Esa crítica situación fue revelada durante el segundo día de reflexiones convocado por el Cinep para pensar en el país como parte de la celebración de sus 50 años de labores. A esa voz de alerta se sumaron otras más de Norte de Santander y de Tolima. No obstante, narraron iniciativas de resistencia que han impulsado con los jóvenes. La paz también fue tema de conversación.
“La escuela está amenazada, asediada por la violencia y se encuentra en emergencia”, respondió con claridad el docente Hernán David Córdoba Valois, docente popular, con formación en Biología y magister en Ciencias de la Educación, a una pregunta realizada por Rosío González Sandoval, investigadora y educadora popular del Cinep durante el diálogo La educación que soñamos, sobre la situación de la educación en el departamento del Chocó.
Esa conversación hizo parte del segundo día del evento El País que Soñamos, convocado por este centro de investigación para reflexionar sobre el país del presente y del futuro como parte de las jornadas de celebración de sus 50 años de vida institucional, realizado en el auditorio Luis Carlos Galán de la Universidad Javeriana de Bogotá. El diagnóstico sobre la situación de la educación no fue nada alentador.
Y así lo hizo ver Córdoba, un docente de la ciudad de Quibdó, Chocó, donde desempeña sus labores. Para respaldar su aseveración expuso varios hechos que han afectado la vida escolar que lo rodea en los últimos meses: “En lo que va corrido de este año, en donde yo trabajo, en un sector vulnerable, han pasado varias cosas, que se pueden replicar a otras partes de la ciudad”.
Uno de esos hechos ocurrió el pasado 22 de febrero: cerca a la institución educativa donde presta sus servicios, colocaron un artefacto explosivo como parte, según el docente, de la guerra por territorios que enfrenta a grupos armados ilegales en los barrios de la capital chocoana. “Gracias a la acción rápida de la Fuerza Pública se pudo detonar de manera controlada. Si no hubiera sido así, no estaríamos conversando en este momento”, dijo Córdoba.
Y agregó un hecho más, sucedido el 5 de abril, que involucró al centro educativo de manera directa. Se trató de una amenaza a uno de los docentes, lo que llevó a que se suspendieran las clases y se buscaran alternativas de protección con autoridades civiles y policiales.
“Esto crea toda una serie de afectaciones físicas y emocionales”, dijo Córdoba. “El ejercicio docente está bajo amenaza”. Y para reforzar sus afirmaciones aseguró que en la Secretaría de Educación de Quibdó hay registros de 32 docentes amenazados, algunos de ellos con una condición extraordinaria de riesgo y que requieren traslado para brindarles seguridad.
Sobre cómo les llegan los mensajes, este educador detalló que “a través de mensajes de texto, los llaman a su casa, les mandan un papelito por debajo de la puerta donde les exigen una cantidad de dinero y que, además, si la gente no lo hace en el tiempo que ellos establecen, hacen disparos a la casa a cualquier hora del día”.
Y como si fuera poco, el mes pasado se presentó otro hecho que involucró a la propia Secretaría de Educación. “Días atrás a esa fecha – contó Córdoba – unos delincuentes pasan, meten un papelito por debajo de la puerta, donde exigen que se comuniquen a un número para que paguen una suma de dinero. Acción a la cual los funcionarios no acceden y el 8 de junio llegan varios ahí con armas, intimidando a la gente, quitando celulares para demostrar que estaban hablando en serio”.
Finalmente, dirigiéndose a los asistentes al conversatorio, sentenció: “Ustedes entenderán que estamos en medio de la guerra, por eso concluimos que la educación está en emergencia”. Pero no solo el sector educativo de Quibdó vive esa crítica situación. También se escucharon voces docentes de Norte de Santander y Tolima.
En la frontera
En Norte de Santander, región fronteriza con la vecina república de Venezuela, el ambiente es similar. Así lo dio a conocer otro de los participantes en este diálogo, Heber Javier Londoño García, representante de la organización SUMA. En su intervención planteó tres aspectos que, a su juicio, reflejan una fuerte crisis: infraestructura escolar insuficiente, amenazas de grupos armados e incremento de la población migrante venezolana.
Con respecto a la infraestructura escolar puso como ejemplo lo que sucede en el municipio de Puerto Santander, donde por lo menos 370 jóvenes que desean estudiar no lo pueden hacer por falta de capacidad locativa, razón por la cual deben desplazarse al otro lado de la frontera.
Sobre las amenazas de grupos armados, Londoño detalló que a varios docentes les han quitado sus medios de transporte, carros y motocicletas, y los han obligado a desplazarse: “A otros los han amenazado con mensajes escritos que envían con niños entre 9 a 11 años diciéndoles que ‘tienes 24 horas para que te vayas de la zona’”.
Y sobre el incremento de la población venezolana, que ha afectado a ese departamento por su cercanía y por ser, en algunos casos, la primera parada de cientos de migrantes que luego marchan hacia el interior del país, Londoño dijo que a Norte de Santander han llegado jóvenes que quieren acceder a la educación y no pueden por la falta de espacio en escuelas y colegios, así como por falta de docentes, que calculó en 180 plazas aún no ocupadas.
Las reflexiones de los participantes en este conversatorio también llevaron a considerar otros aspectos, entre ellos el de la calidad educativa y la formación en valores ciudadanos, que están más allá de los ambientes de zozobra que generan la confrontación armada que padecen las comunidades urbanas y rurales en varias partes del país.
Desde Tolima
Al diálogo se sumó Wilson Ramírez Rodríguez, docente de la Institución Educativa Técnica Los Andes, del municipio de Planadas, en el sur de Tolima. Este educador explicó que en su región los procesos educativos son muy asociativos porque desde hace varios años existen numerosas organizaciones sociales y comunitarias, y se han generado diversas políticas públicas, que incluyen al sector educativo.
En esa perspectiva, Ramírez destacó la llegada a Planadas del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), una iniciativa que se define como de “acción local, investigación e incidencia para ayudar a construir paz en Colombia” y que tiene como socios diversos centros de educación superior y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Cinep.
“Las políticas educativas nacen a partir del 2016 cuando llega al territorio Educapaz junto con Cinep, y se genera un proceso que nunca se había desarrollado en la zona sur del Tolima, que era la creación de los Planes Educativos Municipales. Eso nos permitió hacer una radiografía de cómo estábamos ofreciendo nuestro servicio y qué limitantes teníamos”, detalló Ramírez.
En aplicación de ese instrumento de análisis, los docentes pudieron establecer cómo estaban prestando los servicios educativos, qué limitaciones tenían y cuáles eran las proyecciones.
“Nos dimos cuenta – dijo el docente – que entre el 70 y el 80 por ciento de la infraestructura de las instituciones educativas del sur del Tolima requieren manejo presupuestal para mejoras en el servicio, y que la situación docente era muy inestable por causas del conflicto armado y por la situación geográfica del territorio. Muchas escuelas fueron cerradas o era intermitente la prestación del servicio”.
A su juicio, este tipo de procesos también han generado entre la comunidad educativa sentido de pertenencia y arraigo en el territorio y concluyó que todo ello debe conducir a construir una educación “más apropiada que nos permita desarrollar unas competencias locales, luego regionales y escalar a unas competencias globales”.
Recogiendo buena parte de las intervenciones, la investigadora y educadora González Sandoval dijo que, sin duda, la escuela ha quedado en medio del fuego cruzado, lo que impacta los procesos de formación ciudadana y de participación política. “Es decir, los procesos educativos en Colombia son una víctima del conflicto armado y nos encontramos ante una emergencia en el sistema educativo”.
Por todo ello, Kelly Paola Téllez Mantilla, de Fe y Alegría, una organización que presta servicios de educación en distintas regiones del país, sobre todo en zonas vulnerables, aseveró que “pensarnos la paz sin calidad educativa nos deja como cojos” y agregó: “El reto grande es la educación como un ejercicio de desarrollo, como una posibilidad en donde todos podamos ser íntegros, no solo en conocimientos, íntegros en un ejercicio social, comunitario y político”.
¿Y la paz soñada?
Otro de los conversatorios estuvo dedicado a la paz del presente y del futuro, y participaron Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD); Angela Bargellini, en representación de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia; Roberto Vidal, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); y Pastor Lisandro Alape Lascarro, exguerrillero de las antiguas Farc y firmante del Acuerdo de Paz.
Dado que la perspectiva de esta conversación estaba cobijada por el concepto de La Paz Soñada, el moderador de este diálogo, el periodista Alfredo Molano Jimeno, les preguntó a los panelistas cómo se imaginaban la adopción de la Paz Total que se promoverá desde el próximo 7 de agosto, cuando se posesionen Gustavo Petro y Francia Márquez en la cabeza del Ejecutivo, y cómo podrían articularse desde las organizaciones que representan. (Leer más en: Paz Total: el reto del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez)
Al respecto, Monzón dijo que veía con esperanza los eventuales nuevos procesos de negociación con grupos armados ilegales y expuso varias razones, entre ellas, la información que pueda lograrse en relación con las personas desaparecidas, cuyo universo, según la UBPD, supera las cien mil víctimas en hechos ocurridos desde hace más de 50 años.
“La Unidad busca a las personas desaparecidas no importa quién las haya desaparecido como tampoco a qué grupo armado haya podido pertenecer la persona desaparecida. Y, por lo tanto, la información de cualquiera de los grupos armados es fundamental para nosotros”, dijo la funcionaria. “Si hay una negociación con los otros actores armados –agregó– hay mayores posibilidades de tener información para poder satisfacer el derecho a saber dónde están las personas desaparecidas”.
Otra de las razones expuestas por Monzón para esperanzarse en esos posibles diálogos es la situación en diversas regiones del país, golpeada por las acciones de diversos grupos armados ilegales: “La gente está enfrentándose a una multiplicidad de actores que, aunque haya acuerdo de paz, y esto tenga una repercusión en su vida, no logra darles la tranquilidad para poder vivir dignamente”.
Al respecto, Alape, firmante del Acuerdo de Paz, indicó que para adelantar esa Paz Total de la que se ha comenzado a hablar en el país y avanzar en ese propósito se requiere “voluntad política de Estado, de Gobierno y de los actores como tal”. Y para precisar, agregó que las eventuales negociaciones se enfrentarán a actores con visión política, como la guerrilla del Eln, y “con otros más, con los cuales se hace necesaria su acogimiento o sometimiento a la justicia”.
Entre estos últimos grupos, el exjefe guerrillero sugirió la necesidad de negociar con las llamadas ‘oficinas’, que están ligadas a estructuras del crimen organizado: “Si no negociamos con las ‘oficinas’, que es donde está el verdadero poder de la violencia de este país, no habrá paz”.
Y propuso que para ambientar esas posibles negociaciones se acelere, durante los primeros cien días del gobierno de Petro y Márquez, la implementación del Acuerdo de Paz, “hacer el relanzamiento del Acuerdo de Paz”, como una muestra de que sí hay voluntad política para adoptar lo que se firme. Además, dijo que con la correlación de fuerzas que tendrá el nuevo gobierno en el Congreso de la República, se podrían dejar “en los próximos cuatro años los cimientos de la paz completa”.
Al abordar el tema, el magistrado Vidal, de la JEP, precisó que el escenario de Paz Total “significa una multiplicidad de escenarios de negociación, con actores de muy diverso tipo” que no pueden estar exentos de justicia, como uno de los elementos mínimos de negociación. “Hay cuestiones que no son amnistiables para nadie”, lo que quiere decir que se deben implementar “fórmulas jurídicas de juzgamiento”. Y a renglón seguido sostuvo que ningún acuerdo de paz puede pasar por encima de los derechos de las víctimas: “Verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, más otro tanto”.
Por su parte, Angela Bargellini, en representación de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, destacó los avances de la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas Farc en temas como la reincorporación de los excombatientes y el funcionamiento de la UBPD, la JEP y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV). “Cada una de ellas ha seguido sus propios tiempos, pero todos han avanzado”, reiteró.
Esta funcionaria resaltó el significado para el país y para la comunidad internacional la entrega a finales de junio pasado de Informe Final escrito por la CEV tras cuatro años de investigaciones. A su juicio, “el legado de la Comisión de la Verdad sienta la base para la reconciliación y el diálogo a largo plazo”.
Bargellini reconoció, además, que se enfrentan varios retos, entre ellos el de la seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz, cuya cifra de asesinados llega a 339 desde la rúbrica del pacto en noviembre de 2016, y para lideres y lideresas sociales, que siguen poniendo una alta cuota de sangre por defender los derechos de sus comunidades.
“Por ello se ha apoyado o acogido el compromiso que el presidente electo del nuevo gobierno, que ha dicho que van a profundizar la implementación de Acuerdo de Paz y abrir estos espacios de diálogo con otros grupos. Creo que las dos cosas van de la mano, de cierta manera, y uno no excluye lo otro”, aseguró Bargellini y planteó que “dialogar es mejor que estar con el fusil en la mano”.
En la conversación también intervinieron los espectadores, entre ellas se destacó Yuliana Ángel, víctima del conflicto armado, quien llamó la atención sobre dos temas concretos: las deficiencias en los programas de reparación a víctimas y la falta de garantías para la no repetición de la violencia armada. “Es preocupante que se abra un nuevo capítulo en la historia cuando no tenemos claridad de la ruta y del camino que hemos trazado las víctimas”.
El magistrado Vidal apoyó ese planteamiento y reforzó ese argumento diciendo que, efectivamente, “hay una deuda con los derechos de las víctimas por parte del Estado colombiano”, y agregó que la respuesta tiene que ir más allá de decir quién es el responsable de las violaciones de derechos humanos.
“La demanda que más tienen las víctimas es garantías de no repetición”, expuso Vidal. “A la gente la siguen desapareciendo, la siguen desplazando, la siguen asesinando. Y lo que están diciendo es que pare eso. Creo que eso le da todo el sentido a la paz total. Requerimos un Estado que responda por la garantía de los derechos, no simplemente un Estado que haga investigación de quién es el tercero culpable”.
Al respecto, Monzón reconoció que es necesario ajustar algunos aspectos que deben revisarse, como, por ejemplo, la articulación de la justicia transicional, representada por la JEP, con la no repetición de la violencia. Y admitió que hay mecanismos de prevención de la desaparición, pero no están operando. La situación se hizo evidente durante las jornadas de protesta del llamado Paro Nacional, en los que se registraron desapariciones de manifestantes.
“El gobierno nos decía, ‘ustedes no tienen por qué meterse’, ‘ustedes son del pasado’. Eso no tiene sentido”, reclamó la directora de a UBPD, y por ello planteó que tiene que haber un vinculo entre la institucionalidad de hoy y la justicia transicional “para que realmente haya transformaciones” que conduzcan a una reparación efectiva de las víctimas.
El mensaje durante las dos jornadas de diálogo El País que Soñamos dejó sabores agridulces: de un lado un país en presente que tiene grandes dificultades en temas del ejercicio de los liderazgos sociales, la continuidad de la confrontación armada y sus efectos en sectores sensibles a las comunidades como el de la educación, así como la reparación a las víctimas y en el cumplimiento de los derechos de verdad, justicia y garantías de no repetición.
Y del otro lado, un país que sueña con un futuro más esperanzador alejado de toda violencia y con unas políticas integrales que sean más incluyentes y respetuosas con las ideas, propuestas e iniciativas diferentes. El conocimiento y la experiencia están, lo que se espera es que haya una real voluntad política, tan necesaria para superar, por ejemplo, la emergencia educativa que padecen los jóvenes en Quibdó, Chocó.
