El Incoder confirmó que los predios donde queda la finca son baldíos y deben ser adjudicados a los campesinos que la reclaman y no a la empresa palmera que hoy los explota.
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| La Hacienda Las Pavas está ubicada en el municipio San Martín de Loba, ubicado en el sur de Bolívar. Foto archivo Semana |
La disputa jurídica que había entre un grupo de 123 familias campesinas y la empresa Aportes San Isidro S.A. por 1.338 hectáreas de la antigua Hacienda Las Pavas, ubicada en el sur de Bolívar, fue ganada por los campesinos. El reciente pronunciamiento del Incoder -el instituto de tierras- le dio la razón a las familias que fueron desplazadas con violencia dos veces (2003 y 2008) de la región y que desde 2006 le solicitaban al Incoder una clarificación de los predios.
Este jueves 27 de septiembre el Incoder concluyó que 10 de los 11 predios que integran Las Pavas son terrenos baldíos, es decir, de la Nación y por tanto pueden ser tituladas a los campesinos que son los legítimos reclamantes. La batalla jurídica se había concentrado hasta el momento en que no se sabía de quién eran los predios.
Los campesinos advertían que les pertenecían porque ellos se habían asentado allí desde 1997 y cultivaban las tierras hasta que fueron desplazadas en 2003 primero por paramilitares del Bloque Central Bolívar y en 2008 por un grupo de hombres armados. La postura de la firma San Isidro era que los terrenos les pertenecían y que por eso podían sembrar allí palma aceitera. Pese las denuncias de desplazamiento y a que en 2009 las familias fueron desalojadas por la policía por petición de la firma palmera, en diciembre de 2011 una fiscal en Cartagena dijo que en la zona no había habido desplazamiento ni víctimas. (Lea: En Las Pavas sí hay víctimas)
Jhenifer Mojica, subgerente de Tierras del Incoder, explicó que las tierras al ser identificadas como baldías pueden ser tituladas de forma directa a los campesinos. “El instituto de tierras cuenta con los mecanismos jurídicos para adjudicarles los predios”, dijo Mojica.
Sin embargo, el trámite del Incoder sólo podrá comenzar en quince días en caso de que no haya una demanda. Como ha sucedido en otros casos, la firma interesada puede interponer un recurso de reposición o de revisión, este último al Consejo de Estado y el caso puede tardar en resolverse otro par de años. Pero los campesinos cuentan con otra alternativa y es presentarse ante la Unidad de Restitución de Tierras y reclamar Las Pavas para que un juez ordene la titulación.
¿Cuál es la historia de Las Pavas?
En 1983 Jesús Emilio Escobar compró varios terrenos que el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, hoy Incoder, les había adjudicado a campesinos. Se trataba de los predios Si Dios Quiere, No te canses, Las Pavas y Peñaloza, ubicados en los corregimientos Playitas y Papayal, del municipio de San Martín de Loba, en el sur de Bolívar.
En 1997, Escobar abandonó los predios y 123 familias que vivían en la vereda Buenos Aires empezaron a asentarse en estas tierras, explotándolas con cultivos agrícolas. Se organizaron y se agruparon en la Asociación de Campesinos de Buenos Aries, Asocab.
Según denunciaron a las autoridades, en 2003 un grupo de paramilitares que tenía una base en el corregimiento de Papayal amenazó a las 123 familias campesinas que no tuvieron otra opción que salir de las tierras y abandonar los cultivos. Cuando los ‘paras’ salieron de la zona, las familias retornaron a Las Pavas.
En 2006, los campesinos le solicitaron al Incoder la extinción de dominio de Las Pavas por abandono. En junio de ese mismo año el Incoder confirmó que esa tierra era explotada desde hacía seis años por 116 campesinos por lo cual dio inicio al proceso solicitado por los campesinos.
Sin embargo, según los campesinos, en el momento en el que Escobar se enteró del proceso, decidió retornar al predio junto a un grupo armado que por segunda vez los amenazó y los expulsó de las tierras.
Luego de lograr el desalojo, en marzo de 2007, Escobar fue hasta la Notaría 9 de Barranquilla y allí registró una compraventa de estas tierras a C.I. Tequendama S.A. y a Aportes San Isidro S.A., la primera filial del polémico grupo Daabon, de propiedad de la familia Dávila Abondano, y la segunda de propiedad de José Macías, quien al final le compró 50% a Daabon. La tierra sumó 1.717 hectáreas y fue negociada por mil millones de pesos.
En 2008 los campesinos denunciaron el desplazamiento forzado y ese mismo año el Incoder dictó una resolución para reabrir el proceso de extinción de dominio. Las empresas presentaron una querella por ocupación y la policía ordenó el desalojo de los campesinos. Pese a la tutela que interpusieron las familias, en 2009 la empresa logró que las familias no permanecieran allí. Es decir, que fueron desalojadas a la fuerza por la Policía.
En 2010 el Incoder reabrió la investigación y en una inspección el Incoder encontró cultivos de palma. Desde ese momento, el Incoder comenzó una investigación contra los empresarios por violación a las normas ambientales porque supuestamente secaron los ríos por los sembradíos. Después de hacer una visita, en mayo de 2011 el Ministerio de Ambiente emitió un concepto sobre el uso ambiental del predio Las Pavas y encontró que: “el desarrollo de cultivos extensivos de palma de aceite en el predio ha generado impactos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, tanto en el área directa como en el área de influencia, y por lo tanto un deterioro a los ecosistemas”, informó el Incoder en un boletín. (Lea el comunicado aquí).
Ese mismo mes la Corte Constitucional ordenó reabrir la extinción de dominio que se adelantaba contra el predio Las Pavas por abandono.
