Según los reportes oficiales, actualmente unas 450 personas permanecen albergadas en el casco urbano de este municipio del Bajo Cauca antioqueño, como consecuencia de confrontaciones armadas en zonas rurales. Según la Defensoría del Pueblo, poco más de 1.800 personas, cerca de 600 familias, se encuentran en inminente riesgo.
Actualmente unas 450 personas se albergan en la Casa Indígena, casco urbano de Cáceres, huyendo de los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley. Foto: OIA.El éxodo forzado comenzó la mañana del viernes 19 de enero. Ese día, unas 19 familias de las veredas Ponciano, Ponciano Alto y Tamaná decidieron abandonar sus predios tras la advertencia lanzada por un grupo de hombres armados de fusiles y vestidos de camuflado que llegó a la zona. “Es mejor que se vayan porque nos vamos a dar bala con otra gente”, dijeron.
Ese mismo día, a varios kilómetros de allí, en las veredas El Tigre, Alto del Caballo y Calvario desconocidos repartieron panfletos amenazantes en los que se les advertía a las comunidades campesinas que debían abandonar la zona “por un conflicto armado que está ocurriendo en estos momentos por el abandono del gobierno. No se responderá por víctimas que caigan en el intercambio de disparos o que caiga por informante del adversario o que se queden en la zona”.
La reacción no se hizo esperar. Para el lunes 22 de enero, el saldo de personas desplazadas desde veredas como Tamaná, Ponciano, Anará, Campanario, Alto Ponciano, Alto Tamará y El Tigre hacia la Casa Indígena, ubicada en la cabecera urbana de Cáceres y que está sirviendo de albergue, era de poco más de 400 personas, unos 160 grupos familiares, entre los que se cuentan unas 70 familias indígenas del pueblo Zenú y siete afrodescendientes.
Aunque el alcalde de la localidad, José Mercedes Berrío, aseguró públicamente que las fuerzas militares se desplazaron hasta la zona para imponer orden y garantizar la seguridad, el retorno de las familias desplazadas hacia sus lugares de origen aún es incierto.
“Nos preocupa mucho el deterioro del orden público en la zona. Nos preocupa mucho también que estén muriendo personas que no tienen nada que ver en este conflicto ni en ninguna práctica con estos grupos armados”, señaló Richard Sierra, consejero de Relaciones Políticas y Justicia Propia de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), quien supervisa la atención humanitaria a las familias albergadas.
Sierra recordó que el recrudecimiento de la violencia que vive actualmente el Bajo Cauca antioqueño ya cobró la vida de una mujer indígena. Se trata de Diana Luz Solana, hija del gobernador indígena de la comunidad La Esperanza, Rufino Solano. El crimen fue cometido la noche del pasado 16 de enero en la vereda La Concha, en límites entre los municipios de Caucasia y Zaragoza.
“Por estar en esta región y por los territorios que ocupamos pues lógicamente estamos en riesgo todas las comunidades, indígenas y campesinas. Son 46 comunidades indígenas que habitan el Bajo Cauca antioqueño. Nuestras prácticas organizativas, de reunirnos, recorrer el territorio, de convocarnos, pues ya nos pone en riesgo, porque cualquier escenario de estos puede ser malentendido por los actores armados”, agregó el dirigente indígena.
¿Qué está pasando?
En la región del Bajo Cauca hay presencia de la guerrilla del Eln y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), organización armada que, según la Defensoría del Pueblo, estaría experimentando un proceso de fragmentación. Foto: OIA.En Cáceres, el deterioro de la seguridad es progresivo. La tensa calma que vivía esta localidad comenzó a resquebrajarse el pasado 5 de enero. Ese día, según denuncias consignadas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana de Inminencia 009, emitida el pasado 22 de enero, por lo menos 30 hombres fuertemente armados se movilizaron desde la vereda Alto del Tigre hasta un establecimiento público de la vereda El Tigre.
Allí llegaron con lista en mano, preguntaron por un hombre al que señalaron de ser integrante de las ‘Agc’ y luego le dispararon tanto a él como a otras dos personas que lo acompañaban. En el hecho perdieron la vida dos personas mientras que una tercera quedó mal herida. Ningún grupo de los que hace presencia en la región se atribuyó el hecho. Y en la región hay total hermetismo.
La marcha de hombres armados de fusiles y armas cortas se repetiría 10 días después. Esta vez, el comando armado transitó por la vía que conduce de la vereda San Francisco, sector Astillero, hasta la vereda Alto del Tigre. “Allí se presentaron ante los campesinos como ‘fuerza de gobierno’ que venía a imponer orden, argumentando que grupos armados ilegales provenientes del corregimiento Barro Blanco (Tarazá) estaban incursionando en la zona y que ellos estaban para defender el territorio”, consignó el SAT en su informe.
Una situación similar vivió esta misma zona años atrás. En mayo de 2011, las confrontaciones armadas por control territorial protagonizadas por las entonces denominadas bandas criminales ‘Águilas Negras’, ‘Rastrojos’ y ‘Paisas’, generaron un éxodo masivo de campesinos de las veredas Ponciano, Ponciano Alto, Tamaná, Alto Tamaná, Alto del Tigre, El Tigre, Campanario, Anará, San Francisco, Bejuquillo y El Calvario.
Según los análisis de esta agencia del Ministerio Público, el escenario de riesgo se repite nuevamente para estas comunidades por cuenta de las disputas que sostiene estructuras armadas herederas del paramilitarismo. En su Alerta Temprana de Inminencia, el SAT señala que después del denominado “pacto del fusil”, concretado en 2012, tras el cual las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y ‘Los Rastrojos’ dividieron territorios, los grupos armados que operaban en los municipios de Caucasia, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, El Bagre y Nechí, pasaron a identificarse como ‘gaitanistas’, convirtiéndose en una fuerza hegemónica y unificada cuyos tentáculos se extendían hasta el sur de Córdoba y el norte de Antioquia.
Ello coadyuvó a la disminución de una violencia que se disparó luego de la desmovilización colectiva del Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio, en diciembre de 2005, y del Bloque Mineros, en enero de 2006, ambas estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), “Amos y Señores” en toda la región a finales de la década del noventa y comienzos del dos mil.
Las cifras son elocuentes: entre 2006 y 2013 el Bajo Cauca antioqueño registró un total de 2.207 homicidios, superando en el mismo periodo los registros del Urabá y Nordeste de Antioquia y duplicando la registrada en esa región entre 1998 y 2004, en plena operación paramilitar, que llegó a 944 asesinatos.
Pero la aparente calma que se vivía en los dos últimos años se transformó nuevamente por cuenta de la dejación de armas de la guerrilla de las Farc, que mantuvo durante años un control significativo sobre extensas áreas cocaleras en la región; el avance de unidades de la guerrilla del Eln en su proceso de expansión territorial; y por los recientes golpes propinados por la Policía Nacional a la estructura de mando de las Agc, entre los que se destacan las muerte de alias ‘Gavilán’ (1 de septiembre de 2017), de alias ‘Inglaterra’ (23 de noviembre de 2017); y la entrega a la justicia de Luis Vargas Gutiérrez, alias ‘Pipón’, cabecilla de esta organización criminal en Córdoba y Bajo Cauca, situación que estaría generando reacomodos, vendettas y un resquebrajamiento violento de la estructura ‘gaitanista’. (Leer más en: Alarmante deterioro de la seguridad en el Norte de Antioquia)
Todos persiguen la coca
En los últimos dos años, el Bajo Cauca antioqueño ha experimentado un inusitado aumento en las áreas sembradas con hoja de coca. Allí, según Unodc, se concentran el 67 por ciento de todos los cultivos ilícitos del departamento. Foto: OIA.“Se presenta una ruptura al interior de las Agc, ocasionada por la separación de las facciones de los ‘Caparrapos’ y los ‘Paisas’ y como consecuencia de las capturas y muerte de altos mandos de este grupo armado ilegal. Por lo anterior se presenta una pugna por el mando y control territorial. Las Agc pretenderían neutralizar estas facciones, lo que genera un riesgo inminente de enfrentamientos armados con interposición de población civil”, consignó el SAT de la Defensoría en su Informe.
Ya son varios los indicios que sustentan dicha afirmación. Uno de ellos es el panfleto firmado por el llamado ‘Comando Virgilio Peralta-Bajo Cauca de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, y que circula actualmente en Caucasia y Tarazá (Antioquia), y Montelíbano (Córdoba). En el documento, la organización armada asegura que “defenderá sus territorios a sangre y fuego del grupo ‘los Caparrapos’ y ‘Los Paisas (…) hemos decidido confrontar a estas organizaciones que vienen desangrando estos pueblos. Empezamos una lucha armada para combatirlos”.
El motor que estaría moviendo esta confrontación armada entre grupos armados sucesores del paramilitarismo no es otro que el control de toda la cadena del narcotráfico, desde la siembra de hoja de coca, su transformación en clorhidrato de cocaína en entables construidos en zonas rurales, hasta su transporte por los corredores naturales que ofrece el Bajo Cauca hacia los puertos de embarque, desde donde es enviada a los mercados internacionales.
La hipótesis se sustenta en las cifras. Según el más reciente informe de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre cultivos ilícitos en el país, en 2016 se registraron 8.855 hectáreas de hoja de coca sólo en los municipios de Tarazá, Valdivia y Cáceres, lo que representa el 68 por ciento de los sembradíos presentes en todo Antioquia y un aumento del 250 por ciento con relación a las hectáreas detectadas en estas poblaciones en 2015.
A ello se suman denuncias recopiladas tanto por la Defensoría del Pueblo como por organizaciones sociales de la región que indican que personas extranjeras, principalmente chilenos y mexicanos, estarían comprando grandes extensiones de tierra para garantizar la siembra de hoja de coca y la producción de pasta base para hacerle contrapeso a los planes de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos pactado con las Farc y que vienen marchando en municipios como Cáceres y Tarazá. Lo anterior incrementaría aún más el riesgo para los líderes cocaleros.
A todo este panorama habría que agregar un interrogante: ¿Qué planes tiene la guerrilla del Eln? desde hace aproximadamente dos años, este grupo insurgente viene incrementando su presencia en Cáceres y en otros sectores del Bajo Cauca antioqueño. ¿Pescarán en río revuelto? ¿Formarán alianzas para combatir conjuntamente alguna facción? Son preguntas que deberá responder rápidamente la institucionalidad, en aras de llevar tranquilidad y seguridad a una región que las requiere con urgencia.
