintegración de los excombatientes se integre más a regiones. Si bien la paz se negoció entre dos actores, el desarrollo de la implementación se hace en los territorios, y en ese sentido falta mayor coordinación con las comunidades y sus autoridades”.
Por otro lado, Álvaro Jiménez, desmovilizado del M-19, dijo que los procesos no se pueden comparar porque son otros tiempos y otro tipo de organizaciones armadas. Sin embargo, señaló que tienen elementos semejantes, entre ellos “la participación de la comunidad internacional, ahora en una mayor dimensión; hay una situación políticamente distinta pero lo importantes es que los colombianos podemos decir que una página trágica y dolorosa de la historia del país se está pasando”.
El contraste con Auc
Más de tres años tomó la desmovilización de la mayoría de grupos paramilitares que se acogieron al proceso de Justicia y Paz, en ellos 31.689 personas se desmovilizaron como combatientes de las Auc y entregaron 18.501 armas. La relación entre armas y hombre fue de 0.58. Foto: archivo Semana.La experiencia más reciente que tenía el país en cuestión de dejación de armas y reincorporación de combatientes a la vida legal era la de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la cual ha sido cuestionada duramente por sectores críticos con el proceso. Diferentes académicos no dudan en encontrar errores y diferencias entre el proceso que encabezó la administración de Álvaro Uribe, que no contó con la veeduría de la ONU, sino de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA).
Para Eduardo Álvarez, coordinador del Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la FIP, el país presenció una dejación de armas sin precedentes en términos técnicos y operativos. “Si uno mira las experiencias del pasado con guerrillas y paramilitares, fueron procesos más artesanales, en los que se tuvieron en cuenta intuitivamente algunos de los estándares internacionales que existen sobre la materia. Ahora asistimos con un despliegue técnico y operativo que no habíamos tenido nunca”, le dijo a VerdadAbierta.com.
Insistió en que “técnicamente y operativamente, hemos visto un paso gigante hacia adelante respecto al proceso de las Auc, que se diseñó en la marcha. Los primeros procesos en las zonas de ubicación en 2003 y 2004 fueron totalmente diferenciados, sin los protocolos que tenemos hoy en día. Eso no existió en el proceso de las Auc, entre otras razones porque lo hicieron entidades que no tienen la suficiencia ni la solidez técnica que sí tiene Naciones Unidas. La Labor que ha hecho la MAPP-OEA en el país es muy importante, no se puede negar, pero hay que recordar cuál era su experiencia en 2003 y 2004 para llevar acabo procesos de dejación de armas. Eso se les dejó más a las instituciones del Estado como al Grupo Interinstitucional Antiterrorista (GIAT), que se encargó de hacer las averiguaciones y demás, pero se hizo en el camino”.
Por otro lado, el informe Desmovilización y reintegración paramilitar: Panorama posacuerdos con las Auc, publicado por el CNMH en noviembre de 2015, encontró cuatro graves errores en ese proceso de desmovilización. El principal fue la falta de transparencia por parte de las Auc y del gobierno nacional para definir quiénes se desmovilizarían para obtener beneficios judiciales.
“Su desmovilización fue muy irregular. Cuando ellos reconocían que eran 15 mil en sus declaraciones públicas y el Ministerio de Defensa decía que eran 14 mil, resultaron legalizando 35 mil supuestos combatienes; además hubo estructuras que no se desmovilizaron y luego ocurrió un pronto de rearme. Dieron lugar a una nueva generación más degradada políticamente y metida a fondo con economías ilegales, heredando ciertos poderes locales del paramilitarismo”, señaló Villarraga, el autor del informe.
Otro de los puntos más graves durante la desmovilización de las Auc es que violaron en repetidas ocasiones el cese de hostilidades unilateral que decretaron para iniciar la negociación con el gobierno de Álvaro Uribe. Según documentó la Comisión Colombiana de Justitas, desde la negociación hasta la desmovilización, los paramilitares cometieron 4.480 asesinatos y desapariciones forzadas. Esto contrasta enormemente con el cese bilateral de las Farc, salvo algunos incidentes aislados y la emboscada a una unidad del Ejército en el polideportivo de la vereda La Esperanza, en Buenos Aires, Cauca, alcanzando índices históricos de no violencia.
Experiencias del mundo
Fuente: Fundación Ideas para la paz.
A lo largo de la historia y en diferentes países se han elaborado variados procesos de dejación de armas. Seguramente, los miembros de la Subcomisión del Fin del Conflicto de la Mesa de Negociación de La Habana, conformada por oficiales de la Fuerza Pública y guerrilleros de las Farc, encontraron insumos valiosos para definir los protocolos que garantizaron el cese al fuego bilateral y la dejación de armas que se acaba de consumar.
La FIP estudió 18 experiencias internacionales en su informe sobre desarme y encontró que en cinco de ellos se crearon zonas de concentración, en seis se registraron y destruyeron las armas, en seis se constató que no se entregó todo el material de guerra, en tres ocurrieron casos de tráfico de armas en las fronteras, uno incluyó amnistía general, en uno las armas fueron robadas de depósitos militares tras su dejación, en cuatro la mayoría del armamento entregado era inservible, en tres volvieron a circular las armas, entre otros. A continuación, reseñamos algunos de ellos.
Uno de los procesos más complicados y longevos es el de Irlanda del Norte, que duró siete años, se realizó en el más completo hermetismo y sin registro de ceremonias públicas de entrega de armas para “evitar que las partes se sintieran humilladas o derrotadas”. Al respecto, como aspecto negativo, la FIP señala que “el carácter confidencial suscitó desconfianza y tensiones entre las partes, e impidió conocer cómo se realizó el proceso de forma detallada. No se supo el destino final de las armas”.
La dejación de armas de Sierra Leona terminó de manera abrupta porque la misión de verificación fue atacada. Aunque en Colombia un observador de la ONU fue secuestrado por una disidencia de las Farc en Guaviare, el proceso se mantuvo, aunque sigue en cautiverio. Por otro lado, ese proceso arrestaba retrasos por “fallas administrativas, demoras en el despliegue de las fuerzas de mantenimiento de paz y desinterés de los insurgentes para cumplir los acuerdos”.
Otro proceso con problemas burocráticos fue el de Libia porque el número de participantes excedió la capacidad de los operadores del proceso, “por lo que muchos quedaron por fuera de la entrega de incentivos provocando descontentos y violencia”.
De manera similar al caso de las Farc por los problemas en la construcción de las zonas de concentración, en Nepal hubo protestas por “las malas condiciones de las zonas de acantonamiento que retrasaron las entregas”. En ese proceso no se destruyeron todas las armas y fueron usadas para la creación de las nuevas fuerzas armadas.
Timor Oriental representa un caso anormal para la relación de combatientes y armas entregadas. Allá fueron dejadas 18.123 armas, pero se desmovilizaron entre mil y dos combatientes. Según la FIP, la recirculación de armas utilizadas durante los diferentes conflictos propició un recrudecimiento de la violencia en 2006, lo cual llevó al Gobierno a impulsar un programa de recolección de armas denominado “Operación Kilat”. Otro proceso que sufrió rearme fue el de Nicaragua, en donde 500 excombatientes lo hicieron temiendo por su seguridad.
Un ejemplo contrario de reajustar los cronogramas acordados y de solventar los problemas inesperados, como sucedió constantemente en el proceso de las Farc, es el de El Salvador. Según la FIP, ese proceso se caracterizó por tener plazos demasiado restrictivos y con alta desconfianza entre las partes. Además, algunas armas fueron almacenadas clandestinamente por el FMLN en 114 caletas en países vecinos como Nicaragua y Honduras; en el caso colombiano, las Farc anunciaron la existencia de 900 caletas.
Algunos países en donde se entregaron menos armas de las esperadas son Guatemala y Kosovo. En el país centroamericanofueron depuestas 1.665, pero las estimaciones previas señalaban la existencia de dos millones en circulación; y en el país europeo fueron entregadas 11.406, cuando las estimaciones de las autoridades rondaban las 440.000. Otro país que llama la atención por sus cifras es Bosnia y Herzegovina, en donde se desmovilizaron alrededor de 500 mil combatientes, pero se dejaron 40.651 armas pequeñas y ligeras.
Tal vez, el cúmulo de cinco procesos de dejación de armas en Colombia, más los ocurridos en el mundo, con sus respectivas apuestas, errores y aprendizajes, además de la voluntad política del gobierno nacional y de las Farc, más el acompañamiento constante de la comunidad internacional, permitieron que este martes se oficializara la dejación de 7.132 armas por parte de la guerrilla más antigua del continente. Un proceso al que muchos catalogan de histórico y al que el jefe de la Misión de la ONU no duda en promover como modelo para resolver otros conflictos armados en el mundo.
