Este alto oficial, ya retirado, impuso varias políticas para presionar a los hombres bajo su mando con el fin de que presentaran resultados operacionales en cada guarnición militar, lo que habría desatado una macabra competencia que llevó a asesinar civiles inermes y reportarlos como “muertos en combate”. La situación está siendo analizada en el país por la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda.
En el orden del día N. 073, del miércoles 5 de abril de 2006, el comandante del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, de Bello, Antioquia, estableció las tareas cotidianas en esta unidad castrense, pero también recordó la “orden de carácter permanente” que no era otra cosa que las recomendaciones del entonces general Mario Montoya, comandante del Ejército.
Se trata de 28 “políticas” que debían ser tenidas en cuenta no sólo allí, sino en las unidades militares de todo el país. Entre ellas se destacan frases como “los comandantes se evalúan por sus resultados” y “las bajas no es lo más importante, es lo único”, dos asuntos que le impusieron alta presión a las tropas y que generaron una práctica sistemática de asesinatos de civiles para hacerlos pasar como “dados de baja”, y con ello lograr beneficios personales, como ascensos, permisos, recompensas y viajes de placer. (Ver Orden del día)
Ese orden del día está firmado por el teniente coronel Édgar Emilio Ávila Doria, comandante del Batallón, quien está siendo procesado penalmente desde 2015 por el asesinato de dos hombres, uno de ellos menor de edad, ocurrido el 18 de abril de 2006 en la vereda La Raya, del municipio de Concepción, Oriente antioqueño.
Por este doble homicidio ya fue condenado a 43 años de prisión el sargento Iván Mauricio Ochoa Yepes por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia en marzo de 2016. En la sentencia, el juez consignó que “está claro que al interior del Batallón Pedro Nel Ospina del Ejército Nacional existía un grupo de militares concertados para presentar como resultados operacionales lo que realmente eran muertes por fuera de confrontación”. (Leer más en: La red criminal que operó desde el batallón Pedro Nel Ospina del Ejército)
Los asesinatos por los que fue condenado Ochoa Yepes hicieron parte de las 86 bajas reportadas oficialmente en 2006 por esta guarnición militar, lo que le permitió obtener el primer lugar entre diez unidades militares adscritas a la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, y destacarse como la más efectiva en resultados operacionales en el país.
Pero lo que venía sucediendo en el Batallón Pedro Nel Ospina no era un caso aislado. De acuerdo con sendas evidencias presentadas ante los estrados judiciales por abogados de las víctimas y registros de la Fiscalía General de la Nación, durante el periodo de mando de Montoya al frente del Ejército, entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, habrían ocurrido por lo menos 2.500 asesinatos de civiles de manera extrajudicial, quienes fueron presentados bajo el rótulo de “muertos en combate”. (Ver especial: Falsos positivos, una herida que sigue abierta)
El general Montoya renunció a su cargo en noviembre de 2008 tras la publicación de diversos informes de prensa que revelaron la macabra acción criminal contra por lo menos 14 jóvenes de Soacha, un municipio vecino de Bogotá, quienes fueron asesinados por tropas del Ejército en la distante ciudad de Ocaña, Norte de Santander, en supuestos combates. (Leer más en: Víctimas de ‘falsos positivos’ siguen esperando justicia)
Las dificultades de avanzar en las investigaciones contra altos oficiales del Ejército implicados en ejecuciones extrajudiciales, entre los que se destaca Montoya y otros 22 generales de la República, incluido el actual Comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, preocupa desde hace varios años a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, razón por la cual ejerce una observación especial tras considerar que serían casos potenciales para ser procesados en este tribunal internacional. El tema está en la agenda de la fiscal jefe de esa instancia, Fatou Bensouda, quien llegó el pasado lunes al país a discutir éste y otros asuntos, durante esta semana, con funcionarios del alto gobierno y organizaciones sociales.
Competir con muertos
Cientos de soldados están siendo procesados por ejecuciones extrajudiciales, conocidas popularmente como falsos positivos. Foto: archivo Semana.¿Pero, cómo se materializaban las políticas promovidas por el general Montoya y consignadas en el orden del día de las guarniciones militares en el país? Buena parte de las respuestas podrían encontrarse en el proceso penal que se le sigue en Medellín al excoronel Nelson Velásquez Parrado, quien, en 2007, fungía como comandante del Batallón Especial Energético Vial N. 8, destacado en Segovia, Nordeste de Antioquia, y con un área de operaciones que incluía al vecino municipio de Remedios.
A Velásquez se le juzga por su presunta responsabilidaden la comisión de 16 asesinatos de civiles reportados como bajas en combate entre julio y noviembre de 2007, razón por la cual la Fiscalía 57 Especializada de Medellín lo acusó, el 2 de marzo de 2016, de los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público, entre otros.
Uno de los principales testigos en este proceso es el cabo tercero Elvin Andrés Caro Mesa, uno de los primeros militares beneficiados, en abril pasado, con la libertad condicional bajo la Justicia Especial para la Paz, pactada con la guerrilla de las Farc. El suboficial fue condenado a 31 años de cárcel tras ser hallado culpable de la ejecución extrajudicial de un joven de 18 años de edad perpetrada en el barrio La Gabriela, de Bello, el 28 de marzo de 2005.
Ante los estrados judiciales, Caro narró con detalle cómo operaba el Batallón Especial Energético Vial N. 8, el que trabajó en la Sección de Inteligencia, conocida como S2. El último de sus testimonios lo dio el pasado 16 de agosto ante el Juez Cuarto Penal Especializado de Antioquia.
Durante un interrogatorio adelantado por el fiscal del caso, el suboficial reconoció la disputa que se generó entre las distintas guarniciones militares: “había unas competencias a nivel brigadas, a nivel batallones, en los cuales llevaban resultados de dos, tres bajas; entonces se hacía una competencia de todas las unidades, la que mostrara más resultados operacionales”.
Caro aseveró que, para mostrar logros concretos contra los grupos armados ilegales, se optó por “dar de baja” a civiles que eran conducidos, bajo engaño, al área de operaciones del Batallón Especial Energético Vial N. 8. De este tipo de operaciones, según el suboficial, sabían no sólo el coronel Velásquez, sino el capitán Hanzen Gómez Ruiz, quien estaba adscrito a la Sección de Inteligencia y también fue condenado a 20 años de prisión por su participación en una ejecución extrajudicial.
En dos oportunidades cuando menos, el coronel Velásquez felicitó tanto a Caro como a Gómez “por su intrepidez y valentía en el cumplimiento de su deber” y por su “habilidad en el planteamiento de inteligencia”.
¿Y las víctimas?
Las víctimas siguen luchando para evitar la impunidad. El pasado 12 de septiembre uno de los reclutadores de Soacha fue condenado a 44 años de cárcel por entregarle personas a militares que fueron presentadas como bajas en combate. Foto: archivo Semana.La experiencia lograda por Caro a su paso por el Batallón Pedro Nel Ospina la puso al servicio del Batallón Especial Energético Vial N. 8, en particular sus contactos con los llamados “reclutadores”, es decir, personas encargadas de conseguir las personas que luego serían asesinadas por las tropas y presentadas como “caídas en combate”.
En su reciente testimonio hizo referencia a dos hombres, uno de ellos identificado sólo como “Román” y el otro como Luis Norberto Serna, alias ‘El enano’. Al primero lo conoció en Medellín a través de un sargento de apellido Suárez. “Luego Román me presentó al señor Luis Norberto”, dijo. “Eran reclutadores y llevaban varios resultados en batallones de Medellín. Ellos hacían amistad con las personas o llevan a esas personas a hacer cosas indebidas proponiéndoles que hay buen dinero de acuerdo con la situación que se vaya a realizar. Y se les daba de baja en diferentes sitios del área del Batallón”.
Interrogado sobre cómo se definía el área donde las víctimas eran asesinadas, el cabo Caro indició que el tema se analizaba durante las reuniones con oficiales y suboficiales, “y se asignaba el pelotón o el grupo especial el cual llevara menos bajas o de acuerdo a los comandantes que fueran como más presentadores de resultados. De acuerdo con eso se hacían las operaciones”.
Una vez definida la necesidad de presentar resultados, se comunicaba con los “reclutadores” en Medellín y se les solicitaban las víctimas, cuyo número era variable. “Eso sí, se le exigía a ‘Román’ y a Luis Norberto que no fueran personas de bien, que fueran personas más bien que cumplieran el requisito que fuera de bandas o de grupos al margen de la ley, es decir, que fueran personas que tuvieran antecedentes y eso”.
En el proceso que se le sigue al coronel Parrado, por lo menos cuatro de las víctimas asesinadas tenían antecedentes penales por porte de estupefacientes, hurto y rebelión. Pero no todos cumplían con ese requisito, entre ellas había obreros, policías retirados, ebanistas y drogadictos, todos, esos sí, ajenos a la región donde perdieron la vida.
Una de las particularidades de esta estrategia operacional adoptada por los comandantes de algunas guarniciones militares es que los supuestos “caídos en combate” aparecían siempre portando armas de fuego. De acuerdo con el cabo Caro, había dos formas de conseguir esas armas: las compraban los “reclutadores”, las aportaban las unidades militares o las mismas víctimas. Este suboficial precisó que cada batallón, pelotón o grupo especial aportaba de su presupuesto para las operaciones.
Ante la pregunta del fiscal de cuánto presupuesto se requería para una operación de este tipo, Caro explicó que, entre transporte, gasolina y armas, el costo promedio por víctima era 1,7 millones de pesos. Y con respecto a las armas, señaló que, a su superior, el coronel Parrado, “en varias ocasiones se llevaban antes de la operación y se le mostraban al coronel”. ¿Y por qué razón se le mostraban al oficial? El suboficial respondió que “para que él viera que sí se compraban con el dinero que se aportaba por parte del batallón”.
Una vez “reclutadas” las víctimas y asesinadas en diversos sectores rurales de los municipios de Segovia y Remedios, eran presentadas como integrantes de las guerrillas de las Farc y el Eln, o también como pertenecientes a bandas criminales. Caro explicó que “de acuerdo a la inteligencia que se hacía en el sector donde se iban a dar de baja se emitía la operación. Y se mostraba (la víctima) como perteneciente al grupo que delinquía por ese sector”.
Una vez asesinadas las personas por las tropas del Batallón Energético y Vial N. 8, los respectivos comandantes de las unidades en terreno reportaban los supuestos combates, así como las bajas ocasionadas y las armas incautadas.
La fiscal de la CPI (primera a la izquierda) en reunión con le Presidente Santos y algunos ministros de su gabinete de gobierno. Foto: Presidencia de la República.Ejemplo de ello es el informe de patrullaje presentado el 2 de agostode 2007 por el sargento José Fernel Abril Bonilla, en el que describe que ese día “se encontraba realizando patrullaje en la vía Segovia-Cañaveral, divisando un personal que venía por la carretera, les lanzaron la proclama, estos los atacaron y después del intercambio de disparos encontraron tres personas muertas, las cuales portaban dos pistolas y una escopeta doble cañón calibre 12”.
Con respecto a esta misión se expidió, ese mismo día, la Lección Aprendida N. 15 enla que “se destaca la reacción inmediata y el arrojo de los soldados de enfrentarse valientemente a los bandidos, se aplicaron los principios de guerra, sorpresa y seguridad”. Pero nada de eso era cierto.
En ese caso fueron asesinados Luis Javier Montes Paderna, un habitante de calle; Diego Alonso Triana Pulido, obrero en una fábrica de veladoras, quien registraba una condena de 30 meses por rebelión; y Carlos Mario Jaramillo Salazar, quien también registraba una condena por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Estos resultados operacionales tenían sus recompensas. De acuerdo con la versión dada por el cabo Caro a la Fiscalía, “a los comandantes de pelotón se les daban permisos, condecoraciones o paseos a Cartagena y a San Andrés”. El procedimiento era simple: “el comandante del Batallón los solicitaba por medio de la Brigada y ya salía el personal de permiso”.
En el escrito de acusación contra el coronel Parrado, la Fiscalía invocó diversas normas internacionales que protegen a la población civil en áreas de conflicto armado e indicó que, en este caso, “todas y cada una de las víctimas eran civiles, ajenos al conflicto armado, se trataba de personas en las cuales confluían calidades personales como la de tener antecedentes penales, ser drogadictos, habitantes de calle de la ciudad de Medellín, no tener contactos ni vínculos con la zona en la cual fueron muertos”.
El Fiscal 57 Especializado de Medellín presentó escrito de acusación contra el coronel Parrado en razón a que el oficial “actuó como coautor de la conducta de homicidio en persona protegida, de la cual fueron víctimas personas inocentes, que no estaban armadas y que nunca se enfrentaron con miembros del Ejército Nacional, pues se trató de una empresa criminal en la cual los miembros del Ejército daban de baja personas civiles inocentes, para presentarlas como delincuentes fallecidos en combate”.
Hasta el momento la justicia no se ha establecido responsabilidad de mando superior por este tipo de actuaciones criminales, de ahí la preocupación de la fiscal en jefe de la CPI, Fatou Bensouda, y su interés por la deficiencia en investigar a fondo los homicidios cometidos por las tropas del Ejército contra civiles inermes durante varios años en diversas regiones del país con el fin de cumplir con una de las políticas del general Mario Montoya: “las bajas no es lo más importante, es lo único”.
Este miércoles, antes de irse del país, Bensouda dio una rueda de prensa en la que declaró que a pesar de haber pedido “información muy precisa” sobre las investigaciones de los denominados falsos positivos, hasta la fecha no la ha recibidio. Al respecto, uno de los miembros de su equipo señaló que necesitan “información tangible y específica que demuestre la existencia de pasos investigativos concretos adecuados para llevar esos casos a la justicia. La ausencia de información específica nos coloca en una posición muy incómoda”.
