A través de la justicia transicional el país ha conocido los horrores y las dimensiones de las ejecuciones extrajudiciales que cometieron miembros del Ejército Nacional entre 2002 y 2008. No obstante, las víctimas no dejan de preguntar por la presunta responsabilidad expresidente de la República, quien fue el comandante de las Fuerzas Militares en esa época y algunas buscan respuestas en Argentina.
Poco a poco, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ido armando el rompecabezas de los denominados ‘falsos positivos’, nombre mediático con el que se conoce a los miles de asesinatos de civiles que cometieron integrantes de la Fuerza Pública para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Pero aún falta encontrar la ‘ficha‘ principal.
Ese tribunal de justicia transicional, creado por el Acuerdo de Paz que firmó el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016, tiene el mandato de investigar y sancionar a quienes comparezcan voluntariamente ante él, sean exguerrilleros, funcionarios estatales o civiles. Sin embargo, no tiene esa competencia para procesar a quienes presidieron la Nación.
De ese modo, ante la JEP han comparecido 3.582 exintegrantes de la Fuerza Pública para que rindan cuentas en el Caso 03, en el que son investigadas esas ejecuciones extrajudiciales. El país ha escuchado en viva voz de quienes tuvieron el deber constitucional de proteger a todos los colombianos, cómo se confabularon para matar a civiles que no hacían parte de las confrontaciones para recibir beneficios.
El muro de silencio que existía alrededor de estos crímenes fue derrumbado por las audiencias públicas de reconocimiento que decenas de comparecientes han realizado ante la JEP, tras haber sido imputados por cientos de ejecuciones extrajudiciales y otros delitos que cometieron con el fin de llevar a cabo su cometido.
En total se han realizado cuatro audiencias de ese tipo, que han sido retransmitidas en tiempo real por diferentes canales virtuales, para que la sociedad colombina se entere de ese oscuro capítulo del conflicto armado. La primera fue en Antioquia (Dabeiba), le siguieron Norte de Santander (Ocaña), Cesar (Valledupar) y Casanare (Yopal).
Son espacios judiciales que han servido para dimensionar el alcance de ese crimen cometido por agentes del Estado. Y al final, las víctimas siempre le hacen la misma pregunta a los exmilitares que confiesan sus crímenes, aceptan responsabilidad y les piden perdón: ¿quién dio la orden?
Las miradas de las víctimas apuntan hacia los ministros de Defensa y el Presidente de la República de la época, pero los relatos sólo llegan hasta comandantes de batallones y brigadas. La responsabilidad, hasta ahora, no ha escalado hasta el nivel más alto de la cadena de mando.
Por esa razón, el pasado 7 de noviembre, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), en representación de un grupo de familiares de once víctimas de ‘falsos positivos’, demandaron penalmente en Argentina al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Sebastián Escobar, abogado del CAJAR, reconoce los esfuerzos y resultados que hasta el momento ha logrado la JEP, como establecer un universo de víctimas y realizar de manera pública las audiencias de reconocimiento de responsabilidad. Sin embargo, ante la imposibilidad de procesar a exmandatarios de la República y los nulos avances de la justicia ordinaria, la organización para la que litiga decidió demandarlo de manera colectiva en el exterior.
“Hemos decidido acudir a Argentina porque es un país que reconoce en su Constitución el principio de jurisdicción universal, que permite a los Estados perseguir los graves crímenes internacionales sin importar el lugar donde se encuentren sus presuntos perpetradores. Tiene una experiencia reciente en la aplicación de este principio de jurisdicción universal con el tema del franquismo o en Venezuela”, explica.
Recalca que esta denuncia “es totalmente procedente en la medida en que la justicia colombiana, después de 20 años, ha sido incapaz, pese a los serios indicios, de avanzar en acciones de exigibilidad y justicia en contra del expresidente Uribe en todos estos años”.
Esta investigación permitirá que por primera vez un exmandatario colombiano sea indagado desde el exterior por su presunta responsabilidad en crímenes. Para Escobar es claro que Álvaro Uribe tuvo conocimiento sobre las ejecuciones extrajudiciales cuando apenas estaban empezando, pero le faltó adoptar medidas para impedir que siguieran sucediendo y terminó desestimando las denuncias presentadas.
“Su gobierno tuvo conocimiento de los primeros momentos en que se presentó esta práctica y a pesar de esto siguió alentando la presentación de resultados operacionales consistentes en bajas, siguió presionando a sus subordinados”, precisa.
Y agrega: “Ya no niega la existencia misma de las ejecuciones, ahora se centra en señalar que él adoptó las medidas que estaban a su alcance para prevenir este tipo de hechos. Sin embargo, la realidad lo desmiente, porque estos hechos se siguieron presentado durante casi todo su mandato y porque realmente, en lugar de adoptar medidas oportunas, utilizando presiones de todo tipo que desencadenaron en la masividad de los hechos en sí mismo”.
Yopal, la audiencia más reciente de la JEP
Con jarrones rotos, como símbolo del camino quebrantado, llegaron familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales del departamento de Casanare a la audiencia de reconocimiento de verdad que se realizó en Yopal, entre el 18 y el 20 de septiembre de 2023.
“Ese quebranto lo sentimos cuando al pasar del tiempo escuchamos tantas mentiras”, dijo, en el acto simbólico inicial, Derly Patiño, esposa de Hugo Edgar Araque, asesinado el 10 de octubre de 2005 por miembros del Ejército Nacional.
Esta es la cuarta audiencia de reconocimiento de responsabilidad que hace la JEP dentro de los departamentos priorizados en la primera fase del Caso 03, que es uno de los puntos vitales dentro del proceso investigativo que adelanta la JEP y define el tipo de sentencias a las que se exponen quienes comparecen ante ella por haber cometido crímenes en el marco del conflicto armado hasta 2016.
La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que en Casanare 296 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate por la Brigada XVI. Los crímenes fueron cometidos entre los años 2005 y 2008; algunos sobrepasaron la jurisdicción de ese departamento y fueron cometidos en municipios de Boyacá, Meta y Arauca.
En Casanare, la JEP reveló la actuación de una red criminal de 367 personas, entre militares, miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y civiles, que planeaban y cometían asesinatos de jóvenes, la cual se instauró en la Brigada XVI, al mando del general retirado Henry William Torres Escalante.
Los magistrados describieron que esa alianza estuvo compuesta sub organizaciones criminales que operaron en red, orientadas al asesinato y desaparición de hombres, mujeres y jóvenes indefensos de la población, cuyas edades oscilaban entre 18 y 25 años de edad.
Se articularon para presentar a sus víctimas como personas dadas de baja en combate, con el fin de aparentar una ventaja militar en el conflicto armado, que se valió de la institución militar y recursos para desplegar acciones orientadas al cumplimiento de un plan criminal. (Leer más en: ‘Falsos positivos’: macabra estrategia para mostrar que se estaba ganando la guerra)
Mediante el Auto 055, la Sala de Reconocimiento imputó a un general retirado, dos coroneles, tres tenientes coronel, diez oficiales, seis suboficiales, un soldado, un funcionario del extinto DAS y dos terceros civiles por crímenes de guerra y lesa humanidad, como homicidio y desaparición forzada sistemáticos.
Además, en este subcaso se presenció un evento histórico, ya que se reconoció el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género. La JEP recolectó información donde encontró que dentro de los asesinatos hubo un joven con orientación sexual diversa y nueve mujeres. Dos de ellas se desempeñaban en la prostitución y una estaba en embarazo.
Patrón de persecución de la Brigada XVI
Las pesquisas de la JEP en este macrocaso partieron de abajo hacia arriba; es decir, empezar a indagar a los soldados rasos para ir subiendo de rango hasta localizar los altos mandos responsables de dar las órdenes de asesinar a jóvenes simulando combates. Es una forma contraria a lo que han realizado con los miembros de las Farc que dejaron las armas y están compareciendo ante ella, pues sus investigaciones empezaron con los comandantes de la otrora guerrilla.
Para esta audiencia, la magistrada Catalina Díaz y el magistrado Óscar Parra, hicieron la contrastación judicial y el análisis de ocho informes aportados por entidades estatales como la Fiscalía y la Procuraduría, además de organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.
También escucharon 106 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales de la República, incluyendo terceros civiles que colaboraron con las unidades militares); las observaciones de las víctimas y de la Procuraduría; las versiones en informes escritos y en audiencias públicas; las inspecciones judiciales a 48 procesos de la Jurisdicción Penal Ordinaria y 224 de la Justicia Penal Militar, adicionales a los expedientes que la Sala recibió por parte de la jurisdicción ordinaria.
Este trabajo de documentación y contraste le permitió establecer a la JEP que las 296 ejecuciones extrajudiciales imputadas constituyen casi dos terceras partes de los resultados que reportó la Brigada XVI en la época. Esas supuestas bajas en combate fueron utilizadas como un indicador militar, como lo reconocieron numerosos comparecientes.
En esos crímenes también participaron unidades militares subordinadas a la Brigada XVI como el Batallón de infantería No 44 Ramón Nonato Pérez (Birno), Grupos Especiales Delta y el Gaula Casanare. Sobre el extinto DAS, la Sala refiere que sus miembros participaron en la producción de información de inteligencia para darle apariencia de legalidad a las actuaciones y en la ejecución de los hechos; en varios casos, incluso, asesinaron a las víctimas.
El general retiro Henry William Torres Escalante comandó la Brigada XVI entre 2006 y 2007. Ese fue el periodo en el que se registraron los porcentajes más altos de ‘resultados’ cuestionados a la unidad militar. En junio de 2020, en las primeras audiencias de observaciones, Torres reconoció, después de haberlo negado en diversas ocasiones, su responsabilidad por omisión en varias ejecuciones extrajudiciales y admitió que sus exigencias pudieron derivar en los casos de ‘falsos positivos’.
“De manera libre, voluntaria y consciente de mi posición y de las obligaciones que me eran exigibles como oficial del Ejército Nacional, asumo con vergüenza el señalamiento de máximo responsable y autor inmediato por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada”, fueron las palabras de Torres Escalante frente a las víctimas.
De igual manera, mencionó que las presiones constantes venían del general (r) Mario Montoya, por aquel entonces comandante del Ejército Nacional, quien también fue imputado por la JEP el pasado 30 de agosto. En su relato, el exoficial indicó que las presiones ocasionaron que los subordinados se obsesionaran con los resultados, contratando menores de edad para que fungieran como reclutadores. (Leer más en: “Las bajas no es lo más importante, es lo único”: general Mario Montoya)
Por otro lado, se refirió a incentivos para cometer las ejecuciones extrajudiciales, como permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior y reconocimiento que les permitieran ascender en sus carreras.
En cuanto a los crímenes relacionados con el Grupo Gaula de Casanare, en la JEP se pudo establecer que uno de sus antiguos comandantes, el mayor en retiro Gustavo Enrique Soto Bracamonte, dio órdenes expresas, orientadas a la comisión de los crímenes, que fueron cumplidas por sus subordinados.
Entre 2019 y 2020, Soto Bracamonte compareció ante este sistema de justicia transicional y entregó versiones que comprometen al entonces comandante de las Fuerzas Militares, el general (r) Mario Montoya. Según su confesión, Montoya presionaba para que se consiguieran resultados a “toda costa”. Sin embargo, la defensa del otrora oficial de mayor rango, ha desacreditado dichas acusaciones.
Y fue el único en negar responsabilidad frente a los ‘falsos positivos’. Al día siguiente de terminada la audiencia, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) reaccionó de manera agresiva contra la JEP, afirmando que esta instancia jurídica “estimula reconocer delitos no cometidos”. Además, revictimizó a quienes les fue segada la vida por quienes debían garantizar la seguridad de los colombianos, al decir que la JEP “presenta como inocentes a quienes estaban delinquiendo así sus familias no lo supieran”. La mayoría de esos crímenes sucedieron durante gobierno mientras era el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares. Este caso de revictimización fue analizado y contrastado en el proyecto VERIFICO.
La voz de las víctimas
Las víctimas acreditadas para esta audiencia fueron 14, quienes preguntaron a los comparecientes por sus familiares y les recriminaron por no haber aceptado los cargos en otros momentos, cuando fueron llamados por la justicia ordinaria. Sólo lo hicieron, “a medias”, años después ante la JEP.
Llanto de hijos y madres demostraron que solo el dolor los ha acompañado después de su pérdida.
Yohana Torres fue una de las pocas víctimas que pudo cuestionar a los exmilitares. En el año 2007, integrantes del Grupo Delta asesinaron a su padre, Germán Torres Arciniegas, y a su hermano de 16 años de edad, Roque Julio Torres. Ambos fueron reportados sin identificar y como supuestos miembros de las Farc dados de baja. Yohana los cuestionó con dureza: “Hoy estamos las víctimas. No para mendigarles a ustedes la verdad, hoy estamos aquí para exigirles la verdad”.
Un par de años antes de ser asesinados, los Torres fueron testigos y denunciantes del asesinato de Hugo Édgar Araque, a manos de miembros del Ejército Nacional, quien también fue presentado como baja en combate; en este caso, por hombres asignados al Birno.
Yohanna tenía trece años cuando asesinaron a sus seres queridos. Su dolor no ha dejado de aumentar con el paso de los años y alega que es alimentado por la falta de verdad y justicia.
“Nos quitaron la niñez, la posibilidad de crecer en el hogar con el amor de nuestros padres. Nos obligaron a reprimir nuestros miedos, nuestro dolor y nuestras tristezas. Y nos obligaron a salir, siendo unos niños, a trabajar para llevar un sustento a nuestras madres. Después del encuentro personalizado con los comparecientes, duré tres noches teniendo pesadillas, viendo a mi padre y a mi hermano siendo asesinados”, indicó en medio de la audiencia.
Las víctimas le exigieron respeto al general (r) Torres Escalante. Y resaltaron una frase del exmilitar que les despierta profunda indignación y que han escuchado durante mucho tiempo en el proceso de esclarecimiento de la verdad: “A mí no me pagan por capturas, a mi me pagan por bajas”. Criticaron la actitud del general por estar escudándose.
Ninfa Cruz, integrante de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), que hace acompañamiento a víctimas de ‘falsos positivos’ en Casanare desde hace veinte años, explica que “desafortunadamente esa audiencia lo que removió fue dolor, porque las víctimas se fueron inconformes hacia sus casas, porque no escucharon la verdad de la situación que se dio con sus familiares, empezando por el general Henry Torres Escalante”.
Y pone lupa en la forma como se expresaba el coronel Torres Escalante: “Era una forma muy sarcástica, donde se veía que él no estaba diciendo la verdad, teniendo en cuenta que los otros militares siempre lo implicaban a él y él insistía en que estaba diciendo nada más que la verdad y se escudaba mucho en la religión. Los familiares no se fueron satisfechos frente a eso”.
Esas “mentiras” que cuestionó Derly Patiño al inicio de la audiencia se vieron reflejadas a lo largo de los días que duró y al final las víctimas quedaron aún más confundidas. Aseguran que no tienen garantías, que no les dan respuesta y que se sienten agotadas.
“Las familias no quedaron satisfechas con los militares –advierte Ninfa Cruz–; no hubo aclaración de qué pasó con sus familias. Se fueron muy enfermas las víctimas, muy recargadas, sin tener claridad frente a su situación. Decepción fue lo que sintieron porque los militares no dijeron la verdad, no hubo claridades frente a los campesinos que fueron ejecutados por ellos. Hubo revictimización”.
El Estado pidió perdón
Días después de realizada esta audiencia, el Estado colombiano pidió perdón de manera pública, por primera vez, a las familias de víctimas de ‘falsos positivos’. El evento se realizó el 3 de octubre en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Fue un acto de excusas públicas liderado por el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien estuvo acompañado por el comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina. Si bien el evento se centró en las familias de los 19 jóvenes de Soacha y Bogotá asesinados en Ocaña, Norte de Santander, se extendió a las demás víctimas de esta clase de ejecuciones extrajudiciales. Según estimaciones de la JEP, al menos 6.402 personas fueron asesinados bajo esa modalidad.
Con camisetas blancas, estampadas con el rostro de sus seres queridos, las familias se reunieron en la Plaza de Bolívar y en un acto de unidad, tomadas de las manos, con fotos de sus hijos gritaron: “¡Las madres no se rinden carajo!”. De nuevo revivieron el dolor por sus pérdidas, pues este es un capítulo de la historia de Colombia que es aterradora y cruel. Agradecieron por el espacio, pero exigieron la presencia de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Allí, el Ministro habló sobre la necesidad de enfrentar el pasado y buscar la verdad. Considera que es la única forma de lograr justicia y reconciliación. “Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo”, fueron sus palabras al inicio de las excusas públicas, además, resaltó “la valentía, tenacidad y fortaleza” de las madres de los ‘falsos positivos’ para insistir en dignificar sus seres queridos.
El presidente Gustavo Petro también asistió al evento, pidió perdón, reconoció la lucha de las madres de Soacha e hizo un llamado para que se acelere el esclarecimiento de la verdad. “Ustedes son las madres de la patria, las que han querido silenciar”, les dijo el mandatario.
Para Ninfa Cruz es un avance que el Estado reconozca a los familiares, “que limpien su nombre, que digan públicamente que no fueron ningunos guerrilleros, no eran asesinos ni delincuentes, que sean reconocidos como víctimas, que sean indemnizados por todo el daño que les hicieron”.
Luego, el 12 de octubre, por segunda vez el Estado pidió perdón por ocho ‘falsos positivos’ en diferentes municipios de los Llanos Orientales. El evento se realizó en Villavicencio y también asistió el ministro Iván Velásquez, en donde aseguró que pedirán perdón en todo el territorio colombiano, repitiendo en voz alta los nombres de personas inocentes.
Olga Lucía Naizir, abogada del Colectivo Orlando Fals Borda, organización que hace acompañamiento a esas familias, exalta estos actos de perdón por parte del Estado porque “permite dignificar el nombre de la familia y que toda la sociedad colombiana sepa que sus seres queridos no hacían parte de ningún grupo armado ilegal, no hacían parte de las hostilidades y eran campesinos que labraban el campo”.
Insiste en que es importante que la sociedad sepa lo que sucedió para que estos crímenes no se vuelvan a repetir: “Para las víctimas es muy doloroso todo este proceso, pero que se les haya pedido perdón públicamente genera cierto grado de sanación del dolor, porque fueron señaladas de ser familiares de guerrilleros”, dijo a este portal la abogada del Colectivo.
Estos eventos de excusas públicas y reconocimiento a las víctimas tienen origen el pasado 4 de junio, cuando el Estado le pidió perdón a la familia de Álix Fabián Vargas, uno de los jóvenes de Boyacá asesinado en 2008, que fue engañado para trabajar en Ongaza, Santander, y luego presentado como guerrillero del Eln dado de baja en combate.
Ese acto sólo se realizó con la familia de la víctima, en privado, pero fue la antesala para que el Ministro de Defensa decretara que se revisen todas las sentencias judiciales que ordenan pedir perdón a las familias víctimas de ‘falsos positivos’, pues estaban engavetadas. Velásquez refirió 53 sentencias y algunas están archivadas desde 2015. Por ello, se comprometió a cumplir esas sentencias a partir de este mismo año.
Para Sebastián Escobar del CAJAR, que el Estado haga un reconocimiento de estos crímenes y de las víctimas, es muy necesario porque “justamente ellas han tenido que enfrentar muchos años de negacionismo frente a estos hechos. Con estos actos hay un reconocimiento a la historia particular de las víctimas que han tenido que hacer enormes sacrificios para mantenerse en esa búsqueda de verdad, de justicia y de una reparación integral”.
