En los próximos meses saldrán de la cárcel al menos 15 jefes de las AUC. Las víctimas y los mismos paras tienen miedo de dar ese paso. El Estado tiene que asegurarles la vida a todos. Por Semana.
Entre 2003 y 2006 cerca de 30.000 paramilitares se desmovilizaron. Los que han cumplido con los requisitos del proceso de Justicia y Paz, están a punto de recobrar la libertad. Foto: archivo Semana.Hace unos meses, con ilusión y algo de miedo, salió a las calles de Medellín el primer exparamilitar que transitó por Justicia y Paz. John Jairo Álvarez Manco es un hombre joven, que el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reclutó en Urabá cuando apenas cumplía 16 años. Creció con un fusil al hombro, mató, amenazó, desplazó, secuestró, boleteó y le tocó responder por decenas de delitos. Toda su vida recibió órdenes y ahora sobrevive en el Valle de Aburrá gracias a algunas ayudas gubernamentales. Pero más de una vez ha vuelto a la cárcel de Itagüí. No porque se haya portado mal sino por pedir un plato de comida, una ayuda para la dormida y los gastos.
Como Álvarez, en los próximos meses 161 desmovilizados de las AUC van a recobrar uno a uno su libertad, al cumplir sus ocho años de pena alternativa, si los magistrados de Justicia y Paz consideran que han contribuido suficientemente a la verdad y la reparación de las víctimas y a la entrega de bienes, entre otras condiciones. Algo que demasiadas veces se cumplió a medias, en un proceso que terminó siendo tortuoso, incompleto y eterno. Sin embargo, una vez libres, los exparas deberán continuar probando, por un periodo que depende del estado de sus procesos, que van a terminar cumpliendo satisfactoriamente con esos requisitos. El de ahora, si se quiere, es un examen parcial. Para que la pena alternativa quede en firme, aún deberán pasar el final.
Según explicó un funcionario judicial, “se van a examinar los requerimientos, pero si ya pasaron por todas las etapas de Justicia y Paz, en general cumplen con los requisitos y van a salir”. Pues como dijo el fiscal Eduardo Montealegre “el Estado no puede hacerle ‘conejo’ a los paramilitares”.
La salida de los paras a la calle le plantea serios retos al Estado colombiano. Las Farc desde La Habana tendrán un ojo pendiente de la suerte que corran sus antiguos enemigos. La credibilidad del gobierno estará en juego. Y, si se llega a un pacto de fin del conflicto con las guerrillas, es obvio que cómo se configure el posconflicto y la construcción de la paz en el país va a depender, en parte, de la suerte que corran y el papel que jueguen rasos, mandos medios y pesos pesados del paramilitarismo como Ernesto Baez, Julián Bolívar, el Alemán, Diego Vecino, Pirata, Juancho Prada, Guillermo Torres, Juancho Dique, Mono Leche, Ramón Isaza, o el Pájaro.
Las preocupaciones de los paras
Si se miran las cosas desde el punto de vista de los propios exparas, dos preguntas rondan en los pabellones de Justicia y Paz en las cárceles: “¿Y ahora, qué va ser de mí?” y “¿Cuánto iré a durar afuera?”. Para todos, la gran preocupación es, de lejos, la seguridad. Saben que afuera muchos no los esperan con los brazos abiertos: parapolíticos, uniformados, narcotraficantes, excompañeros y un largo etcétera de cómplices del paramilitarismo.
Como dijo uno de los desmovilizados más poderosos de las AUC, que habló con la condición de guardar su anonimato: “El peligro es con los militares, la Policía, el DAS, la Sijín, todos los que participaron en homicidios con nosotros. El Estado nos usó, mencionamos a coroneles que ahora son generales, empresarios que nos dieron plata. Hoy son nuestros enemigos”.
Con las confesionesde Justicia y Paz, la Fiscalía compulsó 14.202 copias a jueces ordinarios para que investigaran, pero el paquidérmico sistema judicial solo actuó en los casos más grandes. En los pueblos donde muchos piensan volver siguen a menudo el policía, el registrador, el notario, el personero que fueron sus cómplices y ellos, en algunos casos, denunciaron.
Según dijo Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, que comandó 1.700 hombres del Bloque Centauros en los Llanos, “el Estado hasta el momento no nos ha indicado cuales son las garantías para nuestra seguridad”. Un abogado que conoce el proceso, reveló que “desconfían en el esquema de seguridad que les pueda ofrecer el Estado, pues lo ven como un actor del conflicto”.
Que el Estado logre garantizarles un retorno seguro a la vida civil es esencial. El asesinato de un desmovilizado de Justicia y Paz puede tener un impacto muy negativo en los diálogos de La Habana, donde las Farc encaran con comprensible incertidumbresu eventual futuro en la legalidad.
“La única alternativa sería contratar seguridad privada, pero muy pocos pueden pagar eso y es ilegal”, dijo el mismo expara, expresando algo que comparten algunos de sus compañeros.
Entre algunos expertos hay otros temores. Hay quienes no descartan que las denominadas bandas criminales puedan atentar contra algunos desmovilizados para impulsar el rearme. Otros señalan que se han presentado casos en los que exparamilitares son extorsionados bajo la modalidad: “Me da plata o digo que me está reclutando y se acaban todos sus beneficios”. Si se prueba que han vuelto a delinquir o, al final del proceso, si no cumplen con los requisitos, los desmovilizados podrían perder su pena alternativa de cinco a ocho años y enfrentarían condenas de 40 o 50 años.
Víctimas: entre miedo y perdón
En Colombia hay millones de víctimas de las AUC y la pesadilla de cruzarse con sus victimarios es real.
Un líder de víctimas en los Montes de María, una de las regiones más golpeadas por la barbarie paramilitar dijo que “ellos no merecen salir porque no han dicho el ciento por ciento de la verdad. Aquí se acabaron muchas vidas, yo los perdono, pero la mayoría de las víctimas están resentidas. Pero las víctimas no les van a hacer nada, antes ellas son las que les tienen miedo, porque no creen que hayan dejado de ser malos”.
En muchas regiones el conflicto continúa. La MAPP-OEA, que lleva años siguiendo Justicia y Paz, identificó cinco zonas de especial atención: Córdoba – Bajo Cauca, Medellín, Urabá, Magdalena Medio y Cesar. Ahí se cruzan todos los retos de la reconciliación: retorno de exparas, reclamantes de tierras, víctimas, presencia de bandas criminales y, en algunos casos, coca y minería ilegal.
También hay gente como Jenny Castañeda (ver recuadro). Los paras de Ramón Isaza asesinaron a su madre en Puerto Triunfo pero ella dice: “Le apuesto a la paz, soy optimista. Vamos a necesitarlos para que nos entreguen las verdades, todos tenemos que poner de nuestra parte para llegar a un diálogo”.
Los temores de las víctimas son fundados y lo único que puede convencerlas de que las cosas pueden cambiar es no solo que los beneficiarios de Justicia y Paz no vuelvan a las andadas sino que, una vez libres, continúen colaborando y contribuyan a la construcción de la paz en las comunidades que afectaron.
El reto del rearme
Además de la seguridad y de las garantías a las víctimas, el Estado enfrenta el reto de diseñar planes que permitan reintegrar efectivamente a la vida civil a docenas de desmovilizados que en sus pasados judiciales cargan con decenas de delitos horribles y frente a los cuales empresarios y comunidades tienen grandes prevenciones. Un perfil que difícilmente encaja con el mercado laboral.
Algunos piensan trabajar la tierra. Otros probablemente tienen dinero y hectáreas escondidos. Y unos pocos aprovecharon para estudiar.Uber Bánquez, alias Juancho Dique, que aterrorizó los Montes de María, no sabía ni leer ni escribir cuando entregó sus armas. Ahora es agrónomo y está terminando Derecho. Una carrera que 20 postulados estudian, así como hay otros que quieren ser profesores, psicólogos, pastores evangélicos, chefs de cocina y hasta peluqueros.
Pero son una minoría. Casi todos coinciden con lo que dice Pirabán: “Como era de esperarse, no tuvimos una resocialización acorde con nuestra problemática. Venimos del conflicto armado y necesitamos una orientación especializada”.
Algunos se quejan de que la obligación de seguir asistiendo a diligencias judiciales puede ser un obstáculo laboral. “La primera semana el jefe me da permiso para irme, la segunda me mira feo y la tercera ya me dice mijo, quédese por allá”, dice uno de ellos. Por eso, algunos expertos sugieren que el Estado debe pensar en mecanismos para hacer frente a estos inconvenientes.
Todos estos factores atentan contra la posibilidad de que los desmovilizados no se rearmen. Uno de ellos advirtió que “todo puede degenerar, algunos de nosotros podemos reincidir, no nos va a quedar otro camino. En mi región ha habido cinco desmovilizaciones y no pasa nada, los hombres siguen armados. El Estado no está preparado, se improvisa sobre lo improvisado, hay una evasión permanente de su responsabilidad. Recogen los fierros y creen que ya está, con eso hay paz”.
Para María Camila Moreno, directora del ICTJ (Centro Internacional para la Justicia Transicional), “si el Estado no responde de manera eficaz, el riesgo de la reincidencia va a ser muy alto, si no hay opción, se van a ir a las bacrim. Aunque algunas instituciones han hecho el trabajo, la coordinación en estos temas es precaria”. Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz indica que 24 por ciento de los desmovilizados de la guerrilla y del paramilitarismo reincide.
Alejandro Éder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, sostiene que su entidad está preparada para la salida de los paramilitares y que, hasta ahora, la tasa de reincidencia en Colombia no es alta. “Que ocho de cada diez desmovilizados hayan permanecido en la legalidad es positivo. A nivel mundial la tasa de reincidencia está alrededor del 30 por ciento y en el sistema penitenciario (colombiano) es del 70 por ciento”, dice.
Añadió que “tenemos una ruta preparada para los que van a salir. Hay componentes similares con los de la mayoría de desmovilizados, solo que va a ser más intensivo. La ACR está preparada para atenderlos, estamos coordinando con diversas entidades desde hace varios meses. De todos modos hay que comprender es que es un proceso muy complejo, tarda muchos años, hay que tener paciencia y perseverancia”.
Es un hecho que las preocupaciones que expresan los paramilitares deben ser encaradas por el Estado. De su respuesta depende en parte cómo afronten las guerrillas su eventual desmovilización. Pero los exparas corren con una importante dosis de responsabilidad. Un verdadero cierre del conflicto demanda que hagan una contribución mucho más contundente de lo que hasta ahora ha sido la norma en Justicia y Paz. Las víctimas esperan mayor verdad, compromisos de fondo en materia de reparación y entrega de bienes y serias garantías de que lo que pasó no volverá a ocurrirles. En una carta que enviaron al alto comisionado de paz y a las Farc, varios jefes desmovilizados se comprometen en esa dirección (ver recuadro).
Todos estos antiguos paras salen a la calle en medio de una trascendental negociación con la guerrilla, un gigantesco proceso de reparación a las víctimas y de restitución de tierras y en medio de un conflicto que aún no termina. Los Isaza, Hasbún, Alemán o Julián Bolívar y sus compañeros pueden terminar convirtiéndose en parte del problema o parte de la solución. Eso depende tanto de qué garantías les dé el Estado para volver a la vida civil, como de su conducta en esa nuevasituación.
La valentía del perdón
Jenny Castañeda es líder de las víctimas de Puerto Triunfo, región asolada por los paras de Ramón Isaza. Los quiere vivos y en libertad para que sigan contando verdades.
“Mi madre era líder de Puerto Triunfo y los paramilitares del bloque Magdalena Medio de Ramón Isaza la mataron el 17 de septiembre de 2001 en la Hacienda Nápoles. Ella solo tenía 37 años, yo 20 y me tocó hacerme cargo de mis dos hermanos, además tenía un bebé recién nacido. La vida me cambió de un solo guarapazo, en mi corazón solo había odio, sed de venganza, yo estaba dispuesta a morir por mi mamá.
Pero se me volteó la torta y Dios me puso a perdonar. Me dio un cáncer y pensé en lo que había hecho. Se me apareció mi madre en un sueño, me dijo que Isaza me iba a buscar para pedirme perdón y que de parte de ella le diera un abrazo, un beso y le dijera que ella ya lo había perdonado.
Acá nadie se atrevía a hablar de este proceso, nadie iba a los tribunales. Yo fui a todo lado, con la foto de mi mamá. Los perseguía, les preguntaba. Lo más duro es pedir perdón y si uno es capaz de perdonar, siente un alivio muy grande, una paz enorme.
Yo perdoné al que asesinó a mi mamá, le miré la cara, los ojos, lo abracé. Después fui con mi abuela y ella también se abrazó con él y dijo que lo perdonaba de corazón.
En Puerto Triunfo los paramilitares vivieron, se criaron, se entrenaron, pero ya se rompió el temor y la gente reclama. Ahora los vamos a necesitar acá, vivos, para que nos entreguen las verdades, acá hay mucha gente que todavía no tiene una tumba para ir a llorar.
Tenemos que poner de nuestra parte las victimas para llegar a un diálogo, si seguimos en la misma guerra nunca va a haber paz ni verdad. Hay que trabajar con víctimas y victimarios, yo le apuesto a la paz al 100 por ciento.
El 7 de enero se hizo el primer evento donde ellos les pidieron perdón a todas sus víctimas. Hicieron unas camándulas y repartieron un disco con vídeos y canciones compuestas por Oliverio Isaza, alias Terror. En la carátula del CD hay una frase muy bonita para todos, víctimas y victimarios: “Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz”.
La carta de los paras
Seis de los principales exjefes paramilitares presos en Colombia apoyan el proceso de paz con las Farc y que se les abran “espacios democráticos” a sus antiguos enemigos.
Seis de los más importantes excomandantes de las AUC presos en la cárcel de Itagüí enviaron al alto gobierno y a las Farc una carta con mensajes políticos de hondo calado.
Dicen que las elecciones dejaron “democráticamente convalidados” los diálogos de La Habana y manifiestan su “voluntad de contribuir con la paz del país”.
La carta la firman Ernesto Báez, Julián Bolívar, el Alemán, Botalón, Raúl Hasbun y el Iguano, que comandaron algunos de los bloques paras más importantes. El año pasado mandaron una primera misiva a Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz. Luego de ello, este los visitó en la cárcel de Itagüí y, producto de esa visita, los antiguos paras le enviaron a él, a Humberto de la Calle y a Iván Márquez este nuevo mensaje a fines de junio.
Declaran “curadas las heridas y extinguidos los sentimientos de venganza” que los enfrentaron a otros actores del conflicto. Repentino mensaje de reconciliación a la guerrilla en el que solo cabe preguntarse con qué ánimo habrá sido recibido en La Habana.
Dicen que respetarán los acuerdos en Cuba “en el entendido de que la apertura de espacios democráticos para quienes fueron nuestros enemigos, es una opción justificada y legitimada por los superiores intereses de la paz”. Toda una paradoja –y una señal– que los más encarnizados enemigos de las Farc respalden su participación en política.
Piden al gobierno que les permita “desarrollar una agenda de trabajo social” con las comunidades y las víctimas. Ofrecen su “concurso” para “intervenir” a las bacrim, indispensable para “erradicar los rezagos de violencia política”. Y se dicen dispuestos a compartir con los demás “exactores” del conflicto iniciativas de paz y reconciliación.
No faltará quien considere esta carta como una muestra de oportunismo de parte de quienes aterrorizaron regiones de Colombia, para ganar estatus político ahora que van a quedar libres. Sin embargo, si se piensa en términos de un eventual final del conflicto con la guerrilla lo que los exjefes paramilitares están diciendo, de hecho, es que quieren ser partícipes del cierre definitivo de la confrontación que desangró al país. Aún les falta mucho en materia de contribución a la verdad y reparación a las víctimas, pero si están hablando en serio van a tener que salir de Itagüí a demostrarlo.
Justicia y Paz en cifras
Nueve años después de ser promulgada, la ley que permitió la desmovilización de los grupos paramilitares arroja estos resultados.
161 exparamilitares ya cumplieron la condena y pueden solicitar su libertad
400.000 horas de testimonios en audiencias de versión libre
77.000 víctimas participaron en el proceso
43.000 delitos confesados
4.000 víctimas desaparecidas exhumadas
Artículo publicado en la revista Semana, edición 1682.
