Una reciente investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reconstruye cómo fue la violencia contra los periodistas en los últimos 38 años. Los comunicadores han sido víctimas de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y agentes corruptos del Estado, quienes por medio de amenazas y de balas, intentaron silenciarlos.
Durante varios años, Colombia ocupó el primer puesto entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Foto: archivo Semana.La labor de informar sobre el conflicto armado, denunciar hechos de corrupción y alertar sobre el peligro de diferentes mafias, han puesto en la mira de los violentos a cientos de periodistas. Entre diciembre de 1977 y agosto de 2015 fueron asesinados 152 por las labores que realizaban con motivo de su oficio; otro buen número recibió amenazas de muerte y varios se exiliaron.
La primera víctima de la que se tiene conocimiento es Carlos Ramírez París, director de Radio Guaymaral, quien fue asesinado el 11 de diciembre de 1977 en el puente Calderón de Cúcuta, por dos policías a golpes. Ese debut también marcó una característica que de allí en adelante acompañaría a los demás asesinatos de periodistas: la impunidad, pues meses después los uniformados fueron dejados en libertad.
A partir de este crimen, el CNMH siguió el rastro de cada una de las agresiones sufrida por los periodistas e hizo una detallada radiografía sobre la violencia de la que fueron víctimas, la cual es publicada este miércoles bajo el nombre de La palabra y el silencio: La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015). El informe hace un recorrido cronológico por cada una de esas cinco décadas, tipifica los hechos de violencia, caracteriza a los verdugos, le hace seguimiento a los procesos judiciales y plantea una vía de reparación colectiva con énfasis comunicativo, para subsanar el daño causado a las comunidades que se quedaron sin voz y al gremio de comunicadores.
Portada del infomre del CNMH.En diálogo con VerdadAberta.com, Germán Rey, coordinador de esta investigación que duró alrededor de año y medio, explicó que la decisión de documentar este tema nació por la importancia que tiene la libertad de prensa para la democracia. Además, indicó que el estudio de este caso “demuestra que la violencia se ha exacerbado en múltiples zonas del país y que la han sufrido personas indefensas que han estado muy cerca a los núcleos del conflicto”, y resaltó la gravedad de atentar contra los comunicadores, porque estos delitos “tienen un daño de acción que poco a poco se va agrandando en las comunidades, y muchas veces terminan acabando con el único medio de comunicación de una región y con la posibilidad de que la gente se informe libremente”.
Además de los asesinatos, durante el conflicto armado también se han dado exilios, amedrentamiento, interferencias en el oficio, estigmatizaciones y autocensura que, según el informe, han “tenido repercusiones directas no solo en el campo del periodismo sino en la vida democrática de la nación” y “le han hecho un daño inmenso a la producción y circulación de la información en el ámbito público y al desarrollo de la convivencia y la vida social”.
Como si lo anterior fuera poco, la respuesta de las autoridades judiciales ha sido casi nula. Sólo en cuatro de los 152 asesinatos han sido identificados y procesados los autores materiales e intelectuales; el 48 por ciento de los casos ya prescribieron y nadie responderá por ellos; y la otra mitad se encuentra en diferentes estados procesales pero con pocas esperanzas de que prosperen. Para el investigador Rey, la impunidad se debe en parte a los cuidados de los victimarios para no dejar rastros, pero cuestiona el papel del sistema judicial, porque “en muchas circunstancias ni siquiera se llevaron a cabo las investigaciones preliminares y el manto del olvido estaba garantizado per se por el propio sistema. El mensaje que se estaba dando finalmente era: maten periodistas que no le pasa nada a nadie”.
En sus 400 páginas, el informe establece cuatro periodos de victimización contra los periodistas, cada uno enmarcado en las lógicas y los intereses de los verdugos.
La preparación de la violencia (1977-1985)
En estos ocho años fueron asesinados 18 periodistas que pertenecían a pequeños medios de comunicación. Según el informe, “la violencia proviene fundamentalmente de la corrupción política y de iniciales arremetidas del narcotráfico que en el siguiente periodo se acrecentarán notablemente; se presenta un asesinato asociado con la guerrilla del EPL”.
Destaca que esa época estuvo marcada por el enfoque de la guerra fría, la lucha anticomunista y la necesidad de medidas de seguridad nacional. “En este contexto la información, y concretamente las tareas del periodismo, se empieza a colocar en el centro de las preocupaciones de ciertos sectores del Estado colombiano, en particular del gobierno, las fuerzas militares y los organismos de seguridad”, indica.
Además de los asesinatos, ocurrieron dos atentados con explosivos. El 11 de noviembre de 1975 explotó una bomba de mediano poder en la sede de la revista Alternativa en Bogotá; días después otra fue activada en la casa del periodista Enrique Santos Calderón, quien para ese entonces era directivo de dicha revista.
El ascenso de la violencia narcotraficante (1986-1995)
Durante este tiempo fueron asesinados 62 periodistas. La razón de ese drástico aumento está relacionada con dos factores: el narcotráfico y el auge del paramilitarismo, que en diferentes momentos han ido de la mano en el conflicto armado.
Con relación al narcotráfico, se dieron ataques contra líderes de opinión que en sus columnas abogaban por la extradición hacia Estados Unidos y exponían el auge de este negocio ilegal. En este escenario se dio la arremetida del Cartel de Medellín, que en cabeza de Pablo Escobar Gaviria, atacó especialmente al diario El Espectador: primero con el asesinato de su director, Guillermo Cano, el 17 de diciembre de 1986; y posteriormente con la bomba a la sede del diario en Bogotá, el 2 de septiembre de 1989.
Al respecto, el informe indica que esta violencia tenía varios objetivos: “por una parte, doblegar a los medios de comunicación para que se pusieran del lado de la no extradición; pero, por otra, bloquear toda posibilidad de referencia al narcotráfico como la empresa criminal que ya era, a su impacto desastroso en el país, al señalamiento de sus cabecillas y sobre todo a la espesa red de conexiones que empezaban a construir con autoridades, políticos, bandas delincuenciales e integrantes del propio Estado”.
Por otro lado, el cubrimiento sobre la violencia paramilitar quese empezaba a incubar en el país, también fue causa de asesinatos de periodistas. Entre las primeras víctimas se encuentran Oswaldo Regino Pérez, periodista de El Universal de Cartagena, quien presuntamente fue asesinado el 11 de noviembre de 1988, por su cobertura de las masacres de La Mejor Esquina y El Tomate; y Luis Daniel Vera, asesinado el 11 de abril de 1989, quien cubría en Radio Metropolitana de Bucaramanga los crímenes de la banda de Los Masetos.
Además, en los últimos años de este periodo “arreciaron las acciones violentas contra periodistas por parte de las guerrillas”, y a diferencia de los primeros años en los que los narcotraficantes golpearon a grandes medios de comunicación para generar terror y presionar al Estado, la mayor cantidad de víctimas pertenecían a medios locales y regionales.
Actores armados ilegales, conflicto y violencia contra periodistas (1996-2005)
En estos diez años fueron asesinados 58 periodistas -la mayoría de radios locales-, aunque la violencia producto del narcotráfico mermó, las acciones de paramilitares y guerrilleras aumentaron. Durante ese periodo se dio la creación de las Autodefensas Unidades de Colombia (Auc) y los grupos paramilitares se expandieron por casi todos los rincones del país a punta de masacres y asesinatos selectivos.
Los periodistas vinculados a pequeños medios de comunicación recibieron el azote paramilitar porque “su expansión guerrera se concentraba en las regiones en las que existían pequeños proyectos periodísticos, con su tarea informativa expuesta y a la luz pública” y resalta que en sus ataques “hay una intención explícita de silenciar a quienes habían construido a través del periodismo unos lazos de confianza y credibilidad con las poblaciones de proximidad y generar el terror entre sus colegas de oficio y en las comunidades de cercanía”.
La guerrilla también golpeó a la prensa. Según cifras acopiadas en la investigación, entre 1997 y 1998 fueron secuestrados 24 periodistas; en 2002 se registraron 112 agresiones, entre amenazas (75), secuestros (12) y atentados (10); en 2004 ocurrieron 11 secuestros, siete de ellos en Arauca, de los cuales dos fueron autoría del Eln y los restantes de las Farc. Sobre el secuestro, indica que “fue un mecanismo particularmente usado por la guerrilla y los grupos paramilitares para aleccionar a periodistas con el propósito de reorientar la cobertura informativa de acuerdo a sus intereses, esto es publicitar los hechos con una mirada sesgada”.
Producto de estas acciones y de la rampante impunidad, en este periodo se empezó a instalar la autocensura. “De esta manera los perpetradores van logrando resultados con su estrategia de miedo. La agenda se restringe, algunos temas salen del debate público, se aumentan las estrategias de cuidado frente a la acción de los violentos y se entroniza una atmósfera de “calma chicha” en la que todos saben lo que sucede pero no existen condiciones para decirlo. El silencio empieza a vencer a la palabra”, señala.
Descensos y ascensos en la violencia contra periodistas (2006-2015)
Este periodo es de claroscuros. Los homicidios se redujeron con relación a los dos periodos anteriores (ocurrieron 14 hasta agosto de este año) y el país salió de la lista negra con más periodistas asesinados, pero aumentó la autocensura y se dieron otros tipos de agresiones que afectaron la libertad de prensa.
El informe contempla que la desmovilización de las Auc entre 2003 y 2006, y la creación de organizaciones de defensa de los derechos de los periodistas y el apoyo de ONG internacionales, contribuyeron a la disminución de los asesinatos. Las víctimas pertenecían al periodismo local y regional, laborando en pequeños medios de comunicación.
Sin embargo, la autocensura y las agresiones fueron en aumento. Con preocupación, el informe cita varios episodios en los que el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, realiza duros cuestionamientos contra periodistas y activistas de derechos humanos que derivaron en amenazas. “Como lo ocurrido a Gonzalo Guillén, a quien el primer mandatario de la nación señaló por “[dedicar] una carrera periodística a la infamia y la mentira”; o la calificación de “mentiroso” y “miserable” que dio a Daniel Coronell. Estas acusaciones públicas solían tener como consecuencia el aumento de las amenazas a los periodistas señalados”, indica.
Las motivaciones de los verdugos
Periodistas entrevistando a guerrillero de las Farc, tras un atentado al casco urbano de Toribío, Cauca, en 2012. Foto: archivo Semana.El informe también analiza el accionar de los victimarios y da luces sobre por qué arremetieron contra la prensa.
Sobre el narcotráfico, considera que vio en el periodismo un poder y un enemigo potencial. “Esta doble tensión la explicaba el hecho de que, como organización criminal, la visibilidad de sus delitos los ponía en un peligro inmediato; y como grupo de militancia necesitaban de los medios de comunicación y el periodismo para difundir sus exigencias y puntos de vista, especialmente sobre la no extradición”, precisa, y agrega que “no parece que ningún otro grupo victimario haya sentido, de manera tan aguda, el peligro que significaban los editoriales y las opiniones de páginas editoriales de los periódicos”.
En cuanto a los paramilitares, identifica que su violencia estuvo encamina a una estrategia de control. Con sus acciones contra la prensa buscaban infundir temor en las comunidades, pretendían establecer control ideológico, controlaban el acceso para el cubrimiento en los territorios y controlaban qué temas se publicaban. Además, señala que, “a diferencia de las acciones de los grupos narcotraficantes -magnicidios y atentados contra periódicos y emisoras de radio con repercusión en la opinión pública- que buscaban una visibilidad pública de su poder, de sus intenciones y propósitos, los grupos paramilitares actuaban de manera más sigilosa pero contundente, amenazando y desplazando a periodistas y, sobre todo, generando miedo a través de prácticas concretas de amedrentamiento”.
Respecto a las guerrillas, establece que tienen una visión de la comunicación más ideologizada que la de narcotraficantes y paramilitares; que cometieron menos asesinatos, pero que agredieron a periodistas con secuestros, obstrucciones al oficio, estigmatización y amenazas. “Según la guerrilla, la “gran prensa” (una adjetivación que utiliza frecuentemente) forma parte de los grupos hegemónicos del país y utiliza la información para apuntalar sus propios intereses de dominación. De otro lado, se considera a la información como un instrumento estratégico de la guerra, como una ayuda o trabapara la realización de su actividad en contextos y momentos históricos particulares”, señala al respecto.
Por último, también considera la violencia por parte de agentes del Estado, ya sean miembros de la Fuerza Pública o funcionarios electos por voto popular, las cuales están relacionadas con las denuncias por corrupción.
Ésta última, ha sido el común denominador de la violencia ejercida contra periodistas. “Ha existido un comportamiento que atraviesa todos los momentos del conflicto interno colombiano y une a todos los actores en su proceder violento contra medios y periodistas: la corrupción. Ya sea porque los actores han infiltrado a importantes instituciones del estado nacional, regional y local o sea porque el desencadenante de la violencia contra periodistas es su denuncia de actos de corrupción. A tal punto que, en los últimos años, los promotores fundamentales de esta violencia provienen de la conjunción de la corrupción y las bandas delincuenciales”, concluye el informe.
 reconstruye cómo fue la violencia contra los periodistas en los últimos 38 años. Los comunicadores han sido víctimas de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y agentes corruptos del Estado, quienes por medio de amenazas y de balas, intentaron silenciarlos.){kind=link}