Aunque no hay confrontación armada como en el Catatumbo, Arauca o Nariño, en esta subregión del Magdalena Medio las comunidades siguen esperando la implementación del acuerdo firmado con la extinta guerrilla de las Farc. Su territorio es disputado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Eln.
Tomar una chalupa desde el puerto de Barrancabermeja y navegar por el imponente río Magdalena hacia el sur de Bolívar pone a soñar a los viajeros en un futuro próspero para región por la productividad de sus tierras, biodiversidad y, sobre todo, por el talante de los campesinos, pero esa ilusión riñe con la realidad. Si bien se superó la crudeza del conflicto armado de los últimos 30 años, las dificultades en la implementación de los acuerdos con las Farc y la presencia de grupos armados ilegales inquietan a sus pobladores.
“La permanencia en el territorio se ha estabilizado. El proceso de paz fue un respiro”, afirma Gilberto Guerra, coordinador de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), una de las organizaciones campesinas más antiguas de la región y ganadora del Premio Nacional de Paz en 2010.
Guerra explica que el trabajo de las organizaciones sociales ha sido crucial en la apuesta conjunta de los pobladores por defender la vida y el territorio: “Acá hay un compromiso de desarrollo basado en los acuerdos de convivencia de la región”. Sin embargo, a los habitantes les preocupa la garantía de una “paz estable y duradera”, tal como se prometió en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto firmado con las Farc el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.
Las alertas están encendidas. En mayo de 2017, la Defensoría Regional del Pueblo emitió un informe de riesgo sobre los factores de amenaza y vulnerabilidad que padecen las comunidades en los municipios de Achí, Montecristo y San Jacinto del Cauca, que hacen parte de la subregión de La Mojana, en límites con Sucre y Antioquia; y en junio de ese año produjo una nota de seguimiento sobre las condiciones de riesgo en los municipios de San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, Sur de Bolívar, en límites con Santander.
Según los reportes de esa agencia del Ministerio Público, en estos seis municipios hay una situación común desde la desmovilización de las Farc y su dejación de armas: la disputa territorial entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamada por las autoridades ‘Clan del Golfo’, y la guerrilla del Eln. La tensión comenzó a finales de 2016, cuando los frentes 24 y 37 de las Farc se preagruparon para concentrarse luego en la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), en la vereda Carrizal del municipio de Remedios, Antioquia. (Leer más en: La parábola de Carrizal)
Desde esa época, las Agc y el Eln buscan dominar estas subregiones donde hay presencia de cultivos de hoja de coca para uso ilícito y minería ilegal, aprovechando su aislamiento y la compleja red fluvial entre la Serranía de San Lucas y el Mar Caribe. Aunque los dos grupos armados ilegales se financian con estas rentas, el Eln lo hace principalmente con la extorsión a los mineros tradicionales, dueños de retroexcavadoras y empresas que, sin los requisitos legales, explotan oro en la región. Por su parte, las Agc controlan mayoritariamente la ruta del narcotráfico, usada por el antiguo Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), además de cobrar extorsiones a finqueros y comerciantes.
Las cifras estatales muestran la dimensión del músculo financiero derivado de estas actividades. Según datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la producción de oro en esta región proviene principalmente de Simití, Santa Rosa del Sur y Montecristo, además de Morales, Tiquisio y Norosí. Para finales de 2017, la producción del preciado metal era de 4 toneladas anuales, que representan el 6 por ciento del total nacional. (Ver documento 1 de la Agencia Nacional de Minería y nota de prensa)
En la actualidad, Bolívar es el noveno departamento con más hectáreas cultivadas con hoja de coca en el país. De 1.044 hectáreas en 2015 esta cifra ascendió a 4.094 en 2016, según registros del monitoreo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). San Pablo y Santa Rosa del Sur son los municipios más afectados.
Con base en estos datos, el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) señala que las hectáreas de coca en San Pablo pasaron de 229 en 2015 a 1.255 en 2016; mientras en Santa Rosa aumentaron de 307 a 968: “La región Central (en particular Catatumbo, Sur de Bolívar y Bajo Cauca) se caracteriza por una presencia cada vez más hegemónica de bandas criminales como el llamado ‘Clan del Golfo’. La dinámica de los precios y de los actores ilegales deja ver una tendencia en la que es menos importante el control territorial, pero se mantiene el interés por la producción de drogas”. (Lea el informe)
Estas actividades ilícitas están generando expresiones de violencia que inquietan a las comunidades. De acuerdo con el Observatorio de Paz Integral (OPI) del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, entre enero y mayo de este año 46 personas han sido víctimas de homicidios selectivos. De estos, 16 casos se han registrado en el Sur de Bolívar; 12 en el Magdalena Medio antioqueño; 7 en el Sur del Cesar, y los 11 restantes en Magdalena medio santandereano. En toda la región, otras 16 personas fueron víctimas de agresiones con armas de fuego.
Y aunque el desplazamiento no supera los miles como hace 10 ó 20 años, Montecristo, Santa Rosa del Sur y Achí siguen expulsando personas, con más de 420 casos durante el último año, según los datos del Registro Único de Víctimas, RUV.
Territorios codiciados
Montecristo, Achí y San Jacinto del Cauca están en una zona de amortiguación de las corrientes de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, tres de las arterias fluviales más importantes del país. Desde los años setenta, el Eln hizo presencia con el Frente Alfredo Gómez Quiñones y más tarde las Farc, con el Frente 37. Las guerrillas se ubicaron en las partes altas de Morales, Santa Rosa del Sur y Montecristo, controlando los corredores que conectan la Serranía de San Lucas con la Costa Atlántica, el Nordeste antioqueño, el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño y la frontera con Venezuela.
El conflicto recrudeció a finales de los años noventa con la incursión paramilitar, cuando el Frente Mojana de las Auc se instaló en varios municipios de Sucre, Antioquia y en Bolívar, principalmente en Montecristo, San Jacinto del Cauca y Achí. Aunque este grupo se desmovilizó en 2005, la guerra se recicló y surgieron las Agc, disputando el control de las retroexcavadoras mineras en el corregimiento de Regencia y el río Caribona, así como la economía cocalera en Achí y San Jacinto del Cauca.
Con la salida del Frente 37 de las Farc del territorio en cumplimiento de los acuerdos con el gobierno nacional, el Eln y las Agc se disputan el control de la región. Según los informes de la Defensoría, las comunidades más afectadas en Montecristo han sido los pobladores de los corregimientos El Dorado y El Paraíso, donde están los mayores enclaves de explotación minera. Mientras el Eln los amenaza, restringe su movilidad y extorsiona, la banda criminal los desplaza, señalándolos de colaborar con la guerrilla.
La Defensoría advierte que en Achí el conflicto está concentrado en la Serranía del Corcovado, donde las Agc controlan la siembra y procesamiento de la hoja de coca para uso ilícito. En este lugar, las comunidades más afectadas son las de los corregimientos de Río Nuevo y Tacuyalta, así como las veredas Tagual y Malena, en el municipio de Tiquisio. Los dueños de ganado, productores de arroz y comerciantes son obligados a pagar extorsiones a la banda criminal.
En San Jacinto del Cauca la situación no es distinta, entre otras razones por su valor estratégico: este un municipio permite el acceso a cuatro departamentos y cuenta con múltiples ciénagas, caños y quebradas. Allí los habitantes más afectados son los del asentamiento 9 de Enero y los corregimientos de Tenche, México, Galindo y La Raya, donde la producción cocalera es controlada por las Agc.
Uno de los factores que agrava la compleja realidad en estos tres municipios de la Mojana es su situación social: más del 86 por ciento de sus habitantes presentan necesidades básicas insatisfechas, según datos del Departamento Nacional de Estadística. (Ver cifras del Dane)
El panorama es similar en la subregión del Sur de Bolívar. Los municipios de San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur tienen una importancia estratégica por el río Magdalena, al limitar con la Serranía de San Lucas y conectar con los departamentos de Antioquia, Cesar y Santander, además de su potencial minero. Desde que el Frente 24 de las Farc comenzó su tránsito hacia la legalidad, el Eln y las Agc intensificaron las amenazas y extorsiones, generando desplazamientos de sus pobladores.
La Defensoría señala que las condiciones de riesgo están relacionadas con el fortalecimiento de los frentes Héroes y Mártires de Santa Rosa y Guillermo Ariza del Eln, que se financian con cobros extorsivos a mineros tradicionales. Según detalla la agencia estatal, esta organización insurgente incrementó las extorsiones en la Mina Walter, un pequeño entable minero entre Santa Rosa del Sur y Montecristo; mientras la disputa con las Agc persiste en Ánimas Altas, corregimiento de San Pablo cuya vía comunica con Simití.
Pero al igual que en La Mojana, las Agc controla las rutas del narcotráfico en esta zona. La Defensoría explica que su expansión comenzó en La Cueva del Sapo, un sector del corregimiento de Cañavabral, extendiéndose por los corregimientos de Canaletal y Carmen del Cucú, todos en San Pablo. Carmen del Cucú es un “botín” por su cercanía al casco urbano y conexión con Simití a través del Caño Barbú, usado para el tráfico de sustancias alucinógenas.
La ruta de este tráfico comienza en Santa Rosa del Sur y Simití y pasa por los corregimientos de Monterrey o San Luis, en San Pablo, atravesando el río Magdalena a la altura del Caño Barbú. Al desembocar en Carmen del Cucú ésta continúa hacia el corregimiento de Bocas del Rosario, en Puerto Wilches, para seguir su tránsito hacia la Costa Caribe. A las comunidades les preocupa, además, la comercialización de drogas ilegales en los cascos urbanos, donde niños y jóvenes son los más vulnerables.
En una carta enviada por las organizaciones sociales del Magdalena Medio al gobierno nacional, en abril pasado, las comunidades expresan preocupación por la persistencia en la violación de derechos humanos en la región y destacan la violencia ejercida por otros grupos reciclados del paramilitarismo asociados al narcotráfico, entre ellos ‘los Acuamanes’, con presencia en San Pablo y Cantagallo, en Bolívar, Yondó, Antioquia, y Barrancabermeja, Santander; así como ‘los Piquiñas’ y ‘los Españas’, que al parecer operan en el casco urbano de San Pablo. (Ver carta)
Larga espera
En medio del conflicto armado, las comunidades han logrado resistir, a la espera del cumplimiento de la reparación integral prometida en los procesos de justicia transicional. Esto ocurre con dos procesos campesinos en el municipio de Simití: el impulsado por el Comité Cívico del Sur de Bolívar, que desde hace 10 años ha formulado iniciativas productivas y sigue esperando la aprobación de un Plan de Reparación Colectiva para las comunidades de los corregimientos de Monterrey, San Blas, El Paraíso, San Joaquín y Santa Lucía.
“Reparar es algo que se dañó y el conflicto nos quitó todo. Nosotros, las víctimas, somos los que nos hemos reparado”, afirma César González, uno de los líderes del Comité, quien explica que el mejoramiento del parque, de la iglesia, del puente que pasa por el río Boque y de la Institución Educativa de Monterrey los ha realizado la comunidad con el apoyo de recursos de organizaciones sociales y la cooperación internacional, pero las carencias son más graves: allí el puesto de salud está cerrado porque no hay médico ni enfermera, tampoco hay electricidad, acueducto ni vías adecuadas para transportar las cosechas.
Esta realidad se replica en el corregimiento El Garzal, donde desde hace 20 años 374 familias esperan la titulación de por lo menos 12.400 hectáreas que han cultivado desde mediados del siglo pasado. Aunque en 2013 el antiguo Incoder le entregó títulos a 64 de ellas, el registro quedó suspendido por la falta de planos de las tierras. Desde que esta institución fue liquidada en 2015 para dar paso a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el proceso agrario sigue pendiente.
“En El Garzal no hay luz, no hay vía en un trayecto de 31 kilómetros, tampoco servicio de agua potable ni puesto salud”, indica el líder Salvador Alcántara, contando que pese a esas condiciones la comunidad cultiva cacao con el sueño de comercializarlo en el mercado local e internacional con la marca “Chocogarzal”.
A la Defensoría del Pueblo le preocupa la vulnerabilidad de estas comunidades, pues los corregimientos de Monterrey y El Garzal, geográficamente limitan con el Caño Barbú, donde las Agc hacen presencia por considerarlo parte de la ruta del narcotráfico. Desde hace un año, el organismo del Ministerio Público solicitó intervención de diferentes entidades del Estado para garantizar la protección de estos habitantes, pero el proceso ha sido lento.
De momento, la expectativa de la región está puesta en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), propuestos en el punto 1 del Acuerdo de Paz como el espíritu de la Reforma Rural Integral para transformar las condiciones de vida de más de millones de personas. Entre los 170 municipios priorizados en el país, siete de ellos corresponden a la región del Sur de Bolívar: Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, en Bolívar, incluyendo a Yondó, en Antioquia.
Águeda Plata, gerente del PDET Sur de Bolívar y Yondó, explica que la construcción del Plan avanza en la etapa municipal, proyectando un documento regional para finales de julio próximo. La expectativa está en que esta propuesta se eleve a política pública, comprometiendo recursos del Presupuesto General de la Nacional para poner en marcha las apuestas de tierras, infraestructura, salud, educación, reactivación económica; seguridad alimentaia, reconcialiación y paz, vivienda y agua potable.
“Durante 10 años construimos un nuevo Plan de Reparación Colectiva y seguimos esperando, a que el gobierno nos cumpla. Estamos esperando qué sucede con el PDET”, comenta Ramón Bohórquez, presidente de la Junta de Acción Comunal, del corregimiento de Monterrey, en Simití.
El PDET debe articularse con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), propuesto en el punto 4 del Acuerdo. Sin embargo, el aterrizaje de la sustitución de los cultivos de coca, amapola y marihuana preocupa a los líderes rurales. Entre enero y mayo de 2018 fueron asesinados Víctor Manuel Morato, Nixxon Mutis y Félix Castañeda, en los municipios de Cantagallo y Yondó. Algunos de ellos participaban en espacios comunitarios en la defensa de la protección de las ciénagas y la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito.
Tras el resultado de las recientes elecciones presidenciales, en el Magdalena Medio se respira incertidumbre. Son más las preguntas que las certezas sobre la continuidad de las instituciones transicionales y aplicación del Acuerdo de Paz bajo una nueva administración que ha cuestionado con obstinación lo pactado con las Farc, poniendo en la cuerda floja la poca tranquilidad que se ha logrado en esta golpeada región.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de
