Cuando Manuel Mercado escuchó al magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz decir que su finca le sería restituida jurídicamente y que podría retornar a ella cuando lo dispusiera, de inmediato pensó en dos personas: en su padre y en su paisano y amigo David Góez.
En el primero porque siempre se mostró escéptico frente a la justicia. “Me decía que me iban a matar, que dejara la cosa así”, relata Manuel. Y en Góez, porque no pudo ver el resultado de un proceso que él inició, pues las balas asesinas le quitaron la vida un 25 de marzo de 2011 mientras se encontraba en un reconocido centro comercial del occidente de Medellín.
Al momento de su trágica desaparición, David Góez tenía 70 años y había pasado los últimos cinco de su vida como vocero de un grupo de 120 familias que reclamaban la devolución de por lo menos 2.000 hectáreas de tierra en Las Tulapas.
“David tenía una finca en (vereda) Isaías. A él también le tocó abandonar la región y, como a todos, le tocó vender a la fuerza. Era finca grande, buena, de más de 100 hectáreas. Cuando salió la Ley de Justicia y Paz, él se animó a denunciar su desplazamiento y contó cómo había perdido su finca. Allá en la Fiscalía le dijeron que esa tierra se podía recuperar porquela forma como se la habían comprado era ilegal y se podía demostrar. Entonces, David se animó y comenzó a organizar a la gente”, recuerda Manuel.
Lo que inició como una iniciativa personal terminó convirtiéndose en una causa social en el Urabá antioqueño. Con el pasar de los días aumentaban las familias interesadas en que David hablara en nombre de ellos ante la justicia. Su labor comenzó a ganar reconocimiento en la región agroindustrial, a tal punto que se convirtió en pieza clave en la conformación de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes de Urabá (Asoveristibi, hoy día Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida), que en 2008 logró unir los esfuerzos que venían realizando de forma individual Benigno Gil en los municipios de Mutatá y Chigorodó; Carmen Palencia en Turbo y Necoclí; y Góez en Las Tulapas.
Los esfuerzos de Góez rendirían sus primeros frutos en 2009, cuando la Fiscalía decidió interrogar a varios de los señalados por las víctimas como responsables de los desplazamientos forzados y posteriores ventas forzadas. La fuerza de sus denuncias y el ímpetu de su lucha también comenzaron a inquietar a los señores de la guerra, quienes lanzaron amenazas tan graves contra su vida, que debió abandonar la región a mediados de 2009.
En Medellín, el líder campesino continuó con su labor de denuncia y de ello dan cuenta sus constantes visitas a la desaparecida oficinal regional en Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), para poner en conocimiento de las autoridades el caso de Las Tulapas. Pero los interesados en impedir su lucha ubicaron al líder campesino en la capital antioqueña, y finalmente ordenaron su muerte.
Su asesinato no solo aumentó la zozobra entre los reclamantes detierra, que para esa fecha ya habían visto caer a nueve de sus líderes, sino que echó al traste buena parte de la labor de documentación realizada por Góez. “Después de la muerte de David mucha gente decidió no seguir ‘volteando’ con eso, porque era muy peligroso”, afirma Manuel, quien recogió las banderas de su coterráneo y con ellas, las amenazas que pesan contra quien se atreven a liderar procesos de restitución en el Urabá antioqueño.
Hoy día, Manuel Mercado es uno de los cuatro voceros del capítulo Urabá de la Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida. Al igual que sus compañeros de causa, cuenta con un esquema de seguridad que consta de tres escoltas y una camioneta blindada. En su caso, los problemas de seguridad comenzaron el día en que recurrió a las vías de hecho para recuperar lo que un día la violencia le arrebató.
En 1995, él y su familia debieron abandonar el predio “No Hay como Dios”, ubicado en la vereda La Naranja, Turbo, por cuenta de las amenazas contra sus vidas por los paramilitares. Dos años después, Manuel fue contactado por Guido Vargas quien le pidió que vendiera su tierra. Luego de tanta presión, y después de consultarlo con su padre, Manuel accedió a negociar el predio con Vargas.
“Pero, qué negocio va’ser donde te dicen a ti: ‘te doy tanto y ya. Tu verás si te gusta o te ganas un problema’. Eso no es negocio”, asevera Manuel, quien recuerda haber recibido de manos de Vargas solo 3.200.000 pesos por las 45 hectáreas de la finca. En 2005, esta misma finca aparecía registrada en la Notaría Única de Apartadó como vendida a un testaferro paramilitar. La venta se hizo mediante un poder otorgado a un tercero, que el padre de Manuel nunca firmó.
“Él nunca firmó ningún poder. Nosotros nunca quisimos vender. Nosotros siempre pensamos que nos habían quitado la finca y yo siempre preguntaba por ella. Era el año 2007, más o menos, cuando me dijeron que esa tierra llevaba años desocupada. Entonces yo comencé a ir solo, a trabajarla en el día y me venía para el pueblo en la noche. Le rozaba el pasto, lelevantaba las cercas caídas. La idea era meterme a mi finca. Pero un día no me dejaron ni llegar. Estaba yo entrando a la finca cuando me dijo un señor de por ahí: ‘mira: ¡vete ya!, que anoche vinieron unos tipos a matarte”.
“Ahí dije yo: ‘bueno, entonces vamos a pelear peleando’. Yo conocía al difunto Benigno (Gil) y otros compadres más que estaban también luchando para que les devolvieran las tierras. Hablamos con el difunto David (Góez) para juntar unas familias para meternos a la fuerza hasta San Pablo Tulapas”, cuenta Manuel. Y en efecto, en junio de 2008 más de 50 familias llegaron a la región para ocupar, por vías de hecho, las fincas que años atrás debieron abandonar por orden de los paramilitares y que ya figuraban como propiedad de otros señores.
La acción, osada desde todo punto de vista, tendría sus repercusiones: Benigno Gil caería asesinado el 22 de noviembre de 2008 en Chigorodó, David se vio forzado a abandonar la región meses después y las familias salieron de las fincas ocupadas con el mismo miedo y con la misma rapidez con que lo habían hecho diez años atrás.
“Entonces, me dije: ‘vamos a hacer las cosas con la Ley en la mano’. En el 2009 ingreso a la Asociación, para ver cómo podíamos organizar lo de Tulapas y presentarlo ante un juez. Pero ahí comenzaron más fuerte las amenazas: me llamaban al celular a decirme que si me quería morir. La gente me decía: ‘mirá, por ahí vino alguien raro preguntando por ti’. Yo le pedí al Ministerio (del Interior) que me brindara seguridad, pero nada. Me dieron esquema un mes después del atentado contra Fernando Enamorado (26 de octubre de 2010). Ahí sí el gobierno nacional comprendió que las amenazas contra nosotros iban en serio”.
De ello no quedaría ninguna duda después del asesinatode David Góez en esa tarde de marzo de 2011. Paradójicamente, dos semanas antes de este hecho el gobierno había lanzado el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2-RT), cuyo objetivo era brindar Protección y acompañamiento a los campesinos reclamantes de tierra en todo el país.
Pese a las intimidaciones y a lo frágiles que resultaban hasta entonces las medidas de protección de los entes gubernamentales, Manuel y sus compañeros de la Asociación continuaron motivando a los campesinos del Urabá antioqueño para que denunciaran sus casos ante la justicia.
El 15 de septiembre de 2011, él y otras 14 familias más verían recompensado sus esfuerzos y sacrificios. Fue ese el día en que un magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín les dijo que sus fincas les serían restituidas jurídicamente y que podrían retornar a ellas cuando lo dispusieran.
Sin retorno a la vista
Sin embargo, la felicidad aún no es completa para este grupo de campesinos. Once meses después de aquella trascendental decisión (se trató del segundo fallo judicial en materia de tierras proferido en el país en el marco de la Ley de Justicia y Paz), solo una familia ha retornado a su predio “y eso porque tenía una platica ahorrada. Él era pastor de una iglesia evangélica. Tenía tres millones de pesos guardados y apenas le devolvieron los títulos, arrancó con sus cositas. Le cobraron 600 mil pesos por el trasteo. Allá está ‘llevando del bulto’ esperando la ayuda del Gobierno”, dice Manuel.
El resto, entre ellos el vocero de Tierra y Vida, siguen a la espera que el gobierno, a través de la Unidad Nacional de Reparación a las Víctimas, cumpla los compromisos adquiridos una vez se conoció la sentencia judicial.
“Hace varios meses tuvimos una reunión aquí en Apartadó con gente del gobierno, quienes nos dijeron que muy probablemente nos iban a dar un millón 400 mil pesos por vivienda; unos 200 mil pesos cada dos meses por un periodo de seis meses; otros 400 mil pesos en plan semilla para seguridad alimentaria. Han pasado muchos días y nada que se concreta la ayuda. La gente se está desesperando”, relata Manuel.
Y es que según este labriego, retornar a Las Tulapas, pese a contar con el título en la mano, no es una cuestión tan sencilla. Hoy, como ayer, la zona sigue siendo de difícil acceso debido a la falta de carreteras medianamente pasables. A esto se suma que la gran mayoría de fincas restituidas se encuentran abandonadas desde hace varios años y sus techos y muros han ido cediendo al paso del tiempo. Las tierras están tapadas de inmensos matorrales y la tarea de ponerlas a producir puede tardar incluso más de seis meses.
“Fuera de eso no va a retornar la misma cantidad de personas que salieron desplazadas. Ha pasado mucho tiempo y muchas familias crecieron porque los pelados, que estaban pequeños en ese tiempo, ahora están grandes, casados y con familia. Entonces, ¿se van a quedar en los pueblos sabiendo que están sin trabajo y que por lo menos tienen un pedazo de tierra que les puede dar la comida? ¡Claro que no! Por eso digo que esa ayuda del gobierno es muy poquita. Yo estoy muy preocupado”, advierte Manuel.
Pero hay algo que inquieta aún más al vocero de los campesinos: la seguridad. La región es un corredor estratégico para las denominadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, surgidas luego del proceso de desmovilización y que cuenta en sus filas con algunos exmiembros de las Auc que conocen cada uno de los rincones de la zona y que precisamente explotan para sus actividades de narcotráfico. El gobierno Santos los ha señalado como enemigos de la restitución en el Urabá antioqueño.
“Varios campesinos ya le preguntaron a esa gente si podían volver y, según me cuentan, esa gente dijo que con ellos no tenían problemas. ¡Eso sí, que no se fueran a aparecer los líderes de la restitución, que con ellos el cuento era a otro precio! Eso fue lo que me contaron. ¿Qué si voy a regresar? Ya veremos. Primero hay que esperar que el gobierno nos entregue las ayudas”.
Con todo y ello, Manuel Mercado cree que la restitución es posible. Su caso se ha convertido en ejemplo que ha motivado a decenas de sus antiguos paisanos a continuar adelante con las reclamaciones judiciales, por más complejas que puedan parecer. Las víctimas de Las Tulapas ya ganaron la batalla legal. Se aprestan a vivir otra de la que dicen, contar “con el viento a su favor”. Y luego de ello, esperan que así como todos debieron salir de sus tierras puedan retornar en igual número al terruño que nunca quisieron abandonar.
