La reducción en el total de hectáreas sembradas con hoja de coca en el país fue celebrada por el alto gobierno y explicó que fue producto, en buena medida, de los procesos de erradicación forzada adelantados en 2019. Sin embargo, expertos en el tema revisaron las cifras y concluyeron que esa estrategia es ineficiente e ineficaz para combatir los cultivos ilícitos.
“En 2018 registraron 169.000 hectáreas de cultivos de coca; durante ese año se erradicaron militarmente 94.000 hectáreas y al final la disminución neta en área fue de 15.000 hectáreas. Eso significa que la resiembra y ampliación a nuevas áreas fue de 69.000 hectáreas cultivadas ahora con mayor productividad. Es evidente que esa erradicación forzada ajena a la estrategia integral de sustitución de ingresos y economías en macro zonas impactadas por economías cocaleras, tuvo efecto neto casi nulo y costos exorbitantes”.
La reflexión es de Camilo González Posso, director de Indepaz, organización no gubernamental que ha planteado sus inquietudes sobre las explicaciones entregadas por el gobierno nacional frente a la reducción de cultivos de uso ilícitos que experimentó el país durante el año pasado.
Según el más reciente informe sobre territorios afectados con presencia de sembradíos de hoja de coca, elaborado por la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), Colombia pasó de registrar 169 mil hectáreas con hoja de coca en 2018 a 154 mil en 2019, lo que significó una reducción total de 15 mil hectáreas, es decir, el equivalente al 9 por ciento.
Para el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el empeño y dedicación que han puesto las Fuerzas Militares en su lucha contra todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, principalmente los cultivos ilícitos, a los que consideró “el combustible del narcotráfico que azota al país, que asesina líderes sociales”, se ve reflejado en la disminución de hectáreas sembradas con hoja de coca.
“Es la mayor reducción en mucho tiempo. Es un logro de las políticas Ruta Futuro y de Defensa y Seguridad del presidente Iván Duque, un enfoque integral que contempla: erradicación, sustitución, desarrollo alternativo, enfrentar con espíritu disruptivo las economías ilegales”, declaró el Ministro en su cuenta personal de Twitter.
De acuerdo con el informe de Unodc, las principales disminuciones se registraron en los departamentos de Caquetá (62 por ciento); Antioquia (29 por ciento); Nariño (12 por ciento); Bolívar (7.5 por ciento) y Putumayo (5 por ciento). En contraste, se registró un aumento cercano al 24 por ciento en Norte de Santander (Catatumbo) y un notable incremento del 84 por ciento en el Valle del Cauca (región del Naya, en límites con Cauca).
Para González Posso, lo anterior es bastante diciente frente a la poca efectividad que tiene la estrategia de la erradicación forzada para enfrentar este flagelo: “La concentración de los esfuerzos en la erradicación forzada sólo llevó al traslado de cultivos a otras zonas, a los que desde hace décadas se ha llamado ‘el efecto globo’”.
“Según Unodc -agregó- los cultivos disminuyeron en Nariño, Antioquia, Caquetá y Putumayo, pero aumentaron en Cauca, Valle y Catatumbo. Así ha sido desde tiempo atrás con la guerra de las drogas. Incluso cuando se ha dado disminución neta de cultivos en Colombia no ha habido disminución de la producción local de cocaína en la misma proporción porque los narcotraficantes importan pasta básica de Perú o Bolivia y reubican laboratorios”.
Lo que más preocupa al director de Indepaz es el peso que está cobrando la erradicación forzada como estrategia para enfrentar los cultivos ilícitos en detrimento de los planes concertados con comunidades para sustituir voluntariamente, tal como lo plantea el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), programa que, a su juicio, debería ser el eje de la política antidrogas y de los presupuestos para ejecutarla.
“Según Unodc, en 2018, por cada hectárea erradicada de manera concertada con los pequeños cultivadores se tenían 2 hectáreas erradicadas forzadamente en operaciones represivas; en 2019 por una hectárea concertada ya se tenían 13 ha por la fuerza armada. Mientras en 2018 el registro de hectáreas de cultivos de coca erradicadas fue 31.721 ha, en 2019 bajó ese registro a 6.765 ha y hay que aclarar que son erradicaciones voluntarias pactadas desde 2017 y 2018 y no resultado de ampliación del programa en la administración Duque”, detalló González Posso.
¿Costosa e ineficiente?
La meta del gobierno nacional es erradicar, mediante operaciones militares, unas 130 mil hectáreas de hoja de coca en 2020. La pregunta que se formulan expertos en el tema es si apostarle en mayor medida a esta estrategia realmente redundará en una disminución significativa de las hectáreas de cultivos ilícitos.
Para Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas de Conflicto y Negociaciones de Paz, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la erradicación forzada, como medida de fuerza, es altamente eficiente para producir resultados en el corto plazo, “pero si no se acompaña de planes de desarrollo alternativo, de acompañamiento a las comunidades, en el mediano y largo plazo la estrategia es cero eficiente, cero efectiva y cero sostenible porque al final, lo único que cambia en el territorio es el lugar donde estaban sembradas las matas”.
Un buen ejemplo de ello lo constituye Tumaco, puerto sobre el Pacífico nariñense, donde durante el año pasado se desarrollaron intensas jornadas de erradicación forzada por parte de la fuerza pública. “El grupo de erradicación avanza arrancando de a una a tres hectáreas diario; al cabo de unos días se aleja hacia otro lote unos cinco kilómetros y así durante varios días. Pero una vez el grupo de erradicación se aleja, los cultivadores vuelven a sembrar”, explicó Garzón.
Lo curioso es que, según el reporte del gobierno nacional, de las 90 mil hectáreas de hoja de coca erradicadas en operativos militares adelantados en todo el país durante 2019, unas 18 mil hectáreas se arrancaron en Tumaco. Pero si se revisa el reciente informe de Unodc sobre presencia de cultivos ilícitos en Colombia, se observa que este municipio del Pacífico nariñense pasó de tener 16 mil hectáreas sembradas en 2018 a un total de 11.830 en 2019.
A la ineficiencia e ineficacia que tiene en el largo plazo la erradicación forzada, Garzón le agrega otra dificultad: el alto costo y lo riesgoso que representa esta estrategia para la fuerza pública. La documentación realizada por el investigador de la FIP muestra que entre 2009 y 2018, 126 integrantes de equipos de erradicación (uniformados y personal civil) murieron y unos 664 resultaron heridos, principalmente con amputaciones al hacer contacto con las minas antipersona que los grupos armados ilegales suelen sembrar alrededor de los cultivos de hoja de coca.
A lo anterior se suma el incremento de denuncias de violaciones de derechos humanos en jornadas de erradicación presuntamente cometidas por miembros del Ejército y la Policía Antinarcóticos. Según la FIP, a la fecha se han registrado 15 incidentes en 13 municipios donde la fuerza pública y los campesinos cocaleros han terminado enfrentados. En tres casos se registraron muertos, tal como sucedió en zona rural de Cúcuta, en el municipio de Sardinata (Norte de Santander) y en el municipio de Anorí (Antioquia).
El hecho más reciente se registró la primera semana de junio, cuando tropas de la Policía Antinarcóticos, acompañados de soldados adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), incursionaron en la vereda Tercer Milenio, municipio de Vista Hermosa, en Meta, para adelantar erradicaciones forzadas y terminaron enfrascados en una batalla campal con los campesinos cocaleros que dejó seis labriegos heridos, varios de ellos de consideración.
Si bien a través de comunicado público, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega señaló que las tropas fueron constreñidas y obstruidas mediante asonada violenta con vías de hecho, lo que demandó el uso de medidas disuasivas contra los campesinos que “adelantan esta acción hacia las tropas bajo la presión ejercida por alias ‘Gentil Duarte”, lo que advierten desde la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam) y otras organizaciones campesinas es que los labriegos cocaleros de esta vereda habían expresado de manera reiterada su intención de sustituir voluntariamente, sin que hubieran recibido a la fecha respuesta positiva.
El seguimiento hecho por la FIP señala que, durante el primer cuatrimestre de 2020, en el 82 por ciento de los municipios que hacen parte del PNIS se dieron operaciones de erradicación forzada y que nueve de los trece municipios donde se registraron incidentes entre campesinos cocaleros y fuerza pública hacían parte de este programa.
¿Sirvió el PNIS?
La pregunta por la efectividad de la erradicación forzada tiene como contrapartida las inquietudes que genera el futuro del PNIS, creado como parte del Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.
Al respecto, un par meses antes que Unodc publicara su informe de monitoreo de territorios afectados por presencia de cultivos ilícitos, esta misma agencia del sistema de Naciones Unidas publicó el informe No. 21 de monitoreo a la implementación del Plan de Atención Inmediata (PAI) contemplado en el PNIS.
El informe consigna que, desde el inicio de su implementación hasta el 31 de marzo de 2020 (fecha de corte del monitoreo), se arrancaron mediante esta estrategia unas 41.513 hectáreas sembradas con hoja de coca de las cuales, unas 36.139 corresponden a hectáreas erradicadas voluntariamente por los campesinos, las cuales fueron verificadas por Unodc; mientras que unas 5.374 ha fueron hectáreas erradicas con apoyo y asistencia de la Fuerza Pública.
Según el monitoreo de Unodc, el cumplimiento de los participantes de este programa alcanza un 96 por ciento. Por su parte, las visitas realizadas por funcionarios de esta Agencia a 28 municipios PNIS durante 2020, reveló que el nivel de rebrote o resiembra en predios donde se sustituyó voluntariamente alcanzó un 0.2 por ciento.
Actualmente, este programa tiene presencia en 54 municipios de 14 departamentos que concentran el 65 por ciento de cultivos ilícitos en el país y cuenta con un total de 99 mil familias inscritas de las cuales “unas 67.251 corresponden a cultivadores de ilícitos; 14.989 son familias campesinas que no cultivan ilícitos, pero habitan en zonas afectadas por el narcotráfico y 16.857 son recolectores de hoja de coca”, tal como lo detalla el informe.
Sin embargo, a juicio de Garzón, “por cuenta del PNIS ya no podemos esperar más erradicación de hectáreas a menos que amplíen el programa e integren nuevas familias. Las hectáreas que estaban contabilizadas en el programa, pues ya fueron arrancadas, principalmente entre 2017 y 2018. En 2019 apenas se arrancaron unas 9 mil hectáreas”.
El PNIS contemplaba una asistencia económica para las familias vinculadas, correspondiente al pago de un millón de pesos mensuales durante 12 meses, tiempo en el cual los beneficiaros se comprometían con arrancar las matas de hoja de coca; luego de este tiempo, el programa desembolsaba recursos para que las familias adelantaran un proyecto de seguridad alimentaria que además contaba con asistencia técnica y acompañamiento por dos años para, luego ayudar a los campesinos con proyectos productivos que les permitieran sustituir la economía cocalera por una economía lícita.
Pero, en estos puntos en particular, los resultados son más bien pobres. De acuerdo con el informe de Unodc, a 31 de marzo del año en curso, unas 82.240 familias asentadas en 50 municipios de 14 departamento habían recibido al menos un pago de los contemplados en el programa; de ellas, unas 49.768 familias ya recibieron la totalidad de sus pagos.
“Lo que sostiene al PNIS es que por lo menos el 60 por ciento de los beneficiarios cuenta con asistencia técnica. Pero, de resto, las cifras son preocupantes: solo el uno por ciento de los beneficiarios ya cuenta con un proyecto productivo”, añadió Garzón.
Es justo eso lo que reclaman comunidades campesinas de diversos departamentos quienes alegan que, pese a cumplirle al Estado y al programa, aún están a la espera del inicio de los proyectos de seguridad alimentaria, asistencia técnica y proyectos productivos de ciclo largo.
Así, por ejemplo, desde la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca antioqueño (Asocbac) advierten que, pese a un cumplimiento cercano al 98 por parte de las familias inscritas al programa en el municipio de Cáceres y un 99 por ciento en el municipio de Tarazá, aún no arrancan la implementación de las otras fases.
“¿Cómo se contratarán a los recolectores que se acogieron al programa? ¿Cuándo se dará esta contratación? ¿Cuándo comenzará la ejecución de los proyectos productivos en corregimientos como El Doce y Barro Blanco (Tarazá) donde las familias ya arrancaron sus matas y ahora están de brazos cruzados? ¿Cuándo iniciaran los proyectos productivos en todos los núcleos veredales de los municipios?”, plantearon los integrantes de Asocbac mediante comunicado público dado a conocer el pasado 23 de junio.
No se trata de una preocupación menor si se tiene en cuenta que, según el reciente informe de Unodc sobre presencia de cultivos ilícitos en el país, el triángulo que conforman los municipios de Valdivia-Cáceres y Tarazá constituye uno de los enclaves históricos donde se concentran los cultivos de hoja de coca. Las tres localidades, ubicadas en el Norte y Bajo Cauca antioqueño, suman un total de 5.522 hectáreas de cultivos ilícitos.
La falta de cumplimiento en la implementación del programa no es lo único que preocupa a sus beneficiarios. La violencia homicida desatada contra líderes sociales, campesinos, comunitarios e indígenas en el país también ha cobrado la vida de dirigentes campesinos que socializaron e impulsaron la implementación del PNIS en sus territorios.
Al respecto, en la Coccam señalan que mientras en 2019 fueron asesinados 13 participantes de este programa, de los cuales cinco casos ocurrieron en Antioquia, dos en Cauca, dos en Nariño, dos en Norte de Santander y uno en Caquetá; en lo que va corrido la cifra ya asciende a 15 casos, siendo la región del Bajo Cauca antioqueño la más afectada. Solo en el municipio de Tarazá, uno de los que conforma esta subregión, han sido asesinados tres integrantes del PNIS durante este 2020.
“Si la gente le cumple al PNIS, ¿eso que significa? Que esa región sale del mercado de la droga y para organizaciones criminales como las que delinquen en Bajo Cauca, que viven del narcotráfico, eso obviamente no les conviene y eso explica los ataques hacia los integrantes del programa”, puntualizó a su vez Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización defensora de derechos humanos.
