Junto con el estancamiento de la negociación de paz quedaron suspendidos un incipiente proceso de participación nacional y las apuestas humanitarias para Nariño y Chocó, lideradas por organizaciones sociales. Entre tanto, las partes no ceden en sus exigencias para reanudar los diálogos.
Más de cinco meses completa la parálisis de la mesa de conversaciones entre el gobierno nacional y el Eln. El empantanado proceso de paz con esa organización insurgente, con la que la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) no llegó a ningún acuerdo sobre alguno de los seis puntos que componen la agenda de diálogos, se encuentra estancado por cuenta de las exigencias planteadas por el presidente Iván Duque para una eventual reapertura.
Tras una evaluación inicial de 30 días sobre el estado del proceso, Duque le exigió al Eln ponerle fin a la práctica del secuestro y “cesar unilateralmente las acciones criminales”. A la par, en cabeza del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, el gobierno nacional ha desplegado una amplia estrategia de declaraciones públicas y gestiones ante la comunidad internacional para conseguir respaldo a esas exigencias. (Lea más: Línea de tiempo del proceso de paz con el Eln)
El jefe de Estado tomó la decisión de supeditar la reanudación pese a los reiterados obstáculos que enfrentó la delegación de paz del presidente Santos luego de plantearle condiciones al Eln para adelantar las conversaciones. Como entonces, la guerrilla ha respondido públicamente que no hará concesiones unilaterales y que todos los temas de interés del gobierno nacional, incluido el humanitario, deben discutirse en la mesa. (Lea más: Mesa de diálogos con el Eln se queda sin oxígeno)
Pese a ello, el Eln decretó un cese unilateral de operaciones ofensivas entre el 23 de diciembre y el 3 de enero pasados, en respuesta al “pedido de las comunidades en los territorios, que padecen el rigor de la guerra impuesta por el régimen, así como de organizaciones sociales, sectores del país y todos los interesados en la paz de Colombia”. No obstante, Ceballos declaró que el gesto era insuficiente, mientras la guerrilla alegó que uno de sus campamentos en el sur de Bolívar fue bombardeado durante la vigencia del cese.
Así las cosas, el proceso parece haber entrado en un callejón sin salida, en el que además se han debilitado el apoyo internacional y la presión de la sociedad civil, buena parte de ella atemorizada por el asesinato de líderes y por el juzgamiento de dirigentes sociales y políticos acusados de integrar el Eln. Esta última situación fue calificada como un “patrón de criminalización o de montaje judicial contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos” por el relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores, Michel Forst, quien visitó el país a finales del año pasado. (Lea más: Cinco casos que le preocupan al relator de la ONU sobre defensores)
Parálisis del proceso
Para Carlos Velandia, uno de los cuatro gestores de paz nombrados por el Ejecutivo para el proceso con el Eln, las posiciones de las partes han conducido a la mesa a un punto muerto: “Estas exigencias del gobierno se han convertido en una situación muy difícil de resolver, porque para el Eln son inaceptables y en sentido estricto de una negociación es un inconveniente tremendo que una parte le ponga condiciones a la otra. En ese sentido, parece que ninguna de las partes puede aproximarse sin renunciar a las líneas rojas: para el Eln, que nada se trata por fuera de la mesa, y para el gobierno, que todo se hace sobre la base de la renuncia del secuestro y el cese de acciones ofensivas”.
Una experta que conoció de cerca la negociación con el Eln durante la pasada administración aseguró que la imposición se ha convertido en una constante en estas conversaciones: “En el proceso con el Eln lo que hemos visto es permanentes exigencias, incluso durante el gobierno de Santos, cuando por la condición de que el Eln renunciara al secuestro la mesa estuvo sin apertura casi un año. La experiencia en negociaciones muestra que las exigencias lo que terminan haciendo es dilatar y que las dinámicas del conflicto, por más indeseables o condenables que sean, son parte de los temas que deben ser abordados en la negociación”.
Más aún, algunos sectores que respaldan la mesa han señalado una posible contradicción en la exigencia del Ejecutivo de que el Eln deje de cometer actos criminales. Así la calificó Olimpo Cárdenas, vocero de la Mesa Social para la Paz: “Es cantinflesco decirle a una insurgencia que cese sus acciones criminales, cuando para el Estado su mera existencia es un acto criminal. El gobierno lo que parece estarle diciendo al Eln es que se desmovilice para poder negociar la dejación de armas, lo cual no tiene sentido”.
Además de ello, el pasado 10 de enero, Ceballos dijo públicamente en Arauca que el Eln debía seguir el camino de las Farc, que decidió renunciar al secuestro y decretar varios ceses unilaterales prolongados mientras negociaba con el gobierno en La Habana.
Frente a esa sugerencia, el experto en negociaciones de paz Julián Arévalo señaló: “Todas las guerrillas son diferentes y aplicarle el rasero de una negociación a otra es cometer un gran error. Los pasos que dieron las Farc para liberar a los secuestrados fueron deseables para el gobierno de Santos y uno quisiera que otros grupos armados se comportaran así e incluso mejor, pero cada uno es diferente y es una pereza mental no sentarse a estudiar la contraparte”.
Además de plantear condiciones, el gobierno nacional ha puesto en marcha una serie de gestiones con los países que acompañan los diálogos para conseguir respaldo frente al tema del secuestro.
El pasado 27 de noviembre, Ceballos conversó al respecto con la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, durante el XVII encuentro de Estados parte de la Convención de Ottawa, realizado en Suiza. Dos semanas antes, el alto funcionario había discutido el tema con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien al término de la reunión declaró: “Condenamos secuestros del Eln. Definitivamente no es aceptable pretender una negociación sobre la base de una estrategia criminal”.
Igualmente, Ceballos consiguió que los embajadores de Francia, Suecia y Alemania, así como el gobierno italiano, apoyaran las exigencias para la reanudación de la mesa.
Con Cuba y Venezuela, el Ejecutivo también ha emprendido gestiones diplomáticas. En noviembre pasado, Ceballos le solicitó al gobierno de la isla dar cumplimiento a la circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que pesa contra el máximo comandante del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, además de informar sobre las condiciones en que se encontraban en ese país las 24 personas que integraban la delegación de paz del Eln.
Para el caso de Venezuela, el presidente Duque anunció en septiembre de 2018 que no lo reconocería como parte del grupo de países garantes. Igualmente, el pasado 3 de enero la Oficina del Alto Comisionado le pidió a ese país a través de la Cancillería “verificar la presencia y permanencia en su territorio de algunos miembros del Eln”, así como, de ser el caso, hacer efectivas las circulares rojas de Interpol que pesan contra los comandantes guerrilleros ‘Antonio García’, ‘Pablito’ y ‘Ramiro Vargas’, integrantes del Comando Central.
Pese a ello, Ceballos declaró que como muestra de su voluntad de paz el gobierno nacional ha permitido la permanencia de la delegación del Eln en La Habana, así como sostenido el estatus de los gestores de paz.
En noviembre de 2018, el alto funcionario también condenó los atentados del Eln contra la infraestructura petrolera. Al respecto, dijo se habían ejecutado 82 voladuras contra oleoductos en lo corrido del año, afectándose los “recursos para la implementación de los acuerdos con las Farc”, el precio de la gasolina y el medio ambiente.
Y de acuerdo con las autoridades, en lo que va corrido de este año se han cometido tres atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas, dos de ellas en Arauca y otra más en Norte de Santander, atribuidas a este grupo insurgente.
Otro asunto que podría convertirse en un palo en la rueda para una eventual negociación es la posible aprobación en el Congreso de la República del proyecto de Acto Legislativo 072 de 2018, una iniciativa del gobierno Duque que pasó con éxito los primeros cuatro debates en el capitolio.
Este proyecto busca eliminar la posibilidad de que el secuestro y los delitos asociados al narcotráfico puedan ser considerados conexos a los delitos políticos en un nuevo escenario de justicia transicional, lo que en la práctica obligaría a llevar a la cárcel a los principales comandantes del Eln, situación que, sin duda, sería rechazada de plano por la dirigencia del grupo subversivo. (Lea aquí el proyecto)
Como posible solución al estancamiento, el gestor de paz Carlos Velandia ha propuesto buscar un tercero extranjero, de “alta credibilidad para las partes”, que ayude a encontrar alternativas a las “líneas rojas”. Según Velandia, ese papel de amigable componedor podría serle encargado al Centro para el Diálogo Humanitario, con sede en Suiza, experto en la resolución de conflictos; a la Comunidad de Sant’Egidio, integrada por laicos; o a un enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas.
Y es que, además de distanciar a las partes y continuar minando la credibilidad en el proceso de paz, el estancamiento también ha dejado en veremos varios procesos de participación que se habían dinamizado en la mesa, afectando a los líderes y las organizaciones sociales que les apostaron a esas iniciativas.
Proceso de participación
Si bien la participación de la sociedad civil se concibió como la médula del proceso de conversaciones entre el gobierno Santos y el Eln, varias decisiones concretas que tomaron las partes en ese sentido parecen haber quedado sin efecto.
Una de las más relevantes consistió en la realización, a finales de 2017, de las audiencias preparatorias del punto uno de la agenda, en las que 200 delegados de distintos sectores de la sociedad civil presentaron propuestas para la participación. Aunque el gobierno nacional y el Eln se comprometieron a sintetizarlas y discutir los puntos de desencuentro para llegar a acuerdos sobre el modelo, esa tarea no se concretó. (Lea más: Sociedad civil construye modelo de participación en la mesa con el Eln)
Así lo explicó Olimpo Cárdenas, vocero del Congreso de los Pueblos y de la Mesa Social para la Paz, espacio de articulación que presentó uno de los modelos de participación más ambiciosos: “Nosotros tenemos la sistematización de esas audiencias, en las que se presentaron múltiples propuestas de cómo sería el proceso. Incluso, recomendamos relatores y gente especializada en hacer síntesis. Teníamos mucha expectativa con eso, pero se esfumó por cuenta de los estancamientos”.
Desde finales de 2017, ante la inminencia del cambio de gobierno, varias de las plataformas de paz que participaron en las audiencias, articuladas en el espacio Convergencia por la Paz, han realizado esfuerzos infructuosos por alentar a las partes a avanzar en las conversaciones.
Cárdenas contó que tras la decisión del presidente Duque de congelar la mesa se intensificaron las gestiones: “Hemos hablado con la comunidad internacional, el Defensor del Pueblo, el Procurador, Angelino Garzón (embajador en Costa Rica). Hemos intentado acercarnos a la iglesia (católica). Hemos buscado por cielo y tierra al Alto Comisionado para la Paz, así como al Secretario General de la Presidencia, para que le transmitan al Presidente nuestro apoyo en el tema de paz. No obstante, todo el mundo nos ha volteado a la cara, lo cual nos lleva a tener un sentimiento de que la sociedad civil no le importa a nadie, pese a que sigue siendo la única que reacciona ante la inoperancia de la mesa”.
Otro de los avances que lograron el gobierno Santos y el Eln fue llegar a consensos de último minuto sobre los aspectos fundamentales de un eventual proceso de participación. En el último comunicado conjunto, emitido en agosto de 2018, las partes anunciaron que habían ‘concertado’ que el proceso articularía los puntos de la agenda sobre Democracia para la Paz, Transformaciones para la Paz y Víctimas; se desarrollaría de abajo hacia arriba a través de los carriles territorial y temático, sectorial, poblacional; tendría en cuenta los enfoques diferenciales, además de las “realidades territoriales del país”; y estaría acompañado de una estrategia de pedagogía y comunicaciones, así como de garantías de seguridad.
Aunque esas disposiciones recogen los aspectos principales de las propuestas presentadas en las audiencias preparatorias, el diseño del proceso quedó incompleto, por lo que la mesa no lo aprobó y dejó su definición para una eventual negociación con el gobierno Duque. Al respecto, Cárdenas indicó: “Esos consensos recogen temas transversales, son categorías grandes que no le hacen daño a nadie, sino que le sirven a todo el mundo, y de ahí se debería partir para continuar y construir la propuesta de participación”.
Dos procesos regionales que materializaron la participación de la sociedad en la mesa también se encuentran paralizados.
El primero es el de desminado humanitario para tres zonas de Nariño: el corregimiento El Chinchal y el resguardo La Montaña, del municipio de Samaniego; y el resguardo El Sande, del municipio de Santacruz. Desde febrero de 2017, por iniciativa de comunidades y organizaciones sociales, las partes abrieron un proceso de concertación para hacer efectivo el compromiso del Eln de desminar esas áreas, asumido en 2006 en el marco del entonces Pacto Local de Paz, otra idea de la sociedad civil. (Lea más: En Nariño quieren reactivar Pacto Local de Paz)
En agosto de 2017, los gobiernos nacional, regional y local, la comunidad internacional, organizaciones expertas en desminado humanitario y el gestor del Eln Juan Carlos Cuéllar participaron en una asamblea comunitaria en la vereda Alto Cartagena, de El Chinchal, elegida por la comunidad como proyecto piloto. Allí, según explicó Harold Montufar, impulsor de la iniciativa y coordinador del Instituto Sur Alexander Von Humboldt, el gobierno nacional y el Eln se comprometieron a avanzar en el proceso, al punto que poco después se involucró a la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y se empezó a discutir cuál operador llevaría a cabo el desminado.
Las organizaciones y comunidades también viajaron a Quito a presentar esa propuesta en la mesa, así como otras relacionadas con el desarrollo de la región. No obstante, el proceso terminó en abril de 2018 por el temor que produjo la captura de 34 dirigentes sociales del suroccidente, a quienes la Fiscalía señaló de pertenecer o colaborar con el Frente de Guerra Suroccidental del Eln. (Lea más: Preocupan capturas masivas en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca)
Entre los capturados, la mayoría liberados pocos días después por orden de un juez, estuvo el propio Montufar, quien refirió al respecto: “En las zonas que estamos pidiendo desminado, por supuesto que está el Eln. Entonces, es muy perverso que las personas salgamos judicializadas por pedir acciones humanitarias. Luego de esas capturas hubo un retiro de la mayoría de las comunidades y desde entonces nadie ha dicho nada. Casi que nos desvertebraron, fracturaron lo que habíamos hecho en torno a esa iniciativa”. (Lea más: “Ojalá esta oportunidad no sea un fracaso más para la paz”: Harold Montufar)
Javier Dorado, parte del proceso y director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Nariño, también aseguró que las capturas masivas sepultaron lo construido: “Desafortunadamente, en 2018 dos dirigentes que impulsaron la iniciativa, el doctor Montufar y el representante a la Cámara por las Autoridades Indígenas Germán Carlosama, fueron involucrados en procesos judiciales por supuestos nexos con el Eln, de una manera absolutamente arbitraria, en una persecución al movimiento social que estaba intentando hacer propuestas en la mesa de diálogos. Por temor de los líderes y de las comunidades se decidió frenar la propuesta de desminado, lo que sumado al miedo por el asesinato de líderes sociales hizo que la gente prefiriera quedarse callada”. (Lea más: Los alarmantes patrones que rodean el asesinato de líderes sociales)
El segundo proceso regional es el del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, dado a conocer públicamente en Quibdó pocos días antes del inicio del cese bilateral, temporal y nacional que llevaron a cabo el gobierno nacional y el Eln entre octubre de 2017 y enero de 2018. El Acuerdo está compuesto por nueve medidas para aliviar los impactos de la guerra y dinamizar la mesa, construidas por organizaciones rurales de base adscritas al Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas de Chocó y los movimientos de víctimas y de mujeres. (Lea más: Con capítulo especial para Chocó, arranca cese del fuego con el Eln)
Jesús Flórez, acompañante de las comunidades que firmaron el Acuerdo y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente, explicó que durante la última reunión con la mesa se prometió una respuesta que nunca llegó: “En junio de 2018 fuimos con la comunidad a La Habana. En esa oportunidad, las partes se comprometieron a que darían respuesta estructural al Acuerdo Humanitario en el marco de un avance significativo para un nuevo cese bilateral. Sin embargo, terminó el gobierno de Santos y no se logró un acuerdo al respecto”.
Aunque las nueve medidas nunca se concretaron, Flórez destacó que la iniciativa sí les permitió a las comunidades abrir un espacio de interlocución con las partes para discutir el tema humanitario y exigir la salida negociada al conflicto. El canal también funcionó en Quibdó, a donde acudieron el gestor Cuéllar y el entonces negociador del gobierno Juan Myer para reunirse con los promotores del Acuerdo.
En septiembre de 2018, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunció su respaldo al Acuerdo durante el “Primer Diálogo Territorial de Paz, Legalidad y Convivencia” organizado por el gobierno Duque, aunque no lo reconoció como un espacio articulado a la mesa de conversaciones con el Eln.
Al respecto, Flórez señaló: “El gobierno ha valorado el Acuerdo, pero no se ha comprometido con nada porque la comunidad pide respuestas en el marco de la mesa. Lo que se busca no es un alivio humanitario per se, sino que ese alivio vaya condicionado a un acuerdo estructural de paz”.
De momento, las organizaciones sociales y las comunidades que viven en zonas de conflicto continúan a la espera de que las partes se decidan a encauzar las conversaciones, que desde su inicio formal en febrero de 2017 han estado plagadas de obstáculos e incertidumbre.
Foto de apertura: Marcha Patriótica
