Desde el pasado 6 de agosto, horas antes de que Iván Duque asumiera como primer mandatario de los colombianos, se han registrado atentados con explosivos en siete municipios. En la región hay cuatro grupos armados ilegales que se disputan los antiguos territorios que eran controlados por las Farc. Población indígena, afro y campesina, en riesgo constante, al igual que excombatientes en vía de reincorporación.
Pareciera que la llegada del sexagésimo presidente de la República a la Casa de Nariño detonó una nueva ola de violencia en el departamento de Cauca. La noche previa a la que Iván Duque, del Centro Democrático, tomara juramento para asumir los destinos de la Nación tras obtener más de diez millones de votos, se encendió la mecha una sucesión de ataques con motos cargadas de explosivos.
El primer ataque ocurrió cerca de la estación de Policía de Padilla, en donde resultaron heridos tres agentes y su comandante, Edier Burbano, perdió la vida. Le siguieron una motobomba detonada cerca a la sede de la Registraduría Nacional en Santander de Quilichao y un ataque de encapuchados que arrojaron explosivos contra la estación de Policía de Suárez, en donde un uniformado resultó herido por esquirlas.
Como si fuera poco, al día siguiente ocurrieron dos atentados más con motocicletas: uno en Corinto y otro Guachené, que no dejaron heridos de gravedad. Esa racha se prolongó durante las dos semanas siguientes, cuando los días 18, 25 y 26 de agosto, fueron detonadas motocicletas en Corinto, Puerto Tejada y Caloto, respectivamente.
En el último caso el vehículo explotó accidentalmente durante el recorrido que su conductor realizaba en la vía que comunica a los municipios de Caloto y Toribío. Al respecto, un investigador que conoce las dinámicas de la región y que pidió mantener la reserva de su nombre, señala que la principal hipótesis que maneja la Fiscalía es que el hombre que falleció en el accidente era el encargado de armar las motobombas y que, al parecer, la que transportaba tenía como destino el municipio de Miranda, en donde el presidente Duque realizó un consejo de seguridad el pasado martes.
Hasta el momento, ningún grupo armado ilegal se atribuyó los ocho ataques que ocurrieron durante 20 días. Sin embargo, las autoridades regionales han señalado como principal sospechoso a las disidencias de las Farc, concretamente a las originarias del Frente 6. Así lo reveló el coronel Fabio Rojas, quien comanda a la Policía de Cauca, tras referirse al atentado del 25 de agosto, ocurrido en Puerto Tejada.
Y en esa misma línea se pronunció al día siguiente en medios de prensa el secretario de Gobierno Departamental, Ricardo Cifuentes: “Lo que se deduce es que las bandas organizadas después de la desmovilización de la guerrilla de las Farc y las disidencias de las Farc quedan como un grupo de delincuentes comunes y vienen desarrollando este tipo de acciones para generar intimidación entre la población”.
Esta situación recuerda al modus operandi de la antigua guerrilla de las Farc que, al llegar un nuevo mandatario a la Casa de Nariño, arreciaba su ofensiva militar para enviarle un mensaje intimidatorio al gobierno entrante. El antecedente más cercano ocurrió el 12 de agosto de 2010, cuando Juan Manuel Santos no había completado su primera semana como jefe de Estado, y las Farc detonaron un carrobomba en la sede de Caracol Radio en Bogotá.
¿Por qué en el norte de Cauca?
Esta seguidilla de atentados, que ha llenado de zozobra a los habitantes de la región, quienes permanentemente están denunciando la sospecha de artefactos explosivos, pone de presente nuevamente la violencia focalizada que padecen, a diferencia de otras regiones del país y del propio departamento.
Por su ubicación geográfica y condiciones topográficas, desde hace décadas la entrada a Cauca desde el norte ha sido apetecida por distintos grupos armados y mafias criminales. Sus senderos montañosos proveen facilidades y seguridad para realizar desplazamientos hacia la costa Pacífica y los demás puntos cardinales del país; además, sus riquezas naturales y el abandono estatal son propicios para producir rentas ilícitas a partir de la minería y la siembra de cultivos para el tráfico de estupefacientes.
Pero en la región también hay otra versión sobre por qué la violencia arrecia en el norte, y es la de las comunidades étnicas. Desde tiempo atrás éstas decidieron que no permitirían la presencia de actores armados ni de economías ilegales en sus territorios, lo cual ha puesto en la primera línea de amenazas a sus autoridades tradicionales y guardias.
Víctor Hugo Moreno, consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), llama la atención que los atentados han ocurrido cerca de estaciones de Policía y puntos de tránsito de las guardias Cimarrona e Indígena, con las que las comunidades realizan control territorial para proteger sus tierras ancestrales. (Leer más en: Los desafíos de la Guardia Cimarrona)
“Hay una mezcla de varias cosas. Están la recomposición de diferentes grupos armados en medio de una lucha por el control territorial para el microtráfico y el narcotráfico; y hay una serie de amenazas y atentados contra la institucionalidad del Estado y las autoridades étnicas. Hay que tener en cuenta y comparar la situación actual con un panfleto que salió en julio, en el que se amenazó de muerte a funcionarios de la ART (Agencia para la Renovación Territorial) por la construcción de los PDET, a diferentes organizaciones sociales y a algunos líderes de forma directa. Es muy preocupante, porque no sabemos hacia dónde pueden ir con esa combinación de atacar autoridades étnicas e institucionalidad”, señala.
Y recalca que un par de los incidentes con motobomba ocurrieron en territorios comunitarios: “Lo que pasó en Guachené es en el consejo comunitario de Zanjón de Potocó; y en El Palo, en Caloto, subiendo hacia Toribío, los guardias indígenas hacen control territorial”.
Por otro lado, Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), señala que dicha situación configura una reestigmatización de la zona en tiempos de posconflicto y puede derivar en afectaciones de la población civil: “Creemos que es una afrenta que están haciendo los actores armados al gobierno de Duque y sus políticas contra la criminalidad que ha establecido desde el gobierno, y coloca al norte de Cauca como una de las zonas más complejas, con reactivación de acciones armas”.
Sobre los presuntos responsables de los últimos ataques, refiere que los análisis más cercanos, aunque no les corresponde como organización decirlo, “serían acciones de disidencias de las Farc que quieren retomar el control y tienen una reorganización que cada día se hace más fuerte. Están mostrando su capacidad militar en el norte de Cauca”. Por esa razón, señala que en la Acin siguen “pendientes para que estas acciones no comprometan la vida de la población civil y eso se lo decimos a todos los actores independientemente de quién sea. Se pide respeto absoluto por la población civil”.
Esa defensa de sus territorios y de sus comuneros los ha llevado a tener un riesgo extraordinario en una región de por sí ya convulsionada. “En lo corrido del año hemos recibido 43 amenazas de muerte. De ellas, 20 son de corte paramilitar; las restantes están atribuidas a disidencias de Farc y otro tipo de actores armados que no son fáciles de caracterizar”, indica Capaz. (Leer más en: La zozobra sin fin de los indígenas Nasa)
La víctima más reciente de la comunidad Nasa por revalidar el trabajo de control territorial es Emiliano Trochez Yonda, exgobernador del resguardo de Guadualito, quien fue asesinado el 10 de agosto con disparos de arma de largo alcance. Días previos presidió una audiencia de armonización en la que la comunidad decidió destruir dos armas incautadas por la Guardia Indígena.
Nuevos actores, más víctimas
Además de las luchas étnicas, la reconfiguración de grupos armados también es otro ingrediente del explosivo coctel que se agita en Cauca. Tras la desaparición de las Farc como la guerrilla más antigua del continente, diferentes grupos han apetecido sus territorios. Desde desertores y disidentes de las antiguas Farc, hasta supuestos grupos paramilitares y guerrilleros del Eln y del Epl. (Leer más en: Reacomodo de grupos armados ilegales impacta con fuerza a Cauca)
Según cálculos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), centro de pensamiento sobre el conflicto armado que actualmente desarrolla un proyecto de investigación sobre garantías de seguridad en ese departamento, allí se conformaron cuatro grupos disidentes que tuvieron su origen en los frentes 6 y 30, y las columnas móviles Miller Perdomo y Jacobo Arenas.
De acuerdo con su informe nacional sobre disidencias, titulado Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC, en el mes de abril habían alrededor de cien disidentes en Cauca al mando de alias ‘Mordisco’, alias ‘Juvenal’ y alias ‘Pija’, con influencia en los municipios de Corinto, Toribío, Miranda, Caloto, Buenos Aires, Suárez, Morales y Caldono. (Leer más en: Disidencias de las Farc: problema en crecimiento)
En la FIP señalan que, de todas las disidencias, la más fuerte es la del Frente 6, a la cual las autoridades departamentales les atribuyen los atentados de agosto. Asimismo, consideran que atribuirle dichos ataques a la posesión presidencial de Iván Duque puede ser errado, puesto que en la región la violencia se ha agudizado desde finales del año pasado, con “la aparición de grupos que se identifican como Eln y Epl, pero que probablemente también son combatientes de las Farc que no se adhirieron al proceso de paz”.
Dicho surgimiento de nuevos actores armados en el supuesto escenario de posconflicto ha producido nuevas víctimas, como lo son los excombatientes de las Farc en vía de reincorporación a sociedad civil. De acuerdo con la información documentada por el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), desde el 13 de noviembre de 2016 hasta el 20 de agosto de este año, 80 exguerrilleros que dejaron las armas fueron asesinados, siendo Antioquia y Cauca los departamentos con más casos registrados, con 15 y 14, respetivamente.
Al analizar el panorama de los excombatientes se encuentra otro hecho que pone de presente que la violencia en el departamento de Cauca está focalizada en la zona norte, pues 11 de los 14 asesinatos ocurrieron en los municipios de Toribío, Caldono, Buenos Aires, Miranda, Caloto, Corinto y Suárez. De hecho, los dos casos más recientes, del 20 de agosto, ocurrieron en Miranda, cuando desconocidos asesinaron a Yeferon Sánchez García y Breyner Esneider Conda Dagua.
Al respecto, Leonardo González, coordinador de investigaciones de Indepaz, señala que esta situación tiene relación con la presencia de nuevos actores armados en la región, especialmente disidencias y la llegada del Eln: “Se han dado algunos casos de retaliaciones y justicia propia; de vínculos de algunos grupos armados con el narcotráfico, especialmente las desinencias. Eso ha generado la violencia contra los excombatientes de las Farc”.
La alerta más reciente
En medio de la compleja situación por los atentados con motobombas, el 21 de agosto la Defensoría del Pueblo emitió su alerta temprana número 67 de este año, la cual da cuenta del riesgo en el que viven los habitantes de los municipios de Corinto y Caloto a raíz del reacomodo territorial de nuevos actores armados. El informe que la sustenta consigna el accionar de los nuevos grupos que llegaron a la región, como lo son una disidencia de las Farc, el Eln y el Epl, al igual que las amenazas a nombre de grupos de origen paramilitar como las Águilas Negras, las Auc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Sobre el grupo disiente de las Farc indica que estaría integrado por excombatientes del Frente 6 y de la Compañía Móvil Jacobo Arenas, que se identifican como ‘Nuevo Sexto’ o ‘Sexto Frente’. Viene en proceso de expansión desde mediados del año pasado, incorporando mandos medios de estructuras de las Farc que operaban entre Cauca y Valle del Cauca, entre desertores y disidentes, quienes están realizando hostigamientos, sosteniendo combates en ocasiones con interposición de población civil, y cometiendo amenazas, homicidios selectivos, extorsiones y reclutamientos forzados.
En cuanto al Eln, esa agencia del Ministerio Público alerta que la expansión de sus estructuras se fortaleció, en primera medida, por la salida de las Farc de la región; y en segunda, por el refuerzo que recibió de excombatientes; además, estaría operando en esos dos municipios en alianza con la disidencia del Frente 6, “cambiando de brazaletes según conveniencia”. Dicha situación ha despertado temor en las comunidades porque no saben si se trata de miembros del Eln que se desarticularon de su Comando Central (Coce), máxima instancia de decisión de este grupo insurgente, o si se trata de excombatientes de las Farc usando el nombre del Epl para seguir delinquiendo en la zona.
Del denominado Epl la alerta temprana indica que opera a través del Frente Suroccidental Andrey Peñaranda Ramírez y que si bien es posible que “esté integrado mayoritaria de excombatientes de las Farc-Ep, existe, al parecer, una relación con la fracción del Epl que opera en el Catatumbo que, en una primera avanzada desde finales de 2016, lograría ingresar, pese a las acciones de resistencia civil de las comunidades indígenas y campesinas, y empezar su posicionamiento y expansión en el Norte del Cauca y sur del Valle”. Consigna que viene fortaleciéndose desde finales de 2017, que se encuentra en guerra abierta con la disidencia del Sexto Frente de las Farc y cometiendo “asesinatos ejemplarizantes” de excombatientes en proceso de reincorporación.
Sobre los grupos que surgieron tras la desmovilización de las Auc, la Defensoría señala que “vienen realizando amenazas e intimidaciones mediante panfletos y llamadas telefónicas, a líderes y lideresas y autoridades étnicas, especialmente contra aquellos que llevan procesos relacionados con la reclamación de tierras y /o “liberación de la madre tierra”, contra los que están adelantando resistencia frente al avance de minería en sus territorios, o promoviendo y apoyando los puntos 1 y 4 del Acuerdo Final, especialmente el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS”.
Tras describir ese panorama, el informe alerta que “las veredas que hacen parte del sector montañoso y que conectan los municipios de Miranda, Corinto, Caloto y Toribio, y las ubicadas a la orilla de la carretera que comunica los cascos urbanos y corregimientos, vienen siendo afectadas con amenazas, intimidaciones, asesinatos; atentados contra la vida y contra bienes públicos y privados, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, hostigamientos y enfrentamientos contra la fuerza Pública en ocasiones con interposición de la población civil que han generado confinamientos parciales y desplazamientos individuales; secuestros y desapariciones forzadas, entre otras”.
La Defensoría del Pueblo concluye que la situación de riesgo para los pobladores de Corinto y Caloto, por la reconfiguración de disidencias de las Farc, así como por el surgimiento de otros grupos armados ilegales como el Eln y el Epl, ha aumentado alarmantemente “para las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas”. Aunque el informe valora la situación de esos municipios, la radiografía que realiza es similar a la descripción que angustiosamente relatan líderes sociales y étnicos de otras localidades del norte de Cauca.
La racha de atentados con motobombas y esta alerta temprana son un claro llamado de atención, otro más, para que el gobierno nacional, ahora en cabeza de una nueva administración, por fin tome las medidas necesarias, más allá de la típica intervención militar y su correspondiente aumento del pie de fuerza, para que los caucanos puedan gozar de una esquiva paz estable y duradera.
