Nuevos grupos armados, sangrientas ‘vendettas’ y traiciones internas son las consecuencias de haber dejado intactas las estructuras mafiosas de los paramilitares.
Mafia parece ser lo que hay detrás de los 30 homicidios ocurridos en Tierralta, Córdoba, en el último mes. La mafia es lo que motiva la disputa feroz del territorio en Policarpa, Nariño, donde un grupo que se hace llamar Organización Nueva Generación ha matado por lo menos a 40 personas. Mafia sería la causa de la muerte de Upegui, quien estuvo vinculado durante años a La oficina de Envigado y a ‘Don Berna’. La mafia actúa en Pereira a través de la oficina de cobro conocida como La Cordillera.
Pero estas vendettas no son causadas por el azar, sino más bien consecuencia de la manera como se hizo el proceso. Hay por lo menos tres situaciones críticas que lo tienen en la encrucijada. El problema más grande que enfrentan los paramilitares es un puñado de sus otrora leales servidores que se desempeñaban como mandos medios. Aquellos que conocieron rutas, contactos, la dinámica del negocio, y que hoy creen que por fuera del proceso de paz ganan más que dentro él. Creen que sus ex jefes tienen las manos amarradas: en la mira de Estados Unidos, que busca extraditarlos, bajo la presión que les pone la Ley de Justicia y Paz, y ven una oportunidad para ocupar sus lugares. Ambicionan tanto dinero como tienen quienes estuvieron en la mesa de Ralito. Todo en una lógica cuya filosofía es “a rey muerto, rey puesto”, donde la lealtad es quebrada por la codicia.
Muchos de estos mandos medios nunca se desmovilizaron. Tal como lo reportó la OEA en su sexto informe, columnas enteras, con sus armas, nunca llegaron a los sitios de concentración. Es el caso de una parte del Bloque Héroes de Tolová, que actuaba en Valencia, Córdoba, bajo las órdenes de ‘Don Berna.’ Nunca entregaron las armas y hoy hacen parte de ‘Los Traquetos’, banda a la que se atribuye buena parte de las muertes en Córdoba, y las amenazas contra Mancuso.
Otro sector de mandos medios, ya desmovilizado, se ha reciclado en grupos netamente mafiosos. Hace un año, la Fundación Ideas para la Paz advirtió que esto daría pie a “paramilitares de tercera generación”, que es lo que se ha visto en el Pacífico. El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, constató que existen otros grupos en Norte de Santander. “Los de Cúcuta se llaman Águilas negras, los de Tibú, Águilas azules, y los de Ocaña, Águilas doradas”, dice.
Desde las conversaciones en Ralito, ya era previsible que algunos mandos medios eludirían el proceso, con sus condiciones. Es el caso de los temidos ‘Cadena’ y ‘René’, quienes se escaparon de la zona de ubicación sin que hasta ahora las autoridades hayan sido capaces de capturarlos. Cadena está acusado de las más escabrosas muertes en Sucre, y René ya fue condenado, por la de Mapiripán.
Hasta ahora no es claro si estos mandos están actuando por su cuenta y riesgo o si hacen parte de estructuras mafiosas que los jefes paramilitares han conservado para seguir “traqueteando”. En muchas zonas donde han ocurrido desmovilizaciones han bajado los homicidios y la violencia, pero el narcotráfico sigue rampante. Así lo demuestra el decomiso de tres toneladas de cocaína en Necoclí, Urabá. Una región donde el control de los paramilitares más que notorio. Lo mismo se puede decir del Bajo Cauca, donde las incautaciones y los cultivos han crecido.
El desafío de los mandos medios le pone una dificultad adicional y paradójica al proceso. Desarmados como están los jefes paramilitares, si pierden el control de la droga, y el control de las regiones, se quedan sin cartas para negociar y evitar su extradición.
“Sin su poder territorial, ellos no valen nada”, dice el investigador Gustavo Duncan. En términos de realpolitik, el gobierno se sentó a la mesa con las AUC porque ejercían un gran poder sobre las regiones. Por eso, si ven amenazado ese poder, que es a la vez su tabla de salvación, es previsible que lo defiendan a toda costa. ¿Con más violencia? Ese sería el peor escenario, pero no imposible.
Un segundo problema que enfrentan los jefes paramilitares es su división interna. Pasado el desarme, las autodefensas han vuelto a ser lo que siempre fueron: una federación de grupos dispersos cuya mayor aspiración es el control regional. Las tensiones internas, sumadasa la violencia que viene creciendo a su alrededor, son un coctel que puede hacer explosión en cualquier momento. Extrañamente, el anuncio que hizo la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz, los unió a todos, incluido ‘El Alemán’, quien no estuvo en Ralito. Defienden ante el gobierno lo que ellos consideran era un acuerdo: las penas alternativas, la no confesión y el estatus del paramilitarismo como delito político, para blindarse contra la extradición. Sin embargo, esta unidad temporal y oportunista está lejos de ser sostenible. Mientras más avance el proceso, cada uno jalará para su lado con más fuerza. La violencia intestina tampoco es descartable.
Por último, la reinserción es el tema más sensible. Las capacidades institucionales del gobierno fueron desbordadas. El viernes pasado, la Policía entregó su primer informe de seguimiento a los desmovilizados. Reportó que 536 desmovilizados han sido capturados, 70 de ellos por homicidio. Han muerto 236 de ellos y 141 no tienen ningún contacto con el programa. Peor aun, apenas un 16 por ciento está trabajando.
Ante la lentitud con la que se desenvuelven los proyectos productivos, la escasa oferta laboral y el bajo impacto de los programas de reinserción, son los jefes paramilitares quienes están asumiendo el protagonismo en el tema. Así lo han mostrado los programas de erradicación manual de cultivos, que sólo funcionan bajo la tutela de Mancuso o de Vicente Castaño. ‘Jorge 40’ logró un proyecto de reinserción conjunto de tres departamentos donde se ha concentrado su influencia política: Cesar, Magdalena y La Guajira. En Guaviare, ‘Pirata’ y ‘Cuchillo’ están liderando directamente los proyectos con los desmovilizados, en un programa donde el gobierno es apenas un colaborador. Lo mismo se puede decir de ‘Cuco’ Vanoy, Hernán Hernández y ‘Julián Bolívar’ en Antioquia, y de ‘Macaco’ en el sur de Bolívar. Todos están dedicados a prósperos negocios de palma de aceite, caucho y madera.
Que los jefes paramilitares participen activamente en la reinserción en entendible y positivo. Pero lo que no es claro es si el gobierno está copando con institucionalidad a las regiones o si al final se terminará consolidando el poder económico y político que los paras obtuvieron con los fusiles.
Este complejo panorama demuestra que el proceso con los paramilitares está en un momento crítico. Sus limitaciones han quedado expuestas de manera descarnada. La actual situación es una prueba de fuego para el gobierno. Así como el año pasado tuvo el pulso firme para encarcelar a ‘Don Berna’, hoy tiene que demostrar que es capaz de combatir a los grupos criminales emergentes. Adicionalmente, deberá usar todos los recursos a su alcance para probar si los jefes paramilitares están jugando limpio, o tienen los dados cargados para seguir en las andanzas del pasado. Por último, resolver los problemas de la reinserción. La creación de una alta consejería, en cabeza del empresario Frank Pearl, es un paso positivo, pero no la solución a todos los males. El desafío es grande y los problemas ya cogieron ventaja. Se necesita dinero y mucha institucionalidad para hacerle frente al desafío de consolidar lo que se logró con el desarme.
Publicado en Semana.com 07/08/2006 -1262
