El último paro armado impuesto por el Eln en ese departamento del Pacífico llegó poco después de una nueva prórroga del cese al fuego entre el grupo guerrillero y el gobierno nacional y provocó confinamientos y desplazamientos de la población civil. La guerrilla dice que sus acciones son provocadas por la expansión de las Agc por el San Juan y la presunta convivencia con la Fuerza Pública. Las comunidades quedan en medio del fuego cruzado.

Desconcertados. Así permanecen los líderes comunitarios de la región del San Juan al sur de Chocó por el paro armado que el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (Eln) decretó el 10 de febrero, y que finalizó en la noche del martes. 

Las comunidades no se explican cómo en la mesa de diálogos de paz que lleva la guerrilla con el gobierno de Gustavo Petro, el  5 de febrero se firmó una extensión del cese al fuego durante seis meses más entre el Eln y el gobierno, pero cuatro días después el grupo guerrillero impuso esta medida en Chocó, que confinó a 27.000 personas, según cifras de la Gobernación de ese departamento.

En un comunicado, el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, calificó el paro armado como una deslealtad con los acuerdos pactados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana, Cuba. Llamó la atención frente a que estos hechos dejan en la mitad a las comunidades. “Amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias”, dice. 

Un líder de la región, que pidió la reserva de su nombre por seguridad, expresa el desconcierto de muchos en la región. “Uno no sabe a qué atenerse, porque se acuerdan unas cosas en la mesa, pero en el territorio se hace lo contrario”, dice. “¿Los que están en el territorio sí están realmente comprometidos con lo que se está acordando en la mesa? ¿Están coordinados?”, se pregunta.

El Comando Central del Eln negó que hubiera frentes disidentes dentro del grupo guerrillero. “La delegación de diálogos del Eln representa a todos los frentes de guerra, es falso que los Frentes de Guerra Oriental y Occidental estén en desacuerdo con el proceso de paz que se adelanta. Ambos frentes de guerra están participando de manera activa en la delegación, pues tienen compañeros participando directamente en ella”, se lee. 

Andrés Preciado, director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), recuerda que en el cese al fuego entre el gobierno nacional y el Eln no entran los enfrentamientos con otros grupos, en este caso, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o Clan del Golfo, grupo paramilitar que se ha posicionado como el más poderoso del país. Además, recuerda que debe tenerse en cuenta que el Eln señala que se trata de acciones defensivas frente a la expansión de las Agc. (Leer más en: Las otras guerras del Eln no tienen cese al fuego)

“Ante la opinión pública es difícil defender que un grupo que está en una mesa haga un paro armado que afecta a la ciudadanía, esto sí puede ser un eventual incumplimiento, pero no tenemos pronunciamiento oficial de las instancias de verificación, lo cual sería importante”, señala Preciado. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia dice que los informes son confidenciales.

Días antes de decretarse el paro, la región permanecía turbada. El 7 de febrero, algunas familias se desplazaron de la comunidad de Doidó (Istmina) a Noanamá (Medio San Juan) por enfrentamientos entre los grupos armados. Al día siguiente, 26 familias se desplazaron de la comunidad de Chambacú (Sipí) a Negría (Medio San Juan). Dos días después de establecido el paro armado y por la amenaza de quedar entre el fuego cruzado, el 12 de febrero, toda la comunidad de Doidó, cerca de 30 familias, se desplazó a Noanamá por el incremento de las confrontaciones entre Agc y Eln. Sólo una persona se quedó en el caserío de Doidó.

Según un comunicado del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), en los hechos del 8 y 12 de febrero, 93 personas de las comunidades de Doido y Chambacú se vieron obligadas a desplazarse a causa de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. 

Esta situación es similar a la vivida en julio de 2023 por las familias de Chambacú, que aterradas por las confrontaciones, se desplazaron cuando fue asesinado un hombre de la comunidad y uno de sus hijos resultó herido en el pie.

Las comunidades del San Juan salieron huyendo de sus hogares ante el inminente riesgo, aún cuando el gobierno pidió no hacerlo. “El comandante General de las Fuerzas Militares a las comunidades hizo una petición pública: estamos en condiciones de garantizar seguridad, eviten al máximo estos desplazamientos masivos que afectan en todo caso por la atención humanitaria que en virtud de los desplazamientos debe realizarse”, señaló en rueda de prensa Iván Velásquez, ministro de Defensa.

Helder Fernando Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró el 12 de febrero que inmediatamente conocieron el anuncio del paro armado mandaron tropas para garantizar la libre movilidad en el San Juan; sin embargo, las comunidades aseguran que el Estado no controló lo que pasaba en la región durante esos días.

Durante el paro, el sustento diario de las comunidades del San Juan, que se aprovisionan de lo que cultivan en sus fincas, se vio afectado. Y desde hace meses las familias no van tranquilas a sus parcelas. Los grupos armados han aumentado la siembra de minas antipersonal en el sur de Chocó y varios civiles han caído en estas trampas. 

“Cada vez que se presenta alteración del orden público o los actores avanzan, van sembrando en nuestras comunidades minas antipersonal. Aparte del paro armado y no saber cuándo se pueda presentar una alteración del orden público, nos limitan a hacer nuestras actividades cotidianas con la siembra de esos explosivos”, cuenta otro líder de la región que también pidió reserva de su nombre por temor a represalias.  

Decenas de familias subsistieron durante el último paro con lo poco que tenían en sus casas y tiendas de abarrotes porque no hubo tiempo de salir a las cabeceras municipales a aprovisionarse de alimentos. Algunas comunidades realizaron ollas comunitarias con lo que podían aportar sus pobladores para atender a las familias desplazadas que se refugiaron en comunidades vecinas.

“A lo largo del río San Juan, hay informes continuos de minas antipersonal, reclutamiento de menores, confinamiento y desplazamiento forzado de comunidades, todo ello (…) limitando las capacidades de operación de las organizaciones de ayuda humanitaria”, expresa Bram Ebus, consultor de International Crisis Group. La falta de condiciones para que las comunidades satisfagan sus necesidades básicas es extrema y “genera serias dudas sobre el compromiso de los grupos armados para priorizar el bienestar de la población civil”, dice, haciendo alusión al discurso que promueven.

En 2023, en seis oportunidades el Eln decretó paro armado en el San Juan. La discusión del cumplimiento del cese al fuego por parte del Eln se había dado de manera similar en agosto del año pasado. A inicios de ese mes, la guerrilla y el gobierno formalizaron el cese de hostilidades, pero tiempo después se conoció sobre un paro armado en la región del Medio San Juan. 

Esa vez, el Frente de Guerra Occidental desmintió esa información y dijo que no era un paro armado, pero sí reconoció que restringió la movilidad por el río San Juan entre el 16 y 17 de agosto de ese año por enfrentamientos que mantuvo con las Agc. Según sostuvo el grupo guerrillero, su objetivo era que la población civil no se viera afectada por los combates.

Nuevamente volvió a ser la expansión de las Agc el ‘argumento’ principal para que el Eln decretara el paro armado de los últimos días. Según ha referido en diversos comunicados el Frente de Guerra Occidental, la presencia del paramilitarismo se ha incrementado en la región y acusan a la Fuerza Pública de sostener complicidad con ese grupo armado.

“Las fuerzas vivas del gobierno han sido remplazada (sic) por el grupo paramilitar clan del golfo (sic) para seguir su ofensiva contra los pobladores y la insurgencia como política sucia del Estado para debilitar el tejido social, la resistencia popular y armada con el propósito de llevar a cabo los mega proyectos planeados para esta región”, reza uno de los comunicados del grupo guerrillero, difundido el 11 de febrero.

El grupo de origen paramilitar buscó entrar en los tableros de negociación de paz del gobierno Petro. El 31 de diciembre de 2022, el Presidente anunció un cese al fuego con las Agc, pero tres meses después se rompió. El grupo armado ilegal ha declarado públicamente que tiene intenciones de diálogos y a finales del año pasado se conoció sobre encuentros entre voceros del actor armado y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero al día de hoy los avances son mínimos.

Disputa con las Agc

Foto: Carlos Mayorga Alejo.

Con el ‘argumento’ de proteger a las comunidades de la región de agresiones ejecutadas por los ‘gaitanistas’, el Comando Central del Eln respaldó el paro armado. Pero ese motivo no convence en la región. “Lo que ellos manifiestan en sus comunicados tiene lógica para ellos, pero para nosotros… realmente las afectadas son las comunidades”, lamenta un líder de la región.

El Eln busca cuidar una de las pocas retaguardias que le queda, según Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). “Lo que está tratando de defender el Eln no es la población, el San Juan es zona de refugio para un grupo armado que está en muy mala condición, tanto estratégica como de capacidades tácticas y militares. Allá el Eln no es que esté defendiendo una fuente de secuestro o de rentas o de oro, defiende casi que el único estertor que tiene”.

Tras la desmovilización de las Farc, el Eln lleva más de seis años expandiéndose por la región del Pacífico por departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, y con ella la disputa con otros grupos armados. Según líderes de la región, desde finales de 2017 existía un acuerdo entre el Eln y las Agc en la región del San Juan, mediante el cual delimitaron sus áreas de injerencia y se comprometieron a no agredirse. Esta situación cambió el 15 de agosto de 2021, cuando se rompió dicho pacto tras afrentas de las Agc en territorio del Eln, que desataron enfrentamientos en Medio San Juan. Así se desató la guerra en el San Juan. (Leer más en Comunidades del San Juan vuelven a quedar entre las balas y En menos de un mes, el San Juan se volvió un infierno)

El objetivo de las Agc es establecer una ruta para sus economía ilícitas hacia el océano Pacífico, entrando por Valle del Cauca y saliendo por Chocó. Hoy, Bocas de Sipí es el epicentro de la confrontación armada. Según un experto que pidió la reserva de su nombre, en el plan de expansión territorial de las Agc desde este punto les sería posible movilizarse por el río Garrapatas, hacia el municipio de Dovio (Valle del Cauca); por el río Caporal hacía municipio Novita (Chocó); o salir hacia el Pacífico a través del río Docampadó.

“Gracias a su rápido crecimiento en tropas y territorio, las Agc están haciendo un fuerte avance hacia el sur para controlar la región de la costa Pacífica desde Panamá hasta Buenaventura, mientras tanto, explotan a poblaciones vulnerables como las comunidades afrocolombianas e indígenas a lo largo del río San Juan”, señala  Ebus, de International Crisis Group.

En los últimos cinco años, el Frente de Guerra Occidental del Eln ha sufrido dos golpes militares importantes en el sur de Chocó, una de sus retaguardias históricas. A finales de octubre de 2020, un francotirador del Ejército abatió a Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias ‘Uriel’, recordado por ser un activo comandante en redes sociales de esa guerrilla; y a finales de septiembre de 2021 cayó Ogli Ángel Padilla Romero, conocido como el comandante ‘Fabián’, tras un bombardeó de las fuerzas militares.

Para Kyle Johnson, cofundador e investigador de Conflict Responses (Core), la expansión de las Agc en el  sur de Chocó inició desde la muerte de ‘Fabián’, comandante del Eln. “También se nota mayor presencia de las Agc en lugares como Bajo Baudó, que era de mayor control del Eln. Cuando se mira el norte del departamento, las Agc han ganado mucho terreno ahí desde hace varios años: Riosucio, Carmen del Darién y buena parte de Bojayá. En el sur es donde se nota actualmente la expansión de las Agc”, señala.

“Estos grupos de autodefensas gaitanistas le hacen la guerra al Eln porque buscan disputarse fuentes de rentas. Tanto en el Bajo Cauca antioqueño, como en el cañón de San Juan y el Alto Atrato”, explica Restrepo, de Cerac. Tras la captura, el 23 de octubre de 2021, de Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, antiguo comandante de las Agc, ese grupo ha disminuido la confrontación contra la Fuerza Pública, dice. Cuando ataca a la Fuerza Pública lo hace en favor de sus economías ilícitas.

Como se ha referido a raíz de diversos comunicados, el grupo guerrillero acusa a la Fuerza Pública de trabajar con las Agc y sólo librar la guerra contra ellos. Restrepo es enfático en señalar que el paramilitarismo que tenía cooptado poderes locales establecidos, desapareció desde mediados de los 2000 y recuerda que decisiones de la actual administración de gobierno al remover a decenas de generales y coroneles del Ejército y de la Policía son hechos en la transformación de esas alianzas. “Eso no quiere decir que no pueda haber acuerdos corruptos entre comandantes militares y de policía, incluso autoridades locales civiles y esos grupos criminales”, aclara. 

En un análisis de los impactos de los distintos ceses al fuego pactados entre el gobierno y diferentes actores armados, la  la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), evaluó el desescalamiento de las confrontaciones de la Fuerza Pública con diferentes actores armados ilegales en todo el territorio nacional, encontrado una disminución general (32 por ciento) de los combates de 2022 en comparación al 2023. Los enfrentamientos que más disminuyeron fueron entre la Fuerza pública y las Agc, o Clan del Golfo. 

Investigadores de las dinámicas de Chocó concuerdan en que las comunidades ven una clara connivencia entre las Agc y la Fuerza Pública. Ebus resalta cómo en la administración del expresidente Iván Duque (2018-2022) la confrontación contra la guerrilla se fijó en varias áreas de Chocó. “Sin embargo, la falta de acciones contra las Agc generó sospechas entre varias fuentes que consultamos en ese momento. Las comunidades, a menudo atrapadas en el fuego cruzado, también denunciaron ser disparadas por el ejército cuando intentaban inspeccionar sitios que habían sido bombardeados”, explica.

Preciado, desde la FIP, también ha conocido esos señalamientos de connivencia pero señala que el problema es más profundo. “Hay un nivel de complejidad mayor y es que hay una corrupción en las Fuerzas que termina beneficiando a todos los grupos. Un ejemplo son esas noticias de militares que le venden armas a cualquier grupo”, señala.

Sobre este tema, un experto que pidió la reserva de su nombre por seguridad, le sostuvo a este portal que el grado de cooperación es tal que “las Agc tienen agentes cuyo único trabajo es coordinar con Policía y Fuerza Pública”. 

Sin embargo, las cifras del Cerac señalan que el San Juan ha sido la región en donde más combates libró la Fuerza Pública con las Agc en 2023, pasando de ningún registro de hechos de confrontación en 2022, a tres el año pasado. El 21 de enero de este año, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán entró en combate con las Agc en inmediaciones de la vereda Barrancosito del municipio de Sipí. Como resultado del operativo terminó muerto un joven de 22 años perteneciente a las Agc.

Llamado de paz

Foto: Carlos Mayorga Alejo.

“El hecho de militarizar el territorio no es la solución a la problemática”, dice un líder de la región. “La solución está en abrir espacios de diálogo, que las comunidades participen en la mesa. Además de retomar los diálogos con los actores presentes en los territorios, lo cual nos ayuda a evitar las confrontaciones armadas entre los grupos armados”. 

Varios líderes mantienen la ilusión de que se vuelva a conseguir un acuerdo de no agresión como el pactado en 2017 en la región, cuando el Eln y las Agc llegaron a establecer el fin de las hostilidades por el bienestar de la población civil. Pero con el pasar de los meses mantener ese sueño es más difícil. “No hay voluntad de los dos actores para sentarse con las comunidades y llegar a una estrategia dialogada para acabar con las confrontaciones”, expresa un líder de la región. “La política de los actores armados presentes en el territorio es que ninguno va a ceder  los espacios que han ganado”, lamenta.

“A pesar de que hay unos diálogos entre el Eln y el Gobierno, en el territorio también están las Agc. Mientras no haya un diálogo con todos los actores, un cese al fuego multilateral, es muy preocupante. A nosotros, las comunidades, no nos sirve un cese al fuego bilateral”, agrega otro líder y concluye  pidiendo que el gobierno se traslade a la región a dialogar directamente con los cabecillas del Frente de Guerra Occidental.

Para el director del Cerac esta es una oportunidad para que el gobierno controle el San Juan. La política de seguridad del gobierno debe, según considera Restrepo, ocupar el San Juan y facilitar que de manera pronta se establezcan campamentos de la guerrilla que quieran buscar una salida negociada del conflicto. “Deles —el gobierno al Eln— protección de otros grupos armados, porque se está negociando con ellos. Y que el gobierno aproveche para ejercer el control sobre el comercio fluvial”.

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