La sobrina de su tía Margot que la crió vivía en una ranchería de Bahía Portete, Guajira, cuando los paramilitares las mataron y la desplazaron a ella y a cientos de sus vecinos en 2004.
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Los paramilitares ya habían llegado a la Alta Guajira y sus amenzas venían circulando desde hacía rato. Alarmada Débora Barros, de esas matronas que pesan en el pueblo wayúu, fue a avisarle al Ejército. Y en efecto vinieron los soldados a cuidar su ranchería de Bahía Portete, al norte de la desértica península.
Pero un día dijeron que se iban. “Les rogé que se quedaran, pero el teniente que estaba a cargo me dijo que los habían enviado a otra zona”, dijo Débora a Verdad Abierta.
Tres días después, casualmente, el 18 de abril de 2004, unos 150 paramilitares al mando de Arnulfo Sánchez González, alias ‘Pablo’ y José María Barros Ipuana, alias ‘Chema Bala’, irrumpieron en camperos y motos en varias rancherías de Bahía Portete, en la Alta Guajira. Fueron rancho por rancho; mataron y decapitaron ancianos, quemaron niños vivos, se robaron la “tumas” o piedras sagradas de trueque, destruyeron el centro de salud y profanaron el cementario. Dejaron 12 wayúus muertos y se llevaron a 33 más que nunca aparecieron.
Llegaron a matar mujeres. Sabían que ellas eran las figuras respetadas de esa altiva comunidad indígena, cuyo linaje se hereda por la madre. “Mataron a mi tía Margot, una autoridad tradicional reconocida por el Ministerio del Interior”, dijo Débora. “Luego los paramilitares fueron bajando casa por casa. Llegaron a mi hogar, donde nací, donde jugué, donde crecí. Ahí mataron a mi tía, que me crió, que fue como mi madre, que me dio todo y que hoy me hace tanta falta. Otra tía mía desapareció, también mi prima de trece años y dos familiares más”. Ese día Débora Barros perdió a cinco mujeres de su familia: Rosa Fince Uriana (46 años), Diana Fince Uriana (40 años), Margot Epinayú (70 años), Reina Fince Puhaina (13 años) y Dilia Epinayú(56 años).
El 18 de abril de 2004 unos 200 paramilitares llegaron a la Alta Guajira, después de cuatro horas de atravesar el desierto. Irrumpieron en los pueblitos sobre el mar en la zona de Bahía Portete. Ni siquiera dejaron en paz a los espíritus, pues profanaron el cementerio. Al final de su pavoroso recorrido, quedaron 12 indígenas asesinados -entre ellos, Margarita Epinayú de 75 años-, 33 desaparecidos y más de 1.000 wayúu forzados al exilio. Unos corrieron despavoridos hasta Maracaibo (Venezuela); otros, a los pueblos más grandes de la Guajira.
Por esos días las wayúu vieron llorar a los hombres más rudos.
Los paramilitares les dieron 24 horas para sacar las familias y los cuerpos de las víctimas que habían quedado tirados en Bahía Portete. “Ocho mujeres fuimos a recogerlos, eso era horrible, como una pesadilla… las personas estaban muriéndose de sed, tomando agua del mar, con los pies destrozados”, relata Débora. Unas 320 familias huyeron a Venezuela. algunos atravesando el desierto a pie. Solo en ese país la Defensoría del Pueblo los atendió por tener doble nacionalidad. Desde entonces se les volvió una obsesión encontrar los restos de sus familiares desaparecidos, porque sin ellos no encontrarán la paz interior y la de sus muertos.
“Nuestro mayor sueño es volver, dice Débora. “Sólo queremos que nos digan la verdad, donde está el cuerpo de Diana Fince, de Reina Fince, de los otros wayúus, de mis hermanos. Que digan donde están”.
La justicia
Por la masacre de Bahía Portete hay cinco expedientes abiertos. Uno de estos acabó en un juicio contra José María Barrios Ipuana, alias ‘Chema Bala’, cabecilla del Frente Contrainsurgencia Wayuu que fue condenado a 40 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y una indemnización a las familias sobrevivientes.
Un segundo juicio se inició contra Carmen Barros, hermana de ‘Chema Bala’, ‘Jorge 40’, ‘Pablo’ y otros paramilitares. Se les acusa ante un juzgado de Bogotá por desplazamiento, masacre, desaparición forzada, tortura, genocidio y concierto para delinquir.
La verdad
En noviembre de 2007 Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ reconoció ser responsable de la masacre porque “habían identificado que se dedicaban al secuestro y al robo”. Dijo además que ‘Chema Bala’ hacía parte de su estructura, sin embargo tres meses después de la su confesión lo extraditaron a Estados Unidos. Lo mismo le ocurrrió a ‘Chema Bala’ quien nunca reconoció su participación en la masacre.
Aunque los paramilitares se hacían llamar el Frente Contrainsurgencia Wayúu y obedecían a ‘Jorge 40’, llegaron a la región sobre todo para quedarse con el viejo negocio del contrabando y el tráfico de cocaína, armas y gasolina de Venezuela. Para ver más detalle del contexto en que se dió esta masacre y de sus causas ver: El drama del orgulloso pueblo wayúu de Maria Teresa Ronderos.
La reparación
Los desplazados y víctimas de la masacre no han sido indemnizados. Aunque ya conciliaron con el Estado aún no han recibido ninguna reparación.
