El Programa Somos Defensores celebra 25 años de documentar y denunciar las agresiones que padecen quienes lideran variadas reivindicaciones o defienden los derechos de diversas comunidades. Hablamos con su coordinadora.
Colombia es el país más peligroso para ejercer la defensa de los derechos humanos. En los últimos años ha ocupado el primer lugar en la medición mundial que realiza la organización Global Witness y en diciembre del año pasado la Corte Constitucional declaró “estado de cosas inconstitucional” ante los desbordados niveles de violencia que padecen quienes libran esa lucha.
Esa situación ocurre a pesar de las constantes denuncias y acciones de sensibilización que realizan diferentes organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas se destaca el Programa Somos Defensores, que combina la rigurosidad de la investigación cuantitativa, la mirada profunda para realizar análisis de contexto y la creatividad para producir informes periódicos de manera atractiva para la opinión pública.
Hoy esa organización cumple 25 años de trabajo ininterrumpido. Para conocer sobre su trayectoria, la lectura que tienen sobre la violencia que padecen las personas defensoras de derechos humanos y su devenir como un referente de información, hablamos con Astrid Torres, quien desde el pasado mes de enero asumió su Coordinación.
Verdad Abierta (VA): ¿Cómo se creó el Programa Somos Defensores?
Astrid Torres (AT): Arranca como una iniciativa de la Comisión Colombiana de Juristas, de la Asociación Minga, de Benposta Nación Muchachos y del CINEP en 1998. Para finales de la década de los 90 la situación de los defensores era muy crítica: muchos fueron desaparecidos, asesinados y judicializados.
Estas cuatro organizaciones empiezan a pensar cómo hacerle frente a la situación y para esa época, a nivel internacional, se dio la declaración sobre personas defensoras de derechos humanos por parte de la Asamblea General de la ONU. Este programa nace como una fuerte preocupación por la protección de las personas defensoras, que ahora se habla del derecho a defender los derechos humanos.
VA: ¿Cómo ha cambiado la violencia contra las personas defensoras a lo largo del tiempo?
AT: Los patrones han cambiado y han sido diferentes en cada época. En los 70 y 80 estuvieron muy marcados por lo que se llamó guerra sucia y estuvo enfocada contra abogados defensores. Había patrones muy marcados contra la Unión Patriótica, Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos) y el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, que eran grandes organizaciones, vinculadas al tema de defensa de personas detenidas por razones políticas.
Para los 90 cambia. Muchos defensores no eran abogados sino personas que trabajan en otras áreas. En esa época surgen plataformas y organizaciones que hacen un trabajo desde la reivindicación de acuerdos humanitarios y de la lucha contra la impunidad. Muchas eran organizaciones de base y regionales. Sus integrantes fueron víctimas de judicializaciones, amenazas, detenciones… La presencia del paramilitarismo y de agentes estatales fue muy difícil a nivel de agresiones.
Del 2000 hasta ahora, tras las desmovilizaciones, hay otros nuevos patrones de violencia. Uno de los grandes retos es identificar a los agresores. Antes se podía saber que el agresor era el paramilitarismo, el Estado o la guerrilla. Hoy tenemos el gran reto de saber quién está operando en el territorio. Tenemos un grueso número de casos en los que no sabemos quién es el agresor.
La estigmatización es un factor común que sigue teniendo la labor de las y los defensores. Tenemos un gran número de asesinatos, pero también de amenazas, desplazamientos y confinamientos en los territorios. Eso evidencia el comportamiento de los actores armados frente a los liderazgos sociales.
Hoy, muchos de los líderes y lideresas sociales no son de grandes organizaciones y plataformas como lo fueron en los 80 y 90, son de organizaciones de base: el de la JAC, el que trabaja en la veeduría, el líder que está apostándole a la paz; están en territorios recónditos del país. Ya no son contra grandes organizaciones.
VA: Los defensores de derechos humanos viven en una gran paradoja porque tras la firma del Acuerdo de Paz, los niveles de violencia contra ellos se dispararon como nunca. ¿Por qué ocurre esa situación?
AT: Hay varios factores. El primero de ellos es que el gobierno de Iván Duque no implementó integralmente el Acuerdo de Paz. La implementación integral requería que se reconocieran los cinco puntos del acuerdo, especialmente la política pública de desmantelamiento de estructuras herederas del paramilitarismo y otras que generan violencia contra organizaciones y comunidades. Esa política sólo salió este año, por lo que tiene un retraso de seis años. Eso afectó y permitió el reciclaje de una violencia más degradada, en donde los líderes sociales son el grupo más atacado.
Segundo, el papel de la Fiscalía General de la Nación y la falta aplicación de justicia tienen mucho que ver mucho. El alto número de impunidad que tenemos en casos de homicidios, sin contar amenazas, estigmatización, atentados y demás. El proyecto que tenemos con (Verdad Abierta), Historias Inconclusas, reveló que sólo el 5% de los asesinatos tiene sentencias. Eso evidencia que, si tienes un patrón como la impunidad, los hechos se repiten porque no hay quien proteja a los defensores y al quedar impunes esos crímenes, el mensaje que se manda es que no pasa nada.
También están los actores armados. Surgieron disidencias de las Farc como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, que evidencian que en Colombia no logramos avanzar en que los procesos de dejación de armas sean sostenibles. Hay que hacer una reflexión sobre el reciclaje de violencia. La Defensoría del Pueblo dice que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia están en más de 450 municipios y que en un año avanzaron en 150. El reciclaje de la violencia irrumpe en los territorios y agrede a los líderes sociales. Es un ciclo cada vez más degradado.
VA: ¿Cuáles consideran que son los mayores aportes que ha logrado el Programa Somos Defensores?
AT: El principal, el programa ha sido parte del movimiento de derechos humanos que le ha aportado a Colombia el derecho a defender los derechos humanos. A través de las prácticas y estrategias del Programa Somos Defensores, hemos podido fortalecer el movimiento y dotar de herramientas la exigibilidad del derecho a defender derechos humanos y dar un salto cualitativo para proteger a líderes y lideresas.
Segundo, el programa se ha convertido en un referente para la comunidad internacional y para el Estado. No sólo con nuestro sistema de información, sino con nuestros análisis. También es un referente para organizaciones territoriales. Para nosotros esto es clave porque trabajamos con ellas y cruzamos estrategias para la protección y el derecho a defender.
Por otro lado, ha aportado en la discusión y la necesidad del cambio del modelo de protección que tiene el país. Gracias al movimiento de derechos humanos, durante su trayectoria ha incidido en decretos y normativas en materia de protección. El Programa Somos Defensores ha hecho un gran esfuerzo por ubicar en la opinión pública un modelo de proyección y una institucionalidad que garantice la protección, no pensado sólo en medidas materiales (escolta, carro blindado y chaleco antibalas), sino en un enfoque colectivo, territorial y con enfoques diferenciados, que combinen con un modelo de prevención.
VA: Ustedes se caracterizan por la rigurosidad de los casos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos que documentan. ¿Cómo hacen su trabajo?
AT: El programa tiene cinco líneas de trabajo. Una de ellas es el sistema de información. En 25 años, el programa cuenta con un sistema cada vez más detallado de las agresiones que sufren los defensores en el país. Este es un proceso en permanente contrastación de información: recibimos casos de los territorios, triangulamos información, consultamos bases de datos disponibles, compartimos información con observatorios territoriales. Es un ejercicio permanente de contrastación de información y comunicación directa con los territorios.
Sabemos que no tenemos las cifras únicas, pero las cifras que tenemos vienen directamente y son de fuentes que podemos contrastar. Recibimos información y empezamos a contrastar, a revisar, a establecer y hacer lecturas cualitativas para determinar por qué suceden las agresiones en los territorios.
Por ese trabajo, podemos sacar informes con retraso en virtud de constatar caso a caso, para saber lo que ocurrió y tener certeza de que esas agresiones ocurrieron por la labor que desempeñan las y los defensores. En un país como el nuestro, donde todas y todos estamos expuestos a un riesgo ordinario, siempre nos toca tener una lupa mucho más concentrada para establecer que las agresiones fueron por su labor de liderazgo.
VA: Contar la misma historia durante años es muy difícil y ustedes son muy creativos para presentar sus informes, aludiendo a analogías y a estéticas basadas en películas, obras de teatro, libros y demás. ¿Cómo es su proceso de publicación?
AT: Es un tema fundamental. Así como tenemos la rigurosidad con el sistema de información, contamos con una línea de comunicación estratégica. Se incluyó en el programa para poder incidir sobre la opinión pública de cara a favorecer la labor de los defensores y luchar contra la estigmatización que padecen.
Ha sido un desafío enorme tener unos formatos y narrativas variadas para lograr que la situación de los defensores se conozca. Nosotros trabajamos un campo estadístico, pero buscamos cómo poner rostro a esas cifras; cómo contar quiénes son y que son personas agredidas o asesinadas por su labor, que tenían sueños y que es necesario que la sociedad colombiana reacciones frente a eso.
VA: En sus registros, los liderazgos pertenecientes a movimientos indígenas y comunales siempre figuran como los más atacados. ¿Por qué ocurre esa tendencia?
AT: Las comunidades étnicas tienen un ejercicio de autonomía en sus territorios. Eso entra en tensiones fuertes con actores armados que quieren ingresar y ejercer su violencia. Los pueblos indígenas han sufrido este ataque por su liderazgo en la protección de sus territorios, de sus comunidades y por su ejercicio de liberación de la Madre Tierra; además, los actores armados que tratan de imponer sus reglas y hacer reclutamiento forzado, y se dan disputas con empresas transnacionales que quieren entrar en sus territorios. Esas variables hacen que los pueblos indígenas, especialmente sus autoridades y a Guardia Indígena, casi siempre estén en el ojo de grupos armados y conflictividades sociales.
Frente a los comunales hay una variación importante. En la práctica, están en cualquier parte de Colombia: ya sea en las Juntas de Acción Comunal, en ejercicios de veeduría o impulsado la construcción de paz. Son líderes naturales que trabajan en temas álgidos y están supremamente expuestos. Se ocupan de la vida colectiva y eso los pone frente a los actores armados que quieren imponer sus reglas y tener control social.
VA: ¿Qué le espera al Programa Somos Defensores en el futuro?
AT: Es raro pensar que vamos a cumplir muchos años y uno esperaría que nuestro programa se transforme hacia otras cosas porque la situación de las personas defensoras de derechos humanos mejorará, pero por ahora tenemos grandes retos como equipo. Entre ellos, está sacar adelante, con el resto del movimiento de derechos humanos, propuestas para cambiar el modelo de protección para que sea capaz de prevenir y reaccionar de inmediato.
Seguiremos trabajando en nuestros informes de manera independiente, pero con las comunidades, las organizaciones y los territorios, para interpretar lo que está pasando en el país y denunciar, sin dejar de hacer propuestas para enfrentar esas situaciones de riesgo.
Otro reto es continuar haciendo comunicación estratégica que le permita al país comprender la situación. Hay que volver el tema de los defensores de derechos humanos una conversación cotidiana pero no trivial; una conversación que a los ciudadanos en Colombia los preocupe y los toque, para que también actúen en la protección de líderes y lideresas desde la concepción cultural, social y política.
