Según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito sobre presencia de cultivos ilícitos en el país, actualmente hay más áreas sembradas en menos territorio; es decir, se están concentrando y consolidando en determinadas regiones, con las complejidades que ello encierra.
Quienes colonizaron La Caucana, uno de los principales corregimientos de Tarazá, municipio del Bajo Cauca antioqueño, recuerdan que las primeras matas de hoja de coca se sembraron finalizando la década de los ochenta. El arbusto se confundía entre los cultivos de café, cacao, frijol, maíz y yuca. Pero, con el surgimiento de los bloques paramilitares en la región, en 1995, el cultivo ilícito comenzó a esparcirse como maleza, al punto de convertir esta población en una de las despensas cocaleras del departamento. (Leer más en: La historia de la sufrida Caucana y los guerreros desalmados)
A más de 500 kilómetros de allí, en Tibú, Norte de Santander, los labriegos comenzaron a sembrar hoja de coca finalizando la década de los ochenta, tal como lo consigna el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) titulado Catatumbo: memorias de vida y dignidad: “La coca apareció en el Catatumbo a finales de la década de los 80 y su cultivo se concentró en el corregimiento La Gabarra, de Tibú. Poco a poco fue creciendo hasta que a mediados de los años 90 se vivió un boom de la mata y del dinero. A los municipios del Alto Catatumbo llegó la coca durante la primera década de 2000, aunque se expandió fuertemente desde 2008 y continúa creciendo desde entonces”.
En el otro extremo del país, en Tumaco, Pacífico sur nariñense, sus pobladores cuentan que fueron colonos provenientes del vecino departamento de Putumayo quienes llevaron las primeras semillas de la mata a finales de 1999, justo cuando el gobierno nacional de Andrés Pastrana arreció las fumigaciones aéreas con glifosato en los municipios de Orito, Puerto Asís, Valle del Guamez, Puerto Legízamo y Puerto Caicedo, entre otros. Las cifras del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) revelan que sólo entre 1999 y 2001 fueron asperjadas en tierras putumayenses unas 50.994 hectáreas de cultivos ilícitos.
Pese a todas las acciones adelantadas por las autoridades de Policía y Antinarcóticos para combatir la presencia de los sembradíos de hoja de coca, que van desde aspersión aérea con glifosato, erradicación forzada manual, hasta la implementación del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), pactado en el Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc, tanto Tarazá, como Tibú y Tumaco, hacen parte de la deshonrosa lista de los municipios colombianos con mayor presencia de cultivos ilícitos durante 2018.
Así lo determinó el más reciente monitoreo de territorios afectados por presencia de cultivos ilícitos realizado por la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el cual señala que el 17 por ciento de los municipios colombianos (191 en total) registraron presencia de cultivos de hoja de coca y, de ellos, los 10 primeros sumaron el 44 por ciento del total de los sembradíos de la mata presentes en el territorio nacional durante 2018.
Ello quiere decir que en Tibú, Tumaco, Puerto Asís, El Tambo, Sardinata, El Charco, El Tarra, Orito, Tarazá y Barbacoas se encuentran en total 73.181 ha de hoja de coca de las 169 mil hectáreas reportadas por UNODC en Colombia para 2018.
Los análisis del organismo multilateral muestran, además, que en estos municipios la hoja de coca ha estado presente de manera ininterrumpida desde una década o más, lo que ha generado una dependencia económica de las comunidades de este cultivo ilegal, aumentando las brechas de desigualdad y pobreza de estas localidades con respecto a otras. A lo que se suman los complejos problemas de seguridad que padecen sus pobladores, derivados del interés de grupos armados e ilegales y organizaciones de narcotraficantes por controlar ese mercado, afectando la capacidad de gestión y el tejido social de las comunidades.
Para UNODC, lo anterior también deja en evidencia una tendencia a la concentración y la consolidación de los cultivos de hoja de coca en determinadas regiones del país, con las particularidades que ello encierra: “La tendencia a la concentración de la coca también implica una mayor dependencia de las comunidades a la producción ilegal en zonas permanentemente afectadas. No solamente los cultivadores de coca dependen de la economía ilegal; comerciantes de sustancias químicas, raspachines, comerciantes de insumos agrícolas, transportadores y otros cuarenta actores con roles diferentes obtienen su sustento de este tipo de economías, agudizando así los desequilibrios y los problemas originados por el narcotráfico”.
Reflejo de un Estado incapaz
De acuerdo con UNODC, la concentración de los cultivos de hoja de coca en determinadas regiones y municipios se está convirtiendo en un factor de riesgo para la seguridad de las comunidades. Según el informe de monitoreo, el aumento de los cultivos de hoja de coca en estos municipios ha estado acompañado de aumentos en el desplazamiento forzado interno, homicidios en el marco del conflicto armado, la comisión de actos terroristas, el asesinato de líderes sociales y en la ocurrencia de afectaciones a la Fuerza Pública.
Al revisar las dinámicas de orden público de los diez municipios con mayor presencia de cultivos ilícitos se observa que varios de ellos se encuentran viviendo una aguda crisis humanitaria por cuenta del enfrentamiento de estructuras armadas que buscan controlar territorios, poblaciones y economías ilícitas, entre ellas, el narcotráfico.
En los municipios del Catatumbo, región nortesantandereana integrada, entre otros, por los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata, la guerra entre los ‘Pelusos’, nombre que dio la Fuerza Pública al Frente Libardo Mora Toro del Epl, y la guerrilla del Eln generó en el 2018 la expulsión del territorio de unas 14.800 personas y ocasionó el asesinato de 22 líderes sociales, tal como advierte el seguimiento adelantado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).
En Tarazá, la confrontación armada entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el grupo armado conocido como ‘Caparrapos’ dejó un saldo de 2.840 personas desplazadas durante 2018, según el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.
UNODC también plantea en su informe que el 75 por ciento de los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre 2016 y 2018 habitaba en municipios con presencia de cultivos ilícitos: “La probabilidad de que un líder social fuera asesinado en un municipio con presencia de coca durante el periodo 2016-2018 es 3,9 veces más alta que en los demás municipios del país”.
Si bien para Juan Carlos Garzón, director del área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la anterior aseveración puede pecar de simplista pues requiere del cruce de otras variables más, el hecho de que los cultivos ilícitos mantengan una presencia histórica de una década o más en estos municipios es una muestra de las dificultades que ha tenido el Estado colombiano para consolidar su presencia militar, social y económica allí.
“En estos municipios ha existido una presencia más o menos constante de actores armados, bien sea como hegemónicos o grupos que se disputan el poder entre sí. Se trata de municipios que el Estado aún no logra controlar completamente, no ha logrado imponer seguridad, ejercer verdadero control. Y cuando llega más allá de la bota militar, su acción es bastante intermitente, lo que no permite consolidar condiciones de transformación del territorio”, señala Garzón.
En cambio, Pedro Arenas, director del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados como Ilícitos (Occdi) del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sostiene que lo que sucede en los municipios mencionados constituye “un reflejo del desinterés o la negligencia del gobierno nacional frente al programa como el Pnis y el haber desaprovechado la ventana que abrió el Acuerdo de Paz”.
“En Tibú -agrega- la cobertura (del PNIS) fue insignificante. A El Charco y a Barbacoas (Nariño) el programa no llegó. En Tumaco cubrió zonas con coca, pero no las que tenían más intensidad de cocales. En Puerto Asís entró tarde y no ha habido cumplimiento. En Tarazá, los resultados fueron insignificantes. En El Tambo y Sardinata simplemente el programa no llegó”.
Asimismo, Arenas sostiene que existe un reacomodo de los cultivos ilícitos en el país que puede apreciarse en el Catatumbo: “En el pasado la coca estaba más concentrada hacia La Gabarra y hoy ya está en El Tarra y Sardinata. El reacomodo de cultivos se nota también en Nariño y en Antioquia. La frontera con Bolívar tendrá más coca en la medición de 2019, así como el Bajo Cauca antioqueño”.
La pregunta que surge tras el complejo panorama que evidencia el informe del UNODC es: ¿cómo intervenir estos territorios donde la coca echó raíces tan profundas? Al respecto, Juan Carlos Garzón, de la FIP, señala que no existe una fórmula mágica pues “no es sólo con erradicación manual, ni solo con aspersión aérea con glifosato, ni siquiera sólo con sustitución voluntaria. El Estado debe articular todas las herramientas de que dispone, y no sólo para concentrarse en arrancar matas y ya. En estos municipios, el Estado debería combatir con la misma dedicación otros fenómenos asociados a los cultivos como el lavado de activos, la corrupción, el crimen organizado”.
Más coca en tierra de indígenas y afros
Así como el 44 por ciento del total de cultivos ilícitos se concentra en diez municipios, el informe de UNODC revela que otro 47 por ciento se encuentra en parques naturales, zonas de reserva forestal o especial (Ley 2da de 1959), resguardos indígenas o territorios colectivos de comunidades negras, lo que, a juicio del organismo multilateral, constituye un desafío para el Estado colombiano en materia de ordenamiento territorial.
Así, según el informe, unas 7.844 hectáreas se concentran en parques nacionales, lo que significa una reducción con respecto a 2017, cuando se reportaron 8.288. Los parques Sierra de La Macarena, con 1.840; Paramillo, con 1.786; y Nukak, con 1.375 continúan siendo los más afectados por este flagelo.
De otro lado, el monitoreo realizado por UNODC reveló que unas 16.588 hectáreas de cultivos ilícitos se concentraron en resguardos indígenas, cifra ligeramente menor a las 17.627 registradas en 2017. En ese sentido, los resguardos del pueblo Awá Inda Zabaleta y La Turbia, en zona rural de Tumaco, figuran como los más afectados por este flagelo al registrar unas 2.052 y 892 hectáreas sembradas con hoja de coca respectivamente.
Los territorios colectivos de comunidades negras tampoco escapan a la presencia de cultivos de uso ilícito. El informe señala que, en 2018, se registraron 26.984 ha sembradas en tierras de afros, cifra levemente menor a la reportada en 2017, que se ubicó en 27.602 hectáreas. El consejo comunitario Pro Defensa del Río Tapaje, de El Charco, Nariño, registra la mayor área sembrada con hoja de coca: 3.788 hectáreas
Le siguen en su orden el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, (Tumaco, Nariño), con 3.396; el Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño (Copdiconc), con 2.205; y el consejo comunitario Unión de Cuencas de Isagualpí (Roberto Payán, Nariño), con 1.482.
Tras valorar los registros de 2018, en UNODC estiman que “la concentración del área sembrada con coca implica que el problema se hace cada vez más complejo en algunos territorios específicos, pero también que cada vez hay menos territorio afectado por cultivos de coca, lo que crea condiciones favorables para la conformación de territorios liberados de dicho problema”, no obstante, advierte que “mientras persista la coca en el territorio, el interés de los grupos armados, la inseguridad, los riesgos de corrupción y las restricciones a la legalidad también persistirán, lo cual constituye una limitante para la sostenibilidad”.
