Los grupos armados ilegales que azotan buena parte de los territorios afros e indígenas recurren a niños, niñas y jóvenes para nutrir sus filas, afectando no sólo sus vidas sino el tejido social de las comunidades. Las alertas están encendidas desde hace varios años y la Procuraduría reclama acciones al Ministerio del Interior.
La confrontación armada en ese departamento, uno de los más pobres del país, no da tregua. Pese a que hace ya más de tres años se firmó un acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, uno de los ejércitos irregulares que tanto daño les hizo a sus pobladores, la guerra sigue activa y exhibe su rostro más dramático: el de menores de edad en las filas de uno u otro grupo criminal.
Niños, niñas y adolescentes de resguardos indígenas y de consejos comunitarios de comunidades afro son los más acosados por la guerrilla del Eln y por paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’. Su incorporación es forzada y quienes intentan oponerse corren peligro.
Las cifras son inciertas porque hay un profundo temor a denunciar el reclutamiento ante las autoridades. Las familias afectadas prefieren el silencio a enfrentarse al riesgo de ser castigadas por guerrilleros y paramilitares. A finales de noviembre del año pasado, el Obispo de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto, habló de por lo menos 100 menores reclutados durante el 2019, pero podrían ser más, habida cuenta del miedo que impera entre las comunidades.
Así, por ejemplo, lo ha advertido la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en sus informes sobre Chocó. En el más reciente, de septiembre del año pasado, indicó que “el reclutamiento forzado en NNA (niños, niñas y adolescentes) en el marco del conflicto está invisibilizado, dado el alto subregistro y brechas de información referentes a estos casos”.
Análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) coinciden en advertir la dificultad de cuantificar este drama. Y pese a ello, asevera que entre enero y septiembre de 2019 aumentaron en un 41,6 por ciento los eventos de reclutamiento forzado de menores de edad en el país, siendo Chocó uno de los afectados. “Las víctimas existen y es urgente que el Estado tome medidas para evitar que estos casos sigan sucediendo”, recomienda este centro de pensamiento.
La persistencia de este fenómeno prueba que la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, rubricado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá entre la extinta guerrilla de las Farc con el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos (2010-2018), especialmente la salvaguarda de no repetición, se ha quedado en el papel.
Datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, contenidos en el informe Tiempos de vida y muerte: memorias y luchas de los pueblos indígenas en Colombia (noviembre de 2019), evidencian esa situación: desde la firma del Acuerdo de Paz a mayo de 2019, este departamento registra 19.561 casos de afectaciones a los derechos humanos, el 55,8 por ciento del total del país, que corresponde a 35.055 casos.
Uno de los componentes que se previó en el tema de garantías de seguridad para las comunidades afro e indígenas fue el de fortalecer “los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional como la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona”, que podrían contener, como ocurre en el norte del Cauca, el reclutamiento forzado. No obstante, ni este ni muchos otros aspectos del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz han sido implementados en el territorio chocoano. (Leer más en: Implementación del Capítulo Étnico de Acuerdo de Paz aún no llega a Chocó)
Rompen el tejido
Una grave consecuencia del reclutamiento forzado es la afectación que está teniendo entre las comunidades. Así lo plantea un vocero de la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Departamento Del Chocó (Fedeorewa), que integra a los pueblos Embera Dovida, Katío y Chamí.
“¿Por qué nos afecta? Porque los grupos armados al margen de la ley están utilizando a los mismos jóvenes para que investiguen a los demás indígenas dentro de sus comunidades”, afirma el vocero de Fedeorewa, quien pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad.
“Estos jóvenes -agrega- son los que se están encargando de hacer investigaciones en contra de los líderes indígenas y de la comunidad cuando se trata de algún tema, como por ejemplo cuando se habla de protección o de cómo ejercer un control dentro de la comunidad, y de informar a sus mandos superiores, bien sean ‘elenos’ o de las Agc”.
De acuerdo con la información que reciben en Fedeorewa, los pueblos indígenas más afectados por el reclutamiento forzado son los Embera Dovida, Embera Katío y los Wounnan, los responsables de esta infracción al Derecho Internacional Humanitario son la guerrilla del Eln y las Agc. Con respecto a las cifras, asegura: “Hemos tratados de tener esta información, pero las comunidades por temor no nos dan detalles, estamos trabajando sobre eso”.
Por su parte, un líder de la golpeada comunidad de Bojayá, a quien se le reserva su identidad también por razones de seguridad, coincide con el vocero de Fedeorewa en el tema del impacto comunitario y de los riesgos que corren sus autoridades propias.
“El reclutamiento de menores de edad por cualquiera de los grupos armados en estos territorios generan varias situaciones: la primera es que hay una desestructuración del tejido social y comunitario porque estos grupos, de cierta manera, persiguen a las familias de los jóvenes involucrados en estas situaciones”, expone este líder afro.
La segunda situación, desde su experiencia, es que los jóvenes reclutados “al llegar a estos grupos son muy manipulables, entonces se convierten en los verdugos, a veces, de las propias comunidades y de las propias familias, razón por la cual se dividen las familias y aumenta la desconfianza entre ellas y la comunidad”.
Y una tercera situación planteada por el líder de Bojayá, donde recientemente se denunció la presencia de un nutrido grupo armado ilegal en su jurisdicción, es que “los colocan al frente de las operaciones, de las actividades ilícitas, y eso tiene un impacto negativo en las familias, de las comunidades”.
Otro de los impactos advertido por la fuente consultada tiene que ver con las consecuencias sobre los niños, niñas y adolescentes reclutados: “Son esperanzas que se pierden de ser los futuros profesionales”.
“Nosotros en estas comunidades -agrega- tenemos un déficit muy alto en materia de educación, entonces son vidas que, de cierta manera se pierden, y no es fácil recuperarlas, sobre todo en comunidades que son tan pequeñas. Hablamos de lugares con 200, 300 habitantes y que se recluten 4 o 5 niños tiene un alto impacto muy fuerte en las comunidades”.
Al hablar de los grupos armados ilegales, responsables de esta infracción al Derecho Internacional Humanitario, detalla que los argumentos para vincular a los menores de edad a sus filas es “ofrecerles de cosas que a veces no son ni verdad: que les van a dar una cantidad de dinero, incluso, hay niños que con reclutados con la promesa de que van a tener una mejor oportunidad, de recibir comida, entonces eso lo que evidencia es que el Estado los deja desprotegidos y cogen estos caminos obligados precisamente por la desprotección que padecen a diario”.
Una de las realidades más trágicas de este fenómeno la consignó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) en su informe semestral publicado a comienzos del 2019. Al hacer referencia a hechos del 2018 referidos al departamento de Chocó registró denuncias de las comunidades sobre “el hostigamiento sistemático y la violencia sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales presentes en esta zona”.
A juicio de este organismo internacional, “el aumento de la violencia sexual contra las mujeres está acompañado del incremento de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, lo que evidencia la persistencia de afectaciones contra esta población en el marco del conflicto armado y las dinámicas de criminalidad”. (Ver Informe OEA)
Alertas sin atención
El 31 de agosto de 2017, un conjunto de organizaciones sociales de Chocó lanzaron el Acuerdo Humanitario ¡Ya! en el Chocó, un documento que contiene once puntos “con medidas encaminadas a garantizar el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario de la población chocoana, y el respeto a la autonomía territorial y formas de gobierno propio de las comunidades afrocolombianas e indígenas que habitan el territorio”. Uno de los puntos justamente es el de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Una de las tareas de ese grupo de organizaciones es la de hacer un estricto seguimiento a esos puntos desarrollando una metodología práctica: se nutre con las voces de las comunidades, que se han empoderado de la situación y con estricta confidencialidad reportan lo que ocurre en sus territorios. Hasta el momento se han emitido tres informes de seguimiento. Una revisión al punto de reclutamiento forzado permite dilucidar el drama que padecen afros e indígenas.
En el primer informe de seguimiento, emitido en febrero de 2019, las comunidades del Alto y Medio Atrato plantearon que “la situación de reclutamiento de niñas y niños, especialmente en las comunidades indígenas, es muy delicada y ha ido en aumento en los últimos meses. No se ha podido establecer el número exacto de niños y jóvenes reclutados. El Gobierno nacional no ha hecho nada por conseguir la liberación de estos niños y niñas reclutados”.
Por su parte las comunidades de la región del Baudó confirman lo que han declarado para este reportaje los líderes consultados: “El reclutamiento de niñas y niños por parte del ELN y de las AGC es una práctica constante. Algunos padres de familia cuentan que sus hijos fueron reclutados pero la mayoría no denuncia por miedo”.
Desde la región del San Juan confirmaron que también padecen el reclutamiento forzado y explicaron que estaría ocurriendo porque “en nuestro territorio hay carencia de empleo, no hay presencia del estado ni de oportunidades para los jóvenes”. (Ver I informe)
El segundo informe de seguimiento, fechado en mayo de 2019, contiene valoraciones muy críticas sobre lo que viene ocurriendo en el departamento de Chocó. El balance advierte un alto nivel de confrontación armada que ha impedido “desplegar toda la acción humanitaria que se necesita, por parte de los organismos humanitarios, iglesia y Defensoría”.
“Las autoridades indígenas -se lee a continuación- manifiestan su preocupación por el fuerte control que los actores armados están ejerciendo al interior de las comunidades, el reclutamiento de jóvenes y los riesgos de seguridad para el acompañamiento de los líderes y autoridades indígenas a esta población, debido al señalamiento y amenazas que los mismos líderes han sufrido. Esto está llevando a que se imponga el silencio y no se pueda visibilizar la totalidad de lo que sucede”.
Las comunidades reportaron reclutamientos forzados en La nueva Truandó, de Riosucio, por parte de los ‘gaitanistas’; y la guerrilla del Eln afectó con este tipo de infracciones a las comunidades indígenas del Alto Atrato y Andagueda. Sin precisar responsables, desde el Baudó registraron “reclutamientos gota a gota en menores indígenas”. Y desde la región del San Juan detallan que “en la comunidad indígena Chapié, los actores al margen de la ley siguen persuadiendo a los jóvenes menores de edad para que ingresen a sus filas”. (Ver II Informe)
En el tercer informe, de noviembre de 2019, se estableció que “la situación más crítica está en el Medio y Bajo San Juan”, donde según las comunidades, “el reclutamiento a menores va en aumento”. (Ver III Informe)
Desde la Defensoría
Pero no sólo las comunidades organizadas chocoanas, a través de sus voceros, han alertado del reclutamiento forzado. La Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha reiterado en sus informes de los tres últimos años sobre este departamento los riesgos que corren niños, niñas y adolescentes de ser incorporados a las filas del Eln y de las Agc.
En la Alerta Temprana de Inminencia Nº 013-19, fechada el 7 marzo del año pasado, esta entidad del Ministerio Público, le expuso a la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la crítica situación que padecen los pobladores indígenas Embera y las comunidades afro del municipio de Cértegui.
Tras hacer una valoración de las dinámicas de la confrontación armada, advirtió que la presencia de la guerrilla del Eln en esa zona podría derivar en “la alta probabilidad de que los niños y niñas, y adolescentes pertenecientes al pueblo indígena, pertenecientes a Pared y Parecito, sean reclutados”.
La ministra Gutiérrez también fue informada, el 12 de junio de 2019 por parte del SAT de la Defensoría del Pueblo, de la situación del resguardo indígena del Rio Pichima Quebrada, en jurisdicción del municipio Litoral del San Juan.
En esa comunicación se detalló lo ocurrido en las en las veredas de Chagpien Medio, Chagpien Tordó y Dur ap dur, donde “se presentó un intento de reclutamiento de 3 jóvenes de edades 14, 16 y 17 años, situación que no fue concretada por una agrupación armada al margen de la Ley, debido al mecanismo de autoprotección presente en la comunidad. Este evento se presentó gracias a la acción de jóvenes indígenas miembros de la misma comunidad quienes los persuadieron”.
El 18 de septiembre de 2018 fue notificada la Ministra del Interior del reclutamiento de cinco indígenas menores de edad del resguardo de Mondó, en el municipio de Tadó. En el informe del SAT se indicó que “dicha práctica constituye una acción de exterminio físico y cultural contra el pueblo indígena, violación flagrante a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario DIH, al ser catalogado un crimen de guerra”.
Procuraduría reclama acciones
Dadas las graves afectaciones derivadas de la confrontación armada que padece Chocó y cuyas alertas han sido constantes, tanto por las comunidades como por la Defensoría del Pueblo, particularmente en la zona del Medio Atrato, la Procuraduría le hizo un llamado a la Ministra del Interior para que se tomen todas las medidas necesarias para proteger a las comunidades.
En la carta enviada a Gutiérrez, conocida por VerdadAbierta.com, fechada el 2 de enero de este año y firmada por el procurador delegado para asuntos étnicos, Richard Moreno, se hace un recuento de lo reportado el último día del 2019 desde Bojayá, donde se alertó sobre la presencia de un grupo de hombres armados, al parecer de las Agc, y de posibles combates con la guerrilla del Eln.
Además, detalla la gran cantidad de oficios que se han enviado al despacho del Ministerio del Interior “informando de situaciones de riesgo a lo largo de todo este departamento, requiriendo en la perspectiva de garantizar los derechos colectivos e integrales de los grupos étnicos e individuales de sus integrantes, cuando quiera que se vean amenazados o vulnerados”.
A continuación, referencia no sólo los contenidos de sus requerimientos, entre ellos sendas peticione de proteger a las comunidades, sino las 14 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo desde enero de 2018, las 4 advertencias y 2 informes de riesgo emitidos para Chocó.
Finalmente, el Procurador Delegado para Asuntos Étnicos le reitera a la Ministra del Interior “adelantar todas las medidas de protección necesarias, adecuadas y atendiendo los principios de enfoque diferencial a que haya lugar para garantizar la vida e integridad de los habitantes de las regiones del Medio y Bajo Atrato”. (Ver carta)
Además, le solicita que informe a ese despacho “sobre las acciones dispuestas, las medidas implementadas y los espacios de concertación con las comunidades y de articulación interinstitucional entre las entidades territoriales y del nivel nacional”.
En una carta fechada el pasado 3 de enero, esta vez firmada por Juan Carlos Cortés, viceprocurador general de la Nación con funciones de Procurador General en calidad de encargado, el Ministerio Público le solicitó a la Ministra Gutiérrez y al nuevo gobernador de Chocó, Ariel Palacios, acciones inmediatas para atender a la comunidad de Bojayá y a las demás comunidades afectadas.
Entre las acciones exigidas está la de convocar de manera inmediata una reunión del Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías, y así como de otras entidades involucradas en el tema “a fin de concretar medidas urgentes para el cese de la situación en el municipio de Bojayá”.
Asimismo, reclama la adopción de “acciones pertinentes de manera urgente e inmediata con el objetivo de eliminar la situación de confinamiento que afecta a la población de la zona”, y solicita un informe “dentro de los cinco días siguientes a la procuraduría General de la Nación sobre las acciones realizadas hasta el momento para mitigar, prevenir y eliminar la situación de riesgo de la población”. (Ver carta)
Una de las mayores críticas del líder afro y poblador de Bojayá, consultado para este reportaje, es, justamente, hacia el Estado. A su juicio, nunca llega con programas de prevención a las comunidades vulnerables y en riesgo de padecer el reclutamiento forzado de sus menores de edad: “El Estado refleja una paradoja: luego de que estos niños han sido obligados y llevados a las líneas de combate, lo que hace es generarle la estigmatización de sus familias y la muerte”.
¿Corrupción detrás del drama?
A la actuación criminal de los grupos armados ilegales, que violan todos los protocolos del Derecho Internacional Humanitario, y la ineficacia del Estado para proteger a los menores de edad en esta compleja zona de conflicto, se le suman sospechas de manejos irregulares de recursos públicos destinados al tema del reclutamiento forzado.
Varias fuentes consultadas para este reportaje llamaron la atención sobre el Contrato 384 de 2019 de prestación de servicios firmado el pasado 18 de diciembre por la alcaldesa encargada de la ciudad de Quibdó, Mary del Carmen Urrutia, cuyo objeto fue la “Asistencia en promoción de la cultura de paz como estrategia para lograr la identificación y erradicación de los factores de riesgo asociados a la violencia juvenil y el reclutamiento de la población de niños, niñas y adolescentes del municipio de Quibdó”. (Ver Contrato)
El acta de inicio fue firmada efectivamente el 19 de diciembre por el secretario de Gobierno, Jhon Jarlin Asprilla, quien, para efectos de la ejecución del contrato debía fungir como supervisor. (ver Acta de inicio)
Urrutia, quien se venía desempeñando como Secretaria General del Municipio, reemplazó en calidad de encargada al alcalde Isaías Chalá, elegido en las votaciones de octubre de 2015 y vinculado a un proceso penal por corrupción que lo llevó a la cárcel en septiembre del año pasado. Pese a que quedó en libertad a finales de diciembre, aún sigue bajo investigación.
Las suspicacias surgen cuando se mira al detalle el documento y se revisan tres puntos en especial: el costo del contrato, el plazo de ejecución y la empresa beneficiada. Como se observa en la copia que fue subida al portal del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), donde deben registrarse todos los contratos que suscriben las entidades públicas del país, el presupuesto fue de 99 millones 950 mil pesos para ser ejecutado entre el 20 y el 29 de diciembre.
El proceso de contratación se hizo bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía y se le otorgó a la única firma que se presentó: Servicios, Seguridad y Protección SAS, representada por Darlei Romaña Palacios, un exmiembro de la Policía Nacional que también ostenta calidad de consultor certificado en seguridad por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. (Ver Documento Supervigilancia)
Revisados los documentos de soporte del contrato, básicamente se trataba de la realización de cinco eventos, durante un día que no se precisó, al que serían convocados 7 mil niños, de 0 a 10 años de edad, a quienes se les entregaría un regalo y tendrían una tarde lúdica. Asimismo, se promovería la campaña “Armas no juguetes sí” a través de diversas estrategias de difusión en las calles de la ciudad. Varias de las actividades deberían realizarse en Ciudadela Mía y Casa Lúdica Samper (Comuna 1); Caseta del Aeropuerto (Comuna 2); Colegio Gimnasio de Quibdó (comunas 3 y 4); Ancianato (Comuna 5); y Casa de las Margaritas (Comuna 6). (Ver Pliego de condiciones)
No obstante, las búsquedas en redes sociales no arrojan resultados que permitan observar que las actividades acordadas en el contrato se ejecutaron en los lugares seleccionados y tampoco se evidenciaron rastros de la campaña “Armas no juguetes sí”.
Una de las personas consultadas expresó su preocupación por este contrato, “firmado en los últimos días de una administración municipal muy cuestionada, por una suma apreciable, para ser ejecutado en muy poco tiempo y con unos resultados que no se ven en ningún lado”.
Otra de las fuentes, quien al igual que la primera pidió la reserva de su identidad, se preguntó por qué un tema tan delicado como el de la prevención del reclutamiento forzado se le entregó a una empresa de seguridad representada por un expolicía y consultor en temas de seguridad: “Ese tipo de campañas son más efectivas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o el Comité Internacional de la Cruz Roja y a largo plazo, no solo un día”. Y sugirió que la Procuraduría General de la Nación debería revisar este tipo de contratos.
VerdadAbierta.com le preguntó a la exalcaldesa Urrutia a través de mensajes de texto por este contrato, pero dijo que estaba de viaje con su familia y que en próximos días se pondría en contacto. Este portal está abierto a publicar la versión de la exmandataria cuando bien lo disponga.
Investigación realizada con el apoyo de:
