Los abogados de este exparamilitar aseguran que no pueden excluirlo de justicia transicional porque no siguió delinquiendo después de su desmovilización y que ha seguido entregando bienes para la reparación a las víctimas.
En agosto del año pasado, la Fiscalía General de la Nación pidió la exclusión de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, el exjefe del Bloque Central Bolívar (Bcb) de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), del proceso de Justicia y Paz ante los magistrados del Tribunal de Bogotá. Según el ente investigador, este exparamilitar siguió delinquiendo después de haber dejado las armas el 12 de diciembre de 2005.
La Fiscalía basó su decisión en la sentencia proferida por la justicia de Estados Unidos el 5 de noviembre de 2011, donde condenaron a Jiménez Naranjo a 33 años de prisión por trasportar y distribuir cocaína desde Colombia a ese país entre 2004 a 2007. (Ver: Los argumentos para excluir a ‘Macaco’ de Justicia y Paz).
La Ley 975, conocida como la Ley de Justicia y Paz, establece que un postulado no puede acceder a los beneficios de la justicia transicional si ha sido condenado por delitos cometidos luego de haber entregado las armas. Este sería el primer caso en que la Fiscalía se sustenta en una condena proferida en otro país para excluir a un postulado de ese proceso.
El ente investigador argumentó también que ‘Macaco’ no entregó la totalidad de sus bienes, pues según denuncias conocidas por la Fiscalía, algunas de sus propiedades seguían a nombre de supuestos testaferros, lo que supone otra violación a la Ley de Justicia y Paz.
Los abogados defensores de ‘Macaco’ aseguraron en audiencia ante magistrados de Justicia y Paz que el exparamilitar no siguió delinquiendo después de su desmovilización y que hay una serie de malentendidos e irregularidades en cómo la justicia norteamericana profirió la sentencia en su contra. Sobre los bienes, aseguraron que los denunciados por la Fiscalía no son propiedad de Jiménez Naranjo y que, incluso, el ente investigador no ha recibido algunos inmuebles que el postulado ha ofrecido.
¿Cómo fue condenado ‘Macaco´ en Estados Unidos?
Jiménez Naranjo fue el primer jefe paramilitar extraditado a Estados Unidos para que respondiera por cargos asociados al tráfico de drogas. Su extradición a ese país se produjo el 7 de mayo de 2008, autorizada por el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y avalada por la Corte Suprema de Justicia el 2 de abril de ese año.
Según Hugo Rodríguez, abogado que representa a ‘Macaco’ en Estados Unidos, los cargos por los que fue pedido en extradición han cambiado cuatro veces y es el único de los exparamilitares extraditados acusado y condenado por financiar con dineros de narcotráfico grupos considerados terroristas, refiriéndose a las Auc.
“De los 12 comandantes extraditados a Estados Unidos, este es el único postulado con cargos por financiamiento de las Auc, todos están por conspiración en el envío de droga o lavado de dinero, y todos fueron comandantes de las Auc”, le dijo Rodríguez a los magistrados.
El abogado explicó que en 2005 en el primer indicment, como se conoce la acusación que hace un fiscal en Estados Unidos, se le señaló de ser el comandante de un grupo terrorista de las Auc. Luego de la desmovilización y con las primeras versiones libres en las que participó en junio de 2007, las autoridades norteamericanas agregaron el delito de financiación de grupos terroristas extranjeros con dineros provenientes del narcotráfico. Este delito se creó en la legislación estadounidense el 9 de marzo de 2006.
Según explicó Henry Rodríguez, el abogado que representa al postulado en el proceso de Justicia y Paz, para hacer esa acusación las autoridades de Estados Unidos tuvieron en cuenta una investigación que inició un juzgado de Cúcuta por conformación de bandas criminales y acusaciones del entonces presidente Uribe quien aseguraba que ‘Macaco’ seguía delinquiendo. En octubre de 2011 esta investigación absolvió al exparamilitar. (Ver: Juez sentencia que ‘Macaco’ no creó ‘Águilas Negras’)
Hasta ese momento los cargos de los que se le acusaba en Estados Unidos decían que ‘Macaco’ había cometido sus delitos desde finales de 1997, pero no tenían una fecha de finalización. Ese año no es arbitrario, pues fue cuando empezó a regir el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos.
Después comenzó otro proceso judicial en Miami donde lo acusan de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Una vez extraditado en mayo de 2008, los abogados de ‘Macaco’ le sugirieron que hiciera un acuerdo de pena, es decir una negociación con el fiscal que lo acusaba.
“Había dos caminos a recorrer: aceptar cargos por ambos delitos o adelantar el juicio, en donde había una alta posibilidad de éxito en cuanto a los cargos por narcotráfico, pero en cuanto al tema de terrorismo sus posibilidades eran de menos éxito”, aseguró Rodríguez.
El fiscal le propuso a ‘Macaco’ que si aceptaba los cargos pediría una condena de menos de 35 años y no de 60 años como lo tenía planeado, también rebajarían los años de cárcel a los que sería sentenciada su esposa, Rosa Edelmira Luna Córdoba, quien para ese entonces ya estaba en una cárcel de Estados Unidos. El exparamilitar dijo que se sintió presionado a aceptar el acuerdo.
Según los abogados, el fiscal norteamericano cambió las fechas del delito de narcotráfico que ahora irían desde 2004 hasta septiembre de 2007, lo que sucedió después de que alias ‘Macaco’ ya había aceptado los hechos. En ese momento, no le dieron importancia al asunto porque eso no implicaba un aumento en la pena, “Todos sabíamos del cambio, pero el problema real es el financiamiento de grupos terroristas, cualquier cargo adicional no tenía mayores consecuencias”, aseguró Hugo Rodríguez.
Sin embargo, los juristas resaltaron algunas inconsistencias entre ellas que el cargo de conspiración para traficar droga se refiere a hechos que ocurrieron entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007, periodo en el cual alias ‘Macaco’ estuvo recluido en las cárceles de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia, y Cómbita, Boyacá, así como en el buque de guerra ARC Almirante Padilla en el Caribe, a donde fue trasladado por decisión presidencial que justificó su decisión argumentando que el exparamilitar continuaba delinquiendo desde sus sitios de reclusión.
Lo particular de ese cargo es que el escrito de acusación del Gran Jurado del Tribunal del Distrito Sur de la Florida precisa que en varias fechas entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007, Jiménez Naranjo se “encontraba a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos”, cuando lo que demostraron los abogados es que estaba preso en Colombia y por un periodo en altamar, en un buque de la Armada Nacional.
Los abogados de alias ‘Macaco’ argumentaron que no se puede equiparar la sentencia de Estados Unidos con una en Colombia, sobretodo en este caso, en el que más que un juicio hubo una aceptación de hechos por conveniencia jurídica y, según los defensores, las autoridades norteamericanas no presentaron pruebas. “Nunca le han dado ninguna prueba de ningún delito del que está acusado, porque las pruebas son las versiones que el dio en Justicia y Paz sobre la financiación de grupos paramilitares”, aseguró el abogado Hugo Rodríguez.
La defensa del exparamilitar presentó ante la audiencia un apartado de la aceptación de cargos en Estados Unidos con lo que buscan desestimar los argumentos de exclusión del proceso de Justicia y Paz: “El presente acuerdo de declaración de culpa solo obliga al acusado y la sección de narcóticos y drogas peligrosas de la división penal del departamento de justicia de los Estados Unidos. No obliga a ninguna otra autoridad federal, estatal, local o extranjera”. Anteello, los abogados reiteraron que ese acuerdo no podría ser tenido en cuenta como prueba por la Fiscalía colombiana.
El enredo de los bienes
El segundo argumento para excluir a Jiménez Naranjo del proceso de Justicia y Paz tiene que ver con los bienes entregados para reparar a las víctimas. Sus abogados establecieron que para ese fin entregó 29 inmuebles, algunos de forma conjunta con otros jefes paramilitares del Bcb, entre ellos fincas, cooperativas y un helicóptero. Sin embargo, la Fiscalía asegura que el ex paramilitar ocultó por lo menos seis propiedades a través de testaferros, según lo determinaron investigaciones de la Sub- Unidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas de la Fiscalía.
Estos hallazgos están sustentados en el testimonio de José Germán Senna Pico, un desmovilizado del Frente Sur de Andaquíes del Bcb, quien ha sido investigado por el Grupo de Trabajo para Investigaciones de Falsos Testigos de la Fiscalía General de la Nación por dar falsos testimonios en casos relacionados con políticos del Caquetá. Recientemente solicitó voluntariamente salir del proceso de Justicia y Paz. Este exparamilitar también ha declarado en el juicio contra el ex representante a la Cámara Luis Fernando Almario Rojas. (Ver: Testigo se ratifica en señalar vínculos de Almario con los ‘paras’)
En su intervención ante el Tribunal de Justicia y Paz, el abogado Francisco Salazar, quien representa a Jiménez Naranjo en temas relacionados con bienes, aseguró que desde octubre de 2013 se abrió una investigación contra Senna Pico por presuntamente ser parte de un cartel de falsos testigos. El defensor denunció ante los magistrados que había recibido llamadas de Senna Pico exigiéndole dinero.
El otro testigo contra ‘Macaco’ es una persona que se acercó a la Fiscalía para denunciar el delito de testaferrato, pero su identidad no ha sido revelada. La defensa del exparamilitar dijo que consideraba la prueba como ilegal pues el sistema actual de juzgamiento no admite esta clase de testigos, práctica que fue legal cuando operó en el país la llamada “justicia sin rostro”, a finales de la década de los ochenta.
En tres de los bienes denunciados por el ente investigador, dos apartamentos y una finca en Copacabana, Antioquia, los presuntos testaferros serían familiares de Paula Trujillo Saldarriaga, una mujer que según dijo la Fiscalía era compañera sentimental de Jiménez Naranjo. En la audiencia el exparamilitar dijo que no conocía a esta persona.
“A la única persona de esa familia que conozco es a Patricia Trujillo, quien fue miembro del Bloque Central Bolívar, era secretaria logística de personal y se desmovilizó también el 12 de diciembre de 2005, esa fue la última vez que hablé con ella”, aseguró el postulado.
Otro bien denunciado fue la Hacienda Santa Helena, en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, que estaba a nombre José Benjamín Prieto, asesinado en junio de 2013. Según Salazar, Prieto era conocido por los fiscales de Justicia y Paz porque fue el encargado de entregar los bienes de ‘Macaco’.
La Fiscalía acusó incluso al propio abogado, Francisco Salazar, de administrar la finca Mandinga, en Caucasia, que supuestamente había comprado Jiménez Naranjo. El defensor aseguró que la propiedad pertenecía desde 1997 a dos sociedades de la familia del fallecido Gonzalo Builes, un amigo personal de Salazar.
“La Fiscalía lo muestra como si yo hubiera ocultado la administración de esa finca, cuando yo he representado los intereses de estas sociedades en unas denuncias que se presentaron por extracción minera ilegal”, dijo Salazar.
El ente investigador presentó esta finca ante los magistrados de control de garantías, quienes les impusieron medidas cautelares para evitar su comercialización. Todavía es incierto si esta propiedad pasará a manos del Fondo de Reparación a las Víctimas porque las sociedades de la familia Builes se opusieron argumentando que son los legítimos dueños del predio.
En conclusión Salazar aseguró que los argumentos de la Fiscalía no estaban debidamente sustentados y que no existen pruebas que demostraran que ‘Macaco’ había comprado dichos bienes. Su posición fue respaldada por el representante de las víctimas, quien aseguró que “no existe una prueba contundente de que hubiesen sido adquiridos legal o ilegalmente por Carlos Mario Jiménez”.
Jiménez Naranjo agregó que como hasta el momento no ha sido condenado en Justicia y Paz, todavía puede seguir entregando bienes a la Fiscalía, pues según dijo desde que fue extraditado solo ha tenido una versión libre con fiscales de la Sub Unidad de Persecución de Bienes.
El abogado Salazar agregó que ‘Macaco’ entregó desde 2007 una propiedad de 32 mil hectáreas, compuesta por nueve predios, en Cumaribo, Vichada, pero siete años después el predio no tiene medidas cautelares y, al parecer, estaría en manos de bandas criminales que delinquen en la región. También se refirió a un proyecto de caucho en Cáceres, Antioquia, de más de 2 mil hectáreas que entregaron en 2012 y que hasta el momento no ha sido recibido por la Fiscalía.
La audiencia continuará el próximo 15 de marzo y se espera que en los próximos meses los magistrados decidan si excluyen o no a Jiménez Naranjo de los beneficios de Justicia y Paz.
