En medio de las adversidades para vivir y progresar en esa convulsionada región de Norte de Santander, algunas conformaron la Red de Mujeres Comunitarias del Catatumbo. Con su liderazgo y tenacidad han logrado hacer realidad ideas de emprendimiento y superar afectaciones del conflicto.
“Paremos la guerra”. Con ese fin en mente, un grupo de mujeres, madres, esposas, hijas, defensoras de derechos humanos e integrantes activas de las Juntas de Acción Comunal (JAC), conformó su propia red comunitaria para frenar el conflicto armado.
En medio de la asfixiante realidad del Catatumbo, producida por los actores armados y el abandono, su propuesta está encaminada no sólo a la búsqueda del cumplimiento de los acuerdos de La Habana, firmados por el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la exguerrilla de las Farc, sino a promover la participación incluyente para consolidar la paz en el territorio nortesantandereano.
Alba Luz Trigos, coordinadora del Observatorio de Paz de Norte de Santander y encargada para la región del Catatumbo de la Red de Mujeres Comunitarias, considera que desde el ámbito local se pueden estructurar proyectos y movilizaciones para la construcción de un tejido social real siendo ellas articuladoras de los procesos de paz como el ya consolidado con las Farc y los rotos con el Eln.
El trabajo iniciado en seis municipios de la región del Catatumbo -Ocaña, Teorama, San Calixto, El Tarra, Convención y Hacarí- seguirá creciendo hasta que las catatumberas se tomen cada uno de los espacios de participación desde donde se pueda transformar la violencia y convertir en incluyente a la región para que todos quepan y las mujeres, permaneciendo en el territorio el cual han defendido por años, puedan desarrollar actividades para construir una economía sostenible que genere ingresos para las familias.
Y, sobre todo, reconocer que así como las mujeres dan a luz la vida, también pueden dar vida a acciones que permitan consolidad la paz en el Catatumbo donde se han presentado muertes de lideresas sociales y feminicidios.
Arcelia Prieto Lázaro es la representante legal de la Asociación de Mujeres del Catatumbo (Asomuca), conformada por 43 integrantes que buscan generar la paz en el corregimiento San Pablo, del municipio de Teorama. Ante la violencia que azota esa localidad, fue el temor el que las llevó a tomar la decisión de organizarse.
Por eso, quieren contrarrestar el atraso en que se han visto sumidas. Arcelia describe la situación de las mujeres de su pueblo como complicada: “Se escuchan muchos disparos, hay atentados y vivimos en medio de muchos grupos al margen de la ley”.
A pesar de lo luchadoras que son, participando en todos los eventos que se organizan en San Pablo, viven con miedo y suelta una frase premonitoriamente implacable: “Cada vez que salimos de la casa pensamos que no vamos a regresar”. Arcelia explica que no sólo el conflicto les genera amenaza, sino que también el riesgo se da cuando se ejerce contra ellas agresiones desde el interior de sus núcleos familiares, convirtiéndose en víctimas de violencia intrafamiliar.
El Estado no es ajeno a los temores fundados en las mujeres de San Pablo, pues el conflicto conlleva a la fuerte presencia de Fuerza Pública y muchas de las mujeres de Asomuca viven cerca de bases donde según ella, día de por medio, hay ataques contra los militares. “Un día lanzaron un cilindro que cayó a menos de cien metros de mi casa”, señala.
Persiste la violencia
La presencia y la confrontación entre diferentes grupos armados complica la labor asociativa de este grupo de mujeres, del que hacen parte iniciativas agro-empresariales que requieren de reuniones y traslados de un lado para otro, entrada la noche. El asesinato de lideresas y los feminicidios les preocupan grandemente porque si no son ellas, son sus esposos o sus hijos los que caen por causa de la violencia, de la que familias enteras resultan involucradas sin quererlo.
No obstante, lo más preocupante para la representante legal de Asomuca es que prácticamente todas sus asociadas están en riesgo y más de una vez han quedado en medio del fuego cruzado. A ello se suman las amenazas que grupos al margen de la ley ha proferido contra algunas de ellas.
Uno de sus mecanismos de defensa lo ven en su participación en la Red Comunitaria de Mujeres, en vista de que no tienen protección por parte del Estado. Le piden que piense en las comunidades rurales y no las deje solas, sobre todo que las apoyen en su iniciativa de aportar a la economía familiar a través de huertas caseras, plantas medicinales, cremas de achote, jabones a base de plantas y una línea de condimentos.
Liduvina Suárez Sánchez maneja un importante liderazgo como presidente de Junta de Acción Comunal de una de las veredas del municipio de El Carmen. Además, es representante legal de Asobroalto -productores de fruta-, quien tiene un alto interés por la Red de Mujeres Comunitarias, viendo en esta organización una representación femenina en diferentes áreas sociales trabajando por la gente para salir adelante.
Sin embargo, Liduvina ha sido objeto de amenazas a las cuales les ha querido restar importancia colocando por encima su actividad comunal. Se desplazó por casi un mes a la ciudad de Bogotá, pero la única alternativa que encontró fue regresar y seguir representando a una comunidad vulnerable, por la que trabaja al tiempo que adelanta los quehaceres del hogar.
Pero tomó medidas de protección por su cuenta: no regresó a su finca y se fue a vivir con una allegada pues no descarta que siga en riesgo, porque quienes la intimidaron se presentaron como miembros de un grupo armado organizado. Liduvina recuerda el caso de una de las mujeres de la vereda que fue secuestrada durante dos días y tras ser liberada dejó la región.
Yanubis Cecilia Domínguez Acosta, viuda de un líder comunal asesinado, es la presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Altos del Norte en Ocaña. Además, es una pieza importante en su sector donde no escatima esfuerzos para llegar incluso a ser consejera de su comunidad. “Hasta cumplo funciones de conciliadora”, dice la líder, quien por medio de la Red de Mujeres Comunitarias ha recibido capacitación, la cual replica en su comunidad.
Mujeres emprendedoras
Según la Red Nacional de Información (RNI), que apoya para el suministro rápido de información sobre las violaciones a los DDHH y DHI de la población víctima en el país al Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, en el Catatumbo hay un total de 37.978 personas afectadas por el conflicto armado, de las cuales 19.390 son mujeres.
El hecho victimizante que más las afecta es el desplazamiento forzado, siendo ellas, en su mayoría, cabeza de hogar. “Dentro de las declaraciones que se han presentado, han sido mujeres que sus esposos fueron afectados por la violencia, quedando desprotegidas junto con sus hijos”, explica al respecto Jessica Ibáñez, enlace municipal de La Unidad de Víctimas de Ocaña.
Madres cabeza de familia que luchan cada día por sacar adelante a sus hijos y asimismo aportar al proceso de construcción de paz dentro de sus territorios, sumándose a la red de mujeres del Catatumbo, articulando proyectos de vida productivos que generan una base económica para su sustento con el apoyo de instituciones como el Centro de Emprendimiento Municipal (Cemprendo), el Sena, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, y el área de derechos humanos de la Unidad de Victimas en Ocaña, que les brindan apoyo, asesoría, seguimiento y una ruta a los emprendedores de la región.
Jimena Navarro, directora de Cemprendo, afirma que su “foco principal es la población vulnerable, incluyendo el tema de víctimas, haciendo énfasis en las mujeres, porque hay circunstancias que las afectan más”.
Eunices Cruz es víctima del conflicto. Una mujer que no se quedó con los brazos cruzados, sino que quiso arrancar de cero para ser una reconocida microempresaria, y lo ha ido logrando.
Por su parte, la enlace de la Unidad de Víctimas indica que “lo que siempre se ha buscado es que las mujeres puedan tener su liderazgo y puedan ser fortalecidas en todo el proceso de desarrollo (…) Lo que se quiere es que ellas creen sus propias empresas y sean productivas”. Además del apoyo a su emprendimiento, se les brinda a estas mujeres por parte de las entidades comprometidas, un acompañamiento psicosocial para que puedan llevar a cabo un proceso de reparación individual y grupal, y así logren restablecer los derechos que les han sido vulnerados.
Igualmente, organizaciones como la Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña y el Catatumbo (Asodepo), trabajan por la reconstrucción del tejido social, mediante el acompañamiento para restablecer los derechos que se han visto afectados en el marco del conflicto armado y la participación de las mujeres víctimas en los espacios políticos y sociales.
Al respecto, Alfredy Galvis, presidente de esa Asociación explica que han “venido luchando por los espacios de participación, que en representación mayoritaria sea acogida por la población mujer. En este caso, Asodepo tiene ante la Coordinación de la Mesa Departamental de Norte de Santander y de la Mesa de Víctimas de Ocaña, una mujer que nos represente en este espacio tan importante, después de cuatro años de lucha”.
Todas han logrado darle un vuelco a su vida. Con su dinámica dentro de la sociedad se han ganado el respeto y cariño de la gente. De esta forma activa van superando el duelo que les ha dejado la guerra, al tiempo que impulsan el desarrollo de una región en la que no quieren un asomo más de conflicto.
El liderazgo que cuesta la vida
No son simples miedos infundados los que atormentan a las lideresas en el Catatumbo. Las amenazas y los hostigamientos en su contra son la constante que viven estas mujeres que luchan diariamente por sus comunidades. Muestra de ello son los casos de María del Carmen Flórez, Sandra Yaneth Luna y Miriam Zulay Hernández Silva.
La mañana del pasado 16 de mayo, Ocaña se estremeció con una nefasta noticia: de tres impactos con arma de fuego, fue asesinada María del Carmen Flórez, lideresa cívica reconocida en la provincia, cuando se transportaba en motocicleta y fue interceptada por sicarios en el sector conocido como La Ondina, ubicado cerca al Cementerio Central. Una vez cometido el crimen, los sicarios emprendieron la huida.
María del Carmen fue víctima de reclutamiento forzado por parte de la antigua guerrilla de las Farc, pero se escapó de sus filas. Una vez radicada en Ocaña trabajó en la Alcaldía y fue reconocida por su activismo en campañas políticas y por su liderazgo en el barrio Altos del Norte. Figuraba en los registros de la Unidad de Víctimas en condición de desplazada y al momento de su muerte trabajaba como independiente.
Sandra Yaneth Luna, quien era una reconocida líder del municipio de Tibú y presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tutumito Carbonera, fue secuestrada en septiembre de 2017 por un grupo de hombres armados, que irrumpió su hogar y la sacó de manera violenta. Pasó cerca de cinco meses desaparecida, hasta que las autoridades dieron con su cuerpo en el corregimiento de Campo Dos, en Tibú, la noche del 6 de febrero de 2018, con tres impactos de bala en varias partes de su cuerpo. Aunque se desconocen los móviles del crimen, se maneja la hipótesis de que, tanto el asesinato como su secuestro, fueron el resultado de una denuncia que interpuso en 2016 por una extorsión de la que era víctima.
El 11 de diciembre de 2017, en la vía que conduce al corregimiento San Faustino en Cúcuta, Norte de Santander, el cadáver de Miriam Zulay Hernández Silva, de 39 años de edad, fue encontrado enterrado en una finca y presentaba varios impactos de bala. Tres hombres armados y encapuchados la sacaron de su casa a las 7:00 de la noche del domingo. Miriam era presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Descanso, del corregimiento de Ricaurte, en Cúcuta. Durante el ejercicio de su labor realizó proyectos de mejoramiento de carreteras, acueducto y vivienda, destacándose entre su comunidad.
Grupos armados
La Red de Mujeres Comunitarias adelanta su labor en una región donde la presencia de los grupos armados ilegales es evidente y sus integrantes realizan sus labores en medio de las hostilidades. En los municipios donde realizar su actividad asociativa tienen fuerte influencia el Eln, Epl y disidencias de las extintas Farc. “En El Tarra, para nadie es un secreto que en el municipio hay presencia de tres organizaciones revolucionarias como las disidencias de las Farc, el Eln y se siente presión del Epl, ésta no tan abiertamente como las otras, pero sí lo hace como de una manera clandestina”, dice Yuleixer Antonio Torrado Sánchez, representante legal del Movimiento Fuerza Independiente Comunal (FIC), organización creada para hacer labor de emprendimiento y de la cual hacen parte 30 mujeres. El líder comunal asegura que mientras sean proyectos de bien para la zona, no hay interferencia de esas organizaciones. “Nunca han hecho represión” asegura Torrado.
Panorama agrario
Desde la Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, Catatumbo y sur del Cesar se ha buscado el apoyo de sistemas productivos. Según su director ejecutivo, Emiro Cañizares Plata, casos como el secado a la cebolla en San Calixto, el mejoramiento de la producción de trapiches paneleros de Sardinata, la producción de leche en La Esperanza, y el ejemplo de 110 familias de El Tarra que viven de la piscicultura, demuestra que no es necesario tener cultivos de uso ilícito.
Considera que de las estrategias mencionadas para acabar con la coca la mejor es lograr que los productores optimicen los procesos en sus cosechas con canales de comercialización: “Hay que llegarle a la comunidad rural con vías, agua potable y mejores ingresos así no va a tener que irse a las ciudades a realizar actividades informales o ilícitas”.
En la región del Catatumbo, según dato suministrado por la Asomunicipios, hay 33 asociaciones de mujeres campesinas con más de mil asociadas que adelantan procesos productivos. Entre estas se destacan la Asociación de Mujeres Cafeteras de los municipios de Convención y San Calixto y la Asociación de Mujeres Víctimas en El Tarra. “la mujer en el campo es el eje y la cohesión social pues no hay finca que funcione sin una mujer”
Región desplazada
Más de 900 personas han salido desplazadas en Norte de Santander por enfrentamientos entre Eln y el Epl. El dato lo entregó la oficina de coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA). Los desplazamientos se registraron en los municipios de Ábrego y La Playa del Belén, donde se han intensificado las acciones militares de los grupos armados ilegales enfrentados.
El organismo internacional reveló que el 24 de octubre al menos 865 personas, de 245 familias abandonaron las veredas de Ábrego: Hoyo Pilón, La Vega del Tigre, La Trocha, Bellavista, San Luis, Los Milagros y La Vega saliendo para otros puntos rurales de la región huyendo de los combates. Esas personas se ubicaron en dos alojamientos temporales que instalaron el Consejo Noruego para Refugiados y las administraciones de los municipios que acogieron a las personas desplazadas.
OCHA caracterizó el pasado 2 de noviembre cerca de 80 personas pertenecientes a 21 familias de las veredas de La Capellanía y Los Cascos, en La Playa de Belén, que salieron desplazadas buscando protección en el casco urbano del municipio de Ocaña. Según explicó esa agencia de Naciones Unidas, esto ocurrió luego de que miembros del Epl, conocidos también como Los Pelusos, los amenazaran y les dieran media hora para salir de la zona.
Emprendimiento en ETCR
El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicado en la vereda Caño Indio, de Tibú, juega actualmente un papel de suma importancia para la reconstrucción del tejido social donde se desarrollan por parte de un grupo de mujeres excombatientes oportunidades de emprendimiento.
Lucy Giraldo, quien por años hizo parte de las Farc, actualmente consejera política del partido en que se convirtió ese grupo insurgente, ha venido acompañando las iniciativas generadas por el Comité de Mujeres Género creado en el ETCR en el que artesanalmente se elaboran productos como shampoo, talco, diademas, aceites y agendas artesanales. “También crearon un libro que contienen historias de muchachas de Caño Indio”. Giraldo destacó que continúan, con el apoyo de un organismo de cooperación internacional, elaborando confecciones de camisetas con estampados alusivos a CATATUMBO TAMBIEN ES COLOMBIA y CATATUMBO REXISTE, “esto haciendo referencia a la resistencia y re existencia que hay en la región”.
Entre tanto, otro grupo de mujeres está en proceso de homologación de saberes en enfermería, odontología, regente de farmacia, administración en salud, haciendo prácticas en el hospital de Tibú. “Todo con mucho esfuerzo, dedicación, y sentido maternal para construir familias”, cuenta Lucy quien una vez conoció Cúcuta se dio cuenta de lo lejos que está la región no sólo en distancia sino en desarrollo.
Alcaldesas en el Catatumbo
Dos mujeres regirán los destinos de algunos de los municipios con más historia en el marco del conflicto en Norte de Santander. Cada una de ellas con experiencias que por poco les cuesta la vida durante su campaña.
El caso que más trascendió fue el asesinato del candidato a la alcaldía de Tibú, Bernardo Betancur, quien fue baleado cuando llegó a ser proselitismo en el corregimiento La Gabarra. Frente a su esposa, Corina Durán, fue acribillado. Sin embargo, la mujer no dio marcha atrás y tomó el liderazgo y reemplazó a su esposo en la aspiración política resultando electa en las elecciones del pasado 27 de octubre.
En un encuentro de alcaldes electos realizado en Ocaña, Durán aseguró que la mujer tibuyana jugará un papel fundamental pensando en la creación de la Oficina de la Mujer. Además dijo que impulsará a las asociaciones de mujeres de su localidad, con las que buscará demostrar que pueden generar políticas y acciones de desarrollo para su municipio.
Pese al atentado del que fue víctima Betsaira Montejo cuando, en plena campaña para la alcaldía de San Calixto, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo al interior de su vivienda, y del que se salvó por no estar en ese momento en su casa, decidió continuar con su intención logrando la mayoría de votos el día de las elecciones. Ahora, está decidida a darles relevancia a las mujeres de su pueblo a través de programas de emprendimiento, pero sobre todo, a “propender por los derechos de las san calixtenses.”
Colaboración de: Maira Alejandra Taborda Duarte, Yinde Daryane Sánchez Castro, Adrián Ricardo Martínez Angarita, Ana Milena Yaruro Picón, Geovanny Mejía Cantor -UFPS Ocaña-
