El surgimiento de nuevos grupos armados, el traslado del sitio de capacitación de los excombatientes de las Farc, el hurto de caletas de armas, el aumento de crímenes y el temor a la erradicación forzada de cultivos de coca, diagnostican que la construcción de una paz estable y duradera no se vislumbra, por ahora, en ese municipio de Nariño.
La vereda Madrigal se ve a plenitud desde el campamento de las Farc, en donde funcionó la zona veredal que tras la dejación de armas se convirtió en el Espacito Territorial de Capacitación y Reincorporación Aldemar Galán. Foto: María Clara Calle.Con desazón, en Policarpa cuentan que la tranquilidad sólo les duró dos años y que, a partir de mediados de 2017, volvieron la violencia y la zozobra.
La mandataria local, Claudia Cabrera, dice que la situación se ha vuelto muy delicada: “Cada fin de semana tenemos muertos y el índice de violencia aumentó a 160 por ciento comparado con 2016. Estamos constantemente haciendo consejos de seguridad, hemos convocado uno a nivel departamental en el municipio y lamentablemente no hemos obtenido resultados”.
Ubicado en la cordillera Occidental del departamento de Nariño, ese municipio fue escenario de la concentración y dejación de armas de los guerrilleros de los frentes 8 y 29 de las Farc. Por haber acogido una Zona Veredal Transitoria de Normalización, a la que ingresaron 286 combatientes y milicianos, la comunidad esperó que de la mano se aplicara el resto del Acuerdo de Paz que alcanzaron el gobierno nacional y la guerrilla más antigua del continente el pasado 24 de noviembre, lo cual se traduciría en desarrollo y tranquilidad para ellos.
Sin embargo, poco más de dos meses después de que finalizara la dejación de armas de las Farc, el panorama se vuelto sombrío en la región. Pues además de los incumplimientos por parte del gobierno nacional en materia de infraestructura y sustitución de cultivos de coca, han surgido otras violencias.
Nuevos grupos y rearmados
“Pese a que la mayoría de combatientes de las FARC-EP cumplieron con el proceso de Dejación de Armas, algunos de estos, entre guerrilleros y milicianos, no cumplieron con el compromiso de reincorporarse a la vida civil, y conformaron grupos armados ilegales, en asocio a integrantes de grupos de narcotraficantes de la región focalizada en riesgo”, alerta de manera urgente el Informe de Riesgo N°044-17 de la Defensoría del Pueblo.
El documento detalla que han surgido tres nuevos grupos con origen de exintegrantes de las Farc, los cuales son una “amenaza para la implementación del Acuerdo Final” y están “cometiendo vulneraciones masivas a los derechos humanos de la población policarpense”. Estos son los grupos de ‘La Vaca’ -asesinado a finales de julio-, ‘Sábalo’ y ‘Morocho’.
Sobre el primero, señala que ha empezado a expandirse por el territorio que dominó el Frente 29 y que se está proyectando desde la cordillera hacia la costa; del segundo refiere que está reclutando menores de edad; y del tercero, precisa que está conformado “por desmovilizados (no reincorporados) de las FARC-EP”, que ha amenazado a los excombatientes presentes en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y que tiene presencia entre los corregimientos de Remolino, Mojarras y Mercaderes.
Respecto al surgimiento de esas nuevas estructuras armadas, ‘René Hertz’, excomandante del Frente 29 encargado de la antigua zona de concentración y del actual ETCR, explica que no deben catalogarse como disidencias de las Farc porque son grupos que carecen de ideología y estructura política. Además, reconoce que “una vez finalizada la zona veredal, algunos compañeros que regresaron a sus casas fueron absorbidos por esas bandas que se están generando. No los podemos llamar disidencias, se incorporaron a bandas que venían en formación, pero son muy pocos y sí están causando daños”.
Tras la desaparición del Frente 29 de las Farc, en Policarpa actualmente existen cinco grupos armados ilegales. Foto: archivo Semana.En cuanto a quienes conformaron esos nuevos grupos, señala que ‘La Vaca’, quien según información de Inteligencia del Ejército fue asesinado por uno de sus hombres a raíz de disputas internas, desertó de las Farc antes de que iniciara el proceso de paz, al igual que ‘Morocho’. Sin embargo, reconoce que ‘Sábalo’ fue un mando medio del Frente 29 que participó en el proceso de dejación de armas en la zona veredal: “tuvo su acreditación e hizo todo el proceso completo”.
El exjefe guerrillero estima que el número de reincidentes no supera los 20 y señala que esa situación tiene muchos ingredientes, “entre ellos la falta de confianza que se generó frente a los incumplimientos del gobierno, porque se veía que a duras penas y arañando, se lograban cosas gota a gota, como la liberación de los presos políticos y que la zona veredal nunca terminó de ser construida. Eso generó en muchas personas desconfianza y quizá fue utilizada por otras para ofrecerles condiciones en las que podían desarrollar una actividad que les genere beneficios económicos y poder local”.
Otro elemento a tener en cuenta, como lo señala Eduardo Álvarez, director del Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), es la presencia de narcotraficantes que también están tratando de cooptar exintegrantes de las Farc: “En Nariño están ofreciendo dos millones de pesos a los exguerrilleros para que se unan y les dan uniforme y armas. Como llevan tanto tiempo en la guerra y se conocen desde antes, hay una red de contactos de resistentes (al proceso de paz), en donde es mucho más fácil atraer excombatientes porque no hay una estrategia de la Farc (el nuevo partido político) ni del Estado para contenerlos. Hay muy pocos incentivos para quedarse”.
Como si fuera poco, ese temprano rearme se dio en parte con el armamento que las Farc tenían encaletado en Policarpa y que no pudo ser extraído a tiempo por la Misión Política de la ONU que se encargó de recoger e inhabilitar su arsenal de guerra. El informe de la Defensoría del Pueblo señala que los grupos de ‘La Vaca’ y ‘Róbalo’ se nutrieron con las armas escondidas, lo cual es corroborado por el encargado del ETCR de ese municipio.
“En cumplimento de la palabra empeñada, se hizo la extracción de las caletas para ser depositadas en manos de la ONU y allí se pudo constatar que muchas de las armas que estaban guardadas fueron hurtadas por personas que se incorporaron a estas bandas. Ellos tenían conocimiento muy directo de dónde estaban y efectivamente sustrajeron muchas de las armas con las que están cometiendo las arbitrariedades contra la población”, le dijo ‘René Hertz’ a VerdadAbierta.com. Y agrega que “no sabe cuántas caletas fueron extraídas, pero fue una buena cantidad la que se hurtaron. Sobre el río Patía fue la mayor parte que se perdió, estaban diseminadas a lo largo del río. No tengo el número exacto a la mano, pero fueron hartas. También se perdieron en Brisas, otra área del Patía”.
A ese panorama de nuevos grupos, ya sean liderados por rearmados o narcotraficantes, se suman los grupos delincuenciales de Los Lobos y Los Cucarachos, que también están aportando su cuota de violencia y zozobra. “En Policarpa, igualmente se estaría fortaleciendo un grupo armado ilegal y de delincuencia organizada, integrado por personas que hicieron parte de grupos armados tenidos como paramilitares, y cuyo objetivo es favorecer actividades de tráfico de sustancias ilícitas. Este grupo de delincuencia organizada se denomina “Los Cucarachos”, y actúa en la cabecera municipal de Policarpa, y en el eje vial entre las veredas Restrepo, Altamira y San Pablo”, señala la Defensoría.
Álvarez también alerta sobre ese y otro grupo delincuencial: “No es claro si Los Lobos son un combo que salió de Los Cucarachos, y que opera a nivel pandillas, o si está a la par de los Cucarachos. No alcanzan a ser crimen organizado, sino que son esas expresiones más pequeñas que están entre banda y delincuencia organizada, pero probablemente integrados por personas que tienen una buena experiencia en el crimen, con capacidad de vincular gente nueva, sobre todo muy joven”.
En medio de ese ‘mar’ de actores ilegales, se dispararon los homicidios y las extorsiones. “Los homicidios aumentaron un 160 por ciento comparados con el año pasado, lo mismo que el fenómeno de la extorsión, ya que no sólo son víctimas los comerciantes sino también los maestros, que ahora empezaron a recibir amenazas de extorsión”, dice Harold Ruiz, asesor de Paz del departamento. La alcaldesa Cabrera confirma el aumento de extorsiones, sobre todo en la región del Patía, y el aumento de homicidios: hasta el 14 de octubre, 25 personas fueron asesinadas, mientas que el año pasado la cifra llegó a diez.
Incumplimientos
Esta es la carretera que lleva de Madrigal al cerro de La Paloma, donde está el campamento, y la misma donde los habitantes recibieron a las Farc hace unos meses. Foto: María Clara Calle.Tanto las Farc como la comunidad se sienten defraudadas con la puesta en marcha del Acuerdo Final. Las cosas no iniciaron bien, ya que uno de los puntos prioritarios era construir la zona veredal donde los más de 300 guerrilleros dejarían las armas y adecuarla para que posteriormente recibieran capacitación para su reincorporación a la sociedad civil. Esto finalmente nunca sucedió, porque diez meses después, sólo se adecuó parcialmente la zona de recepción. (Ver: Zona Veredal de las Farc en Policarpa, entre acuerdos y desacuerdos)
“El incumplimiento total del gobierno, no permitió que la zona veredal desempeñara su función de preparar a los excombatientes para la reincorporación a la legalidad del país. No se hizo nada y eso imposibilita muchas cosas. A nivel nacional se han diseñado procesos educativos para las zonas veredales, pero en ésta no se pudieron desarrollar por la inexistencia de condiciones: no hay donde sentarse ni dónde poner los tableros para la actividad educativa”, cuenta el encargado del ETCR ubicado en la vereda Madrigal, del corregimiento Alto de La Paloma.
Esa visión es corroborada por la Alcaldesa, quien cuestiona que “cómo es posible que después del proceso de dejación de armas, los miembros de las Farc no recibieron su capacitación. Hoy en día en la zona prácticamente no hay nadie: van y regresan, pero no recibieron capacitación para poder seguir su tránsito hacia la vida civil porque no hay aulas ni nada. Simplemente entregaron sus armas y se fueron. Ellos dicen que ni siquiera les han validado el bachillerato, que es lo más importante para avanzar en la capacitación, no se les ha brindado las garantías necesarias para que ese proceso sea efectivo”.
‘René Hertz’ explica que una vez finalizada la dejación de armas, se abrió la posibilidad de que los excombatientes entren y salgan libremente del ETCR, por lo que en él permanece una población flotante que oscila entre 25 y 60 personas. “La mayoría de compañeros están en sus hogares, dispuestos a continuar el proceso, a la espera de una llamada para saber cuándo arrancan las capacitaciones y los proyectos productivos”, cuenta.
Debido a esa paupérrima situación, el pasado 9 de octubre las Farc le solicitaron al gobierno nacional trasladar el ETCR a una zona más cercana y con mejor conexión vial: “Está por definirse el nuevo sitio. Sabemos que tiene que ser más central para poder hacer efectiva la reincorporación. El gobierno dice que está pendiente una reunión para decirnos cómo va a ser el tránsito a ese lugar y los compromisos para ver si se trasladan los recursos que se debieron designar acá, para invertirlos en el nuevo lugar”.
Por otro lado, además del incumplimiento del gobierno nacional de destinar recursos económicos para invertir en las comunidades durante los primeros 180 días de existencia de la zona veredal, los campesinos temen que inicien los operativos de erradicación forzada, pues a pesar de haber expresado su intención de acogerse al programa de sustitución de cultivos ilícitos, no han suscrito ningún acuerdo, pero sí han llegado erradicadores a municipios vecinos.
La alcaldesa Cabrera, quien afirma que las Juntas de Acción Comunal y los dos consejos comunitarios del municipio están de acuerdo con la sustitución, señala que el gobierno nacional está fallando en el cumplimento de los acuerdos: “Si no da garantáis para la sustitución, cómo se van a sostener las familias que viven de esos cultivos. Esa es la principal pata coja del posconflicto, que no se está cumpliendo con la sustitución sino erradicando. Si se sustituyen, vamos a tener paz”.
A raíz de la masacre ocurrida el pasado 5 de octubre en Tumaco, en donde perdieron la vida seis campesinos que se oponían a la erradicación de sus cultivos de coca en la región de Alto Mira y Frontera durante un operativo de la Fuerza Pública, la preocupación por este tema ha aumentado. (Ver: Tumaco, entre la sustitución y la erradicación de cultivos de coca)
Por ello y ante la inminente erradicación en la zona de la cordillera, el pasado martes se celebró un consejo extraordinario de seguridad en la Gobernación de Nariño con los alcaldes de Cumbitara, Leiva, El Rosario, Taminango, Policarpa, El Peñol, y Los Andes (Sotomayor) para analizar la situación. Al final del encuentro, los mandatarios de esos municipios, que componen la región de Guambuyaco y Cordillera, suscribieron un documento de cinco puntos en el que piden una reunión urgente con el Presidente de la República y su gabinete ministerial, para “avanzar en el propósito de reemplazar los cultivos de uso ilícito por modelos de economía legal, sin que ello represente ningún riesgo para las comunidades y la misma Fuerza Pública”.
Hasta ahora, los ojos del país han estado concentrados en Tumaco por la masacre de los campesinos; el asesinato José Jair Cortes, un miembro de la Junta de Gobierno del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera quien fue asesinado a pesar de haber denunciado en varias ocasiones graves amenazas de muerte; y otros 146 homicidios más a lo largo de este año, pero la situación de Policarpa también cuenta con los ingredientes necesarios para que lamentablemente se consuma una tragedia similar.
Y el riesgo no es sólo para esos dos municipios, porque como lo advierte el investigador Álvarez, de la FIP, “aquí hay unas condiciones de vulnerabilidad territorial mucho más grandes que involucran a toda la región del Pacífico nariñense y caucano, en donde tiene influencia Policarpa, a pesar de que queda más hacia la montaña. Su corredor natural es hacia el Pacífico y allá es donde están todas las economías ilegales boyantes. Hay mucho ‘narco’ pequeño que está presionando en todo Nariño a estos combos chiquitos, a las Guerrillas Unidas del Pacífico y a la gente de ‘Guacho’, poniendo plata para que se vayan a trabajar con ellos. Hay que tener cuidado con todo eso”.
