El nuevo sistema de justicia transicional empezó a atender a las víctimas y a recolectar información sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y hasta antes del primero de diciembre de 2016. Aún hace falta la aprobación de la ley ordinaria que dará vía libre a los juicios contra los máximos responsables para que entre en pleno funcionamiento.
Tras definir su reglamento interno, este jueves abrió las puertas al público la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional surgido del Acuerdo Final de paz que firmaron el gobierno nacional y la entonces guerrilla de las Farc en noviembre de 2016. Desde enero pasado, cuando fueron posesionados, los togados se dedicaron a tiempo completo al diseño de ese reglamento y a la elaboración del proyecto de ley de procedimiento que deberá contener las normas procesales que regirán el juzgamiento de los excombatientes, los agentes estatales y los terceros civiles que comparezcan ante la Jurisdicción.
Ayer, con el primero de esos documentos expedido y el segundo en manos de la Presidencia de la República, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, anunció el inicio oficial de los procesos de atención a las víctimas, a las personas que han suscrito actas de sometimiento y al público en general, en la sede principal de la entidad, ubicada en Bogotá. Asimismo, dio a conocer los nombres de los presidentes de las tres salas de justicia que componen el sistema: Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento de Verdad; Xiomara Balanta, de la Sala de Amnistía o Indulto; y José Hormiga, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. (Ver más en: El abecé de la Jurisdicción Especial para la Paz)
La apertura no significa, sin embargo, que la JEP vaya a iniciar de inmediato los juicios contra los máximos responsables del conflicto armado. Para ello requiere una fase de recopilación y análisis de información, así como la aprobación de la ley de procedimiento que el presidente, Juan Manuel Santos, deberá tramitar ante el Congreso de la República y en la que estarán consignadas las garantías para los procesados, especialmente para quienes no reconozcan su responsabilidad y deban enfrentar a la Unidad de Investigación y Acusación. También hace falta que la Corte Constitucional haga pública su sentencia de constitucionalidad sobre la Ley Estatutaria de la JEP, aprobada por el legislativo en noviembre pasado con serias modificaciones a lo pactado por el gobierno y las Farc.
Mientras se expide la ley de procedimiento, la Sala de Reconocimiento de Verdad, puerta de entrada para el juzgamiento de los máximos responsables, se dedicará a acopiar y analizar los informes que sobre el conflicto en general hayan preparado entidades estatales y organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas, así como los informes y las decisiones que sobre responsabilidades particulares hayan elaborado la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Jurisdicción Penal Militar, la Jurisdicción Especial Indígena, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. Con esa información, cuyo plazo de entrega máximo es el 15 de enero de 2021, los magistrados contrastarán las versiones que ofrezcan posteriormente las personas que deban responder por los crímenes más graves y representativos.
Según la magistrada Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento, los togados están a la espera de que “la Fiscalía General presente los informes en los cuales ha invertido más de dos años de arduo trabajo de analistas y fiscales, así como del informe de la Corte Suprema de Justicia sobre sentencias condenatorias o absolutorias y de las sentencias de la Justicia Penal Militar en los casos relevantes”.
Además, para comprender los contextos en que ocurrieron los hechos y su impacto sobre las víctimas, de acuerdo con Lemaitre, se recopilarán y analizarán los informes presentados por organizaciones sociales y los documentos producidos por “la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica, así como otros archivos y sistemas de información estatales”. Como un primer paso para recopilar información relevante en terreno, la Sala anunció que se desplazará a distintas regiones del país para reunirse con organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas.
El primero de los informes con que cuenta la Sala de Reconocimiento fue entregado este jueves por el secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, que desde 2017 venía desempeñando funciones judiciales transitorias. El documento contiene información detallada sobre la situación jurídica de las 6.475 personas que a la fecha han suscrito actas de compromiso ante la Jurisdicción y es el insumo base para la definición de la ruta que deberán seguir los presuntos responsables. El número incluye excombatientes de las Farc, integrantes de la Fuerza Pública, personas procesadas o condenadas por hechos asociados a la protesta social y agentes del Estado distintos a integrantes de las Fuerzas Armadas.
Para avanzar en la larga tarea de resolver la situación jurídica de quienes no sean responsables de crímenes graves también empezarán a funcionar la Sala de Amnistía o Indulto y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Para ello, los togados cuentan con el Acto Legislativo 01 de 2017 y con la Ley 1820 de 2016 o Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales.
Así, la Sala de Amnistía empezará a amnistiar o indultar a todos los excombatientes de las Farc que puedan ser beneficiados por la Ley 1820, mientras la Sala de Definición decidirá sobre la renuncia a la persecución penal, la cesación de procedimiento, la suspensión de la ejecución de la pena o la extinción de responsabilidad por cumplimiento de la sanción para personas procesadas por hechos relacionados con la protesta; agentes estatales que no hayan cometido delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra; y excombatientes que no puedan ser indultados ni amnistiados, pero que no hayan cometido crímenes graves.
Además de las tres salas de justicia, desde ya deberá funcionar la Dependencia de Participación de Víctimas, adscrita a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, que les garantizará cinco servicios a los afectados por el conflicto: suministro de información sobre la Jurisdicción; sistema autónomo de asesoría y defensa; acompañamiento psicosocial y sociocultural; programa de prevención y protección del riesgo; y medidas de asistencia material.
Este jueves, además, se conoció el reglamento que regirá el trabajo de los magistrados, que incluye la creación de tres nuevas comisiones para garantizar los enfoques diferenciales consignados en el Acuerdo Final de paz.
Nuevas comisiones
Además de detallar la composición y funciones de los distintos órganos y dignidades, y de definir los mecanismos de articulación con la Jurisdicción Especial Indígena, el reglamento interno crea tres nuevos grupos de trabajo permanentes dentro de la JEP: la Comisión Territorial y Ambiental, la Comisión Étnica y la Comisión de Género.
El objetivo general de las comisiones es contribuir a implementar esos enfoques en las tareas realizadas por la Jurisdicción, tal como exige el Acuerdo Final en cumplimiento de las demandas de las organizaciones étnicas, de víctimas y de mujeres que participaron en la mesa de conversaciones de La Habana.
Así, la Comisión Territorial, compuesta por seis magistrados, deberá estudiar las vulnerabilidades que enfrentan las poblaciones más afectadas por el conflicto; documentar el impacto que sobre los territorios y el medio ambiente generaron los crímenes más graves, así como los factores territoriales que contribuyeron a su materialización; y proponer planes de justicia prospectiva que puedan ser incluidos en las sentencias con el objetivo de contribuir a la garantía de no repetición.
La Comisión Étnica, por su parte, estará integrada por los ocho magistrados indígenas y afrocolombianos que integran la JEP, la dirección de la Unidad de Investigación y Acusación, la Secretaría Ejecutiva, la Presidencia de la Jurisdicción y otros dos togados. Entre sus tareas principales están asesorar a todos los órganos en la implementación del enfoque étnico, promover la coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena, contribuir a la formulación de un plan de acción que armonice los decretos leyes étnicos expedidos en virtud de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, recomendar medidas especiales para la protección de las víctimas de pueblos étnicos y establecer protocolos para la reincorporación y sanción de los excombatientes pertenecientes a esos pueblos.
Por último, la Comisión de Género, compuesta por seis magistrados, deberá emitir conceptos que permitan la materialización del enfoque en las decisiones y el funcionamiento de la Jurisdicción, para lo cual tendrá que formular criterios que permitan establecer los impactos diferenciales del conflicto sobre las mujeres y las personas LGTBI, promover la formación de los funcionarios judiciales en temas de género y de violencia sexual, y proponer mecanismos para facilitar la participación y garantizar la representación judicial.
Preocupación en las víctimas de crímenes de Estado
Durante el acto de apertura de la JEP al público, su presidenta, Patricia Linares, declaró que “es un día histórico para el país, principalmente para las víctimas, que han de esperar de la Jurisdicción todo nuestro compromiso y trabajo para dignificarlas, visibilizarlas y administrar justicia restaurativa con vocación hacia la reconciliación”. No obstante, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) expresó el mismo jueves su preocupación por varias de las disposiciones que hasta ahora ha tomado la JEP.
En una carta dirigida a la presidenta Linares, el Movice cuestionó la distribución de los once fiscales nombrados hasta ahora en la Unidad de Investigación y Acusación, siete de los cuales estarían concentrados en investigar a las Farc, uno a agentes estatales no armados y terceros, y tres a integrantes de la Fuerza Pública. En el caso de estos últimos, la organización pidió la exclusión de los procesados o condenados por ejecuciones extrajudiciales, al considerar que esos hechos “fueron perpetrados con el objetivo de obtener recompensas, provechos económicos, permisos, entre otros aspectos, y ello en manera alguna tiene relación directa o indirecta con el conflicto armado”.
El Movice también llamó la atención por “la incertidumbre que existe acerca de la presencia territorial y regional de este mecanismo de justicia”, dado que aún no se conoce la manera como la JEP atenderá a las víctimas en las regiones. Por ahora, según declaró Linares, no se contempla la apertura de sedes fijas fuera de Bogotá y existen solamente 12 enlaces regionales contratados por la Secretaría Ejecutiva. Al respecto, el Movimiento declaró que el Tribunal para la Paz “puede constituirse como un tribunal predominantemente centralizado, y en consecuencia, no tendría la capacidad para lograr las finalidades de un sistema transicional conforme a las particularidades de cada región”.
La organización también manifestó su inquietud por el hecho de los informes que la Fiscalía le suministrará a la Sala de Reconocimiento, que serían cerca de 26 y estarían agrupados en hechos victimizantes, estén concentrados en las Farc y no incluyan investigaciones gruesas sobre la participación de agentes estatales en crímenes cometidos durante el conflicto. Por ello, pidieron “un trato justo y simétrico como víctimas con respecto a las demás”.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que representa a víctimas de crímenes de Estado, también manifestó en un comunicado público la necesidad de que la JEP “contribuya al esclarecimiento de la verdad y reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones masivas y sistemáticas e históricas de persecución y exterminio cometidas contra el movimiento social, popular y de oposición política, que compromete la responsabilidad de agentes del estado (militares y civiles), estructuras paramilitares que actuaron con su complicidad y terceros financiadores, y que concentran el más alto número de hechos victimizantes, víctimas y los mayores nivel de impunidad”.
