La humanidad detrás de los casi 200 bombardeados por Estados Unidos

Entre el 2 de septiembre y el 5 de mayo, el gobierno Trump había explotado 58 embarcaciones, causando la muerte de 179 personas. Después de cinco meses de una labor de filigrana, juntando piezas sueltas, La investigación periodística transfronteriza y colaborativa Bombardeados, sin derecho a la defensa, pudo recoger los nombres y parte de las historias de 18 hombres muertos, casi todos humildes habitantes de las costas que se rebuscan para sostener a sus familias como pueden. También retratamos, con reportería en terreno en Colombia y Venezuela,  el impacto que estos golpes de misil han tenido más allá de las familias, sobre vuelos comerciales, la cooperación contra el crimen y el flujo de drogas. Descubrimos que paradójicamente la lucha antinarcóticos regular fue más eficaz en detener la cocaína y no dejó ni un muerto.

Por María Teresa Ronderos,  Jose Luis Peñarredonda, Ronna Rísquez, Lorena Meléndez, César Molinares, Giannina Segnini, Juan Pablo Barrientos, Sibylla Brodzinsky, Andrés García y Asha Javeed.

“Reportan el fallecimiento del popular Pichirilo, gran talento deportivo Valdeciano.
 Nuestras palabras de condolencias a sus familiares”, publicó el 15 de octubre de 2025 @elshowderuben, una página de Facebook del programa del mismo nombre en la Emisora Radio Güiria Internacional de Venezuela. Su comentario tuvo 483 reacciones de emojis llorando, o de personas lamentando su muerte. 

“Pichirilo no sabes cómo me duele tu noticia, nunca te voy a olvidar”, escribió una amiga. “Descansa en paz, Eduardo popular pichirilo”, “que en paz descanses pana pichirilo excelente deportista. Gran talento frente al arco. ”, dijeron otros. 

El día anterior, el 14 de octubre, un misil disparado por militares estadounidenses había volado una lancha fuera de la costa venezolana, frente a Güiria, un pueblo en el municipio de Valdés, del estado Sucre y  punto de salida hacia Trinidad y Tobago. Según se vio en el video oficial del gobierno estadounidense, la embarcación estaba quieta cuando la atacaron. Era el quinto golpe que propinaba Estados Unidos a barcos en el Caribe. Con las seis personas que cayeron ahí, completaban ya 27 muertos.  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump  aseguró en su red social que su secretario de Guerra, Pete Hegseth, había dado la orden de asestar ese golpe en una ruta conocida de tráfico de drogas, en aguas internacionales, y que inteligencia de su país “confirmó que la lancha traficaba narcóticos” y estaba asociada a redes de narcoterroristas.

El locutor radial del @showderuben le dijo a reporteros de esta alianza periodística que él publicó la noticia de Pichirilo porque sabía que era muy conocido en Güiria. “Este es un pueblo pequeño y aquí todo el mundo se conoce”, explicó, aunque negó saber nada acerca de las circunstancias en las que murió. 

Reporteros de Alianza Rebelde Investiga (ARI) –una coalición de los medios independientes venezolanos Runrunes, Tal Cual y El Pitazo –, aliados a esta investigación, confirmaron en Güiria que el nombre de Pichirilo era Eduardo Jaime, y que era un jugador de fútbol de sala, querido en ese pueblo costero del Caribe venezolano. Una familiar le confirmó luego por teléfono a esta alianza que Eduardo Jaime venía en la lancha volada el 14 de octubre.

Desde septiembre de 2025 y hasta el 26 de abril pasado, en la llamada Operación Lanza del Sur (Southern Spear), las fuerzas militares de Estados Unidos llevaban 58 embarcaciones destruidas a golpes de misil y habían causado la muerte a 172 personas como Eduardo Jaime –según confirmó el Comando Sur de los Estados Unidos en respuesta por correo a las preguntas que envió este equipo periodístico. 

Desde entonces, y hasta el 5 de mayo, cuando se cerró esta historia, el gobierno de ese país ha anunciado públicamente que realizó otros dos ataques donde mataron otras cinco personas.  Las autoridades estadounidenses además contabilizaron en total a otros 12 desaparecidos, que se presumen muertos. No obstante, esta alianza periodística verificó con fuentes en Costa Rica, que de tres presumidos sobrevivientes, luego de un bombardeo en marzo en el mar frente a ese país, dos fallecieron antes de llegar a tierra. Así, la cuenta de los muertos llega 179 hasta el 5 de mayo. 

En su respuesta escrita, el Comando Sur de ese país dijo que “cada acción tomada durante la Operación Southern Spear (Lanza del Sur) es deliberada, legal y precisa, dirigida directamente contra los narcoterroristas y sus facilitadores. Tenemos plena confianza en los profesionales de operaciones e inteligencia que informan nuestras misiones”. (Ver toda la respuesta aquí)

No obstante, días después del ataque en que murió Pichirilo, en ese mismo octubre, funcionarios del gobierno de Trump reconocieron en reportes a congresistas y sus asistentes que no sabían la identidad ni la historia de las personas que matan, según reveló The Intercept.

“Es una tragedia doble no sólo por los asesinatos ilegales, sino que las víctimas son borradas, convertidas en anónimas”, dijo, en entrevista telefónica con el CLIP, John Walsh, de WOLA, una organización de defensa de los derechos humanos en Latinoamérica basada en Washington. 

Coincidiendo con Walsh y muchos otros, entre expertos en derechos humanos, congresistas, ex funcionarios de gobiernos estadounidense y organizaciones civiles, que han cuestionado la legalidad de matar a estos hombres por la sola sospecha de que podían estar transportando drogas, desde diciembre pasado, una alianza periodística transnacional se dio a la tarea de ponerles nombre a estos muertos, convencidos de que  al conocer sus rostros e historias, emergerá su humanidad. 

La alianza, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, que reúne a los medios de la región ARI de Venezuela; 360, Casa Macondo y Verdad Abierta de Colombia; Guardian de Trinidad Tobago; y periodistas freelance en República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y México con el apoyo técnico y financiero de Airwars, hoy lanza los primeros hallazgos de la investigación Bombardeados, sin derecho a la defensa. 

Esta investigación colaborativa ha sido una labor de filigrana, tejiendo hilos sueltos de muchas tragedias. Para ello, hemos visitado caseríos y pueblos costeros en La Guajira y Nariño, en Colombia y en Sucre, Venezuela; entrevistado a familiares, amigos y conocidos de víctimas, autoridades y reporteros locales en cinco países; rastreado y verificado cientos de posteos en redes sociales; identificado decenas de publicaciones de medios reconocidos en múltiples países e idiomas; realizado decenas de peticiones de información a autoridades; contactado fiscalías, hospitales, morgues y embajadas; y hemos verificado registros públicos y judiciales. Con toda esa información, construimos una base de datos que, esperamos, contribuya a elevar la consciencia de que estos hombres eran seres humanos, que merecían haber sido juzgados si eran sospechosos de cometer algún delito. 

La mayoría de las fuentes son anónimas porque todo el mundo teme hablar. Algunos familiares de víctimas en Venezuela y en Santa Marta (Colombia), según confirmaron fuentes consultadas a esta alianza,  dicen haber recibido amenazas. Otros no quieren contar nada porque temen represalias de sus gobiernos o, peor, de los señores del narco que mandan en donde viven. Las entidades han resultado herméticas y los funcionarios que responden, sólo lo hacen off the record porque no quieren meter en líos a sus países con Estados Unidos.

Sumando las personas que otros medios y organizaciones han conseguido nombrar y las nuevas víctimas mortales identificadas por esta alianza periodística, hemos podido conseguir los nombres y apellidos de 16 de los muertos en estos ataques. De dos más, identificamos su nacionalidad; y de otro, su apodo. De otras dos personas, cuyos restos fueron a dar a la playa al norte colombiano días después de un ataque, tenemos datos de quiénes eran, pero no sabemos con certeza si cayeron en un bombardeo. De otra posible víctima tenemos su nombre completo. Identificamos a tres sobrevivientes heridos. Es buscar agujas en un pajar de 179 ejecutados, desde el 2 de septiembre hasta el 5 de mayo, y seguimos contando…

Cada explosión destroza al barco y a sus tripulantes, fuesen traficantes, pasajeros o pescadores, en mil pedazos. Sus identidades volaron al viento sobre océanos inmensos. 

Esta colaboración periodística transfronteriza también encontró que la ola destructiva no para ahí. Como lo retratará la reportería en terreno, la Operación Southern Spear ha deshilachado además el tejido de comunidades, de por sí rotas y doblegadas por el crimen organizado y la ausencia de Estado, y ha aterrorizado a pescadores y viajantes, al punto que paró la economía de un pueblo nariñense. También verificamos que en el Caribe colombiano perturbó al menos 18 vuelos comerciales. Más allá, documentamos cómo ha fragmentado la cooperación internacional de combate a las drogas ilegales, porque otras democracias temen estar involucrados en acciones que desconozcan acuerdos internacionales que rigen el mar y el derecho internacional sobre los derechos humanos. Reverbera con la onda explosiva el temor entre funcionarios y fiscalías de revelar detalles de los rescates o sus coordenadas, pues el vecino del Norte puede revirar con nuevos aranceles o ataques personales a los gobernantes. Muchas veces, ni siquiera les responden a quienes están preguntando por sus muertos. 

Los bombardeados

En el mismo bote de ‘Pichirilo’, el jugador de fútbol, viajaban Chad Joseph y Rishi Samaroo, dos trinitenses, cuyas parientes ahora reclaman al gobierno estadounidense por sus ejecuciones extrajudiciales.

De Chad y Samaroo se enteró el mundo porque sus familias presentaron una queja legal en enero pasado ante una corte federal de Massachusetts, Estados Unidos, buscando ser indemnizadas por daños y perjuicios por sus muertes. 

Según reportó el Trinidad & Tobago Guardian, miembro de esta alianza, en diciembre pasado, en el pueblo donde nació Joseph –quien tenía 26 años al momento del  bombardeo del 14 de octubre – todos lo conocían desde niño como pescador. Se había ido desde su natal Matelot, un pueblo pesquero en la costa trinitense, a vivir a donde una tía en Las Cuevas, una comunidad con lazos de toda la vida con Venezuela. 

“Fue la familia de Joseph, al ser una de las primeras en identificarlo entre más de 100 personas que han perdido su vida en los ataques, la que arrojó una luz humana sobre las personas que han muerto como resultado de los ataques de los Estados Unidos en el mar Caribe. Las historias humanas hicieron que congresistas comenzaran a ponerle presión al gobierno de Trump al pedir transparencia sobre estos ataques y al intentar cuestionarlos y detenerlos”, escribió el Trinidad & Tobago Guardian, al cumplirse dos meses de su presunta muerte. 

Ese mismo medio entrevistó a Lenore Burnley, madre de Chad, quien dijo que “desde que supo la noticia, su vida se ha caracterizado por la tormenta contradictoria de tener una vaga esperanza y la cruda realidad de la súbita muerte de Joseph, sin que haya un cuerpo para enterrar”.  Y cuando Guardian le preguntó por qué creía que Joseph se había arriesgado a salir, ella respondió: “sé de la ley del mar; la conozco desde que era joven. Si es un barco, o una cosa así, se supone que tienes que detenerlo, ¿ves? La ley no consiste en matar a personas. Donde sea que estés, no debes matar a personas así. Esta es la primera vez en mi vida, y tengo 51 años. Nunca he escuchado de algo así”.

Dijo el citado diario local que, según Ayana Roberts, pareja de Rishi Samaroo,  él la había llamado para decirle que iba de regreso a casa desde Venezuela. Su hermana Sallycar Korasingh había contado que él era un hombre trabajador que había pagado su deuda con la sociedad y solo intentaba recuperarse y ganarse la vida dignamente en Venezuela criando vacas y cabras para ayudar a mantener a su familia, según informó ACLU en un comunicado . “Si el gobierno de Estados Unidos creía que Rishi había hecho algo malo, debería haberlo arrestado, acusado y detenido, no asesinado. Deben rendir cuentas”, dijo Korasingh.

Representan a la madre de Joseph y a la hermana de Samaroo en su caso ante la justicia estadounidense, la Asociación Americana de Derechos Civiles (más conocida como ACLU, por su sigla en inglés) , el Centro para los Derechos Constitucionales y el profesor Jonathan Hafetz, de la Escuela de Derecho Setton Hall.  

Los abogados lo presentaron bajo la ley de demandas del almirantazgo, que les permite a personas reclamar compensación por daños a quien haya cometido una muerte por negligencia (wrongful death, en inglés), según el Acta de Muerte en Altamar (DOHSA), reconocida por Estados Unidos. Así mismo, invocaron el viejo Estatuto de Reclamación de Agravios Contra Extranjeros (Alien Torts Statute) que permite a los extranjeros reclamar en Estados Unidos por ejecuciones extrajudiciales, prohibidos en las leyes internacionales de Derechos Humanos. 

“Las muertes de Joseph y Samaroo fueron claramente ejecuciones extrajudiciales”, explicó a esta alianza periodística Steven Watt, uno de los abogados de ACLU. No se pueden justificar con argumentos como los esgrimidos por el gobierno Trump, de que estar en guerra contra las drogas les justifica el uso de los ataques violentos, dijo. 

Watt dijo además que su equipo legal, en una demanda independiente de ésta, basada en el Acta de Libertad de Información (FOIA por su sigla en inglés), pidió el memorando legal producido por la Oficina de Consejería Legal de del Departamento de Justicia, que expone la racionalidad jurídica oficial de estos ataques, porque el gobierno no la ha hecho público hasta ahora. 

Las parientes de los trinitenses aseguran que ninguno de los dos llevaba drogas, que eran ciudadanos corrientes que estaban regresando a sus casas en Las Cuevas, en Trinidad, después de trabajar en Venezuela.  

Según dijeron fuentes locales a ARI, la coalición periodística de medios venezolanos aliada de esta investigación, un hombre llamado Dushak Milovcic habría viajado en ese mismo barco atacado el 14 de octubre. Un reporte de la AP, informó que Milovcic, de 24 años, “comenzó como vigía para contrabandistas”, había estado en la Academia de la Guardia Nacional de Venezuela y, según dijeron fuentes a la reportera de esa agencia, ahora estaba involucrado con los transportadores de droga. 

El del 14 de octubre no fue el único barco del que se sospecha no llevaba drogas ilegales por el alto número de pasajeros que transportaba. Varios medios de prensa y observadores también expresaron su duda frente al primer barco bombardeado el 2 de septiembre de 2025, en el que iban 11 pasajeros. Según algunos entrevistados en terreno, que conocen el movimiento de las lanchas y hablaron con aliados de esta investigación en La Guajira colombiana y en Sucre, es frecuente que las mismas embarcaciones que de ida llevan droga, de vuelta traigan pasajeros. Los “capitanes”, como se les dice a quienes pilotean esos barcos, se apuntan a cualquier trabajo que salga.

“A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, paren de traficar drogas. Si siguen traficando drogas letales, los vamos a matar”, amenazó  Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos el 7 de noviembre, al otro día de un golpe mortal a una lancha con tres ocupantes en el Caribe, frente a las costas colombianas.  Por calificativos como estos, cualquiera imagina que acaban de matar a múltiples Pablos Escobares y Chapos Guzmanes. 

Los reporteros de esta alianza encontraron una realidad muy distinta. 

Restos de dos personas, presumiblemente caídos ese 6 de noviembre, aparecieron en Puerto López, Uribia, en La Guajira colombiana. Distintas fuentes guajiras dijeron que eran dos hombres provenientes de Pedernales, República Dominicana, una provincia fronteriza con Haití, en la región de Enriquillo, con 72% de los hogares en pobreza. Un reportero dominicano le confirmó a esta alianza que desde allí salen decenas de jóvenes a rebuscarse la vida en Colombia o en otros lados, y muchos son enganchados para traer cocaína desde las costas colombianas en el Caribe de vuelta a la isla, en viajes en lancha. 

Como nadie venía a reclamar los cadáveres que llegaron a la playa colombiana, porque allí no tenían parientes, la comunidad indígena wayúu que habita en esa región los enterró, según reportó en su momento The New York Times. Un mes después, llegaron los técnicos forenses del Instituto de Medicina Legal colombiano y los exhumaron. 

Según verificó el medio colombiano 360-grados.co, aliado de esta colaboración periodística, eso ocurrió entre el 12 y 13 de diciembre y, hasta el cierre de esta edición, permanecen refrigerados en Medicina Legal de Barranquilla. Fuentes de la Fiscalía colombiana indicaron que uno de los cadáveres desenterrados en La Guajira probablemente no provenía de las embarcaciones atacadas, dado su estado de descomposición.  Fuentes locales afirmaron saber que los restos del cuerpo de otro dominicano caído en la embarcación del 6 de noviembre no se encontraron en Colombia. El cuerpo había sido arrastrado más allá de Castilletes, unos 20 kilómetros tierra adentro en territorio venezolano, donde se cree que miembros de la comunidad wayúu lo enterraron. No pudimos confirmar esta versión.  (Ver “Las víctimas del Comando Sur a las que les echaron tierra en La Guajira”). 

Esos jóvenes dominicanos no son muy distintos a los de Uribia, en La Guajira colombiana, la región a donde fueron a buscar trabajo. Este último es el municipio más pobre de Colombia: el 92% no tiene educación, ni salud, ni servicios públicos. Por ello es fácil engancharlos para acarrear cocaína y les pagan, según declaró un lanchero con el que habló el medio 360.  

“La mayoría de la gente acá no son dueños, la mayoría de los dueños de la mercancía siempre son de afuera, podemos decir hasta internacionalmente: que compran la mercancía acá [en Colombia] y ellos mismos la esperan en su destino«, explicó el lanchero a esta alianza periodística. 

Por ese agujero de la esperanza de hacerse una vida mejor han caído decenas de dominicanos y muchos han desaparecido. Ahora la incertidumbre es peor para sus parientes porque no saben si fueron volados por los misiles estadounidenses. Es lo que teme una mujer dominicana, con quien habló esta alianza, pero que prefiere no dar su nombre. Ella no sabe nada de su hermano Francisco –quien hacía diversos oficios en el sector turístico y había aceptado llevar una carga de drogas– desde que la llamó desde una lancha a punto de zarpar rumbo a casa. Fue a mediados de noviembre pasado y estaba usando un teléfono satelital. Fue una charla corta. Él preguntó por sus padres y le anunció su regreso. Nunca volvió. 

Los bombardeos además han llevado a muchas víctimas a no denunciar las desapariciones. ¿La razón? Según el periodista dominicano Manuel González Feliz, es una mezcla de miedo y vergüenza entre los familiares. 

Como en Pedernales o en La Guajira colombiana, para muchas comunidades de la costa Pacífica colombiana, el trabajo de transportar cocaína no es una elección criminal, sino una estrategia de supervivencia. El aislamiento de esta región de selvas y manglares que se extiende 1.300 kilómetros de norte a sur del país influye en que sea tan pobre. En Tumaco, el segundo puerto colombiano sobre el Pacífico, de donde salen muchos de los transportadores, un 84% de sus habitantes vive en la pobreza multidimensional. Y los grupos de narcotráfico se aprovechan ofreciendo trabajo en laboratorios, astilleros de embarcaciones y como transportistas.

“Es la única fuente de empleo que mueve estas comunidades. Sé que es ilegal, pero es lo que hay», explica Duván Caicedo, líder comunitario del pequeño poblado de Pital de Costa, situado entre un río y la selva en el Pacífico colombiano. Los 1.200 habitantes del caserío viven sin agua potable y sin puesto de salud, a dos horas en lancha desde Tumaco y desde el hospital más cercano. Un laboratorio de procesamiento de cocaína es la única fuente de trabajo.

En Sucre, el estado de Venezuela donde queda Güiria, el 90 % de la gente no tiene segura su alimentación.  Según reporteó ARI, casi nadie se dedica exclusivamente a hacer viajes que lleven cocaína. Esas lanchas mueven la vida cotidiana de la gente en esa costa: traen y llevan comida, pescado, medicinas. En ellas viajan trabajadores de Venezuela a Trinidad y de regreso, o pescadores que salen a traer la pesca del día, migrantes que huyen del autoritarismo y también traficantes. (Ver historia Todas las”vueltas” en Güiria).

Cuando cargan drogas, generalmente van dos o máximo tres personas, un conductor y dos ayudantes. Esta investigación revela que las víctimas de los bombardeos estadounidenses provenientes de Güiria se dedicaban a la pesca, a conducir mototaxi, a manejar bus, y  algunos de ellos se habían arriesgado a hacer un viaje con cocaína porque no podían sostener a sus familias.

Así, Juan Carlos Fuentes, 43 años, chofer de “toda la vida”, y Luis Ramón Amundaraín, pescador y mototaxista, 36 años, estaban en Trinidad y Tobago desde el 28 de septiembre de 2025. Juan Carlos, dice su esposa, estaba desesperado por falta de dinero. Se le dañó un bus Yutong del que vivía y no lo pudo reparar.  Él la llamó desde Trinidad la víspera del bombardeo del 3 de octubre en que presumiblemente cayó y le dijo que estaba por salir; que no llevaba droga. 

Ramón, dice su compañera, “se fue para buscar más ingresos” porque la ganancia de la pesca y los traslados en moto habían dejado de ser suficientes para su familia de siete. Ella contó a los reporteros de ARI que su esposo se dedicaba a la pesca. “Dicen que él es un narcoterrorista”, dijo, pero asegura que si lo fuera tendrían bienes, y ni siquiera tienen casa propia. Su familia cree que él murió con Juan Carlos el 3 de octubre.  

Tiene sentido lo que dicen las mujeres, porque sus maridos venían de Trinidad y Tobago hacia Venezuela y las drogas fluyen en sentido contrario.

Otro más, Eduard Hidalgo, de 46 años, había sido ducho pescador y se había ido a finales de 2024 a Estados Unidos. Lo deportaron un año después. Sostiene una amiga que si bien había transportado diversas mercancías para los jefes criminales de la zona, no quería hacer más viajes, “pero lo obligaron”.  Ella cree que cayó en el bombardeo de una lancha el 23 de febrero pasado.  (Ver historia Guiria-2 Las victimas)

Miedo y hambre

No sólo las familias de los muertos hoy los lloran.  La ondas expansivas también impactan a las comunidades. Por ejemplo, durante algunos días, pescadores de la zona rural de Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, suspendieron sus faenas por el temor de no regresar a sus hogares, aunque luego las retomaron paulatinamente. 

El municipio de Olaya Herrera, en Nariño, salió más afectado. Una persona que trabaja en el sector humanitario de la región y pidió anonimato, le dijo a esta alianza que allí muchos viven del dinero que recogen los transportistas al completar un viaje. “Cuando regresan, entra plata a la comunidad, el comercio se mueve y todos se benefician”, dijo. Con el miedo a hacer viajes transportando drogas no volvió a ingresar dinero a las familias. 

“Estamos viviendo una situación muy pesada”, dice el párroco Luis Carrillo. “Se empezó a sentir desde noviembre, pero se volvió crítica en febrero”. En coordinación con la Alcaldía, el sacerdote solicitó ayuda al Banco de Alimentos en Bogotá y en marzo llegaron en barco desde Buenaventura 700 canastas con alimentos que se repartieron en la cabecera municipal de Bocas de Satinga y la zona rural. “Obviamente eso no mitiga ni el uno por ciento de las necesidades”, dice el párroco.

¿Quién investiga?

Las autoridades de ningún país, desde Estados Unidos hasta Colombia o México, revelan cuánta droga se hundió, ni cuantos de los caídos en bombardeos la transportaban, ni sus nombres. Ni siquiera han informado cómo recogieron la información de inteligencia que los llevó a señalar a esas víctimas como objetivo militar.  

Esta alianza periodística envió un cuestionario con estas y otras preguntas al Comando Sur de los Estados Unidos. Este respondió que “por razones de seguridad operativa y protección de las fuerzas, no discutimos inteligencia ni detalles sobre nuestros procesos y planificación operativos”. También dijo su vocero que “no se puede ignorar la amenaza que los narcoterroristas y los cárteles representan para la vida humana. Han intensificado su violencia hasta niveles sin precedentes, yendo más allá de la mera conducta criminal al cometer actos de terror indescriptibles. No son solo sus rivales criminales quienes están en su mira; están librando una guerra contra ciudadanos respetuosos de la ley, comunidades enteras e instituciones gubernamentales, llevando a cabo actos atroces para imponer su voluntad y satisfacer su insaciable ansia de ingresos ilícitos”.

Fuentes de la embajada de República Dominicana en Colombia confirmaron a este equipo periodístico que la única información recibida sobre la posible muerte de dos de sus connacionales proviene de una alocución del presidente colombiano Gustavo Petro; sin embargo, no se han iniciado gestiones oficiales para su identificación. Calificaron el asunto como «políticamente sensible».

En Ecuador, el Servicio de Guardacostas de la Armada no ha revelado ningún detalle sobre las operaciones de rescate de posibles sobrevivientes que —según dijo EE. UU— inició tras un bombardeo en el Pacífico el 9 de febrero de 2026, según confirmó un reportero que apoya esta investigación en ese país.

En el Pacífico costarricense, las autoridades rescataron dos muertos y un sobreviviente. Los dos fallecidos eran ecuatorianos. Reporteros de esta alianza pudieron confirmar con fuentes de seguridad en Ecuador que uno de ellos, Pedro Ramón Holguín Holguín, tenía un negocio minorista de venta de pescado en Manta, una ciudad costera que es hoy centro de la actividad narcotraficante en el país.  Lograron establecer, además, que la embajada de Ecuador en Costa Rica ayudó con la identificación de los restos, pero sus cuerpos, a la fecha, siguen en una morgue en San José, la capital costarricense. 

Casa Macondo, un aliado de esta investigación en Colombia, envió peticiones de información a diversas autoridades. La DIMAR, la autoridad marítima colombiana, aseguró que nadie le reportó que hubo bombardeos en sus aguas territoriales. La Cancillería convocó en noviembre pasado a  una reunión con el Ministerio de Defensa, la Armada y la Dirección Nacional de Inteligencia. El resultado fue que todas las entidades dijeron no tener información oficial más allá de los medios de comunicación. La conclusión escrita, firmada por el Director de Soberanía Territorial Javier Pava Sánchez, fue que “nuestra soberanía no ha sido vulnerada”.

Trece días después de esa reunión, el embajador colombiano ante la OEA intervino en el Consejo Permanente para denunciar esos mismos ataques como violaciones al derecho internacional. El 23 de diciembre, Colombia repitió la denuncia en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. 

El mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo públicamente que había visitado la casa de un pescador bombardeado el 15 de septiembre, Alejandro Andrés Carranza, en Santa Marta, y había visto que vivía en la pobreza. Denunció estos ataques como ejecuciones extrajudiciales. Además, facilitó una reunión de un abogado estadounidense con los familiares de Carranza para que estos consideraran demandar por daños sufridos, según contó el abogado en cuestión, Daniel Kovalik, a reporteros de esta alianza. Finalmente, Kovalik presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, argumentando de Carranza fue una ejecución extrajudicial y que por ello Estados Unidos violó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Los ataques verbales entre los presidentes Trump y Petro, que venían escalando de tiempo atrás, se tornaron álgidos luego de esta declaraciones.  Finalmente, el presidente Petro se reunió con Trump en la Casa Blanca, y las denuncias se acallaron. Fuentes de Cancillería colombiana ahora aseguran que el tema es tan sensible que no lo mencionan, ni dan información al respecto. 

Uno de los pedidos de información de Casa Macondo sí fructificó y reveló un efecto de estos bombardeos que había pasado desapercibido: que coincidiendo con los ataques desde el cielo a los botes bajo sospecha, subió el número de disrupciones a  vuelos comerciales en Colombia en 2025. Con información de la Aerocivil (la autoridad colombiana de aviación civil), Casa Macondo estableció que entre enero y julio de 2025 se habían reportado mensualmente entre cuatro y cinco incidentes involucrando a los GPS de los aviones comerciales, un nivel dentro de los rangos esperados para cualquier espacio aéreo. Pero desde agosto, coincidiendo con la víspera del inicio de la campaña de bombardeos, los reportes se multiplicaron por cinco. En el año contabilizó un total de 251 reportes de fallas de GPS y las clasificó como ajenas a sus sistemas. Cerró el expediente sin investigar qué las causaba. 

Aerocivil informó que durante 18 vuelos comerciales que volaban en el Caribe norte, los pilotos dieron cuenta de fallas en los GPS de los aviones, al cruzar AMBAS –como se le llama a una coordenada de navegación aérea sobre el mar Caribe, al norte de Colombia, donde convergen las rutas que conectan Bogotá y Medellín con Miami, Nueva York, Santo Domingo y Curazao. La señal permanecía perdida entre ocho minutos y una hora —mientras los aviones cruzaban a alturas de entre 30.000 y 40.000 pies, es decir, entre nueve y doce kilómetros de altura—, y se recuperaba al salir del espacio aéreo colombiano. El GPS siempre se apagó en el mismo lugar. Siempre se volvió a encender cuando el avión se alejó.

En uno de los casos reportados por Aerocivil,  a un piloto le fallaron los GPS y luego por otra falla, el transponder —el dispositivo que le dice al radar en tierra dónde está el avión— dejó de transmitir y en la cabina, se encendieron las alarmas del sistema antichoque, como si el suelo estuviera cerca, cuando en realidad iba a miles de pies de altura.  El piloto de la aeronave, que habló con esta alianza periodística pidiendo reserva del nombre, aseguró que se asustó porque nunca le había pasado, pero que los aviones tienen al menos tres sistemas redundantes de navegación, y siempre hay alternativa cuando uno se apaga. “No hubo peligro para los pasajeros”, dijo. 

Al suministrar estos registros, la autoridad aérea reconoció que estos episodios constituyen una “afectación a la navegación aérea civil” y los clasificó oficialmente bajo su protocolo de “identificación de peligros” para la seguridad del espacio aéreo. (Ver Historia Aviones comerciales volaron con interferencias coincidentes con los bombardeos de EE.UU a las lanchas)

Ataques que socavan la lucha contra el narco

Los golpes de misil pueden ser más espectaculares y violentos que la silenciosa interceptación e incautación regular que el presidente Trump venía denigrando como inútil, pero no por ello, más eficaz.

Así, mientras Trump celebraba su primer bombazo del 2 de septiembre a la lancha con 11 tripulantes, como un ataque contra terroristas del Tren de Aragua “identificados con certeza” y aseguraba que llevaba “cantidades masivas de drogas”, el vicepresidente aseguró que era el mejor uso y más elevado uso de sus fuerza armadas. El secretario de Estado Marco Rubio, haciendo eco de esta declaraciones el día siguiente, aseguró que interceptar a las lanchas que llevan drogas no había funcionado. “En lugar de interceptarlas, las volamos, siguiendo la orden del Presidente. Y va a pasar de nuevo”, dijo.  

Lo que no contaron los dirigentes del gobierno estadounidense es que ese mismo 2 de septiembre ocurrió la Operación Zeus, que sin embargo, no lanzó rayos desde el cielo, como la del bombazo a los 11 tripulantes. En esta Operación Zeus, la Fuerza Aeroespacial Colombiana había detectado una embarcación sospechosa en las mismas aguas del Caribe, y compartió las coordenadas con la Fuerza Aérea dominicana.  Esta última, con la coordinación de la  Fuerza de Tarea Conjunta Interinstuticional del Sur de Estados Unidos (JIATF-S por su sigla en inglés), en la Base Naval Aérea de Key West en Florida, envió a unidades de su armada a interceptarla. Abordaron la embarcación, apresaron a sus dos tripulantes e incautaron 448 kilos de cocaína, entregaron evidencia a un proceso penal y no hubo un solo muerto. 

No fue la única. Una investigación del CLIP siguió las interdicciones regulares de lucha antinarcóticos en el Caribe y en el Pacífico que realizaron entidades estadounidenses en cooperación con países europeos y latinoamericanos, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, basándose en informaciones de las fuerzas del orden y de prensa en varios idiomas y países, y consultó con los registros públicos disponibles en la API v3 de Global Fishing Watch y Vesseltracker. Encontró que gracias a esta cooperación internacional, pudieron decomisar, sin disparar un solo tiro mortal, al menos 140 toneladas de cocaína y detener a 160 tripulantes que luego fueron entregados a la justicia.

Este rastreo estableció que, coincidiendo con la operación de bombardeos a lanchas, el remolcador Little Girls con bandera de Tasmania, el pesquero griego Ourania A y, el viejo buque de propiedad turca United S, pasaron por el Atlántico cargados de drogas. Ninguno fue volado con misiles. Esperaron a que llegaran a un lugar seguro para inmovilizarlos, incautar la droga que llevaban y detener a sus tripulantes. Es más, la operación contra el Ourania A llevó al arresto de un conocido narco griego. 

Las operaciones antinarcóticos regulares y los ataques letales se ejecutaron en las mismas aguas, en las mismas semanas, con coordinación de inteligencia que en varios casos pasaba por los mismos nodos institucionales: el MAOC-N de Lisboa, la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JITF-S) de Key West y la DEA. (Ver historia Para los grandes cargamentos, justicia; para los pequeños, bombas).

¿Quién toma las decisiones?

¿Quién ordenó a cuál embarcación volar y a cuál dejar pasar para luego detenerlo civilizadamente? Eso le preguntamos al Comando Sur.  No respondió la pregunta, sino que envió el siguiente comentario: “La Operación Southern Spear se lleva a cabo bajo las órdenes de nuestro Comandante en Jefe para defender el territorio nacional de los Estados Unidos, proteger a los socios regionales y mantener la ley y el orden, impidiendo que los narcoterroristas, los cárteles y su red de cómplices se afiancen en el Hemisferio Occidental mediante una presencia abrumadora. El objetivo de la operación es detectar, desarticular y desmantelar las redes de los cárteles y otras organizaciones transnacionales que el presidente de los Estados Unidos, mediante una orden ejecutiva, ha designado como organizaciones terroristas”.

Expertos jurídicos ya han planteado sus inquietudes sobre el significado del término “narco-terrorista”, pero Brian Finucane, asesor principal del Programa de Estados Unidos del International Crisis Group y exabogado de la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado de EE. UU., declaró a esta alianza que los comentarios del ejército estadounidense en respuesta a este reportaje llevan esas inquietudes un paso más allá. “El derecho de la guerra permite la violencia que de otro modo estaría prohibida, pero solo durante un conflicto armado genuino —un umbral que la administración Trump no ha logrado alcanzar, ya que ni siquiera ha identificado contra quién se supone que Estados Unidos está luchando”, dijo. “Más allá de ese problema fundamental, la sugerencia de la administración de que los ‘facilitadores’, vagamente definidos, pueden ser blanco de ataques, suscita aún más inquietudes de que esté violando las reglas de su propio paradigma legal falso”.

Mientras la cooperación internacional para la lucha anti-narcóticos se desarrollaba con normalidad y sin dejar muertos en estos seis meses de septiembre a febrero, los múltiples ataques que realizó el gobierno estadounidense dejaron 140 muertos, sin una cantidad de cocaína públicamente incautada y pulverizando las pruebas judiciales que podrían llevar a encontrar a los grandes narcos dueños de las rutas. 

De hecho, la Fiscalía de Colombia solo abrió una indagación preliminar en contra del sobreviviente Jonathan Obando Pérez,  según El País América, “pero no prevé convertirla en una investigación formal, pues no tiene elementos para señalar que Obando Pérez haya cometido algún delito en Colombia”. Por eso luego de salir del hospital, quedó en libertad. Una fuente citada por AP de la Fiscalía ecuatoriana también aseguró que “no encontró pruebas suficientes para emprender acciones legales” en contra de Andrés Fernando Tufiño, sobreviviente de un ataque en el Caribe el 16 de octubre. 

Por las posibles violaciones a los derechos humanos y al derecho del mar, las autoridades de Reino Unido y Canadá dijeron que no compartirían inteligencia con sus pares de Estados Unidos, según reportó Time. Las fuentes británicas le dijeron en noviembre pasado a esas revista que “los oficiales británicos creen que los golpes militares de Estados Unidos que han matado 76 personas violan la ley internacional” y por ello, suspendieron la cooperación para este tipo de ataques desde octubre. Y fuentes canadienses dijeron que su gobierno “no quiere que su inteligencia ayude a localizar como objetivos a barcos para dar golpes mortales”. 

En enero pasado, el ministro de Defensa holandés dijo en Aruba que continuarán las labores de interdicción en la aguas territoriales de su país pero no usarán su barco-estación naval para operaciones relacionadas con la operación Southern Spear (la de los bombardeos) de los Estados Unidos. 

“Ningún país europeo, incluida Francia, enviará inteligencia operacional a los americanos en la situación actual si esta se puede usar como base para un ataque militar a un barco”, dijo Dimitro Zoulas, jefe del servicio antidrogas de la policía francesa a Radio Caraibes (RCI). Y Euractiv confirmó con una fuente francesa de seguridad que “es 100 por ciento claro que los europeos no les están dando ninguna inteligencia a Estados Unidos que puede llevar a un golpe (contra los barcos)”. 

El gobierno de Colombia había anunciado algo similar, pero un alto funcionario diplomático que habló con CLIP y pidió no revelar su nombre por la sensibilidad del tema, dijo que hoy éste sigue compartiendo normalmente su inteligencia con su par de Estados Unidos, pero no precisó para cuáles operaciones.  

A estas críticas, en la respuesta enviada a esta alianza periodística, el Comando Sur respondió: “las fuerzas estadounidenses operan bajo reglas de combate que son consistentes con el derecho marítimo internacional contra actividades que representan una amenaza directa para la seguridad de EE. UU. y la vida de los ciudadanos estadounidenses. Como organización militar a la que se le ha confiado la defensa de nuestra patria, estamos plenamente comprometidos con misiones que apoyan directamente la salud y la seguridad del pueblo estadounidense”.

En abril pasado, una coalición de 125 organizaciones civiles de todo el mundo (incluida Airwars, que apoyó con información experta a esta alianza periodística, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras), hizo una petición pública urgente para que los países “inmediatamente dejen o se abstengan de apoyar las ejecuciones extrajudiciales de Estados Unidos en el mar Caribe y el océano Pacífico”.

“Debemos recordar que todos estos individuos tienen nombres, familias y vidas que nunca serán iguales”, dijo Jamil Dakwar, director del Programa de Derechos Humanos de ACLU en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), el pasado 13 de abril. 

Esa organización, además de representar a las dos víctimas trinitenses ante una corte federal estadounidense, pidió a la CIDH declarar que los golpes de misil a las embarcaciones violan el derecho internacional y propuso la creación de un grupo especial que investigue las implicaciones que estos han tenido en el hemisferio. 

¿Por qué lo hacen, entonces?

Es difícil entender por qué el gobierno Trump se empeña en continuar los bombardeos, a pesar de que no frenan el flujo de drogas.  Incluso, el almirante Nathan Moore, comandante del Guardacostas de Área Atlántica de Estados Unidos, defensor de usar todos los métodos, incluidos los bombardeos, reconoció que no han visto ninguna diferencia notable en el flujo de cocaína. Moore dijo,  después de 21 bombardeos en noviembre de 2025, que no han cambiado ni las rutas de los traficantes, ni el ritmo, ni la pureza de la droga.  

Es probable que hayan conseguido que los traficantes dejen de usar algunas rutas, sobre todo aquellas por donde se mueven las lanchas go-fast –de acuerdo con un análisis de InSight Crime, un medio especializado en el crimen organizado—pero la operación no “evitó que los traficantes movieran la cocaína por otros medios”, como apelar más a la ruta por la Amazonía.  Tampoco es difícil para los grandes narcos reemplazar a los muertos por otros hombres empujados a sus redes por la desesperación, la pobreza y el desempleo, pues éstos abundan en las costas latinoamericanas.

Atacar al eslabón más débil del multimillonario negocio del narcotráfico no es nuevo. Lo vienen haciendo nuestros países sin resolver el problema desde hace más de 50 años. Esta nueva estrategia de explotar lanchas y matar sospechosos desconocidos lleva esta política al extremo. Los misiles han causado un tremendo dolor y hunden en peores carencias a familias y pueblos pobres que no se pueden defender del majestuoso poder militar estadounidense, ni de su omnipresente retórica. 

Además, como se contó aquí, aliena la cooperación internacional y deja más solitario a Estados Unidos frente al crimen. 

¿Por qué entonces persistir en un camino tan riesgoso y estéril por más de ocho meses?

“En el gobierno Trump creen en el espectáculo de fuerza por razones que tienen muy poco que ver con interdicción efectiva”, dice Walsh de WOLA. “Quieren impresionar a los ciudadanos, haciéndoles creer que ellos sí que le están poniendo fin al problema terrible del narcotráfico, lo que otros gobiernos no lograron. La profunda crueldad y despreocupación con que ordenan estos asesinatos sistemáticos e intencionales les permite proyectar la naturaleza amenazante de ‘narcoterroristas’ sin nombre. De esta manera asombran a muchos estadounidenses, entumeciendo su convicción de que los funcionarios de Estados Unidos responsables de estos asesinatos deben rendir cuentas ”.

La figura del presidente Trump y sus más altos funcionarios de Guerra y Estado, acompañando sus bombardeos con videos explosivos y  triunfales comentarios en redes sociales, orquestan un espectáculo de poder desproporcionado frente a hombres humildes, en su mayoría pobres, y en todo caso, sólo sospechosos de estar transportando drogas. 

Como dijo una venezolana esposa de un hombre caído en un bombardeo, “Donald Trump no se puso a pensar; está matando a un padre de familia y no sabe por qué este hombre se montó en ese bote”.

Si tiene más información sobre esta historia o sus protagonistas, le invitamos a escribirnos a investigaciones@elclip.org.