Los generales(r) Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca Perilla fueron llamados a indagatoria por la Fiscalía, que investiga su presunta responsabilidad en el asesinato de 12 miembros de una comisión judicial en La Rochela en 1989.
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Doce miembros de una comisión judicial fueron asesinados en la masacre de La Rochela. Foto: Semana – Fiscalía reabrirá procesos a militares por masacre de La Rochela -La enseñanza de La Rochela  – Sentencia de la CIDH sobre la masacre de La Rochela – Sentencia de la CIDH sobre la masacre de 19 Comerciantes en Santander |
El próximo 14 de julio los generales retirados Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca Perilla, rendirán indagatoria para esclarecer su presunta responsabilidad en la masacre de La Rochela el 18 de enero de 1989.
Ese día grupos paramilitares asesinaron a 12 miembros de una comisión judicial que investigaban la masacre de 19 comerciantes en el Magdalena Medio, cometida por grupos de autodefensa de esa región en 1986.
El 11 de mayo de 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por esta masacre y ordenó reabrir investigación por el crimen y juzgar a los autores materiales e intelectuales. (Descargar sentencia completa)
Los investigadores fueron asesinados por 40 miembros del grupo paramilitar ‘Los Masetos’, y según investigaciones posteriores se pudo determinar que contaron con la cooperación de agentes del Estado. Los paramilitares bajo el mando de Henry Pérez retuvieron a dos jueces de instrucción criminal, dos secretarios de juzgado y once miembros del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial (CTPJ). Doce de ellos fueron asesinados.
Con la masacre los paramilitares pretendían evitar que avanzara la investigación en contra de las Autodefensas del Magdalena Medio por la masacre de los comerciantes que fueron asesinados presuntamente por ser auxiliadores de la guerrilla.
Por este caso, el de los comerciantes, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Descargar sentencia completa)
Por la investigación por la masacre de La Rochela, la Fiscalía informó que dictará medida de aseguramiento en contra de Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’, lo que podría complicar su situación en Justicia y Paz ya que no ha querido reconocer ningún tipo de crimen, argumentando que el solo ejercía el cargo de jefe político de las Auc.
Báez fue fundador del movimiento político Morena y de las Autodefensas del Magdalena Medio que fue responsable de las dos masacres.
No es la primera vez en que altos mandos militares han sido llamados a responder por su presunta complicidad en la realización de la masacre, en junio de 2008 la Fiscalía vinculó al expediente al general retirado Farouk Yanine quien se desempeñaba como comandante de la Segunda División del Ejército y ha sido acusado de promover la creación de grupos paramilitares en el Magdalena Medio.
Por estos hechos el Estado colombiano aceptó su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió perdón a los familiares de las víctimas en un evento organizado por la Fiscalía General de la nación en el que se instaló una placa conmemorativa en el bunker de la Fiscalía en Bogotá.
El caso de Farouk Yanine
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| En junio de 2008 la Fiscalía vinculó al expediente al general retirado Farouk Yanine a la investigación por la masacre de la Rochela. |
En razón a que varios testigos acusaron a Yanine y a otros militares de haber participado en el asesinato de los 19 comerciantes, en octubre de 1996 la Fiscalía vinculó al general Yanine en este caso. Meses después, y particularmente por las confesiones del jefe paramilitar Alonsode Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir, según las cuales el ex oficial asistió a varias reuniones con la cúpula de las Autodefensas del Magdalena Medio, el ente investigador acusó al general de los delitos de secuestro extorsivo, homicidio múltiple y conformación de grupos de justicia privada. Casi de inmediato la Justicia Penal Militar entabló una colisión de competencias.
En noviembre de 1996 el Consejo de la Judicatura le entregó el caso a la Justicia Penal Militar, que se tomó siete meses para concluir que el general Yanine Díaz no tuvo responsabilidad en el caso de los 19 comerciantes. En esencia, la preclusión a su favor obedeció a varios argumentos entre ellos, que para la época de los hechos Yanine estaba al frente de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá y no estaba en Santander.
Ante la impunidad que rodeó este expediente, los representantes de las víctimas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que en mayo de 2006 notificó al Estado colombiano que debía comparecer en este caso. El asunto pasaría después a examen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que un año después condenó al Estado y, de paso, dejó abierta la opción de que la Fiscalía volviera a indagar la presunta responsabilidad del general Yanine Díaz y otros militares.
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