Será difícil reparar a todas las víctimas del Bloque Mineros, pues los bienes entregados por su ex jefe están en ruinas, invadidos u ocupados por las Bacrim. No obstante, los fiscales han conseguido otros bienes que éste mantenía encubiertos con testaferros.
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| Otro de los líos narrados por la Fiscalía tiene que ver con un ganado entregado por ‘Cuco Vanoy’. |
Buena parte de los bienes con los que el otrora máximo comandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, pretendía reparar a sus víctimas se encuentran hoy en ruinas o son fincas invadidas por campesinos de la región o, en algunos casos, están ocupadas por criminales (Bacrim).
Así quedó en evidencia en reciente audiencia de control de legalidad en Medellín en donde la Fiscalía 15 de Justicia y Paz rindió un detallado informe sobre los bienes entregados por el ex jefe del Bloque Mineros al Fondo de Reparación a las Víctimas, requisito indispensable para acceder a los beneficios de la justicia transicional. (Ver artículo: Proyectos para desmovilizados, en manos de bandas)
El balance al término de la presentación dejó tal sabor de preocupación que el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín le solicitó a la subunidad de bienes de la Fiscalía, encargada de perseguir inmuebles para la reparación de las víctimas, las explicaciones pertinentes sobre el por qué muchos de estos bienes hoy se los está tragando la maleza o están en manos que no deberían estar, y por lo tanto ya no pueden ser usados para reparar a las víctimas de éste paramilitar en el Bajo Cauca antioqueño.
Los bienes ‘depreciados’
De acuerdo con el informe, bienes como la finca La Moneda, en el corregimiento El Guaimaro de Tarazá, cuya extensión es de 98 hectáreas aproximadamente y que cuenta con un área construida de 354 metros cuadrados, hoy se encuentra prácticamente en ruinas por cuenta del abandono. Su valor comercial en febrero de 2011 fue de 456 millones de pesos, pero por el deterioro hoy se cree que vale menos.
La finca Toro Rojo en Santafe de Ralito, con una extensión de 36 hectáreas y avaluada comercialmente en 142 millones de pesos, ya presentaba deterioro cuando el ex comandante paramilitar la entregó a la Fiscalía, pero éste se ha acelerado a pasos gigantes en los últimos años. Lo más inquietante es que este se encuentra en una zona violentamente disputada por distintas bandas criminales porque es un corredor vital para el tráfico de drogas ilícitas.
Las condiciones de extrema inseguridad hace que le quede muy difícil al Fondo de Reparación a las Víctimas manejar, sanear, vender y monetizar este bien para reparar víctimas, tal como lo pudo constatar VerdadAbierta.com en solicitud de información mediante derecho de petición a esta entidad, donde califica este predio como de “difícil administración por situación delicada de orden público”.
Lo mismo viene ocurriendo con la finca La Cagada en la vereda Pecoralia de Tarazá, una hacienda de 1.339 hectáreas compuesta por 10 predios, avaluada comercialmente en 5 mil 350 millones de pesos y que hoy se encuentra desvalijada y en mal estado. Según reportes de las autoridades de Policía, en esa región se mueve la banda criminal ‘Los Urabeños’, bajo el mando de Rafael Álvarez Pineda, alias ‘Chepe’, quien fuera uno de los lugartenientes de ‘Cuco Vanoy’ en el Bloque Mineros.
Y aunque esta finca también figura catalogada como de “difícil administración por problemas de orden público”, uno de los predios que la componen se encuentra invadido por ganaderos de la zona, quienes llevaron sus reses a pastar allí hace más de cuatro meses. Si bien estas personas estarían en disposición de celebrar contratos de arrendamientos para administrar el bien, según informaron funcionarios del Fondo de Reparación a las Víctimas a la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, la experiencia que ha tenido esta entidad en este sentido no ha sido satisfactoria.
En el informe presentado por la Fiscalía 15 se consigna que el Fondo de Reparación a las Víctimas ha tenido que cancelar varios contratos celebrados con labriegos de la región por el arrendamiento de predios entregados por ‘Cuco Vanoy’. La razón: falta de pago. VerdadAbierta.com indagó al respecto y encontró que lo anterior, en algunos de los casos, obedece a la presión a que son sometidos los pobladores por las bandas criminales presentes en la zona. “Aquí en Tarazá ya se habían arrendado unas fincas que eran de ‘Cuco Vanoy’, pero llegaban las ‘Bacrim’ a cobrar otro arriendo y la gente terminó yéndose”, dijo a este medio un habitante del municipio conocedor del tema, quien pidió reserva de su nombre.
Peor es la situación de los siete inmuebles ubicados en los cascos urbanos de Tarazá y Caucasia, y que fueron entregados por ‘Cuco Vanoy’ para la reparación a las víctimas.
De las Clínicas Tarazá y Nueva Luz, centros hospitalarias que el propio ‘Cuco Vanoy’ ordenó construir para atender a sus combatientes y que terminaron prestando servicios de segundo nivel de complejidad a los habitantes de Tarazá, Caucasia y Cáceres, solo quedan las ruinas. El abandono y el vandalismo terminaron por derruir completamente las edificaciones.
El conjunto de 11 apartamentos que entregó ‘Cuco Vanoy’ y que él también mandó construir en el corazón de Tarazá, evidencian problemas en sus estructuras que se han ido agravando con el paso del tiempo. Asimismo, el local comercial conocido como La Abastecedora, en Tarazá, se encuentra abandonado desde el momento en que fue ofrecido por el exjefe paramilitar y no hay planes para alquilarlo o venderlo.
¿Explicaciones?
La pregunta que se hacen los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín es ¿por qué estos bienes han venido averiándose de esta manera, hasta el punto que podrían perder su vocación reparadora?
La Fiscalía informó que bienes como las fincas La Cagada, La Moneda, Toro Rojo y los bienes urbanos Clínica Tarazá, el conjunto de 11 apartamentos y el local comercial llamado La Abastecedora fueron ofrecidos por ‘Cuco Vanoy’ en versiones libres realizadas en junio y agosto de 2006. La primera finca fue recibida por la entonces Agencia Presidencial para la Acción Social (hoy Departamento para la Prosperidad Social) el 9 de octubre de 2008. Sin embargo, las fincas La Moneda y Toro Rojo así como los bienes urbanos fueron recibidos por la agencia estatal en marzo de 2010, tres años después de que Vanoy los ofreciera.
Dichos predios fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAS), en el marco del convenio que Acción Social suscribió con esta entidad en octubre de 2009, para que la SAS administrara, saneara y comercializara los bienes que hacían parte del Fondo para la Reparacióna las Víctimas.
Y aunque la SAS informó en sus estados financieros de 2012 que este contrato está en trámite de liquidación ante el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) dada la transformación que sufrió Acción Social, VerdadAbierta.com ha podido establecer que la petición de liquidación corrió por cuenta del DPS dado los incumplimientos de la SAS en la administración de los bienes del Fondo de Reparación a las Víctimas.
Como si fuera poco, la Fiscalía 15 reveló en su informe que ‘Cuco Vanoy’ entregó para reparación a las víctimas 1.000 cabezas de ganado que fueron vendidas por valor cercano a los 500 millones de pesos, cifra que escandalizó al propio ex jefe paramilitar, quien señaló desde su sitio de reclusión en Estados Unidos, que “ese ganado estaba avaluado en algo así como 1.200 millones de pesos, pero por descuido de Acción Social se depreció ese valor”.
Buenas perspectivas
Sin embargo, pese a este sombrío panorama, sobre el cual el Tribunal de Justicia y Paz solicitó explicaciones a las entidades pertinentes, aún hay expectativas positivas para las víctimas del Bloque Mineros que esperan una reparación.
De acuerdo con informaciones de la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, ya se les hizo extinción de dominio a nueve predios de ‘Cuco Vanoy’ ubicados en los municipios de Zambrano y Córdoba, departamento de Bolívar. Asimismo, el Ente Investigador avanza en la identificación y persecución para extinción de dominio de otros 39 bienes de ‘Cuco Vanoy’ que estarían en poder de testaferros. Dichos inmuebles estarían ubicados en Antioquia, principalmente en los municipios de Copacabana, Tarazá, Cáceres, Amagá y Turbo.
De igual forma, hace poco menos de un mes el Fondo de Reparación a las Víctimas recibió la Finca El Topacio, una extensa hacienda conformada por otros 19 predios que abarcan los municipios de Cáceres y Tarazá y sobre la cual se profirieron medidas cautelares en diciembre del año pasado. Estas medidas han sido claves para preservar el bien para las víctimas, pues para evitar que el Estado le extinguiera el dominio, sus dueños habían montado todo un entramado de empresas que resultaron siendo de fachada.
Si bien el ex comandante del Bloque Mineros señaló en versión libre de 2011 que esta finca era de su propiedad, en su certificado de libertad y tradición figura que desde 1990 los propietarios eran Inversiones El Topacio S.C.S, entidad conformada en Cali, Valle, en octubre de 1990 por Nelson Cabrera y Esperanza Valencia de Cabrera. Éstos a su vez figuran comprándole esta propiedad a Antonio Correa Molina, reconocido narcotraficante del Norte del Valle.
El 20 de enero de 2009, mediante escritura pública 087 asentada en la Notaria 9 de Medellín, se registró la venta de esta finca por parte de Inversiones El Topacio S.C.S a la sociedad anónima CI Formando S.A, por valor de 1.715 millones de pesos, pagados de contado. Curiosamente, esta última entidad registró una serie de reformas en sus estatutos poco después de la compra del predio, pues en abril de 2009 cambió su razón social a Agrícola Sol Naciente S.A y en mayo del mismo año, pasó a llamarse Agrícola Ganadera Sol Naciente Ltda.
Lo que más llamó la atención de las autoridades judiciales es que los domicilios registrados en los certificados de existencia y representación legal, tanto de Agrícola Ganadera Sol Naciente Ltda como de CI Formando S.A, eran falsas, lo que llevó a fiscales de Justicia y Paz a determinar que estas eran “empresas fachadas” que buscaban ocultar la real propiedad del bien.
Además, la historia de esta finca lleva consigo una seguidilla de venganzas entre narcos y paramilitares. A Nelson Cabrera y a su hermano los asesinaron a principios de la década de 2000. Y en 2006, un narcotraficante que estuvo al servicio de Pablo Escobar, Nicolás Vergonzoli, secuestró a uno de los hijos de ‘Cuco Vanoy’ para exigirle en contraprestación las escrituras de El Topacio.
De ahí que para las autoridades encargadas de perseguir los bienes de los paramilitares, conseguir que El Topacio terminara en manos del Fondo resulta una victoria en esa lucha jurídica contra el testaferrato que busca ocultar las propiedades obtenidas a punta de fusil y sangre, y con las cuales, el Estado espera reparar a las víctimas del conflicto armado.
