El reciente asesinato de un campesino reclamante de tierras en zona rural de Valencia no solo vuelve a poner el dedo en la llaga sobre la poca seguridad de los reclamantes; también alerta sobre las dificultades para la restitución de tierras en este departamento.
Amenazas y asesinatos de líderes que reclaman tierras son grandes obstáculos para la restitución en el departamento de Córdoba.El asesinato del campesino reclamante de tierras, Gildardo Padilla Ortega, ocurrido el pasado 17 de noviembre en zona rural del municipio de Valencia, Córdoba, se suma a una larga cadena de amenazas, intimidaciones y asesinatos que vienen padeciendo desde principios de este año los labriegos víctimas de despojo de tierras en este departamento.
El 9 de abril de este año fue asesinado en zona céntrica de Valencia Ever Antonio Cordero, presidente de la Mesa de Víctimas de este municipio. Paradójicamente, su muerte se produjo luego de regresar de una reunión con funcionarios de la Administración Municipal con quienes coordinaba la realización de actos conmemorativos al Día de las Víctimas.
Semanas atrás, el 24 de marzo, fue hallado sin vida en aguas del río Sinú, a la altura del municipio de Montelíbano y con sendas heridas de arma de fuego, el cuerpo de Ermes Enrique Vidal Osorio, representante legal de la Asociación de Víctimas de Desplazamiento (Asoder) y también reclamante de tierras.
Lo que realmente inquieta a las organizaciones de víctimas y de reclamantes de tierras es que dicha situación ya había sido advertida al Gobierno Nacional por la ciudadanía, circunstancia que fue reforzada por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en el Informe de Riesgo N. 032-13, del 23 de septiembre de 2013.
En ese informe, esta agencia del Ministerio Público le recomendó al Ministerio del Interior emitir Alerta Temprana para los municipios de Valencia y Montería, debido a la delicada situación de orden público vivida allí y que ponía en alto riesgo de vulnerabilidad a “las víctimas de despojo en ambos municipios, funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, campesinos que fueron objeto de restitución de tierras, miembros de asociación de campesinos desplazados de Santa Paula”, entre otros.
De acuerdo con el Informe del SAT, la fuente del riesgo lo constituyen hoy las denominadas bandas criminales emergentes, especialmente ‘Los Urabeños’, que en su afán por consolidarse como el actor hegemónico en el negocio del narcotráfico han venido sosteniendo guerras intestinas con otras organizaciones armadas ilegales, situación que ha dejado a las comunidades en medio de un indiscriminado fuego cruzado.
A lo anterior se suma que, para las bandas criminales, ambas localidades representan enclaves importantes dentro de la producción de alcaloides. Según los análisis del SAT, Valencia resulta fundamental para el procesamiento de cocaína mientras que Montería es el principal corredor por el cual transportar el alcaloide, toda vez que permite conectar fácilmente con la zona costanera cordobesa así como con el Golfo de Urabá.
Lo anterior se ve reflejado en las acciones violentas desplegadas por las bandas criminales, y en este caso por ‘Los Urabeños’, para mantener el control férreo de la zona, la vigilancia en la población y la defensa delas tierras utilizadas para el negocio del narcotráfico, incluso si estas fueron despojadas en el pasado, situación que deja en grave riesgo a los campesinos que lideran procesos de restitución de tierras, tal como lo consignó el SAT en su Informe: “los representantes de organizaciones de víctimas y la población que busca ejercer el derecho a la restitución de tierras, así como para aquella que ha sido beneficiaria de procesos de reubicación, o busca acceso a la tierra, se enfrenta al riesgo de amenazas, homicidios y desplazamientos forzados”.
La fuerte presencia de ‘Los Urabeños’ en la región extiende el riesgo a los menores de edad, las mujeres y habitantes de zonas rurales, toda vez que “el discurrir de la vida cotidiana de la población rural y urbana de los municipios de Montería y Valencia está condicionada y por tanto, es probable la ocurrencia de homicidios selectivos y múltiples, tortura, constreñimiento a las libertades fundamentales (circulación, expresión, reunión, etc.), reclutamiento forzado y utilización de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual y explotación sexual con fines comerciales de niñas, trabajos forzosos, desplazamiento forzado, desaparición forzada, amenazas, y despojo de tierras y predios”.
Miedo generalizado
Un reporte de la Unidad de Restitución de Tierras del 25 de abril del presente año señalaba que Valencia, con 505 solicitudes; y Montería, con 408, eran los municipios con mayores peticiones de ingreso a los registros de restitución de tierras en el departamento de Córdoba. De un total de 71.065 hectáreas solicitadas en restitución en este departamento, 19.114 se concentran en estas dos localidades (9.620 en Valencia y 9.494 en Montería).
La magnitud de solicitudes llevó a la Unidad a macrofocalizar las subregiones conocidas como Alto Sinú, Alto San Jorge y Montería; es decir, la instancia gubernamental comenzó a concentrar sus acciones en los municipios ubicados en las regiones mencionadas. Para hacer aún más expedito la acción procesal, la Unidad decidió concentrarse en los municipios de Valencia y los corregimientos de Leticia y Martinica de la ciudad de Montería.
Y si bien dicha decisión debe estar precedida por un concepto favorable de seguridad expedido por el Ministerio de la Defensa Nacional, lo que advierte el SAT en su Informe de Riesgo 032-13 es que el procesode restitución en estos municipios en particular se viene desarrollando en un ambiente donde persiste el conflicto armado y donde los poderes que han estado detrás del despojo continúan teniendo injerencia en la vida cotidiana de ambas localidades.
“El proceso de restitución de tierras tanto en su etapa administrativa y judicial, como en la entrega material, se enfrenta a una “oposición violenta” no solamente por el grupo armado ilegal que ejerce control en la zona sino también por otros agentes de poder que no son de fácil identificación, pero que tienen capacidad de organización y activación de la violencia para preservar el dominio sobre lo usurpado”, consignó el SAT en su Informe.
Para sustentar lo anterior, el SAT documentó varios casos ocurridos en el último año, donde campesinos de Valencia y Montería beneficiados con decisiones judiciales de restitución de tierras han sido víctimas directas de amenazas de muerte por parte de ‘Los Urabeños’.
Uno de dichos casos guarda relación con el predio Santa Paula, que perteneciera a Fidel Castaño. En mayo de este año, el Tribunal Superior de Antioquia, en su sala especializada en restitución de tierras, ordenó restituir dicho predio a 60 familias cordobesas. Sin embargo, dos meses después, los campesinos beneficiados con la decisión judicial manifestaron ante organismos de seguridad que terceras personas no solo continuaban ejerciendo dominio material sobre las parcelas restituidas sino que advertía a los labriegos que allí no podían volver porque las tierrasya tenían dueño.
“En Valencia, se conoció información sobre presuntas presiones o amenazas contra funcionarios locales para que no se involucren en el proceso de restitución de tierras. Al igual que los líderes campesinos víctimas de despojo, algunos funcionarios también reconocen que la restitución de tierras es un factor de vulnerabilidad para la vida e integridad, por tanto, a manera de precaución, se abstienen de adelantar gestiones en esa materia”, refirió el SAT en su Informe.
A lo anterior también se suman las amenazas de muerte y las órdenes de desplazamiento forzado que vienen siendo objeto los campesinos que lideran procesos de restitución en Valencia y Montería. Quizás el caso más dramático lo representa la familia del asesinado Ever Antonio Cordero, quienes debieron abandonar la región a mediados de julio de este año, por amenazas de ‘Los Urabeños’.
Falta confianza
Gildardo padilla Ortega venía adelantando solicitud de reclamación de una finca de 194 hectáreas ubicada en la vereda La Rula de San Pedro de Urabá así como de otro predio ubicado en el corregimiento Macondo, de Turbo. Ambos le fueron despojados por miembros de las Autodefensas. Su expediente reposaba en la Fiscalía de Justicia y Paz, toda vez que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso reconoció el exterminio de su familia: tres hijos, dos hermanos y su esposa.
Pero su asesinato, sumado al panorama descrito por el SAT de la Defensoría, deja un mal sabor entre los campesinos y las organizaciones que lideran los procesos de restitución en Córdoba, pues sienten que el Estado los está dejando a merced de los violentos.
“La desconfianza se incrementó por lo menos un 99.9 por ciento. La gente ya no le está creyendo a las instituciones, ya ni siquiera quieren ir a la Fiscalía o la Personería a dar sus declaraciones para iniciar algún tipo de reclamación”, declaró Carlos Páez, presidente de la Asociación Tierra y Vida, organización que acoge a cientos de campesinos víctimas de despojo de tierras en todo el país, quien además se quejó de lo que llamó la “desidia de la Fiscalía General de la Nación”.
“Estamos buscando una nueva cita con el Fiscal General, porque nos la ha cancelado cuatro veces. Es que el hecho de que hayan asesinado a Gildardo luego de haber rendido declaración ante la Unidad de Contexto de la Fiscalía en Apartadó, no da motivo para confiar. Necesitamos resultados: que aparezcan los responsables de los asesinatos, los responsables de las amenazas, los responsables de los desplazamientos”, añadió Páez.
Fuentes consultadas que pidieron la reserva de la identidad, aseguraron que varios terratenientes y presuntos despojadores de predios se han reunido en las últimas semanas en el Urabá antioqueño, particularmente en Necoclí, para organizar los atentados contra los reclamantes de tierras. VerdadAbierta.com se abstiene de divulgar los nombres, pero ya están en manos de las autoridades.
La situación fue puesta en conocimiento el pasado 7 de noviembre durante una de las reuniones del Comité de Valoración del Riesgo en el cual confluyen diversas entidades estatales de alto nivel. Líderes de restitución de tierras esperan que la información aportada allí se verifique y se investigue con el fin de determinar responsabilidades y prevenir nuevos atentados.
De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, con sede en Medellín, con la muerte de Padilla Ortega ya son 65 las personas reclamantes de tierras asesinadas desde 2008 en el país, de los cuales 15 han sido campesinos oriundos del Urabá antioqueño. Hasta el momento, la única sentencia en firme proferida por la justicia por el asesinato de un reclamante de tierras de la región agroindustrial es la de David Goez, cuyo autor material fue condenado a 35 años de cárcel.
