Mientras en La Habana, Cuba, las Farc aseguran no han cometido crímenes de lesa humanidad; en Colombia, sobrevivientes del desaparecido grupo político Esperanza Paz y Libertad (Epl) busca que sean reconocidos como víctimas de un genocidio similar al de la Unión Patriótica.
En la Unidad Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas reposa desde mediados del presente añouna solicitud especial: que se reconozca como víctima colectiva al movimiento Esperanza, Paz y Libertad, proyecto político que aglutinó a los desmovilizados del Ejército Popular de Liberación (Epl) y que fue exterminado a principios de la década del noventa en el Urabá antioqueño por acción de la guerrilla de las Farc y de una disidencia de ese grupo insurgente que se resistió a dejar las armas.
La solicitud fue presentada por Corpolibertad, organización no gubernamental con sede en Apartadó y creada en 2004 por nueve sobrevivientes del movimiento político. Desde su fundación, trabajan en el fortalecimiento de organizaciones de víctimas, principalmente sindicalistas de esta región agroindustrial que padecieron la violencia perpetrada por todos los actores del conflicto durante más de veinte años.
Para Guillermo Correa, director de Corpolibertad, la solicitud reviste toda la pertinencia del caso pues, a su juicio, lo que hicieron las Farc en el Urabá antioqueño contra los “esperanzados”, nombre con el que popularmente se conoció a los exguerrilleros del Epl que integraron este movimiento político, bien podría considerarse un delito de lesa humanidad.
“Según las consideraciones de la legislación internacional, se trató de un crimen de lesa humanidad, porque fue sistemático y buscaba atentar contra un grupo específico”, explica Correa, quien no vacila en afirmar que “en Colombia se cometieron dos genocidios políticos: el de la Unión Patriótica y el de Esperanza, Paz y Libertad”.
Su apreciación la comparte Álvaro Villarraga, integrante de la Comisión Nacional de Memoria Histórica, quien precisa aún más los términos: “se puede señalar que allí se cometió un crimen de lesa humanidad, porque hubo persecución sistemática y masiva, y hubo un abultado nivel de victimización, básicamente por las Farc, pero también por un grupo disidente del Epl”.
Este experto recuerda, además, que para principios de la década de los noventa, entidades estatales como la Defensoría del Pueblo lanzaron advertencias sobre lo que sucedía en el Urabá antioqueño.
“El Defensor del Pueblo de ese entonces, el doctor Jaime Córdoba Triviño, elaboró un informe en 1992 por petición de la Corte Constitucional que le fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, donde sustenta que, para ese entonces, podían catalogarse como expresiones de genocidio los ataques contra la Unión Patriótica y Esperanza, Paz y Libertad en Urabá”, dice Villarraga.
Al respecto, las cifras recopiladas por Corpolibertad, buscan reforzar ese argumento: entre mediados de 1991 y finales de 1996 las Farc cometieron 18 masacres en el Urabá antioqueño dirigidas contra desmovilizados del Epl.
La acción armada más sangrienta fue perpetrada en el sector de La Chinita (hoy barrio Obrero), en Apartadó, ocurrida el 23 de enero de 1994, donde perdieron la vida 35 personas, la mayoría de ellas invasoras de ese predio que llegaron allí estimuladas por Esperanza, Paz y Libertad.
De igual manera, se registraron 763 ataques contra excombatientes del Epl, entre homicidios, atentados, desplazamientos forzados y amenazas. Asimismo, se presentaron más de 2.000 ataques contra sindicalistas que simpatizaban o mantenían vínculos con los “esperanzados”.
“De todos estos casos, hemos logrado documentar de manera rigurosa unos 300, la gran mayoría asesinatos, que fueron los que presentamos ante la Unidad. En ellos hay responsabilidades de todos los actores del conflicto: paramilitares y agentes del Estado. Pero el gran victimario sí fueron las Farc”, asegura Correa.
Este directivo de Corpolibertad no ha sido ajeno ala guerra en la región de Urabá: de joven empuñó las armas en nombre de la revolución que perseguía la guerrilla del Epl; luego aceptó la segunda oportunidad que le brindó el Estado colombiano y se desmovilizó; y siendo dirigente político de un movimiento con serias aspiraciones de poder, padeció la persecución violenta, tanto de las Farc como de los grupos paramilitares.
“Yo perdí cinco hermanos. Uno de ellos, Argemiro Correa, quien fue el fundador de Sintagro, uno de los primeros sindicatos de la empresa bananera que tuvo el Urabá antioqueño, fue asesinado por las Autodefensas de Puerto Boyacá en 1988. El último de mis hermanos lo mató las Farc a mediados de los años noventa”, recuerda el hoy activista de derechos humanos.
Historia por contar
Uno de los capítulos más dolorosos de la historia del conflicto armado en el Urabá antioqueño fue protagonizado por el Epl y sus Comandos Populares, las Farc y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), a finales de la década de los años ochenta y principios de los noventa. Muchos de los detalles que desencadenaron esa sangrienta espiral de violencia, cuyos efectos aún se sienten con fuerza en la región, están en mora de esclarecerse.
De ello es consciente la Fiscalía 44 de Justicia y Paz, encargada de documentar los crímenes cometidos por el Bloque José María Córdova de las Farc, despacho que, según conoció VerdadAbierta.com, le imputará a los postulados de este grupo guerrillero a los beneficios de la justicia transicional el exterminio de los desmovilizados del Epl.
En la reconstrucción de estos hechos se han comprometido antiguos integrantes del Frente V de las Farc, tales como Danis Daniel Sierra, alias ‘Samir’; y Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’.
“Somos como cinco o seis postulados, entre ellos, Nicolás de Jesús Montoya, Marco Fidel Giraldo, (alias) Karina, mi persona y otros que conocemos parte de la historia de Urabá, que estamos dispuestos a dar a conocer al país las verdades que siempre han estado ocultas en lo que tiene que ver las Farc. Es lo único que puedo decir hasta el momento”, manifestó en diálogo con VerdadAbierta.com alias ‘Samir’.
Por lo pronto, y mientras el Ente Acusador define fechas para escuchar en versión libre a los postulados de las Farc, unos cuantos exmilitantes del Epl que sobrevivieron a esta persecución han venido aportándole a la justicia fragmentos de esta compleja historia. Uno de ellos es Mario Agudelo, quien fuera víctima de varios atentados contra su vida.
Este exalcalde de Apartadó y exdiputado a la Asamblea de Antioquia aún recuerda lo que estaba en juego ese 1 de marzo de 1991, cuando en los campamentos instalados en varios departamentos del país, poco más de 2.000 guerrilleros del Epl abandonaron la lucha armada y aceptaron la propuesta de paz del gobierno de César Gaviria Trujillo. Cerca de 500 de ellos lo hicieron en Antioquia, en los corregimientos de Labores, municipio de Belmira, y Pueblo Nuevo, de Necoclí, en el Urabá antioqueño.
En un abrir y cerrar de ojos, Epl comenzó a significar Esperanza, Paz y Libertad. El ingreso del nuevo movimiento político a la arena democrática no podía ser más destacado: dos de sus militantes, Darío Mejía Ángel y Jaime Fajardo Landaeta, participaron en la Asamblea Nacional Constituye que redactó la Constitución de 1991. Además, los triunfos electorales en la región agroindustrial también fueron notables. Todo presagiaba un cambio que conduciría hacia la paz y la reconciliación.
“Donde era realmente fuerte el Epl era en Urabá. No solo en la parte militar, sino por su trabajo político y social. El Epl ayudó a conformar Sintagro, uno de los más importantes sindicatos de la industria bananera, e impulsó las tomas de tierras, que permitió que más de 10 mil hectáreas fueron tituladas a campesinos pobres”, narra Agudelo.
Reame y persecución
De acuerdo con Villarraga, uno de los hechos victimizantes más notorios cometidos por las Farc en el Urabá antioqueño ha sido precisamente los ataques dirigidos contra los desmovilizados del Epl: “El caso de Urabá tiene una alta significación por la alta comisión de masacres, asesinatos y otros tipos de delitos fuertes que se pueden atribuir a las Farc”.
Y no exagera en su apreciación. El 16 de julio de 1991, un grupo de desmovilizados del Epl se tomó la Alcaldía de Turbo. Buscaban llamar la atención del gobierno nacional sobre los ataques que venían padeciendo por parte de las Farc, que para esa fecha habían cobrado la vida de 16 reinsertados.
“En ese momento las Farc estaban en diálogos con el gobierno nacional en Tlaxcala (México). Y claro, se les hizo el llamado para que respetaran el proceso del Epl y ellos respondieron que lo iban a respetar”, agrega Agudelo.
Y así sería hasta octubre de ese año, cuando un puñado de antiguos combatientes del Epl, dirigidos por Francisco Caraballo, Francisco Morelo Peñata, alias ‘Negro Sarley’, Juan de Dios y Dairo Úsuga David, entre otros, decidieron apartarse del proceso para conformar una disidencia armada. Sin las habilidades políticas de sus excomandantes, la disidencia ‘caraballista’, como se hicieron llamar, inició un ataque frontal contra sus excompañeros de armas.
“Cuando se rearman –continúa Agudelo- son acogidos por las Farc. Y esa disidencia comienza a ocupar los viejos corredores del Epl. Y comienzan a presionar a los sindicalistas simpatizantes de Esperanza, a secuestrar y atacar compañeros desmovilizados”.
Justamente, sería la retención ilegal de tres ‘esperanzados’ en marzo de 1992 lo que desencadenaría una ola de violencia y terror en el Urabá antioqueño.
Como reacción a esta retención surgieron los llamados Comandos Populares, un grupo armado integrado por desmovilizados del Epl dispuestos a defenderse de los ataques de las Farc y de la disidencia caraballista. Su lucha, paradójicamente, los condujo a incorporarse a una célula paramilitar que venía operando en San Pedro de Urabá, liderada por la familia Calonge, lo que se convirtió después en las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), organización armada liderada para la época por los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil.
En noviembre de 2011, varios exparamilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz, algunos de los cuales estuvieron en los Comandos Populares reconstruyeron esa historia. (Ver: Comandos Populares de Urabá).
Al finalizar 1992, el proceso de reinserción de los desmovilizados del Epl se encontraba en estado terminal por cuenta de los ataques en su contra de la disidencia caraballista y de la guerrilla de las Farc. “El 24 de diciembre de ese año nos tocó sacar 80 personas de San Pedro de Urabá, gente que no pudo regresar”, precisa Agudelo.
En 1993 el proceso recibiría “una estocada mortal” con la llegada a la región de alias ‘Iván Márquez’, uno de los actuales negociadores de las Farc en los diálogos de paz con el gobierno nacional que se llevan a cabo en La Habana, Cuba.
Con ‘Márquez’ en la región comandando el Frente V de las Farc se generó lo peor de la violenta perpetrada contra los “esperanzados”. En los primeros meses de 1993 fueron asesinados varios concejales de este movimiento político, así como algunos responsables de los proyectos productivos de reinsertados del Epl y reconocidos sindicalistas, como Jesús Alirio Guevara, vocero de Sintrainagro.
Luego vendrían las masacres. En la finca Filipinas (26 de febrero) de Apartadó fueron asesinadas cinco personas; en Las Moras (3 de mayo), de Turbo, murieronocho personas. A ellas le seguirían las perpetradas en las fincas San Rafael (Turbo, noviembre de 1993); La Ceja (Turbo, diciembre de 1993); La Lolita (Apartadó, noviembre de 1993) y Santa Bárbara (Turbo, noviembre de 1993), donde perdieron la vida un total de 21 personas.
“Por cuenta de esta violencia desaparecieron muchos proyectos productivos que había entregado el gobierno nacional a los desmovilizados del Epl”, lamenta Guillermo Correa, el presidente de Corporlibertad. “Lo más triste es que antes de que pudiéramos dar a conocer nuestro proyecto políticos fuimos perseguidos”. En efecto, Esperanza, Paz y Libertad perdió su personería jurídica en 1997.
Amparados en tales hechos, Guillermo Correa y Mario Agudelo, quienes sobrevivieron a esta violenta persecución, le piden al gobierno nacional la posibilidad de integrar una de las comisiones de víctimas que viajarán a La Habana para hablar directamente con quienes fueron sus verdugos y pedirles las explicaciones respectivas, pues aún no tiene claro los motivos del exterminio.
“Cuando el Epl hizo parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, siempre mantuvimos buenas relaciones con las Farc. Nunca nos esperamos esto de parte de ellos”, recuerda Agudelo.
Por su parte, Correa aclara que la búsqueda de una reparación colectiva no tiene un ánimo revanchista. “Creemos que si queremos apostarle a la reconciliación nacional, cosas como la que le sucedió a Esperanza, Paz y Libertad se tienen que reconstruir y esclarecer, por el bien de todos, por una verdadera apuesta de paz en Urabá y el país”.
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