Los periodistas han sido víctimas de la violencia paramilitar en Colombia. El siguiente artículo hace un recuento menudo de las principales infracciones cometidas en su contra en diferentes regiones del país.
El 13 de agosto de 1999 cuando se dirigía a las instalaciones de la emisora Radionet, en Bogotá, Jaime Garzón fue asesinado. Dos sicarios acabaron con la vida de uno de los periodistas más apreciados en el país. El proceso judicial culminó en 2004 con la condena del comandante de las AUC, Carlos Castaño Gil, como autor intelectual del hecho. El fallo nunca se hizo efectivo, y el mismo año de la decisión judicial el líder paramilitar fue asesinado.
Dos años después, en Arauca, fue asesinado Efraín Varela, director y propietario de la emisora Meridiano 70. Varela, quien además trabajaba como abogado y defensor de derechos humanos era el periodista con mayor influencia en Arauca. Un juzgado de ese departamento determinó que Andrés Darío Cervantes Montoya miembro del bloque ‘Vencedores de Arauca’ de las Autodefensas, fue el autor material del crimen. Cervantes afirmó ser el autor material y haber estado bajo las órdenes de ‘Félix Bata’, comandante paramilitar de la zona.
El 4 de febrero de 2006, otro periodista regional, Gustavo Rojas Gabalo ingresaba a un supermercado de Montería cuando un hombre se le acercó y le propinó dos disparos. Rojas Gabalo murió un mes después, en una Clínica en Medellín, Antioquia. La Fiscalía capturó a tres de los presuntos autores materiales del asesinato de Rojas Gabalo. Según el comandante de la Policía de Córdoba, coronel Jaime Orlando Velasco, dos de ellos son desmovilizados de las autodefensas.
¿Qué tienen estos crímenes en común? Para los paramilitares la prensa siempre ha sido una realidad incómoda. Dentro de su dinámica de creación, expansión y consolidación, siempre intentaron justificar ante la opinión pública su lucha contrainsurgencia. Sin embargo, sus crímenes y atrocidades, no encontraron el mejor eco en la prensa, tanto nacional como regional. Al final, no les quedó más que las amenazas, intimidaciones e incluso asesinatos de aquellos comunicadores que les resultaban incómodos, bien sea por sus denuncias e informaciones.
En Colombia, tal como lo recopila un reporte de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- entre 1991 y 2006, 98 periodistas fueron asesinados en razón a su profesión. De esta estadística, según la FLIP, campea la impunidad y son contados los casos en los que los que paramilitares han sido judicializados.
Además, la organización indica que los procesos judiciales por casos diferentes a asesinatos no arrojan ningún resultado. “Violaciones a la libertad de prensa con menos impacto social que el homicidio, pero con un efecto igualmente inhibitorio para informar, pasan desapercibidas. Las amenazas registradas por la FLIPi, por ejemplo, aumentaron 64% de 2004 a 2005, y 20% de 2005 a 2006.”
El cubrimiento del conflicto con las AUC
Si bien las amenazas y atentados contra periodistas en Colombia han sido un fenómeno generalizado, en el caso de los paramilitares sus objetivos han estado concentrados en las regiones, en especial en aquellas en donde tuvieron un control territorial.
En regiones como el Magdalena Medio, la Costa Caribe, los llanos orientales y el sur del país, entre otras; los periodistas sintieron, de una u otra forma, la intimidación paramilitar para informar primero sobre masacres, después sobre el control territorial que ejercían en las zonas, corrupción, parapolítica e incluso ahora último en el cubrimiento de las audiencias con víctimas en el marco del proceso de Justicia y Paz.
Una encuesta realizada por la Fundación Medios para la Paz (MPP) muestra que el 65 por ciento de los periodistas consultados afirma sentirse presionado o intimidado por los actores del conflicto. Casi todos aplican la autocensura para evitar cualquier peligro proveniente de un bando o de otro.
Según la encuesta, las autodefensas son uno de los actores del conflicto armado que más amenazan a lo reporteros (el 10 por ciento). Otro 19 por ciento de las amenazas provienen de fuentes desconocidas o no identificadas que bien podrían estar relacionadas con corrupción, delincuencia común, enemistades políticas, entre otros.
Un periodista de Barrancabermeja contó a MPP que la primera vez que lo amenazaron -2001- las autodefensas estaban en proceso de tomarse los barrios, pero no querían que los medios publicaran cosas como el número de desplazados a raíz de la violencia, el aumento de asesinatos o el número de desaparecidos.
“Me colocaron una cita en el sector sur oriental de la ciudad, allí estaban cinco paramilitares, no me sentí tan asustada porque sabía que la amenaza provenía de una de mis fuentes… pero después vino otra amenaza, fue telefónica”.
En Nariño, los periodistas encuestados aseguraron que los grupos armados condicionan su labor, que no les permiten el libre acceso a las zonas de conflicto, les exigen la publicación de determinada información y permiso para cubrir la noticia. Además ejercen presión para que el periodista publique lo que los grupos armados quieren:
“En la plaza del municipio de Nariño aparecieron unos graffitis de las AUC. Fuimos a hacer la nota, mientras yo hablaba con la gente, el fotógrafo hacía sus fotos. El se fue hacia unas tienditas, yo lo vi hablando con unos señores que estaban en un carro. Después llegó y me dijo: “Imagínate que me encañonaron… me quitaron el rollo”, entonces cuando salimos del pueblo me llamaron y me dijeron que hiciéramos la nota sin fotografías, que evitáramos problemas ahí”.
Cuando empezó la zona de distensión se impuso la tendencia de especializar a los periodistas en una sola fuente armada. Entonces hubo periodistas estigmatizados (ese es un ‘para’, ese es un ‘guerrillero’) o identificados como voceros o simpatizantes de la fuente que cubrían; otros, llegaron a establecer relaciones afectivas con sus fuentes mas allá de los límites de una relación profesional, incluso pactando divulgar información a cambio de futuras chivas.
Los periodistas también corrieron riesgos al divulgar informaciones sustentadas en una sola fuente. El testimonio de un periodista de Medellín a MPP resulta bastante ilustrador en la materia: “una vez me llamó Carlos Castaño y me dijo que yo era un periodista que solamente tenía un oído y era el oído izquierdo… yo le dije que no, porque yo había escuchado a la gente”.
El artículo al que hacía referencia Castaño era sobre una masacre cometida por las AUC. El jefe paramilitar le dijo al periodista que ellos “no habían hecho eso”. Al otro día el medio publicó la versión del paramilitar. Como consecuencia de esto el periodista confesó que tuvo miedo de ser agredido o censurado.
Otro de los factores que incidió en que los periodistas se convirtieran en objetivo de los paramilitares fue la necesidad de trabajar al tiempo como reportero, relacionista público o vendedor de pauta publicitaria, ya que las empresas relacionadas en el proceso suelen ser propiedad de políticos o dirigentes gremiales.
Según MPP esta práctica no planteaba cuestionamientos éticos en sus inicios, ya que no representaba un peligro físico para la vida de los periodistas. Todo cambió con la agudización del conflicto y con el ingreso de grupos armados a las ciudades de las distintas regiones del país; muchos reporteros resultaron estigmatizados o identificados con alguno de los grupos armados y pasaron a convertirse en objetivo militar de los violentos.
La intimidación en el proceso de Justicia y Paz
En otro informe especial realizado por la Alianza FLIPYS, entre la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) – Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), se reconoce que los periodistas encargados de cubrir las audiencias judiciales de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Medellín, lo hacen en medio de la zozobra.
“Con mayor frecuencia, su labor está siendo observada y documentada – a través de grabaciones y fotografías – con fines desconocidos. Adicionalmente, reciben mensajes y respuestas intimidantes en las entrevistas que llevan a cabo afuera del centro administrativo de esa ciudad, donde se realizan las diligencias. Además de autocensurar a los periodistas, este espiral de miedo y desconfianza comenzó a silenciar a las víctimas de las AUC, quienes habían salido del anonimato para exigir verdad y reparación.”
“Normalmente, en este tipo de eventos los periodistas se encuentran en el lugar mientras hacen ‘lobby’ para conseguir entrevistas. Como no pueden ingresar a los recintos donde los paramilitares rinden sus testimonios a los fiscales de Justicia y Paz, esperan afuera, donde confluyen familiares de víctimas y amigos de los mismos paramilitares”, explicó la Revista ‘Semana’ el pasado 8 de junio sobre la manera como se hace el cubrimiento. Es allí donde algunos desmovilizados de las AUC y desconocidos allegados a este grupo han registrado de manera sutil la actividad de los periodistas. Con algo de recelo y miedo, los comunicadores se acostumbraron a la extraña vigilancia: rondas en moto, fotografías y apuntes.
El pasado 6 de junio la situación se tornó crítica. Por un lado, el ex jefe paramilitar del ‘Bloque Élmer Cárdenas’, Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, afirmó en la audiencia que la prensa era tendenciosa y estaba “infiltrada por la guerrilla”.
Una periodista de un noticiero de televisión explicó la sensación generalizada de ese día: “Si bien otras veces hemos notado la presencia de ellos, pendientes de qué hablamos con las víctimas, ese día fue algo muy descarado. Todo el tiempo hubo dos tipos parados a menos de metro y medio. Nunca me dijeron nada, pero miraban de una manera agresiva, diciendo “aquí estamos”. Era una forma de intimidar. El camarógrafo me hacía señas, me decía “pilas con estos tipos”. La misión de ellos era estar pegados al lado mío como un chicle”.
El temor ronda las salas de redacción y de prensa, y las preguntas son obvias: ¿para qué nos toman fotos, nos graban y nos siguen en las entrevistas que hacemos?, ¿qué uso le van a dar a ese material?, ¿qué va a venir en las próximas audiencias si no se toman las medidas necesarias?
Fernando Cifuentes, periodista de Teleantioquia y Presidente de la Asociación de Periodistas de Antioquia (APA) califica dichas prácticas como forma amedrentamiento e intimidación a la labor periodística: “No creemos que esas fotos se tomen para hacer una memoria o un libro histórico. Son fotos e imágenes individualizadas de cada uno de los periodistas”
También son intimidaciones los calificativos de los desmovilizados, voceros políticos y jefes de prensa de las AUC para referirse a los periodistas. Las declaraciones de ‘El Alemán’ son apenas un ejemplo. En ocasiones han dicho públicamente frases como las siguientes: “Este es un periodista amigo del proceso…”, “este es un periodista enemigo del proceso…”, “hay periodistas menos responsables que otros…”.
Esta clasificación estigmatiza a los periodistas y los sitúa de manera arbitraria en uno u otro bando. Nuevamente los interrogantes son lógicos e igualmente preocupantes: ¿quiénes son los hombres y mujeres que están en la lista de los ‘amigos’ del proceso y quiénes en la lista de ‘enemigos’? Bajo estos principios, ¿qué consecuencias puede traer ser considerado enemigo del proceso?
La prensa juega un papel muy importante en el proceso de Justicia y Paz, los derechos de los medios de comunicación son el canal fundamental sobre el que la sociedad, víctimas y victimarios, pueden compartir sus testimonios y reconciliar sus diferencias. Nada justifica que en el marco de un proceso de Verdad, Justicia y Reparación, existan aún prácticas dirigidas al castigo de la libre expresión.
