Uno de los líderes de la comunidad de Las Pavas, que reclama esta hacienda en el sur de Bolívar, dijo que la Fiscalía se equivocó y que están esperando a que escuchen su versión.
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Eliud Alvear, uno de los líderes de los campesinos que reclaman Las Pavas, le pide a la Fiscalía que investigue con rigurosidad. Foto archivo Semana -En Las Pavas sí hay víctimas |
Eliud Alvear recuerda muy bien el día en que un grupo de paramilitares llegó hasta la vereda Buenos Aires y reunió a sus pobladores en el aula múltiple del Instituto Técnico Agropecuario. Les dijeron que tenían que abandonar de Las Pavas, una hacienda ubicada para entonces en el municipio San Martín de Loba, en el sur de Bolívar, “porque era de propiedad de su jefe”.
Alvear es uno de los integrantes de la Asociación Campesinos de Buenos Aires, Asocab, una organización que agrupa a 122 familias que desde 2006 le piden al Estado que extinga el dominio sobre la hacienda Las Pavas, que ellos explotaron después de ser abandonaba por su entonces dueño, Jesús Emilio Escobar, y de la cual tuvieron que salir por amenazas de grupos armados.
Tras la decisión de una fiscal de Cartagena y del pronunciamiento de la Fiscal General, Viviane Morales, de que en Las Pavas no hubo desplazamiento ni conflicto armado y ordenó investigar a algunos campesinos de Asocab por presuntos vínculos con la guerrilla, Eliud Alvear le relató a VerdadAbierta.com qué sucedió en Las Pavas y cuál es la situación actual de los campesinos:
VerdadAbierta (V.A.): ¿Cómo empezó la historia de ustedes en Las Pavas?
Eliud Alvear (E.A.): Nosotros empezamos a explotar Las Pavas desde la década de 1990 y nos organizamos como Asocab en 1998. Para esa misma época los paramilitares llegaron a la zona, pero hasta finales de esos años no tuvimos problemas. Las Pavas quedaban al lado de la vereda Buenos Aires, prácticamente había un metro de distancia. El dueño de eso, Jesús Emilio Escobar, abandonó la tierra y nosotros empezamos a cultivarla con plátano, arroz, yuca, maíz y frijol, lo que se llama pancoger para el sustento diario. Nos fuimos expandiendo. El Incoder hizo una visita en 2006 que confirma que teníamos allí cultivos.
(V.A.): ¿Por qué entran a Las Pavas si ustedes vivían en Buenos Aires?
(E.A.): Porque la tierra estaba abandonada, no teníamos donde cultivar y vimos que ahí había una tierra donde podíamos trabajar.
(V.A.): ¿Cuándo se acabó la tranquilidad?
(E.A.): Como comunidad estábamos trabajando la mayoría de la tierra, era como 60% de Las Pavas. No trabajamos los humedales ni las zonas de montaña para respetar el medio ambiente. Como estábamos trabajando empezamos a buscar un mecanismo para legalizar el territorio. Justo en ese momento empezamos a ser observados por los paramilitares, que en el corregimiento de Papayal, a una hora de la vereda Buenos Aires, instalaron una base para delinquir en la región.
Con la base ellos querían tener control de la zona y se apoderaron de la hacienda en 2003. Antes de eso nos reunieron en el aula múltiple del Instituto Técnico Agropecuario y nos dieron que nos fuéramos, que eso era de su jefe. Eran como 125 hombres armados. Por miedo ninguno quiso preguntar nada. Nos fuimos.
(V.A.): Ademásde la reunión, ¿hubo violencia u otras amenazas?
(E.A.): Las primeras no fueron directas pero había mucha intimidación. Sobre el Brazo del Papayal, el río que pasaba por nuestras fincas, bajaban cadáveres de personas. Luego comenzaron a asesinar los cerdos y burros que había en nuestras parcelas, también como una forma de provocación, pero teníamos miedo de que nos hicieran algo.
Al poco tiempo llegó un señor que había sido un viejo administrador de Las Pavas, de Jesús Emilio Escobar. Él llegó disque a vender la tierra a nombre de las Auc y por eso se metió en un problema. Los paramilitares casi lo matan y él se fue. Aunque nos manteníamos lejos, tratábamos entrar de vez en cuando a Las Pavas para seguir cultivando hasta que a finales de 2003 nos volvieron a citar en el aula del colegio, eso fue un domingo, y nos dijeron que si les veíamos caras de payasos, que nos estábamos burlando de ellos y a que al primero que vieran el lunes le daban pica.
(V.A.): ¿Y qué sucedió después?
(E.A.): Nos fuimos y dejamos pasar un tiempo. En 2005 empezamos a entrar ya que para esa época se estaban desmovilizando las Auc. (El Bloque Central Bolívar-Sur Bolívar se desmovilizó el 31 de enero de 2006). Pero en la zona eso no fue una desmovilización real. Los paramilitares buscaron personajes para aparentar que se desmovilizaban. Pero muchos siguieron ahí sino que trataron de no hacer nada para que no los denunciaran.
Ese mismo año empezamos a buscar un cultivo que fuera productivo y amable con el ambiente. Así buscamos a Rafael de Jesús Cárcamo porque él tenía un proyecto grande de cacao en el sur de Bolívar y nosotros queríamos cultivar unas 120 mil plantas de cacao en la zona. Cuando íbamos a empezar el proyecto, los paramilitares empezaron de nuevo con las intimidaciones, matando animales y haciendo disparos al aire.
(V.A.): ¿Y siguieron en Las Pavas?
(E.A.): En 2006 el que había abandonado la hacienda, Jesús Emilio Escobar, regresó pero con un grupo de hombres armados que no tenían insignias. Nosotros llamamos a un coronel que había en la región y le contamos lo sucedido. Cuando él fue Escobar y sus hombres se habían escondido. El coronel nos recomendó que saliéramos de la tierra, que el gobierno nos iba a dar la razón.
Entonces comenzamos trámites ante el Incoder en Cartagena para que hiciera una visita al predio y viera que los campesinos teníamos cultivos ahí. En julio de 2006 una comisión del Incoder fue hasta Las Pavas por tres o cuatro días y decidió en un documento que el territorio era apto para reforma agraria. Ahí fue cuando empezamos el proceso de extinción de dominio por abandono. Pero los grupos paramilitares volvieron con intimidaciones y no nos quedamos en la hacienda.
(V.A.): ¿Y el trámite de extinción en qué quedó?
(E.A.): En 2007 llegaron a Las Pavas más de 10 máquinas limpiando el terreno, quitando los cultivos que teníamos. Trabajaban de día y de noche y empezaron a sembrar palma. Sentimos decepción porque nadie nos escuchaba. Pero en diciembre de 2008 apareció la resolución de extinción de dominio pero al tiempo ocurrió una fuerte ola invernal que inundó todo.
Pasadas las lluvias y con la resolución en las mano, la comunidad decidió un retorno a Las Pavas el 15 de enero de 2009. A los pocos días llegó un abogado que representaba a Tequedama y San Isidro, las dos empresas palmeras, y le mostramos la resolución.
No teníamos plata para pagar un abogado y buscamos asesoría del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Ellos tienen experiencia en la defensa de los derechos humanos y nos dieron apoyo jurídico. No entiendo cómo la Fiscalía dice que a los campesinos nos dieron indemnizaciones o que queremos desangrar al Estado cuando eso es mentira.
Comenzamos a hacer una tutela, exigiendo poder vivir en Las Pavas, y ganamos la primera instancia emitida por un juezde San Martín de Loba. Las empresas de palma pusieron un recurso y la segunda decisión salió en contra, esa vez, emitida por un juez de Mompox. Después de que perdimos la tutela, el 14 de julio de 2009 la policía nos desalojo. Nos refugiamos en unos cambuches y pedimos ayuda humanitaria.
(V.A.): ¿Usted recibió alguna amenaza?
(E.A.): Fuera de la tierra siguieron las amenazas. Soy profesor y recibí algunas llamadas de amenaza, y también intentaron sobornarme para que no siguiera exigiendo por los derechos de los campesinos.
(V.A.): ¿Qué tan cierto es que algunos de los campesinos terminaron trabajando para las empresas palmeras que estaban explotando Las Pavas?
(E.A.): Es verdad. De hecho eso explica la retractación de unos de los campesinos y de la persona que fue nuestro socio en el cultivo del cacao. No tenemos las pruebas, porque para eso se requieren documentos, pero nosotros creemos que ellos terminaron trabajando para esas empresas. Y precisamente fueron los testimonios que utilizó la fiscal de Cartagena para decir que nosotros no habíamos salido desplazados de Las Pavas.
Quiero explicar que en 2003 y 2006 no pusimos denuncias de desplazamiento porque sencillamente no se podía. La mayoría de los funcionarios le rendían cuentas a los paramilitares e ir a denunciar era sencillamente meterse en la boca del lobo. En 2009 nosotros confiamos en el campesino, en el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Buenos Aires.
Sé de otros campesinos que trabajaron por momentos por necesidad con las palmeras pero al ver que eso no les convenía por la situación se retiraron.
(V.A.): La Corte Constitucional se pronunció en mayo de 2011, solicitando reapertura del proceso de extinción de dominio de Las Pavas. ¿Qué sucedió con eso?
(E.A.): Sucedió que primero las empresas palmeras lograron que el Incoder archivara el caso de la extinción. Pero en mayo de 2011 la Corte Constitucional se pronunció a favor nuestro y ordenaron la reapertura del proceso. Curiosamente el campesino en el que habíamos confiado para hacer la denuncia del desplazamiento en 2009 fue hasta una notaría y en junio de 2011, un mes después del pronunciamiento de la Corte, fue y se retractó, diciendo que había sentido miedo y que había dicho mentiras. Mi pregunta es ¿por qué él no se retractó antes?
(V.A.): ¿Y han podido vivir en Las Pavas? ¿Qué pasó con las palmeras?
(E.A.): No sabemos en qué va el proceso de extinción pero nosotros volvimos a entrar y a cultivar. Desde hace varios meses que las palmeras no están funcionando. Lo que ha sucedido ahora es que cualquier persona que nos ayude se convierte en enemigo de las palmeras. El comercio y el transporte de carga se niegan a prestarnos los servicios para comercializar y transportar nuestros productos. También han llevado ganado a la zona para que se dañen los cultivos de arroz, yuca y maíz que tenemos.
(V.A.): ¿En algún momento la fiscal de Cartagena lo interrogó como parte de la investigación?
(E.A.): En ningún momento me interrogó, y la situación más grave es que nos a varios campesinos de delincuentes.
(V.A.): ¿Qué piensa de la decisión de la fiscal de Cartagena y el pronunciamiento de la Fiscal General de la Nación?
(E.A.): Lo que tenemos que decir es que la fiscal no ha hecho las investigaciones pertinentes. Y para tomar una decisión se debe contar con las versiones de ambas partes. Vivimos con temor con ese título que nos dieron de guerrilleros, cuando nosotros no hemos apoyado a ningún grupo armado, somos gente de bien y estamos en una situación vulnerable porque prácticamente la Fiscalía nos puso la lápida en el pecho. Nos gustaría que la Fiscalía venga al lugar y entreviste a todas las familias y determine realmente cuál es la verdad, porque lo que hizo fue entrevistar a algunos trabajadores de las mismas palmeras. No tengo las pruebas pero eso es lo que creemos.
