Sustitución de cultivos de uso ilícito reclaman las comunidades en diversas regiones del país; asperjar con glifosato es lo que impone el gobierno nacional. Las tensiones están a la orden del día, por lo que se temen nuevos conflictos si persisten medidas de fuerza.
La acción de tutela amparando derechos fundamentales como la vida, la salud, el debido proceso y un mínimo vital, para frenar la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, se ha convertido en una herramienta estratégica para frenar esa práctica impuesta por el gobierno nacional con el fin de repensar las medidas de contención de los sembradíos ilegales y brindarle garantías a los cocaleros.
Para el gobierno nacional, la única salida posible son las medidas de fuerza a través de la erradicación manual forzada, recurriendo para ello al despliegue de contingentes de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de los erradicadores contratados para esas labores, y la aspersión aérea, que está en proceso de aplicarse, pese a la resistencia de varios sectores sociales y políticos.
De hecho, el Ministerio de Defensa justifica la fumigación masiva con glifosato amparándose en las recientes masacres que han enlutado al país. A juicio del titular de esa cartera, Carlos Holmes Trujillo, esas matanzas se deben al narcotráfico, una conclusión que generaliza las razones de los hechos y que riñe con la realidad. (Leer más en: Masacres, estrategia de terror en múltiples confrontaciones)
Esa manera de enfrentar un problema que está irrigado de diversas regiones del país y que para 2019 se tasó en 169 mil hectáreas sembradas, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), ha generado graves problemas para las comunidades campesinas.
Iniciando el Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el gobierno nacional a finales de marzo pasado para contener la pandemia de COVID-19, la erradicación forzada se intensificó en once departamentos y en lugares donde los cultivadores se habían acogido al Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria (PNIS), creado en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas Farc como estrategia para contribuir a la solución del problema de drogas. En las regiones intervenidas se incrementaron las violaciones a los derechos humanos. (Leer más en: Erradicación forzada: ¿nuevo campo de batalla en medio de la pandemia?)
Un informe de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), publicado en julio de este año, registra 95 incidentes en operativos de erradicación forzada entre campesinos y miembros de la Fuerza Pública entre 2016 y 2020. La mayoría de ellos han ocurrido en 2020. (Descargar informe)
“Estos incidentes se han presentado en 11 de los 33 departamentos del país. Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Antioquia registran 71 de los casos”, se lee en el documento. “De estos casos, en el 20 por ciento se ha registrado el uso de armas de fuego por parte del Ejército o de un tercero sin especificar. Adicionalmente, en el 19 por ciento de los casos se ha presentado al menos un herido y se ha registrado al menos una persona muerta”.
La situación para los campesinos sembradores de hoja de coca para uso ilícito tiende a complicarse en los próximos meses. La meta del gobierno nacional es erradicar 130 mil hectáreas este año. Debido a las restricciones que ha impuesto la pandemia, la tarea no avanza a la velocidad que quieren las autoridades, de ahí el anuncio de implementar la aspersión aérea en la que tanto ha insistido el Ministro de Defensa en las últimas semanas.
Amparar derechos
Las intervenciones de agentes de la Policía y tropas del Ejército en las zonas cocaleras, utilizando fuerza desproporcionada y violando los principios de distinción consagrados en el derecho internacional, llevaron a varias organizaciones a radicar tutelas, todas ellas con el objetivo de frenar los operativos de erradicación forzada, favorecer la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y exigir el cumplimiento del Punto 4 del Acuerdo de Paz, referido a ofrecer una solución integral al problema de las drogas en el país.
Detrás de esas acciones jurídicas de apoyo a comunidades campesinas, afros e indígenas están el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar); el Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes); la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); el Centro de Estudios Culturales de la Memoria; y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam).
El amparo de derechos a través de la tutela se ha presentado en ocho departamentos -Cauca, Nariño, Caquetá, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Córdoba y Putumayo-. Si bien todas fueron negadas en primera instancia, al resolverse en segunda, por lo menos dos han sido falladas a favor de los cultivadores.
La primera de ellas fue decidida por el Tribunal Superior de Pasto el 23 de julio pasado a favor del resguardo indígena Inda Sabaleta del Pueblo Awá. El alto tribunal concedió el amparo solicitado a favor de esta comunidad de Tumaco, en Nariño, por el Cajar, y le ordenó a la Fuerza Pública suspender de inmediato los operativo de erradicación forzada con fin de garantizar el derecho fundamental a la consulta previa obligatoria para pueblos indígenas.
La segunda decisión fue proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, el pasado 18 de agosto, mediante la cual le puso freno a la erradicación forzada en los municipios de Caloto, Cajibío y Piamonte.
El Tribunal le ordenó a la Agencia de Renovación del Territorio y al Ejército Nacional “la suspensión inmediata de los operativos de erradicación forzada de cultivos ilícitos donde no se haya intentado previamente la sustitución voluntaria”, y que “cada vez que se vaya a adelantar procesos de erradicación forzosa deberá realizar procesos de información, persuasión y participación de las comunidades”.
En esos tres municipios caucanos se estaba presentando el mayor número de intervenciones de la Fuerza Pública este año y, paradójicamente, donde las familias se habían acogido al PNIS y estaban intentando sustituir los cultivos. En Cauca, según la Agencia de Renovación del Territorio, con cifras actualizadas a mayo de 2020, 5.691 familias están vinculadas a este Plan; 3.886 son cultivadores y 199 no cultivadores; 1.606 son recolectores y 260 recolectores contratados. (Descargar sentencia)
En los acuerdos colectivos, 3.059 familias recibieron los pagos acordados en el PNIS, que equivalen al 75 por ciento en asistencia alimentaria inmediata; 1.276 familias recibieron asistencia técnica Integral, que equivalen al 39 por ciento; 1.272 familias recibieron huertas, equivalentes al 31 por ciento y hasta ahora no hay ningún proyecto productivo. Se han sustituido 1.214 hectáreas, equivalente al 58 por ciento de avance. (Leer más en: El PNIS solo “aterrizó” en dos resguardos indígenas en el norte de Cauca)
Aunque con estas cifras se demuestre la voluntad de campesinos e indígenas para acogerse a la sustitución voluntaria, el gobierno nacional viene incumpliendo los pactos y ha dicho que no se harán más vinculaciones al PNIS porque se crearán las Zonas Futuro, un proyecto que aún no arranca, y que deja a miles de campesinos sin la posibilidad de otras oportunidades distintas al cultivo de coca; además los grupos armados también se oponen a la sustitución. (Leer más en: Zonas Futuro: ¿territorios donde podrían incrementarse las violaciones de derechos humanos?)
“Durante el tiempo transcurrido del gobierno de Duque y su política de paz con legalidad, se dio continuidad al incumplimiento con los pactos de sustitución que se traían con el gobierno anterior y se intensificaron los operativos de erradicación manual forzada y fumigación con glifosato en varias regiones del país”, asevera afirma Luz Mery Panche, indígena del pueblo Nasa que pertenece a la Asociación de Cabildos Indígenas de Caquetá, y quien ha acompañado este proceso de tutelas.
A su juicio, ese incumplimiento “lo que ha traído como resultado la violación de derechos humanos contra las comunidades que se han enfrentado a la Fuerza Pública, exigiendo el cumplimiento cabal de los pactos de sustitución para que se les garantice su subsistencia y no se les condene a morir de hambre, a ser señalados como parte de grupos insurgentes y a procesos judiciales”.
Más tutelas
“Distintas organizaciones sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos y eclesiales, decidimos emprender múltiples estrategias para apoyar a las comunidades en esta difícil situación y buscar posicionar, desde distintas herramientas, lenguajes y formatos, la coyuntura y la problemática que se estaba viviendo y se sigue viendo hoy en muchos lugares del país”, asegura una investigadora de Cealdes que prefiere omitir su nombre por seguridad.
Y continúa explicando que “las tutelas decidimos hacerlas por departamento para tener más posibilidad. En cada una de estas se presentaron las violaciones a los derechos humanos que se estaban viviendo en estos territorios. En primera instancia todas las tutelas salieron desfavorables, principalmente con los argumentos de ausencia de legitimación o la existencia de otros medios para realizar este tipo de exigencias, como la acción colectiva. Sin embargo, creíamos que estos argumentos no tenían peso y decidimos apelar la mayoría de las tutelas en una segunda instancia”.
En el segundo caso, el Tribunal caucano se refiere al Auto 387 de 2019 de la Corte Constitucional que establece la existencia de “una jerarquía entre los medios de erradicación, priorizándose la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada”.
Además, el fallo precisa que con esta decisión no trata de proteger el narcotráfico, sino lo pactado en el Acuerdo de Paz, “salvaguardando al campesino humilde y trabajador que se ha visto obligado a sembrar esta clase de cultivos por la pobreza en la que se encuentra, cuyas causas son centenarias y demandan la presencia del Estado a fin de atender las necesidades no resueltas de la Colombia rural históricamente relegada y actualmente sometida por el recrudecimiento de la violencia generado por distintos actores ilegales, especialmente en el departamento del Cauca”.
Para los demandantes, la responsabilidad de los derechos vulnerados recae en los ministerio de Defensa, Salud y de Protección Social, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Consejería para la Estabilización y Consolidación, la Agencia de Renovación del Territorio, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y el departamento de Cauca.
Para la líder indígena del pueblo Nasa, “los fallos judiciales son importantes por el reconocimiento de sujetos de derechos a los campesinos que cultivan la hoja de coca para su sobrevivencia y que el gobierno considere que debe garantizar la participación efectiva de las comunidades en las medidas que se piensan implementar”.
Esas decisiones -agrega- les han dado un respiro a las comunidades, “tan asfixiadas por operativos contra los cultivos y los desalojos de Parques Nacionales, sin embargo, se ha presentado desobediencia a las órdenes de los jueces y se anuncian acciones desde el gobierno para seguir con sus fallidas políticas”.
Sin el debido proceso
Si algo ha quedado claro en los casos de Nariño y Cauca es que las intervenciones de la Fuerza Pública no han tenido la debida diligencia, por ello se han presentado las tensiones, agresiones y afectaciones contra las comunidades.
En el caso del departamento de Nariño, la tutela fue presentada luego del asesinato del comunero indígena Ángel Artemio Nastacuas Villarreal ocurrido el 22 de abril de este año en el Resguardo Inda Sabaleta. Ese día, denunció la Unidad Nacional Indígena Awá (UNIPA), agentes de la Policía Nacional en tareas de erradicación forzada ingresaron a un sector del resguardo “disparando ráfagas de fuego con sus armas”. El saldo fue una persona muerta y tras más heridas,
Para el caso de Cauca, desde el 30 de marzo, ya bajo las restricciones del Aislamiento Preventivo Obligatorio, empezó la erradicación forzada en Cajibío, Caloto y Piamonte, donde decenas de campesinos se acogieron al PNIS. A estos municipios llegaban más de 30 soldados a las fincas, sin tapabocas ni protocolos de bioseguridad, exponiendo a los labriegos al contagio de COVID-19. En el mes de abril aumentaron su presencia.
Para mayo la situación se complicó cuando los campesinos intentaron detener las erradicaciones y dialogar con el Ejército, y este último hizo unos disparos de fusil al aire, generando tensión en las comunidades. Las erradicaciones continuaron.
“En ese momento, donde las comunidades campesinas se han negado a que erradiquen los cultivos, se ha demostrado con pruebas en las distintas tutelas que el Ejército Nacional ha emprendido acciones de ataque contra las comunidades que se encuentran indefensas y esto ha dejado el resultado de muchas personas heridas por gases lacrimógenos, por impactos de bala. Esto ha sido reiterativo en la mayoría de los escenarios”, explica la investigadora de Cealdes.
Por su parte, Panche afirma que hasta ahora lo que ha quedado claro “es que, en el desarrollo de estos operativos, las comunidades no conocen los protocolos que deben cumplir las instituciones. En todas las regiones se han presentado confrontaciones de la población civil con la Fuerza Pública con saldo de heridos, judicializados y los señalamientos que hacen comandantes militares contra las comunidades, agudizando la situación de riesgo para dirigentes y comunidades en general”.
La líder indígena reclama por la ausencia de informes de las entidades competentes sobre los avances de investigaciones referidos “a los hechos de violación de derechos que se han denunciado desde las comunidades y personas afectadas”.
Terquedad gubernamental
Por esos mismos días de la decisión del Tribunal del Cauca, el Ministro de Defensa, inició una campaña anunciando una “hora cero” para municipios donde se daría inicio a la aspersión aérea.
Además, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) decidió, unilateralmente, mediante Auto 06943 del 23 de julio de 2020, levantar la suspensión de audiencia pública virtual para iniciar la aspersión aérea con glifosato, convocándola para el 1 de septiembre, la cual no pudieron realizar.
Sobre las tutelas instauradas, todas instancias del Estado deslegitiman ese amparo de derechos. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado afirma que “no se vulneran derechos fundamentales, toda vez que la erradicación manual forzada de cultivos ilícitos es una actividad legítima del Estado para combatir el crimen y el narcotráfico, a fin de proteger la salud pública”.
El Ministerio del interior argumenta que “se configura la falta de legitimación en la causa por activa, debido a que el derecho a la consulta previa recae únicamente en las comunidades étnicas, y en el presente caso no está demostrado que la parte accionante lo sea.”
En el Ministerio de Defensa y el Ejército hacen alusión a que “el aumento de cultivos ilícitos en el territorio colombiano consolida las economías ilegales y genera las condiciones para la financiación, crecimiento y sostenimiento de las organizaciones criminales que afectan la seguridad nacional”.
El gobierno nacional se ha empecinado en regresar a la estrategia de aspersión aérea, suspendida desde 2015, en la administración del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), cancelación que ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por el ministro Holmes Trujillo.
Una de las discusiones sobre la posibilidad de asperjar los cultivos de hoja de coca para uso ilícito se centra en los altos costos del proceso, tema que el gobierno nacional ha tratado de minimizar. Así ocurrió a mediados del año pasado durante una audiencia sobre el tema en la Corte Constitucional.
A la pregunta de cuánto cuesta asperjar vía aérea una hectárea de hoja de coca, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, sostuvo que 2 millones de pesos. El magistrado Alejandro Linares, que conducía la audiencia, dijo que tenía información de que el costo podría llegar a los 100 millones de pesos. Y el exministro Alejandro Gaviria, quien ha estudiado el tema a profundidad, aseveró que las cifras estarían cercanas a los 210 millones de pesos por hectárea.
La terquedad del gobierno nacional es cuestionada por distintas organizaciones sociales. La investigadora de Cealdes afirma que “el actual gobierno ha favorecido volver a una política antidrogas, que se ha demostrado que ha fracasado y no ha logrado llegar con soluciones para acabar con el problema de las drogas”.
A su juicio, el país iba por buen camino al contemplar la sustitución voluntaria pactada en el Acuerdo de Paz y en la búsqueda de alternativas para las comunidades, “pero el gobierno retorna a la militarización sin cumplir lo pactado”.
Esta actitud gubernamental ha generado una difícil situación humanitaria en diferentes regiones del país, privando a las comunidades campesinas, afros e indígenas de medios de subsistencia, provocando casos de desplazamiento forzado y ocasionando el asesinato de campesinos a manos de la Fuerza Pública.
La Coccam ha denunciado el asesinato de 71 personas entre 2017 y junio de 2020, todos ellos cultivadores de hoja de coca que se habían acogido al PNIS. Sin embargo, el director del PNIS, Hernando Londoño, quien asumió ese cargo en enero de este año, ha dicho en diferentes medios de comunicación que hasta ahora no tienen registrado ningún caso de asesinato.
Ante esos pronunciamientos, Arnobis Zapata, vocero de Coccam, asegura que “el director sólo tiene por entendido que los líderes del PNIS son aquellos que asisten o representan a las comunidades en los escenarios descritos en el Decreto 362, pero lo que desconoce es que para que el PNIS se implemente no sólo han participado esos delegados sino los presidentes de Junta, los otros líderes de las comunidades que no están en esos escenarios por que la participación en ellos es limitada”.
La líder del pueblo Nasa considera que para que haya un mejor escenario para los campesinos y comunidades étnicas “se deben cumplir a cabalidad con los pactos de sustitución, resolver la situación de las familias que han sido suspendidas en esos pactos, ampliar los cupos para nuevas familias interesadas en sustituir y concertar con las comunidades y organizaciones sociales la implementación del PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y del Acuerdo de Paz en su conjunto, priorizando la Reforma Rural Integral como parte fundamental”.
Por lo pronto, las tensiones continuarán, pues ni el gobierno nacional parece ceder a su idea de asperjar por vía aérea y las organizaciones defensoras de derechos humanos insistirán en las acciones de tutela como mecanismo de amparo de las comunidades afectadas por las medidas de fuerza.
