El Tribunal Superior de Cartagena decidió revertir la decisión de un juez y mantuvo la protección sobre las tierras de desplazados en la zona baja de El Carmen de Bolívar y quehabían sido vendidas a terratenientes.
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Los campesinos pedían que se levantaran las medidas de protección para poder vender. Foto Semana.
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Este falló revoca la sentencia del 23 de febrero del 2010 del Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar contra el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, por considerar que se desconoció la decisión de proteger las tierras con el fin de poner freno al creciente desplazamiento en la zona.
Con esta decisión se benefician directamente a 64 familias del predio Tacaloa de 1.600 hectáreas, adjudicado por el antiguo Incora, ubicado enseguida del corregimiento de El Salado.
Muchas de estas tierras en los Montes de María tenían una restricción: por ser tituladas por el Incora sólo podían ser vendidas 15 años después de la adjudicación y sólo podían comprarlas campesinos sin tierras o minifundistas. Por eso el gobierno, junto con Acción Social, la Gobernación de Bolívar y la Defensoría del Pueblo, creó un comité que protegió miles de hectáreas de desplazados, cuya venta sólo se puede realizar después de un estudio detallado de cada solicitud.
“Es una noticia que marca un precedente muy importante para evitar que se sigan dando las compras masivas de tierra y nuevos desplazamientos”, consideró Ana Teresa Bernal, presidenta de la Comisión Regional de Restitución de Bienes (CRRB).
El Fallo señala que no se deben levantar las medidas de protección de territorios de campesinos víctimas de la violencia y del despojo masivo por parte de grupos armados.
Bernal hizo un llamado a los campesinos del país para que no cedan a las presiones de vender sus tierras con el argumento de las obligaciones, aún por encima de sus derechos. Así lo ha informado la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) en varias ocasiones.
El fallo
La sala de decisión civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con fecha 4 de mayo del año, resolvió revocar la sentencia del 23 de febrero del 2010 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar contra el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, en ésta se levantaba la protección adoptada por el citado Comité para impedir la compra y venta de las fincas afectadas por desplazamiento forzado en la zona baja del Carmen de Bolívar.
El fallo inicial del Juzgado del Carmen de Bolívar desconocía la protección de bienes decretada por el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, a través de la Resolución del 3 de Octubre de 2008, que dispuso declarar en inminente riesgo de nuevos fenómenos de desplazamiento por las tensiones interiores originadas por la compra y venta masiva indiscriminada de tierras, en la zona baja del municipio de El Carmen de Bolívar que podían alterar el orden socioeconómico de la región de los Montes de María.
Esta nueva decisión del Tribunal fue solicitada por la Defensoría, la Gobernación, la ProcuraduríaAgraria y la Comisión Cnrr, ya que la sentencia del Juzgado del Carmen le abría peligrosamente las puertas a las compras masivas de predios incorados en los años 80 y 90 en los Montes de María, profundizando la concentración de la tierra y agravando aún más la crisis económica y social de la población campesina desplazada por varias décadas de violencia y masacres.
Para Artura Zea, coordinador de la Cnrr en Bolívar, “este nuevo fallo judicial resuelve parcialmente el grave problema de ventas de predios, ya que al mantener la protección de las tierras de los desplazados impide que siga la compra masiva de tierras, en la cual inversionistas y empresarios se han aprovechado comprando casi 70 mil hectáreas a precios irrisorios en los últimos años después de la muerte de Martin Caballero, comandante del Frente 35 de las Farc”.
Predios vendidos a bajo precio
A comienzos de marzo, la Cnrr reveló que que un grupo de 20 campesinos que vendieron sus tierras a una persona en febrero de 2008 y que éste les pagó por cada hectárea 200 mil pesos.
Según la denuncia el único documento que tienen de la transacción es la copia de un poder conferido por cada uno de los parceleros suscrito ante la notaría de El Carmen de Bolívar.
No obstante, los campesinos indicaron que no sabían que firmaron un poder. Asimismo, expresaron que no sabían que ese era un documento de venta, en el que se afirmaba que iban recibir 20 millones de pesos, pero terminaron recibiendo entre $4.500.000 y $5.000.000.
En ese documento se confiere poder a este intermediario para que prometa y venda el inmueble, agregándose que “además mi apoderado podrá representar mis intereses en lo que al desarrollo y perfeccionamiento de este negocio jurídico respecta, con ello podrá de acuerdo a las circunstancias que se presenten, proponer cambios clausulares, suscribir otro sí, otorgar, firmar las escrituras del caso, y en fin todas las actuaciones o trámites judiciales y extrajudiciales que le sean del caso para cumplir cabalmente con este mandato”.
El poder también indica que “con la suscripción de este documento recibieron a entera satisfacción el precio de venta de $20.000.000.”
Con información de la Cnrr.
