El yerno de Ramón Isaza, alias ‘Macguiver’, pretende que la justicia le acepte una carretera que supuestamente construyó para comunicar a Medellín con San Francisco, Antioquia, para reparar a las víctimas. Mientras que la Gobernación no sabe cómo legalizar la inaudita vía.
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| En la foto se aprecia un tramo de la vía hecha por McGuiver, la cual es utilizada por vehículos de servicio público. |
“Los predios no me los pagaron, ellos pasaron y ya. No reclamé. Y es que todos estuvimos de acuerdo en eso. No sé si hubo gente inconforme, pero contra mi voluntad no fue”, indica uno de los campesinos de la zona de influencia de la vía, quien pidió la reserva de su nombre.
En 2004, los paramilitares incluso lograron que la administración distrital de San Francisco gestionara la licencia ambiental ante la Corporación Autónoma del Río Negro, Cornare – la entidad ambiental de esta zona de Antioquia-, para construir la vía, a pesar de que sus constructores eran ni masni menos que paramilitares del Magdalena Medio y que además le habían robado tierras a campesinos para hacer la obra.
En ninguna parte del expediente, conocido por VerdadAbierta.com, los paramilitares aceptan que despojaron a los campesinos y sin embargo pretenden que la obra debe contabilizarse dentro de los bienes que irán al Fondo de Reparación de Víctimas de los ‘paras’.
El ente acusador argumentó que era necesario que esta obra pasara a formar parte del patrimonio del Departamento y de los municipios beneficiados “para evitar su deterioro o desaparición, y especialmente por el beneficio de las comunidades”.
La historia de un lío
Hasta la fecha nadie sabe cuál será la salida jurídica que le darán a esta “entrega” de un bien por parte de los paramilitares. Y mucho menos saben cómo servirá para reparar a las víctimas de sus crímenes.
Pero lo cierto es que Carlos Eugenio González, asesor de la Gobernación de Antioquia para el Oriente, preparó un informe al respecto para ser remitido a la Fiscalía. El funcionario conceptuó que a pesar de no estar pavimentada es una carretera excelente, de muy buenas especificaciones y en muy buen estado. El funcionario calculó que está calcula que su costo por kilómetro es de 400 millones de pesos, es decir, que los paramilitares presuntamente ‘invirtieron’ unos 4 mil millones de pesos en total.
González también advirtió que uno de los problemas de la legalización de la vía son los tramos de terreno expropiados por los paramilitares para adelantar la construcción de la carretera. “Para que nosotros la recibamos, la gente tendría que regalar esas fajas de tierra”, pues a su juicio la Gobernación de Antioquia no tiene plata para comprar esos predios.
El funcionario agregó que otra de las dificultades a resolver por parte de la administración departamental estfá relacionada con los efectos ambientales que produjo la construcción de la vía, dado que, según él, “esa carretera se hizo sin licencia ambiental”.
No obstante, Verdadabierta.com estableció que la vía construida por orden de McGuiver sí tuvo licencia ambiental y fue tramitada con todo el rigor que exigen las normas respectivas por la Alcaldía de San Francisco ante la Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare (Cornare), la autoridad ambiental de la subregión del oriente antioqueño.
La gestión para obtener la licencia ambiental comenzó el 5 de junio de 2004, cuando John Jairo Posso, en ese momento alcalde encargado de la localidad en reemplazo del titular José Dariel Cardona Ciro, remitió una comunicación a Cornare a través de la cual solicitó “una visita técnica para la viabilidad de la apertura” de la vía El Tagual – Paraje la Mañosa (autopista Medellín-Bogotá). Justificó su petición en el interés por cumplir con “los requisitos ambientales exigidos por la Corporación y poder realizar dichos proyectos viales, que sin lugar a dudas van a aportar al desarrollo local”.
La visita de los funcionarios de Cornare fue realizada el 13 de agosto de ese mismo año y a través del informe técnico N° 0103 del 26 de agosto conceptuaron que el proyecto era viable y procedieron entonces a solicitarle a la Alcaldía de San Francisco el respectivo estudio de impacto ambiental.
Mediante el Auto N° 112.1418 del 11 de octubre de 2004, Cornare le entregó al entonces alcalde titular de la localidad, José Dariel Cardona Ciro, los términos de referencia para contratar el estudio de impacto ambiental para proyectos viales, entre los que se incluyeron recomendaciones para integrar a la comunidad al proyecto en programas de divulgación, participación, incentivos y de veeduría. Asimismo, se le pidió elaborar “medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación tendientes a minimizar los efectos, tales como: tenencia de la tierra, procesos migratorios, producción, mercadeo, cambios culturales y presión turística”.
Lo curioso de este proceso es que la administración municipal ya tenía el estudio referido desde un mes antes de solicitar la licencia ambiental. El documento fue preparado por la Proingecon Ltda. y entregado el 5 de mayo de 2004. En el informe se indicó que el proyecto vial era “la respuesta a la necesidad de implementar una nueva vía de acceso al municipio debido a que la actual presenta sitios inestables geológicamente, tramos de alta pendiente y problemas de seguridad por las condiciones topográfica. Igualmente se consolida el desarrollo productivo de la zona de influencia directa y del resto del municipio de San Francisco”.
Pero este estudio de impacto ambiental no tuvo en cuenta las recomendaciones de Cornare en lo referente a las comunidades, tanto en las afectaciones como en la participación del desarrollo del proyecto. Pese a ello, la autoridad ambiental estimó que la Alcaldía de San Francisco cumplió con los requisitos exigidos y le otorgó la licencia ambiental al proyecto a través de la Resolución 112.3054 del 7 de julio de 2005.
En este documento, que lleva la firma de Mauricio Dávila Bravo, director general encargado de Cornare, se establecieron algunas condiciones, entre ellas que cualquier modificación al proyecto debería ser evaluada y avalada previamente por la autoridad ambiental; la práctica de visitas de control y seguimiento periódico al proyecto; y la obligación de la Alcaldía de presentar informes trimestrales de avance de obras.
La legalidad que reviste este proyecto contrasta con la inclusión de este tramo vial que hiciera el jefe paramilitar alias McGuiver en una carpeta llamada “Proyectos de Obras Sociales” que entregó durante su primera versión libre ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz el 6 de octubre de 2008.
Verdadabierta.com tuvo acceso a la carpeta del proyecto que reposa en Cornare y de allí se desprenden algunas inconsistencias técnicas. Una de ellas es que al parecer no se cumplieron las condiciones planteadas por Cornare, pues una obra que se construyó entre octubre de 2005 y junio de 2007, sólo hay constancia de un solo informe trimestral, presentado por la Alcaldía de San Francisco el 30 de enero de 2006.
Además, se evidencia que los técnicos de Cornare sólo visitaron la obra dos veces, el 19 de diciembre de 2005 y el 18 de marzo de 2006, y en sus informes técnicos no reportaron ninguna anomalía en relación con los constructores de la vía; los técnicos en terreno sólo hicieron referencias técnicas al proyecto en relación con las disposiciones ambientales.
En la carpeta del proyecto tampoco hay documentos que constaten la participación de la comunidad en la ejecución del proyecto siguiendo las recomendaciones que planteó Cornare ni referencia alguna al tema de la compra de tierras a los campesinos que vieron afectados sus predios por el paso de la vía.
Al respecto Javier Parra, subdirector de planeación de Cornare, precisó que la labor de la autoridad ambiental no es la de fiscalizar la manipulación que hagan durante el trámite de las licencias ambientales ni sobre el origen de los recursos que invertirán los municipios en las obras que proponen. “Nuestro trabajo se limita a darle trámite a la solicitud de la licencia, a hacer algunas recomendaciones y si es del caso adelantar algunos requerimientos si hay incumplimientos”, indicó el funcionario.
La autoridad ambiental no observó que las obras que requerían licencia ambiental sobrepasaba la capacidad económica del municipio. Bastaba mirar que para el año 2007, cuando finalizó la obra, el presupuesto anual fue de 2 mil 762 millones de pesos, una cifra inferior a los cerca de 4 mil millones de pesos que costó el proyecto.
Parra también señaló que Cornare interviene en este tipo de obras cuando hay quejas de la comunidad. “En ese caso solicitamos audiencias públicas e intervenimos, pero en el desarrollo de este proyecto no hubo queja alguna”. De acuerdo con el funcionario, lo que expresaba la comunidad cuando técnicos de Cornare visitaban la localidad era la necesidad de la vía y la urgencia de proceder a otorgar la licencia ambiental. En ese sentido, el proyecto tuvo una percepción positiva de las comunidades, incluso por aquellas cuyas franjas de tierra fueron expropiadas por el jefe paramilitar para construir la carretera.
Otros más defendieron la vía y manifestaron indiferencia en la afectación de sus predios a pesar de que nadie ofreció pagarles por las franjas de tierra que se perdieron durante la construcción de la carretera. “Antes no teníamos esa vía, y era una necesidad; ahora tenemos transporte y ya no tenemos que caminar varias horas para salir al pueblo o llegar a la autopista Medellín-Bogotá”, dijo una mujer que no quiso decir su nombre.
Algunos más resaltaron que si bien no fueron muy perjudicados, el miedo impidió cualquier reclamo, pues desde un principio se sabía que la vía estaba siendo construida por los paramilitares. Y es que esta circunstancia fue tan conocida públicamente que una vez fue habilitada la vía las empresas transportadoras de pasajeros ofrecían en Medellín esa opción diciéndole al viajero si quería irse por la antigua vía o por la “carretera de McGuiver”.
Un concejal consultado al respecto, y quien solicitó la reserva de su nombre, afirmó que el proyecto vial no fue discutido en el Concejo: “no hubo debates, entre otras cosas porque sabíamos que esa vía la estaba construyendo un grupo al margen de la ley”. Durante la ejecución de las obras estuvieron los alcaldes José Dariel Cardona Ciro, bajo cuya administración se solicitó la licencia ambiental, y Serbulo Guzmán, a quien le tocó el periodo de ejecución y la entrada en servicio de la vía.
Verdadabierta.com insistió en consultar este tema en la Alcaldía de San Francisco, en particular con la Oficina de Planeación y de Obras Públicas, pero el funcionario encargado no respondió las llamadas.
Se espera entonces que la Gobernación de Antioquia le remita el informe técnico preparado por Carlos Eugenio González, asesor de la Gobernación de Antioquia para el Oriente, al fiscal Carlos Alberto Gordillo Lombana, delegado ante el Tribunal del Distrito Judicial de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, y se analicé cuál será el mecanismo más idóneo para que la administración departamental reciba y administre una vía que se construyó por orden del jefe paramilitar Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘McGuiver’.
