A dos años de la publicación del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), VerdadAbierta.com entrevistó a Marco Romero, uno de los miembros del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la CEV.
Tras 43 meses de intenso trabajo, en los que decenas de investigadores de diferentes áreas del saber, bajo la coordinación de 12 comisionados, entrevistaron a víctimas del conflicto armado en diferentes rincones del país, hablaron con actores de la guerra, consultaron a funcionarios de distintos gobiernos nacionales y revisaron expedientes judiciales, investigaciones académicas e informes que le preparó la sociedad civil, el 28 de junio de 2022, el Informe Final de la CEV vio la luz.
El objetivo de esa publicación, compuesta por 11 tomos, fue establecer las causas y consecuencias de la guerra que padecieron los colombianos durante más de 50 años de confrontación, pero también realizar una serie de recomendaciones para que no se vuelva a repetir. Tan pronto la CEV cesó actividades, entró en funcionamiento el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones (CSM).
Dicho comité está compuesto por Esther María Gallego Zapata (quien lo preside); Dorys Ardila Muñoz; Wilson de Jesús Castañeda Castro; Julia Eva Cogollo Cabarcas; Marco Alberto Romero Silva; Olga Amparo Sánchez Gómez; y Armando Custodio Valbuena. Ayer presentó su segundo informe de seguimiento.
A propósito, este portal habló con Marco Romero, quien además de ser uno de sus miembros, es el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
VerdadAbierta.com (VA): Van a cumplirse dos años de la entrega del Informe Final y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. La mayoría de ellas están planteadas para realizarse en un corto plazo: 54, y 43 en el mediano. ¿Cuál es el balance actual?
Marco Romero (MR): Nosotros hemos hecho un balance en tres dimensiones. En primer lugar, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad constituyen una agenda de paz, que es el producto de la escucha a las víctimas y a las organizaciones sociales de todo el país. Es un conjunto de recomendaciones que busca que haya una conversación nacional, que conduzca a una serie de cambios que consoliden garantías de no repetición, paz, democracia y una agenda de derechos humanos en Colombia.
Las recomendaciones apuntan en dos direcciones: hacia las instituciones del Estado y un legado a la sociedad civil.
A nivel del gobierno nacional hemos visto un nivel de compromiso alto con las recomendaciones, no sólo por la manifestación del presidente Gustavo Petro de cumplir a raja tabla este conjunto de recomendaciones, sino por su voluntad, de incluirlas en el Plan Nacional de Desarrollo y un trabajo continuado que han venido haciendo desde la Oficina de Implementación del Acuerdo de Paz, el Departamento Nacional de Planeación y diversas instituciones para hacerle el seguimiento a 104 recomendaciones.
En segundo lugar, el Comité también se ha dirigido a todos los gobiernos locales y regionales de Colombia, enviándoles una guía sobre la responsabilidad o corresponsabilidad de gobiernos territoriales en la atención de ellas. Lo hemos hecho porque en el contexto de las recomendaciones, la noción de la paz territorial es fundamental y, es, quizás, el nodo articulador de muchas de ellas. Se le envió a los anteriores y a los nuevos. Todavía no tenemos un balance de qué tanto se ha adoptado el sistema de recomendaciones en los planes de desarrollo, pero sabemos que en muchas partes ha habido una reacción positiva para acogerlas.
Y en el nivel de la sociedad, cuando examinamos el legado, vemos que se está dando un proceso de apropiación progresiva del Informe Final y de sus recomendaciones en muchos lugares del país. Son muchas las iniciativas que hay de diplomados, ejercicios culturales, seguimiento, foros públicos y ejercicios institucionales. Por ejemplo, la biblioteca del Banco de la República ha decidido adoptar un programa: La Biblioteca Abraza la Verdad; o la comisionada Lucía García, por mandato de la Comisión, logró instalar la disposición sobre el Informe Final en el Centro de Memoria de Bogotá.
Como esos, hay un conjunto de ejercicios muy importantes, que buscan que haya un conocimiento público del informe, de los hallazgos y de las recomendaciones, en muchas regiones del país. Hay toda una inversión social; sin embargo, hay que reconocer que para la mayor parte de la opinión pública todavía las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son, en términos generales, desconocidas.
Y se necesita trabajar y profundizar esa apropiación social e institucional pública de la verdad. Como dijo el padre Francisco De Roux (presidente de la Comisión de la Verdad), “la verdad tiene que ser un bien público que contribuya a la paz”. Y para ello se necesita que todos y todas las ciudadanas conozcan el Informe Final.
VA: Al respecto, algunos sectores cuestionan que el Informe Final se quedó en académicos y personas que trabajan en temas de conflicto armado y violación de derechos humanos. ¿Qué se debe hacer para que llegue a los territorios que fueron golpeados por la guerra?
MR: Para ello hemos llamado la atención, primero del Ministerio de Educación, para que mantenga el programa La Escuela Abraza la Verdad, que fue un ejercicio muy importante en el primer año. Es importante que los niños puedan conocer la historia, porque como suele decir la expresión popular, el pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla. Es muy importante que ahora que se han rehabilitado las cátedras de enseñanza de Historia, los jóvenes tengan la posibilidad de conocer la complejidad de lo ocurrido; lo que han visto en medios de comunicación, que lo puedan ver a través del ejercicio sistemático que hizo la Comisión de la Verdad.
También hemos hecho una recomendación estratégica pero no hemos visto mayor desarrollo. Hemos recomendados a la Función Pública que promueva una estrategia de formación de todos los servidores y las servidoras públicas de Colombia para que conozcan el Informe Final y las recomendaciones. Allí no hemos logrado mayor éxito, pero es un camino que creemos que es muy importante.
VA: El balance que el Comité acaba de presentar destaca algunos puntos en materia de implementación de medidas sobre reparación de víctimas y acceso a la justicia. ¿Cuál es el conjunto de recomendaciones en las que más se ha avanzado en estos dos años?
MR: Uno de los puntos emblemáticos en donde más se ha avanzado es el de paz territorial y el reconocimiento del campesinado como un sujeto de especial protección constitucional. Ese es un punto fundamental porque esta guerra ha destruido al campesinado, no sólo físicamente porque la mayor parte de los desplazados son de la sociedad rural, sino que ha sido sometido a una discriminación estructural. No se considera que el campesinado sea un factor importante de la economía y de la sociedad, cuando produce el abasto alimentario de todo el país.
Ese reconocimiento político, social y cultural del campesinado, es muy importante. Paralelo a esto se ha votado el acto legislativo que crea la jurisdicción agraria, que es fundamental. Colombia tiene un modelo rural bastante anacrónico y está lleno de conflictos por la propiedad y el uso del territorio en todos los rincones del país. Por ejemplo, los pueblos indígenas necesitan más de 800 litigios y la mitad del campesinado no tiene título formal. Somos el país campeón en despojo y abandono forzado de tierras.
Se necesita una jurisdicción agraria que empiece a resolver todas esas conflictividades. Y aunque hasta ahora está empezando el ejercicio de la jurisdicción agraria, es uno de los desarrollos más importantes. Además, que el gobierno haya firmado la Declaración de los Derechos de los Trabajadores Rurales y Campesinos, de la ONU, también es muy importante. El hecho de que el Plan de Desarrollo tenga un enfoque destinado a superar las asimetrías territoriales y la voluntad del gobierno de invertir más recursos donde hay más necesidades, es muy importante porque la desigualdad también tiene cara territorial en Colombia. También destaca la firma del Acuerdo de Escazú, que busca proteger a los defensores ambientales y que la gente se pueda preparar frente a desastres naturales.
Realmente hay muchos avances importantes, que por ahora se están desarrollando de manera normativa, pero esperamos que tengan un correlato en el contexto de la reforma rural.
VA: Las noticias de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y de firmantes del Acuerdo de Paz son constantes y evidencian que las recomendaciones relacionadas para evitarlas y garantizar su participación en la democracia están fallando. ¿Qué debe hacerse en esa materia? ¿Hay recomendaciones de la CEV que, de aplicarse correctamente, podrían ayudar a mitigar esa situación? ¿Cuáles?
MR: La Comisión apuntó justamente sobre este tema y realizó grandes recomendaciones. La primera es la de buscar una paz completa. Sabemos que la Paz Total tiene dificultades, pero desde el Comité consideramos que hay que hacer un llamado a la sociedad entera, al gobierno y a la oposición, a buscar un entendimiento, algo así como un pacto político, como se llamó en el Acuerdo de La Habana, en torno a la paz. Sin ella es difícil que haya garantías democráticas para mucha gente en los territorios.
Si realmente queremos fundar condiciones estables para la paz y la vigencia de los derechos, es importante cerrar todas las dinámicas de violencia. Que sea difícil, es otra cosa. Es muy difícil lograr una paz completa, pero es una necesidad y el gobierno está haciendo muchos esfuerzos en esa dirección. Probablemente hay que revisar temas que no han salido bien en algunas mesas de negociación, pero más allá de eso, hay que ir a fondo, en cerrar todos los conflictos. Esa debe ser la máxima de la sociedad colombiana.
El segundo punto es que, mientras no se logren acuerdos definitivos, hay que buscar entendimientos humanitarios, ceses del fuego y exigir a los armados que cumplan con el respeto a la población civil, porque muchos territorios están llenos de desplazamiento, confinamiento y asesinato de líderes sociales. La tercera recomendación tiene que ver con que se proteja la población de lo que la Comisión llama violencia sociopolítica, que es la que afecta a quienes ejercen liderazgos sociales, liderazgos por la defensa del medioambiente, por la tierra y en general de los derechos culturales y territoriales; proteger a líderes y lideresas sociales es una condición fundamental para que la democracia pueda arraigar en muchos territorios.
VA: ¿Por qué en ocho años tan sólo se ha implementado el 25% de las iniciativas de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)? El Comité proyecta que, a ese ritmo, se necesitarían 15 años más terminar con el resto, ¿es viable ese panorama?
MR: En muchos temas de la implementación del Acuerdo de Paz hay obstáculos normativos, económicos o políticos, pero Colombia puede resolverlos todos. Este es un país de renta media-alta, que es el segundo más desigual de las Américas. Esa es la matriz desde la cual hay que pensar los problemas: es decir, Colombia tiene los recursos para hacer la reforma agraria, para hacer la reforma rural, para superar las brechas sociales. Colombia cuenta con estos recursos, pero muchas veces no se traduce en que el gobierno tenga la capacidad fiscal y se necesitan reformas distributivas para, por ejemplo, atender los derechos de las víctimas: más de 8 millones de personas están pendientes para ser indemnizadas.
Todo esto requiere recursos y decisiones distributivas de la sociedad colombiana. Por eso hay que hacer una llamado, primero al gobierno, para que concentre todas las energías y tiempo que le quedan, en la implantación del Acuerdo de Paz. Dos, un llamado al Congreso, porque hay muchas leyes que tienen que ver con el Acuerdo de Paz que no se han votado y no estuvieron en la época de fast track: no se han votado la reforma política ni la reforma para fortalecer los movimientos y organizaciones sociales, tampoco el estatuto de igualdad de las mujeres, entre otros.
VA: La sociedad colombiana ha sido machista y racista, lo cual también generó impactos diferenciados en el conflicto armado. Por esa razón, el Acuerdo de Paz y el Informe Final incluyeron medidas con enfoques de género y étnico. ¿Han ayudado a cambiar ese panorama?
MR: Sí, hay distintos desarrollos muy importantes que se están dando en la sociedad colombiana. En primer lugar, el capítulo relativo a los derechos de las mujeres, que reconoce las dinámicas de victimización masiva que han sufrido en Colombia, plantea avanzar hacia la paridad política y un estatuto de igualdad, a nivel de las políticas públicas y de la vida económica y social del país. En temas de población indígena y afrodescendiente hemos visto que se ha dado una participación muy importante de líderes y lideresas de estas comunidades en diferentes espacios de la vida institucional del Estado.
A nivel de paz territorial también hay que destacar la creación del Ministerio de la Igualdad, que está enfrentando problemas de constitución y requisitos legales para su creación. Es muy importante que el gobierno y el Congreso de la República subsanen rápidamente los problemas que se presentaron en su creación, para que el Ministerio pueda tener la fuerza que necesita, ya que está pensado básicamente para resolver un problema: el Estado colombiano ha servido para unos territorios, pero no para otros; ha servido para algunos sectores de la sociedad, pero no para otros.
Las comunidades rurales y étnicas prácticamente no han visto la cara del Estado de Derecho en los territorios. Y el Ministerio de la Igualdad busca simbólicamente, normativamente y en clave de políticas públicas, enfrentar esas desigualdades, que la Comisión de la Verdad llamó discriminación histórica estructural. Entonces allí también hay un avance muy importante, aunque sabemos que los niveles de ejecución en su primer año han sido muy bajos y que se deben subsanar los problemas de forma de la ley que dio lugar a su creación.
Creemos que esta es una prioridad y que responde a uno de los grandes cuestionamientos que ha tenido el país por el centralismo y la falta de garantías para sectores de la sociedad que han sido excluidos sistemáticamente.
VA: Debido a rezagos en la implementación el Acuerdo de Paz, el presidente Gustavo Petro ha hablado de aplicarlo vía decretos y personas cercanas a él incluso han planteado la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente. ¿El Comité de Seguimiento y Monitoreo considera que la situación es tan drástica que amerita esas vías? ¿Son viables jurídicamente?
MR: Nosotros no somos una autoridad que pueda definir hasta dónde llega la potestad reglamentaria del gobierno, la competencia legislativa del Congreso o las decisiones jurisprudenciales de la Corte. Hay muchas normas que se pueden implementar por decreto, porque ya existen leyes que protegen los derechos; por ejemplo, si hay una ley de reforma agraria, muchos temas de ella se pueden implementar por decreto sin votar otra vez. Muchos temas se pueden resolver por esa vía y lo tendrán que evaluar funcionarios de gobierno. Si todo tuviera que hacerse por medio de una ley, prácticamente la administración estaría parada.
Ya otros temas como una constituyente o no, creo que hacen parte del debate político. Nosotros como Comité no tomamos postura sobre si debe haber una asamblea constituyente para implementar el Acuerdo de Paz, lo que hacemos es un llamado a la sociedad, al gobierno y a la oposición, para que concentren su atención y se busquen entendimientos fundamentales para resolver problemas como el de la paz, que requiere un consenso nacional.
VA: ¿Qué esperan para el tercer año de aplicación de las recomendaciones de la CEV? ¿Cuáles son las prioritarias en las que el Estado, la sociedad y la cooperación internacional se deben enfocar?
MR: Son varias. Primero, la construcción de la paz, porque sin ella es muy difícil hablar de derechos y recomendaciones, en muchos territorios en donde la gente está sometida a los rigores de la violencia. Segundo, avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, en la medida en que el gobierno tenga los recursos y las condiciones, pero también haciendo un llamado a los demás poderes del Estado, porque esto no es sólo un problema del gobierno: la implementación es un asunto de Estado.
Tercero, la implementación de la reforma rural para crear condiciones de vida diferentes para la sociedad rural: hay que mantener ese impulso y afrontar las desigualdades en los territorios. Cuarto, avanzar hacia un modelo de solución duradera para las víctimas del conflicto armado. Quinto, la protección de la vida de los líderes y lideresas sociales es determinante.
Y sexto, que se mantenga un esfuerzo muy grande para que el Informe Final y las recomendaciones de la Comisión dejen de ser una agenda de paz para convertirse en una fuerza de paz.
