La muerte llegó del cielo y nadie la reclama

Dos laboratorios de cocaína ardieron con 48 horas de diferencia en Tumaco en enero pasado, en incidentes rodeados de misterio donde murieron al menos 17 civiles. Luego de insinuaciones que apuntaban a Ecuador y Estados Unidos, ocho meses después, ningún actor se ha atribuido los hechos y la Fiscalía mantiene silencio sobre su investigación.

Por Sibylla Brodzinsky 

Ya había entrado la noche cuando Wilmer*, de 43 años, terminó sus labores del día en el laboratorio clandestino de cocaína donde trabajaba en una zona rural del corregimiento de Llorente, en Nariño. Se salió del toldo de plástico negro que cubría el centro de procesamiento del complejo cocalero, cuidando de no dejar pasar luz. Unos 18 de sus compañeros quedaron allí adentro. 

Wilmer se echó en una hamaca a descansar cuando vio una luz roja en el cielo. Era inquietante. Los trabajadores del laboratorio llevaban días viendo drones rondando en la oscuridad de la noche. Pero esa noche, del 22 de enero de 2026, no fue como las otras. Esa noche, alrededor de las 7:40, la luz que vio Wilmer cayó sobre el toldo, causando un incendio devastador que dejó al menos ocho civiles calcinados al instante, aunque el saldo terminaría siendo mayor. 

El incidente en una pequeña población llamada Inda Sabaleta de Llorente, a 23 kilómetros del punto más cercano de la frontera con Ecuador, despertó suspicacias entre los habitantes del corregimiento y autoridades regionales. Y cuando, a los dos días, en la madrugada del 24 de enero, hubo una explosión casi idéntica en otro laboratorio en el extremo norte de Tumaco, que mató al menos a cinco civiles, se prendieron las alarmas hasta en la Casa de Nariño.  

El entonces presidente Gustavo Petro lanzó insinuaciones públicas basadas en lo que él llamó “inteligencia popular”, de que las explosiones misteriosas habrían sido ataques lanzados desde Ecuador, incluso con ayuda de Estados Unidos. Sin embargo nunca se presentaron evidencias públicamente y el gobierno de Ecuador negó haber hecho operaciones en territorio colombiano. 

Y aunque se abrieron investigaciones y se hicieron peritajes, a casi ocho meses de los incidentes, no hay claridad sobre de dónde pudieron llegar los ataques. El Fiscal Seccional de Tumaco, Oswaldo Andrés Ocampo, que se hizo cargo de la investigación de los hechos, respondió a una petición de información diciendo que como el asunto se encuentra en etapa de indagación, “no es posible suministrar información detallada sobre la investigación”.

Pero nueva evidencia revelada por el New York Times y el Washington Post de que contratistas privados de Estados Unidos o incluso la CIA habrían realizado operaciones encubiertas por las mismas fechas contra barcos pesqueros ecuatorianos, sugiere que estos incidentes pueden haber sido parte de un mismo operativo clandestino. 

A través de múltiples entrevistas con testigos y sobrevivientes y familiares de las víctimas, visitas a terreno e información oficial, VerdadAbierta.com logró reconstruir lo sucedido en los dos sitios. El esfuerzo hace parte de una investigación colaborativa con medios aliados coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP) que ha venido siguiendo los bombardeos, parte de la estrategia contra tráfico de drogas liderada por Washington, y que han dejado múltiples civiles muertos.  

Inda Sabaleta

Al sentir la primera explosión, Wilmer corrió hacia el área de procesamiento para tratar de rescatar a sus compañeros que habían quedado dentro. Encontró a uno, a quien todos conocían como Mario, tirado en el piso. El plástico negro del toldo se derretía por el calor de las llamas, pero, con otros compañeros, lograron sacar a Mario en una cobija, vivo. “Sangraba de la nariz y boca”, dice Wilmer, que pidió reserva de su nombre para evitar represalias. “La explosión lo reventó por dentro”. 

Mario, cuyo nombre de pila era Andrés David Martínez, de 29 años, alcanzó a ser atendido en el Hospital San Andrés de Tumaco y fue remitido a Pasto, donde murió a los cinco días. Su muerte se sumó a las de otras 11 personas, la mayoría de las cuales fallecieron al instante en el sitio. Cuando las llamas llegaron a un tambor lleno de acetato que se usa en el procesamiento de la cocaína, al que le dicen “el marrano”, se produjo una segunda explosión. Los que estaban cerca “quedaron como chicharrones”, dice Wilmer. 

Uno de esos fue Jaider Romero Grueso, de 28 años, a quien familia y amigos llamaban Matías. Fue una de las 12 personas oficialmente registradas como muertas por la explosión. El joven, nacido en Peña de los Santos sobre el río Rosario, cerca de Inda Sabaleta, era un conocido decorador de fiestas en Tumaco que ganó en 2024 la corona de Miss Pacífico Transformista, un reinado anual de drag queens de la región. Pero esas actividades no alcanzaban para apoyar a su familia, cuenta su madre, Milena Valencia, así que de vez en cuando iba a Llorente a trabajar en los laboratorios. “Cuando lo llamaban a ganarse su platica, él subía”, dice. Llevaba tres días en esas labores en Inda Sabaleta cuando murió en la explosión. 

Pital de la Costa

Las noticias del misterioso incendio se regaron por las redes sociales con el hashtag #LlorenteEstadeLuto, con fotos de las víctimas, expresiones de duelo y pésame. Esos mensajes alertaron a trabajadores en otro laboratorio a 100 kilómetros de allí.  

Hubo cierto nerviosismo durante todo el turno de la noche del 23 de enero entre las decenas de personas que trabajaban en el “chongo”, como llaman allí a los laboratorios, cerca de la población Pital de la Costa. 

Alrededor de las 4 de la mañana del 24 de enero, Yeferson* completó sus labores y se fue a bañar en la sección de los dormitorios del complejo a 15 metros de lo que llaman la pista. Desde la ducha abierta al cielo vio lo que describió como una luz azulosa caer sobre la lona de plástico negro. 

“Venía una luz. Yo de una vez dije: ‘Nos prendieron’”, recuerda Yeferson. Él salió corriendo hacia el monte y escuchó la explosión. “Eso, como cayó, explotó”. 

No bajó pareja, dice, sino a tramos, “como una llamarada” y se parecía a la llama de una estufa a gas. Insiste en que lo que vio no pudo ser el reflejo de nada externo, porque el laboratorio estaba sellado por los lados y por el techo con plástico negro.

Otro testigo dijo que el objeto que caía alumbraba con un “material azulito, entre azul y blanco”. En la oscuridad total, sólo se alcanzaba a ver eso bajando directo hacia la lona del techo. Yeferson alcanzó a gritar que corrieran antes de la detonación.

Con la explosión en el chongo de Pital de la Costa, los hermanos Andrés y Edin Poniel Coime Angulo y César Antonio González, al que le decían el ‘Cholopín’, murieron calcinados al instante.  Sus torsos quedaron retorcidos y carbonizados, como pudo constatar VerdadAbierta.com en fotos de los fallecidos que no publicamos por la naturaleza sensible de las imágenes. 

Miembros de la comunidad que llegaron para tratar de apagar el incendio tuvieron que esperar varias horas hasta que cediera el fuego para poder acercarse a los cuerpos. “Llegamos allá y eso échele agua, échele agua para apagar. Estaba prendido todo”, recuerda Gerson Angulo, quien participó en el rescate.

Encontraron los restos de los hermanos Coime Angulo y de ‘Cholopín’ todos juntos. “Uno aquí, otro ahí, otro ahí” dice Gerson, indicando con su dedo el sitio donde estaban. Los fueron reconociendo por el cuerpo: «El grande era Andrés, él era el más acuerpado». Después encontraron los restos carbonizados de Poniel y luego al Cholopín, los tres encogidos por el calor intenso. A uno le faltaba el cráneo.

Los restos fueron trasladados en canoas hasta la vereda, donde la gente esperaba angustiada, y posteriormente fueron sepultados por sus familiares, lo que selló su destino como víctimas invisibles para las cifras oficiales. Cuando llegó la comisión investigadora de la Fiscalía a los pocos días no preguntó a la comunidad. «Llegó el CTI de la Fiscalía pero ellos con nosotros no dialogaron nada sobre eso, no vinieron a hacernos preguntas», dice el padre de los hermanos Coime Angulo, Guillermo Granja. La Fiscalía no dio respuesta sobre por qué no se hizo el levantamiento de los cadáveres ya enterrados. 

María Luisa Segura, prima de Carlos Arturo Segura, al que le decían ‘Popeye’ o ‘La Poupé’, acompañó a los heridos de la explosión de Pital en el trayecto de casi dos horas en lancha hasta el puerto de Tumaco, donde queda el hospital más cercano. Iban tomando una bebida con electrolitos debajo de cubrelechos, para proteger las quemaduras del sol. 

En el hospital San Andrés de Tumaco determinaron que Carlos Arturo tenía quemaduras contaminadas que cubrían casi la mitad de su cuerpo. Luego de una cirugía de desbridamiento para eliminar el tejido muerto lo remitieron al Hospital Universitario de Pasto, ya que en el hospital de Tumaco no cuentan con una unidad de quemados. ‘Popeye’, el único sustento de su abuela de 80 años, falleció de sus heridas el 28 de enero en Pasto, la capital nariñense. El primero de febrero murió José Manuel Caicedo. 

“Nunca había pasado”

En su lucha contra el narcotráfico la fuerza pública colombiana ataca los sitios donde se procesa la hoja de coca para volverla pasta base y también los laboratorios más sofisticados donde a partir de esta pasta producen cocaína. Entre 2022 y 2025, la fuerza pública dijo haber destruido 17.838 sitios de procesamiento, según datos del Ministerio de Defensa. Sólo en 2025 se destruyeron 203 laboratorios de clorhidrato de cocaína, como los de Pital de la Costa e Inda Sabaleta.

Sin embargo, los incidentes en Tumaco los días 22 y 24 de enero poco tienen que ver con el modus operandi de los militares y policías colombianos contra este tipo de instalaciones. 

“Fueron dos incendios inéditos”, dijo el gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, entrevistado en sus oficinas de Pasto. “Nunca había pasado.”

A las comunidades de Pital de la Costa e Inda Sabaleta les queda claro que en ninguno de los dos sitios se trató de un incendio producido dentro de los laboratorios, como se especuló en un principio. 

Cualquier descarga eléctrica es un peligro en los laboratorios de cocaína porque utilizan químicos altamente inflamables como acetona y gasolina para convertir la pasta base en el polvo blanco que consumen un estimado de 25 millones de personas alrededor del mundo. Por eso los trabajadores saben que no pueden entrar a los chongos con nada metálico. Y Wilmer, el trabajador que presenció las explosiones de Inda Sabaleta, dijo que lo que él vio no se pareció en nada a cuando hay un corto circuito, que él ha experimentado en otros laboratorios donde ha trabajado. “Un corto avisa. Hay una chispa, un sonido,” dijo. “Allá lo que causó esa explosión vino del cielo”.

Pero no es usual que la fuerza pública ataque desde el aire a sitios de procesamiento de cocaína. Normalmente soldados y policías hacen operaciones conjuntas, muchas veces transportados en helicóptero a las zonas apartadas en donde se encuentran los laboratorios. El ruido de las aeronaves advierte de su llegada a cualquier trabajador que se encuentre en las instalaciones, por lo que rara vez hay capturas. En fotos repartidas por los departamentos de comunicaciones de las fuerzas militares, es común ver a soldados armados y policías posando al lado de tambores llenos de los químicos utilizados en el procesamiento que luego se incineran. 

“En Colombia todas las operaciones contra estupefacientes son consideradas de ‘orden público’», dice Camilo Ramírez, un analista de derecho internacional quien desarrolla un estudio en la Universidad de Essex sobre el uso de la fuerza contra organizaciones criminales. Esto las diferencia de las operaciones bélicas, agrega, y se rigen por las reglas del derecho internacional de los derechos humanos y no las leyes de la guerra recogidas en el Derecho Internacional Humanitario.   

Lo que define cuál de los dos marcos jurídicos aplica no es el lugar sino la naturaleza de la operación, explica Ramírez. Un laboratorio atacado como infraestructura del narcotráfico es un asunto de orden público. Pero si el objetivo es un grupo armado que hace parte del conflicto entrarían a regir las reglas de la guerra. En Llorente maneja la operación de drogas ilegales un grupo que se hace llamar Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, para evocar el carácter político de las extintas FARC de las que dicen ser disidentes. No obstante, por su origen, ocho años después del acuerdo de paz con las FARC, y por sus actividades, son más un grupo criminal, que una guerrilla en conflicto. Pero aún si se aplicara el DIH, éste no autoriza cualquier resultado: exige distinguir entre combatientes y civiles, y la muerte de estos últimos sólo puede admitirse si no es excesiva frente a la ventaja militar buscada y si se tomaron precauciones para evitarla.

En el contexto colombiano en los asuntos que no son relacionados con el conflicto aplica un decreto del 2024 que dice que la fuerza letal solo aplica “en ocasiones en que exista peligro inminente de muerte o de lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro”.  

Además en ese momento, el Estado colombiano había suspendido las operaciones ofensivas contra ese grupo, con el que estaba negociando. Otra teoría es que los ataques hubieran venido de un grupo armado rival, en un momento en que el uso de drones artesanales se ha vuelto común entre grupos armados colombianos. Sin embargo, ninguna autoridad ni fuente comunitaria consultada la respalda; además, la ausencia de restos de explosivo no encaja con el tipo de artefacto que usan esos grupos. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que controla la zona, tampoco atribuyó los hechos a un enemigo local.

Versiones que emergieron en la mesa de negociaciones entre el gobierno de Petro y delegaciones de la Coordinadora señalan que se detectó un artefacto con una luz brillante cuya trayectoria indicaba que llegó “desde lejos” en dirección de la frontera con Ecuador. VerdadAbierta.com intentó establecer contacto directo con los delegados a la mesa de la Coordinadora pero no fue posible. 

Residentes de Pital de la Costa describieron la presencia, en los días previos al ataque, de un buque de apariencia militar frente a la costa, cerca de la Bocana a Pasacaballos, a nueve kilómetros al norte del sitio de la explosión. Según sus testimonios, la embarcación estuvo en la zona el 22 de enero, se retiró hacia el norte el 23 y regresó el 24, el mismo día del ataque.

Airwars, aliada de esta colaboración periodística que investiga, rastrea y archiva los daños y bajas de civiles causados por ataques militares y guerras aéreas en zonas de conflicto, detectó a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Fishing Watch la presencia de un buque con el transpondedor apagado cerca a Pasacaballos la mañana del 24 de enero. La foto satelital borrosa no permite identificar la embarcación ni su bandera. Pero un pequeño dron comercial de tipo DJI Matrice 350 o 400 piloteado desde esa posición tendría el alcance para llegar al sitio de la explosión, según Camilo Mendoza, mayor retirado de la Fuerza Aeroespacial colombiana y experto en el uso de drones. 

Si fueron bombas que cayeron, no parecen haber sido artefactos convencionales. Según una fuente de la Fiscalía, “en ninguno de los dos lugares se halló restos de explosivos o material balístico que implique un ataque de tipo militar o con artefactos explosivos”.

En declaraciones públicas del 18 de marzo, el ahora exministro de Defensa Pedro Sánchez dijo: “Esas personas murieron calcinadas, no tienen ningún registro de impacto de proyectil y tampoco se encontraron rastros de explosivos en dicha zona”.

En Pital de la Costa tampoco hubo cráter de una bomba. Dos meses después del incendio la tierra se veía carbonizada y los troncos de los árboles de más de 50 metros que rodeaban el laboratorio estaban ennegrecidos por las llamas. Restos de estructuras metálicas yacían  retorcidos y fundidos por el calor.

“Lo que se ve es que hubo una deflagración muy violenta y se propagó rápidamente”, dijo Omar Moreno, experto en explosivos y desactivación de municiones luego de revisar fotos de los dos sitios. 

La falta de cráteres y esquirlas no contradice necesariamente las teorías de un ataque. “No es descabellado” pensar que hayan sido causados por un artefacto incendiario. Eso, combinado con una atmósfera cargada de vapores invisibles de los químicos propios de los laboratorios en un recinto cerrado como eran los sitios de procesamiento, podría provocar incendios como los de Inda Sabaleta y Pital de la Costa. 

Moreno dice que la prueba de eso estaría en las muestras del suelo, la localización de restos de los drones y en la presencia del contenedor de la sustancia. La fuente de la Fiscalía dijo que siguen pendientes de los resultados de pruebas de los compuestos químicos que se encontraron en las muestras que se recogieron en los dos sitios. 

Pero para algunos sobrevivientes de los ataques no hay duda: “Lo de acá fue una bomba incendiaria. Eso no me lo quita nadie de la cabeza”, dice un miembro de la comunidad de Pital de la Costa. 

Las hipótesis

Tres personas cercanas al saliente gobierno, que pidieron anonimato por no tener autorización para hablar del tema, aseguraron que el expresidente Gustavo Petro estaba convencido de que lo sucedido fue lanzado desde Ecuador utilizando drones con inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo, nunca presentó pruebas. 

De ser corroborada esa información, “Petro habría estado bajo una inmensa presión desde la izquierda para hacer algo”, dice una fuente diplomática que pidió reserva de su nombre. Dada la precariedad de Petro frente a Estados Unidos en esos momentos, “habría ido en contra de sus propios intereses” que se confirmara públicamente, agrega. 

VerdadAbierta.com solicitó una entrevista al expresidente Petro para preguntarle en qué se basaban esas afirmaciones y si su gobierno llegó a recibir información oficial sobre el origen de los ataques. No hubo respuesta.

En el momento de las explosiones, Petro se alistaba para reunirse con Donald Trump el 3 de febrero de 2026, tras un año de tensión que arrancó a los pocos días de la posesión del presidente estadounidense a su segundo mandato.

El pulso escaló mes a mes. Pasó de amenazas de aranceles y la revocación de visas a algunos funcionarios, hasta la “descertificación” de Colombia por parte de Washington porque, según ese país, su gobierno no había hecho lo suficiente por combatir el narcotráfico.  En octubre del 2025 Petro fue incluido en la lista OFAC de sanciones financieras por su presunta «participación en el comercio mundial de drogas ilícitas», a pesar de que no hay evidencia de ello.

La reunión entre Petro y Trump distendió la agenda bilateral. Según varias fuentes con conocimiento de la conversación, el tema de los ataques en Nariño no se trató allí, pero en la rueda de prensa posterior aludió a ello. “En estos días hemos incautado casi 15 toneladas de cocaína sin muertos. Pero en la frontera con el Ecuador hay decenas de muertos calcinados”, dijo. “Son dos métodos diferentes, dos maneras muy diferentes de entender una lucha contra el narcotráfico”. En otra ocasión pidió a los cocaleros sustituir sus cultivos «antes de que nos calcinen con drones».

Con Ecuador, en cambio, la relación se desplomó. En enero de 2026, el presidente Daniel Noboa —fiel aliado de Trump— impuso de forma sorpresiva aranceles a los productos colombianos, alegando falta de cooperación contra el narcotráfico en la frontera. 

Apenas tres días después de la explosión en Llorente y uno después de la de Pital, el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Joseph Humire, visitó Ecuador. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Henry Delgado, dijo que la reunión sirvió para «buscar la forma de mejorar la seguridad en la frontera norte, principalmente». 

Ecuador ha negado rotundamente que haya estado operando en territorio colombiano, luego del descubrimiento en marzo de una bomba sin detonar de fabricación ecuatoriana en el lado colombiano de la frontera. Una comisión binacional determinó que el artefacto probablemente impactó en territorio ecuatoriano y, tras rebotar, cayó en territorio colombiano. 

El Comando Sur de las fuerzas militares estadounidenses no respondió a preguntas específicas sobre si se habían realizado ataques en tierra como parte de la Operación Southern Spear o si se había compartido inteligencia de laboratorios de cocaína en Colombia con Ecuador. 

“Por razones de seguridad operativa y protección de las fuerzas, no discutimos inteligencia ni detalles sobre nuestros procesos y planificación operativos,” dijo un vocero en una respuesta escrita. 

En la antesala de la operación de Estados Unidos para capturar al entonces líder de Venezuela Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, CNN reportó que la CIA había lanzado un ataque con drones contra un muelle supuestamente utilizado para cargar drogas. 

Pocas certezas, muchas coincidencias  

Los informes recientes del New York Times y del Washington Post indican que habría operaciones encubiertas detrás de la desaparición de un barco pesquero cerca de las islas Galápagos el 20 de enero, dos días antes del ataque en Inda Sabaleta. 

Según el Post, se trató de una “acción encubierta”: una operación aprobada por el presidente de Estados Unidos en la que Washington no reconoce públicamente su papel. Ningún gobierno se ha atribuido los hechos.

Eso contrasta con las publicaciones casi celebratorias que desde septiembre de 2025 ha hecho el Comando Sur de las fuerzas militares de Estados Unidos tras cada uno de los bombardeos a 69 embarcaciones supuestamente cargadas de droga en el Caribe y el Pacífico, que han matado a 227 personas, asunto sobre el  esta alianza periodística investigó y publicó en mayo pasado Bombardeados sin derecho a la defensa. 

El pesquero Fiorella, cerca a Galápagos,  desapareció con ocho tripulantes que se presumen muertos pues aún no los han encontrado. En marzo fueron atacadas otras dos embarcaciones, el Don Maca y el Negra Francisca Duarte II, cuyas tripulaciones sobrevivieron. No ha surgido ninguna evidencia pública de que esos pescadores estuvieran involucrados en el narcotráfico.

Sin embargo, el patrón que describieron los sobrevivientes de los ataques contra los barcos ecuatorianos es casi idéntico  al que relatan los trabajadores de Pital de la Costa e Inda Sabaleta. Antes de cada ataque, las tripulaciones observaron drones y una aeronave rondando durante días. Luego, según testimonios de los sobrevivientes recogidos en un informe de Human Rights Watch, drones pequeños soltaron artefactos sobre las embarcaciones y las envolvieron en llamas. 

Nada en las investigaciones del Times y el Post menciona los laboratorios de Nariño. Pero coinciden los tiempos y el método: vigilancia previa con drones y fuego sin autor reconocido. 

Víctimas invisibles 

Según los datos oficiales de Medicina Legal, en las dos explosiones murieron 14  personas: 12 en Inda Sabaleta y dos en Pital de la Costa. Sin embargo, quienes salieron de allí con vida aseguran que el número de víctimas es mayor. 

Wilmer, el sobreviviente del laboratorio de Inda Sabaleta, aclara que sólo se sacaron hacia la morgue y los hospitales a los muertos y heridos civiles; según él, otras 20 personas, miembros del grupo armado también fallecieron en la conflagración pero fueron sepultados clandestinamente. VerdadAbierta.com no pudo corroborar esa cifra pero coincide con las declaraciones de Petro sobre “decenas de calcinados”. 

Un informe de Medicina Legal relaciona el ingreso a la morgue de Tumaco de 12 cuerpos desde Inda Sabaleta. “De ellos hubo cinco cuerpos en condición de carbonizados y tres cuerpos con quemaduras del 90 por ciento de la superficie corporal”, según el reporte. 

La identificación de los restos se tuvo que hacer por ADN por el estado en que se encontraron. 

«Nosotros siempre pedimos reconocerlo, pero dijeron que no porque él estaba demasiado calcinado. Nos los entregaron a los 21 días”, dice la madre de Matías, Milena Valencia.

En la explosión de Pital de la Costa tampoco coinciden las cifras oficiales de muertos con los relatos de los testigos. 

En los registros de Medicina Legal están las muertes de José Manuel Caicedo Guerrero, a quien le decían ‘La Máquina y de Carlos Arturo ‘Popeye’ Segura, porque ambos fueron evacuados del caserío a los hospitales de Tumaco y Pasto, donde fallecieron. 

Las muertes de los hermanos Andrés y Edin Poniel Coime Angulo y César Antonio González sólo quedaron registradas en los corazones de sus familiares y vecinos de Pital de la Costa y en las bóvedas del pequeño cementerio de la población. Medicina Legal no da cuenta de ellos.

Para los habitantes de las zonas rurales de Nariño trabajar en los laboratorios de cocaína no nace de una vocación criminal sino como una estrategia de supervivencia ante la falta de opciones para ganarse la vida. “Es la única fuente de empleo que más mueve estas comunidades. Sé que es ilegal, pero es lo que hay», explica Duván Caicedo, líder comunitario de Pital de la Costa. “¿Cómo uno puede hacer una casa si no hay fuente de empleo?” 

A pesar de la ilegalidad de las actividades, el derecho internacional sólo admite el uso de la fuerza letal cuando es estrictamente inevitable para proteger la vida frente a una amenaza inminente. En un análisis jurídico sobre la campaña estadounidense de bombardeos a supuestas narcolanchas, el relator especial de Naciones Unidas sobre la protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul, concluye que estas constituyen “ejecuciones extrajudiciales en serie”, desestimando el argumento de Washington sobre una “guerra contra narcoterroristas”.

“Incluso suponiendo que las embarcaciones y las tripulaciones atacadas fueran miembros de los grupos criminales catalogados como terroristas, tales organizaciones no han lanzado ningún ‘ataque armado’ contra Estados Unidos como para activar el derecho a la legítima defensa”, escribió Saul.

Sin embargo, El 1 de diciembre de 2025, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en respuesta a una pregunta sobre los bombardeos a las lanchas, explicó que Estados Unidos lo ve de otra forma: “El presidente Trump y el secretario (de Guerra Pete) Hegseth han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de conformidad con las leyes de la guerra”.

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano no ha sido designada específicamente por Trump como un grupo narcoterrorista, pero la Segunda Marquetalia, de la cual escindió, ha estado en la lista desde el 2021. 

Los trabajadores de los chongos creían conocer los peligros de su trabajo: una incautación, un operativo militar que destruyera el laboratorio, un accidente con los químicos nocivos utilizados en la elaboración de la cocaína. Pero no previeron que la muerte llegaría desde el cielo en la oscuridad. “Lo denominamos una masacre”, dice Caicedo. “Nos gustaría que se hiciera justicia. Realmente una investigación que arroje lo que sucedió”.

“Haya sido el Estado colombiano, el Estado ecuatoriano o Estados Unidos, la única diferencia es a quién se le hace la reclamación”, dice Ramírez, el analista de derecho internacional. 

Pero hoy soplan nuevos vientos en Colombia y la posibilidad de hacer una reclamación parece alejada. El 7 de agosto asumió la presidencia el abogado de derecha Abelardo de la Espriella, y, con él, llegó un viraje de 180 grados. Dio por terminada la polémica política de “Paz Total” de su antecesor de buscar una paz negociada, anunció el regreso de la fumigación aérea de cultivos de coca y prometió intensificar los bombardeos contra los grupos armados. Y, a diferencia de Petro, ha hecho de la alianza con Washington el eje de su política de seguridad.

#Colombia brings decades of unrivaled experience in fighting cartels to the Americas Counter Cartel Coalition (A3C).

Yesterday in Bogotá, #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan met with Minister of Defense Jorge Eduardo Mora to solidify plans to accelerate joint lethal… pic.twitter.com/VTPuvb4fQm

— U.S. Southern Command (@Southcom) August 28, 2026

Esa alianza, según el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, incluiría operaciones combinadas con tropas estadounidenses en el territorio bajo la recientemente creada Fuerza Conjunta de Acción del Hemisferio Occidental. Luego de un encuentro el 8 de septiembre con el secretario de Estado Marco Rubio, De la Espriella declaró que Colombia sería el principal socio en el combate del narcotráfico de Estados Unidos en Sudamérica. “Vamos a empezar a fumigar, vamos a ir por los laboratorios por los precursores, por las rutas, por los cabecillas del narcotráfico”, dijo.

También confirmó que la sede del Escudo de las Américas, una coalición multinacional contra el crimen organizado y el narcotráfico liderado por Estados Unidos, será la segunda ciudad colombiana  Medellín. 

Mientras tanto, en Pital de la Costa siguen esperando respuestas. Ninguna autoridad judicial ha vuelto a la vereda desde que pasó el CTI en enero. Y los drones siguen rondando los cielos de Tumaco. 

*Nombres cambiados para proteger a los entrevistados.