La crisis generada por el megaproyecto energético, sumada al recrudecimiento de acciones criminales contra líderes sociales en esta región del departamento, se están convirtiendo en los ingredientes de un cóctel explosivo que podría desatar una crisis humanitaria con graves afectaciones sobre las comunidades rurales y urbanas.
Gerardo* llegó a las oficinas de la Personería de Medellín acompañado de su esposa y sus tres hijos una noche de los primeros días de junio. Provenían de Sabanalarga, municipio del Occidente de Antioquia donde sus gentes han vivido de sembrar café, pastar ganado o barequear a orillas del río Cauca. Buscaba que la agencia del Ministerio Público lo socorriera a él y a su familia en ese, quizás, el segundo momento más doloroso de su vida que, paradójicamente, le llegaba un mes después de haber vivido la peor tragedia de su vida.
Semanas antes de arribar a la capital antioqueña, Gerardo recibió una llamada que lo dejó aturdido. Al otro lado de la línea, una voz ronca, con el tono propio de quien quiere infundir miedo, le dijo que si no se iba del pueblo en las próximas 48 horas, le raptarían a uno de sus hijos apenas saliera de su escuela. No era la primera vez que un desconocido lo llamaba para lanzarle toda clase de improperios y luego, amenazarlo de muerte, pero sí era la primera vez que se metían con su familia. Así que no tuvo que pensarlo dos veces.
De inmediato, buscó a su esposa y a sus pequeños hijos en el improvisado albergue que unas 200 familias barequeras instalaron en el parque y en las oficinas de la administración municipal de Sabanalarga tras la creciente del río Cauca por cuenta de la emergencia generada en la megaobra Hidroituango el 12 de mayo pasado. Los problemas en la represa ocasionaron el represamiento del río y elevaron súbitamente el cauce a su paso por los municipios de Toledo, Liborina, Buriticá, Briceño, Peque, Ituango y Sabanalarga.
Quienes llevaron la peor parte fueron cientos de familias dedicadas al barequeo en estos dos últimos municipios y que solían vivir en las playas formadas a lo largo del imponente Cañón del Cauca. Fueron estos barequeros los primeros en advertir que algo no andaba bien en el río, pues desde finales de abril se notó el aumento de su nivel sin explicación aparente.
“Nos tocaba hacer rondas en la noche para vigilar, porque todos los días subía y subía el cauce”, recuerda Gerardo, quien una noche de los primeros días de mayo tuvo que correr, literalmente, con su familia y otras familias barequeras que habitaban la playa Arenales para salvar sus vidas.
“Ahí lo perdimos todo. Nuestros ranchos, ropa, camas, herramientas de trabajo. Toda nuestra vida quedó allá, inundada. Lo peor fue que llegamos al pueblo y nadie nos ayudó. Nos tocó quedarnos en el parque porque no teníamos más donde ir”, recuerda el hombre.
La indolencia de las autoridades locales y la falta de respuestas por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Gobernación de Antioquia terminaron colmando la paciencia de los damnificados. “Entonces, a los pocos días de estar ahí en el parque, tirados, nos organizamos y nos fuimos todos a protestar al frente de la Alcaldía a ver si nos daban alguna solución”. En respuesta a esa movilización, las familias albergadas en la plaza principal del pueblo recibieron algunas ayudas que terminaron siendo más paliativos que soluciones de fondo.
“Y en esas estábamos con otros compañeros, viendo a ver cómo gestionábamos ayudas, cuando como a las tres semanas de estar en el pueblo me llamaron a decirme que me tenía que ir, que si no se metían con mi familia. El año pasado, como a eso de junio, también me llamaron a amenazarme”, cuenta Gerardo. “Ahí fue cuando decidí irme solo para otros pueblos a barequear: estuve en (Santafé) Antioquia, por los lados de (departamento) Caldas, pero no me fue bien y como a los dos meses me regresé para Sabanalarga. Y en febrero de este año volvieron a llamarme a amenazarme, pero me hice el loco. Hasta ahora, que ya se metieron con mi familia”.
Afectados y perseguidos
A Julio César Sucerquia lo mataron la tarde del 27 de junio pasado. Era ampliamente conocido entre las familias barequeras que solían ganarse la vida sacándole pepitas de oro al río Cauca en las múltiples playas que formaba el afluente a su paso por Ituango. De hecho, era miembro de la Asociación de Comités de Barequeros del Norte de Antioquia (Asocbarena), organización que surgió en 2015 y que agrupa a por lo menos 21 familias ituanguinas dedicadas a esta actividad.
Al momento de su muerte se encontraba a varios kilómetros de uno de los improvisados refugios humanitarios instalados en Ituango por unas 70 familias barequeras que lo perdieron todo aquel 12 de mayo, cuando el río Cauca se creció debido a la emergencia en la represa Hidroituango. El asesinato de Sucerquía revivió viejos temores de los barequeros refugiados en los albergues, y no era para menos.
De acuerdo con el Movimiento Ríos Vivos, que articula unas 15 organizaciones de familias campesinas y barequeras afectadas por la construcción del megaproyecto, desde 2010 a la fecha han sido asesinados cuatro miembros de comunidades campesinas y barequeras reconocidos por su oposición a la construcción de la hidroeléctrica, mientras que otros dos líderes sociales pertenecientes al Movimiento han salido milagrosamente ilesos de atentados contra sus vidas.
Por ello, tras el trágico asesinato de Sucerquía, un grupo numeroso de personas pensó seriamente en abandonar el refugio humanitario, tanto como medida de seguridad como para acceder a ayudas, pues allí donde se instalaron ni la Alcaldía local ni Epm hicieron presencia. Así lo hicieron hora después del entierro del dirigente comunitario y tras enterarse que por lo menos tres barequeros más recibieron amenazas contra sus vidas en el mismo momento en que cargaban el cuerpo sin vida de su amigo y compañero.
Según Alberto*, integrante de una de las asociaciones que agrupa a los barequeros de Ituango, “las amenazas arreciaron cuando llegamos a los albergues. El pasado 15 de julio fue asesinado un muchacho que no era de la Asociación, pero que estuvo con nosotros en uno de los refugios, ayudándonos, apoyándonos. Lo mataron en el casco urbano de Ituango. Hace como dos semanas fueron amenazados dos compañeros, pero ninguno de ellos quiere denunciar. Puedo decir que somos más de 10 los líderes barequeros amenazados en este momento”.
Aguas abajo de Ituango, en el corregimiento Puerto Valdivia, la violencia contra los miembros de asociaciones de barequeros y pescadores reconocidos por su oposición al proyecto hidroeléctrico ya cobró la vida de cuatro personas. El 8 de mayo fueron asesinados Duvián Andrés Correa y Luis Alberto Montoya, este último miembro de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Valdivia; mientras que seis días antes, el 2 de mayo, fue acribillado Hugo Albeiro George Pérez, reconocido integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, integrada al Movimiento Ríos Vivos.
Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos, sostuvo a través de un comunicado público que aunque al momento de su muerte se encontraba en Puerto Valdivia, George Pérez residía en el corregimiento El Aro, de Ituango, y allí era donde desarrollaba su labor social, impulsando la creación de una organización que agrupara a las poco más de 500 familias de este poblado que se han visto afectadas por las compras de tierras que ha realizado EPM en esta zona.
El líder social fue asesinado junto con su sobrino, Domar Egidio Zapata y, de acuerdo con Zuleta, su muerte se produjo sin que EPM lo reconociera como afectado por la emergencia de Hidroituango y justo en “momentos en que las comunidades se encontraban preparando una nueva jornada de movilizaciones de protesta en procura de que EPM reconociera las nuevas afectaciones que ha traído a la zona”.
Tensión en el norte
Voceros de organizaciones que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos en los municipios del norte de Antioquia, como la Asociación de Campesinos de Ituango; la Asociación de Comités de Barequeros del Norte de Antioquia (Asocbarena); la Corporación Lazos de Humanidad; los Círculos de Memoria y Derechos Humanos; la Asociación de Campesinos de Briceño (Ascabri); y la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Noroccidente Antioqueño señalan que, en lo que va corrido del año, unos 17 líderes sociales de las localidades de Ituango, Toledo, Briceño y San Andrés de Cuerquia han recibido fuertes amenazas contra sus vidas.
La situación más crítica, dicen, se concentra en Ituango, donde hay por lo menos siete dirigentes comunitarios con amenazas de muerte. El riesgo para sus vidas se ha recrudecido en los últimos tres meses y prueba de ella son los recientes asesinatos de tres hombres reconocidos por su trabajo en las juntas de acción comunal de sus respectivas veredas.
El caso más reciente ocurrió el 6 de julio, cuando hombres armados ingresaron a la vivienda de José Fernando Jaramillo Oquendo, conciliador de la junta de acción comunal de la vereda El Torrente, y le dispararon en repetidas ocasiones.
Jaramillo Oquendo era cuñado de José Abraham García, presidente de la junta de acción comunal de la verada Pascuitá, de Ituango, quien fue asesinado la noche del 25 de junio. Ambos participaron en la movilización realizada por campesinos cocaleros en el casco urbano de esta localidad entre el 6 y 7 de abril pasado, en señal de protesta por las intensas jornadas de erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública, que contrastaban con el el poco avance del Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (Pnis), un programa acordado con la extinta guerrilla de las Farc en el Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.
Previo a estos dos trágicos decesos se registró el asesinato de Francisco José Guerra, presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Mandarino, ocurrido el 11 de junio.
“Cómo será el miedo que hay, que los líderes prefieren no reunirse, que no los vean juntos”, asegura una líder de Ituango, quien no oculta su tristeza por lo que ocurre en este municipio: “Cuando estaban en las negociaciones de paz y las Farc decretaron los ceses al fuego, conocimos las bondades de la paz. Tranquilidad, la posibilidad de poder moverse por todo el pueblo, aumentó el turismo. Pero se firmó la paz y se vino otra guerra, que no sabemos quién está detrás y esa es la angustia que tenemos”.
Situaciones como ésta ya habían sido advertidas por la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana 037-17 del 14 de agosto de 2017 a través de la cual advirtió el riesgo de violaciones de derechos humanos en que se encontraban líderes y comunidades campesinas de los corregimientos El Aro, La Granja y Santa Rita, por cuenta del avance de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) hacía los antiguos fortines militares de la extinta guerrilla de las Farc. (Leer más en: Los ‘gaitanistas’, ¿detrás del fortín de las Farc en Ituango?)
La Alerta detalla que la presencia de las Agc en Ituango comenzó a sentirse con fuerza enero de 2017, cuando iniciaron recorridos por zonas rurales en camionetas de gama alta, imponiendo por la vía armada la participación de la población en reuniones forzadas que tuvieron lugar en veredas como Pascuitá, Villegas, El Recreo y Camelia Baja (corregimiento Santa Rita) así como en las veredas La América del corregimiento El Aro; Chontaduro y El Zancudo del corregimiento La Granja, y El Cedral y Guacharaquero del corregimiento Santa Ana.
“Uno de los elementos que con mayor énfasis han señalado las Agc a las comunidades, es que su interés primordial radica en la permanencia de los cultivos de uso ilícito a fin de controlar hegemónicamente la cadena de producción, procesamiento y comercialización. Sin embargo, en su actuar se registran otras conductas vulneradoras, entre ellas, los señalamientos contra quienes reivindican y reclaman la garantía de los derechos humanos en la región y contra quienes denuncien la situación de agresiones a derechos humanos que actualmente se vive en la zona”, se lee en la Alerta Temprana.
Lo que queda claro, según los líderes consultados por VerdadAbierta.com en la región, es que entre ese grupo de líderes declarados como ‘indeseables’ por las Agc están aquellos que se han opuesto a la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. “Aquí nos oponemos y levantamos nuestra voz contra un estado de cosas que nos afectan profundamente, entre ellas el megaproyecto. Y todo eso nos genera amenazas”, relata una de las dirigentes sociales consultadas. (Leer más en: Alarmante deterioro de la seguridad en el Norte de Antioquia)
Megaobra, bajo análisis
Al escenario de tensión que viven los ituanguinos por el deterioro del orden público se suma ahora las dificultades derivadas por la crisis del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
Integrantes de la Sala de Crisis Social, instancia creada luego de la emergencia y en la que convergen distintas organizaciones no gubernamentales como el Movimiento Ríos Vivos, Redipaz, Kavilando y que cuenta con el acompañamiento de la concejal de Medellín por el Polo Democrático Alternativo, Luz María Múnera, en sus visitas a la región han podido constatar la difícil situación del comercio por cuenta del desabastecimiento y el incremento en el costo de los fletes por cuenta de la mayor cantidad de horas que se invierten en el trayecto desde y hacia Medellín dados los continuos derrumbes en la vía.
“En el último mes cerraron cinco locales comerciales. La tensión es bastante entre la gente. Al menor estruendo, la gente sale corriendo a las calles pensando que ya se cayó esa represa. A eso súmele toda esta violencia en el pueblo. No hay semana que no maten a un presidente de junta de acción comunal. Aquí vivimos con miedo”, asegura un líder de Ituango, quien pidió reserva de su identidad.
El impacto de la megaobra en las comunidades rurales y urbanas será discutido este martes en el Concejo de Medellín durante un debate de control político citado por Múnera y apoyada por la Sala de Crisis Social. Al recinto concurrirán voceros y representantes de diversos sectores sociales con el fin de exponer sus inquietudes sobre los impactos sociales, económicos, culturales y ambientales que padecen los pobladores en la zona de influencia del proyecto Hidroituango y plantear soluciones.
(*) Los nombres fueron cambiados u omitidos a petición de las fuentes y por razones de seguridad
