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Reciente sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá estableció que las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, en complicidad con miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional, asesinaron y desaparecieron a por lo menos doce personas en una vereda del Oriente antioqueño. Ese sistema de justicia transicional encontró nuevos crímenes.

Los meses de junio a diciembre de 1996 son los más dolorosos para los habitantes de la vereda La Esperanza, del municipio de El Carmen del Viboral. Durante ese tiempo padecieron una seguidilla de asesinatos selectivos y desapariciones forzadas a manos del grupo Los Halcones, de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), que estuvieron bajo el mando del paramilitar Ramón Isaza.

Sin embargo, las confesiones de los desmovilizados de ese grupo que se acogieron al proceso de justicia transicional conocido como Justicia y Paz, permitieron establecer que esa tragedia se empezó a fraguar meses atrás y que su instigador fue un alto oficial del Ejército Nacional: el fallecido general Alfonso Manosalva Flórez, quien en aquel año era el comandante de la IV Brigada, con sede en Medellín.

Tras evaluar las evidencias y la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, el tribunal consignó en su sentencia que “la orden del general fue clara: (Ramón Isaza) debía limpiar la zona, para lo cual, el Ejército le prestaría ayuda”. El llamado se hizo por intermedio del mayor David Hernández, quien después desertaría de las filas por un homicidio que cometió y se convertiría en la mano derecha de ‘Jorge 40’ en el Caribe, dada la cercanía que tuvo con Omar, uno de los hijos del patriarca de los Isaza.

Omar, apodado con el alias de ‘Teniente’, conoció al mayor Hernández cuando prestó servicio militar. Ambos se reunieron en Medellín y recibió un “listado con los nombres de 74 personas que vivían sobre la autopista Bogotá – Medellín en la vereda La Esperanza del municipio de El Carmen de Viboral que, conforme labores de inteligencia de la IV Brigada, eran colaboradoras de la guerrilla del EPL”.

Según la Sala de Justicia y Paz, la orden de “limpiar la zona” se ejecutó entre el 3 de abril y el 27 de diciembre de 1996, por medio asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos y torturas que, finalmente, cometieron las Acmm, en colaboración con miembros de la Fuerza de Tarea Águila (FTA) del Ejército Nacional. Entre las víctimas se encuentran varios menores de edad. Ese ese caso es conocido nacional e internacionalmente como la Masacre de La Esperanza. (Descargar Sentencia)

Las primeras desapariciones forzadas ocurrieron en la noche del 21 de junio, cuando hombres armados se llevaron a Aníbal de Jesús Castaño Gallego y a Óscar Helmel Zuluaga, de 15 años de edad. Nunca más se volvió a saber de ellos.

Ese mismo día, según denunció en su momento la Corporación Jurídica Libertad, organización que representa a varias de víctimas de esa masacre, tropas del Ejército Nacional amenazaron y torturaron a los campesinos Luis Albeiro Arias Salazar, Alonso Salazar, Iván Salazar, Oswaldo Arias, Ivaniel Castaño, Gustavo Salazar, Belisario Quintero, Aldemar Castaño y Javier de Jesús Arroyave Castaño, luego de acusarlos de ser auxiliadores de la guerrilla.

Al día siguiente, el grupo armado regresó a la vereda y se llevó a los hijos de Diocelina Quintero: Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero, de 14 y 12 años, respectivamente. De ellos tampoco se sabe nada.

Durante más de dos décadas, familiares de las víctimas de la masacre de La Esperanza han reclamado por sus desaparecidos. Foto: Juan Diego Restrepo E.

El 26 de junio de 1996, en horas de la mañana, “una unidad militar” ingresó a la vivienda de José Eliseo Gallego Quintero, disparando y destruyendo sus muebles y enseres. Lo acusaron de ser supuesto auxiliador de la guerrilla. Los hijos de José le reclamaron a los uniformados y por respuesta recibieron una amenaza.

Al parecer, se concretó el 7 de julio, cuando hombres armados se llevaron por la fuerza a Juan Carlos Gallego Hernández, uno de los hijos de José, quien se encuentra desaparecido. Según la sentencia, “su desaparición fue en represalia por el reclamo y afirmación de denuncia que con su hermana María Florinda hicieron a los militares tras la destrucción de la casa”. La víctima era promotor de salud.

Ese día también fue retenido Jaime Alonso Mejía Quintero, el vendedor de chance de la vereda, cuando jugaba billar. Fue señalado de ser un supuesto guerrillero y a la fecha se desconoce su paradero. En esa incursión también fue retenido Javier de Jesús Giraldo, quien fue obligado a subirse a una camioneta de las Acmm mientras se transportaba en moto; su cadáver fue encontrado en la vereda San Vicente, del municipio de Cocorná.

Dos días después continuó el ensañamiento contra la familia Gallego Hernández, pues hombres con armas de largo alcance ingresaron a la casa de Aurora y se llevaron por la fuerza a Octavio de Jesús Gallego Hernández y a Orlando de Jesús Muñoz Castaño. Ambos fueron subidos a una camioneta que tomó rumbo hacia la carretera que conduce a Medellín y nunca más volvieron a ser vistos.

Las siguientes desapariciones ocurrieron el 12 de julio de 1996, cuando Julio César Morales Hernández, conductor y socio de la Cooperativa de Transportes COOTRACARMEN, y su hijo, Jobani Abad Morales, fueron interceptados por sujetos armados. El último caso que reconstruyó Justicia y Paz son las desapariciones de Leónidas Cardona Giraldo y de Andrés Antonio Gallego, ocurridas el 27 de diciembre.

Sobre el paradero de los desaparecidos de La Esperanza, el Tribunal reconoce esfuerzos de la Fiscalía para ubicarlos, pero señala que no ha sido posible porque los exparamilitares confesaron que los asesinaron, pero que no recuerdan si las arrojaron al río Magdalena o si las inhumaron en fosas comunes. Además, muchos de los jefes que tuvieron a cargo esa zona están muertos.

“Y pese a que con la Fiscalía han hecho búsqueda manual y con maquinaria, identificación de ADN y que algunos postulados se han desplazado hasta la zona, no ha sido posible el anhelo de encontrar los cadáveres”, reseña la providencia judicial, agregando que: “Ha sido infructuoso el hallazgo de los despojos; los que desentierran en fosas de los cementerios no pertenecen a sus desaparecidos, lo que se agravó con el evidente cambio de la geografía, dado que donde antes era terreno despejado ahora es bosque”.

Uno de los esclarecimientos que aporta este fallo judicial está relacionado con el asesinato de Elí Gómez Osorio, entonces personero de El Carmen del Viboral, ocurrido el 26 de noviembre de 1996. Ese crimen era atribuido a los paramilitares de Ramón Isaza, pero le retiraron esos cargos formulados por la Fiscalía porque el desmovilizado Ricardo López Lora, alias ‘El Marrano’, quien comandó la incursión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en buena parte del Oriente antioqueño, confesó que Carlos Castaño ordenó matarlo por tener supuestos vínculos con guerrilleros. (Leer más en: Dos paramilitares se disputan el asesinato de un personero en Antioquia)

Por un total de once desapariciones forzadas, doce asesinatos de personas protegidas y apropiación de bienes protegidos, fueron condenados Walter Ochoa Guisao, alias ‘El Gurre’; Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘MacGyver’; y Camilo de Jesús Zuluaga Zuluaga, alias ‘Napo’.

Este caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humano y tras una valoración de lo sucedido, condenó en 2017 al Estado colombiano por los hechos ocurridos en esa región del Oriente antioqueño. A juicio de esta instancia internacional, “las desapariciones forzadas ocurridas en la vereda La Esperanza (Carmen de Viboral, Antioquia), son atribuibles al Estado por el apoyo y la aquiescencia que prestaron agentes de la fuerza pública para el actuar del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), lo que facilitó las incursiones a esta vereda y propició o permitió la comisión de actos contrarios a una obligación internacional, constituyéndose de esta forma el ilícito internacional de desaparición forzada”. (Leer más en: ‘Paras’ y Ejército se aliaron para desaparecer campesinos en La Esperanza)

Hechos pendientes

El sufrimiento que ocasiona la desaparición forzada es profundo e incesante. Esa tragedia la han vivido las mujeres de la vereda La Esperanza, del municipio de El Carmen de Viboral. Foto: Juan Diego Restrepo E.

La Sala de Justicia y Paz reseñó varios crímenes que no fueron formulados por la Fiscalía en su escrito de acusación y le solicitó que los investigara. El primero es el asesinato de Alirio de Jesús Gallego Hernández, cometido el 3 de abril de 1996.

El segundo es un caso de tortura por parte de presuntos miembros del Ejército Nacional, quienes emplearon tratos crueles contra Javier de Jesús Quintero Martínez para que le dijera en donde se encontraba la guerrilla. Tras ser torturado con agujas y mecánicas de asfixia, “lo obligaron a firmar un papel en el que, al parecer, se consignaba una constancia de buen trato (no se la dejaron leer) y le tomaron su huella dactilar”.

Además, el Tribunal aclara que “no legalizará el delito de tortura en persona protegida, por cuanto la Fiscalía no cumplió con la obligación de describir fácticamente los comportamientos que configuraron esa conducta punible. Súmese a ello, que a la Judicatura le está proscrito suponer las circunstancias base o arrogarse esa función exclusiva del titular de la acción penal, ya que, de hacerlo, se resquebrajaría tanto el principio acusatorio como el de congruencia”.

También le pide que investigue un posible caso de violencia sexual por parte de uniformados. Y, especialmente, le requiere que “ahonde en las investigaciones y probable participación y colaboración de integrantes de la IV Brigada del Ejército Nacional en la Masacre de La Esperanza”.

Otro caso que debe ser esclarecido es el desplazamiento forzado de una joven, ocurrido el 5 de noviembre tras una incursión de las Acmm. “En la mañana cuando iba para el colegio alguien que estaba al frente de la Casa de Cultura me disparó con arma de fuego, fueron 3 impactos. Gracias a Dios la persona que me recogió casi muerta, me brindó auxilio y logré salvar mi vida. Por temor me quedé callada y escondida, era lo que me tocaba hacer en ese momento”, le dijo la víctima a Justicia y Paz.

Por último, la magistratura de Justicia y Paz también cuestiona que el ente investigador no formulara cargos por las desapariciones de Julio César Morales Hernández y de su hijo Jobani Abad Morales, a pesar de ser relatadas en los hechos relacionados con el caso de La Esperanza.