Los asesinatos de excombatientes de la extinta guerrilla, que dejaron las armas en 2017, no dan tregua. El gobierno nacional asegura estar investigando y tomando acciones preventivas, pero parece no dar resultado. La consecuencia es un Acuerdo de Paz obstruido por la falta de confianza y una preocupante ausencia de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto armado.
El miedo y la zozobra todavía son latentes en Colombia. El accionar de facciones disidentes de las Farc-Ep, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y de otros grupos armados al margen de la ley, mantienen viva la guerra en el país.
Hoy se torna cada vez más borrosa e inalcanzable la idea de un término de la violencia tras el Acuerdo de Paz firmado hace más de 4 años, con el que 13.589 guerrilleros de las Farc se desmovilizaron. Son ellos quienes, tras iniciar su proceso de reincorporación a la sociedad civil, se convirtieron en parte de la población que es hoy objeto de ataques.
El Estado, como garante de la implementación del Acuerdo y de las condiciones de seguridad para quienes se suscribieron a él, debe encarar esta situación. Las instituciones gubernamentales expresan su preocupación y concentran sus esfuerzos, pero, ¿realmente están funcionando?
Panorama actual
Norelia Trompeta Hachacue, Hernando Guerrero Torres, Fayber Camilo Cufiño, José Ignacio Loazia y Wilmer Enrique Álvarez fallecieron tras recibir disparos. Adolfo Rodríguez resultó muerto luego de que dos hombres armados lo sacaran a la fuerza de su casa. Sobre Luis Eduardo Hinestroza se sabe que fue asesinado y que su cuerpo fue lanzado a un río. Los homicidios de Mayiber Tapias Monsalve y Luis Fernando Córdoba están siendo investigados.
Como ellos, hay otros 268 excombatientes de las Farc que perdieron la vida desde el 24 de noviembre de 2016, según datos reportados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Aunque ese número representa poco más del dos por ciento del total de firmantes de las Farc, la frecuencia y la extensión del territorio nacional en donde ocurren los asesinatos ha encendido las alarmas.
En lo corrido de este año, todos los meses se han reportado nuevos casos de exguerrilleros asesinados: siete en enero, cuatro en febrero, dos en marzo, diez en abril, tres en mayo y dos de junio. Estos 28 asesinatos ocurrieron en Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, que se ha encargado de hacer seguimiento constante a este tema en informes que publica de forma trimestral, identificó que en 2021 los homicidios contra excombatientes se han concentrado en 25 municipios del país y que han desmejorado las condiciones de seguridad en zonas como la frontera entre Meta, Caquetá y Guaviare, y el sur de Bolívar.
También se han presentado casos en los departamentos de Huila, Arauca, Guaviare, Tolima, Quindío, Casanare, Sucre, Atlántico, Córdoba, Santander y en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con cifras de Indepaz que muestran, de la misma manera, que los años más violentos han sido 2018, 2019 y 2020.
En varias de esas zonas se ubican algunos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), lugares en los que se desarrollan actividades para contribuir a la adaptación de los excombatientes a la vida civil. Asimismo, están conformadas algunas Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), asentamientos colectivos no reconocidos por el gobierno y creados por desmovilizados que decidieron salir de los ETCR porque tenían dudas sobre su continuidad, discrepancias con quienes los lideraban o sentían que su seguridad no estaba garantizada.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) estima que para abril de 2018 estaban constituidas aproximadamente 31 NAR, las cuales agrupaban a cerca de 1.789 excombatientes. Para el año siguiente existían entre 66 y 72 NAR, según el componente Farc del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Y en el año pasado esa instancia reconoció alrededor de 93 NAR a lo largo del territorio nacional.
Germán Valencia, experto en ciencias políticas y gerencia social, le dijo a VerdadAbierta.com que los desmovilizados que pertenecen a los ETCR tienen menos riesgos de sufrir agresiones, mientras que quienes habitan fuera de estos son más fácilmente blanco de ataques, en especial cuando realizan trabajos de manera colectiva.
“La mayoría de personas que matan son muy visibles, pues suelen ser candidatos a un consejo, líderes que quieren trabajar, gente que le está apostando a la paz y a la reincorporación comunitaria”, explica.
Ese patrón lo confirmó Indepaz el año pasado a través de su informe Posacuerdo Traumático: coletazos en la transición desde el Acuerdo de Paz al Posconflicto, donde expone que el 21 por ciento de los asesinatos a excombatientes de las Farc registrados entre 2016 y 2020 fueron contra gestores de proyectos de implementación de los Acuerdos de Paz. Además, determinó que en el 50 por ciento de los casos se conocieron indicios de intereses económicos o políticos por parte de los autores del crimen, quienes se presume contrataron a sicarios para llevarlo a cabo.
Pero no sólo la visibilidad incide, la violencia también puede tener raíz en las estigmatizaciones hacia los acuerdos de paz, la justicia transicional y los excombatientes, quienes incluso han expresado ser señalados de estar vinculados con las disidencias o con las economías ilegales.
Investigaciones no avanzan lo suficiente
Sea cual sea la dinámica formada alrededor de las agresiones contra los excombatientes, el Estado tiene la responsabilidad de llegar a la verdad de lo sucedido.
De hecho, en cumplimiento del Punto 3.4 del Acuerdo de Paz, en 2017 se creó al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales (UEI) con el fin de investigar afectaciones graves que atenten contra quienes participen en la construcción de paz en el país.
Así las cosas, al menos desde 2019 esa institución viene anunciando el logro del esclarecimiento de más de la mitad de los crímenes cometidos contra exmiembros de las Farc, pues ha identificado a presuntos responsables, ha emitido diversas órdenes de captura y logrado sentencias condenatorias.
“La respuesta judicial efectiva es necesaria para el desarrollo de la ruta de reincorporación económica y social. Las victimizaciones y riesgos son factores que socavan los proyectos productivos y educativos que emprenden los firmantes del Acuerdo de Paz, situación agravada por los numerosos desplazamientos forzados de los que son víctimas”, aseguró Camilo Fagua, abogado defensor de derechos humanos.
Uno de los acontecimientos más conocidos de los últimos días fue el arresto y judicialización de Fernando Israel Méndez Quitumbo, presunto integrante de las disidencias de las Farc conocido con el alias de ‘El Indio Amansador’.
Méndez, quien podría estar implicado en delitos cometidos en Cauca, no sólo contra reincorporados sino también contra líderes sociales, indígenas y campesinos, fue imputado por homicidio, tentativa de homicidio, secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir agravado, amenazas, porte ilegal de armas de uso restringido de las fuerzas militares y de armas de uso personal.
De la misma forma, en los últimos meses fueron condenadas dos personas por los homicidios de los excombatientes Manuel Santos Yatacué en Buenos Aires, Cauca; y de Alexánder Parra Uribe en Mesetas, Meta, ambos ocurridos en 2019.
En ese sentido, cifras recientes de la ONU muestran que, hasta el 25 de junio de este año, la UEI logró 41 condenas, mientras que tiene 44 casos en etapa de juicio, 22 en fase de investigación y 49 en los que se han emitido órdenes de captura. Todo esto pese a que la Unidad sólo ha tenido acceso al 65 por ciento de las escenas del crimen debido a problemas de seguridad.
Sin embargo, para Fagua, “los índices de esclarecimiento son bajos en relación al porcentaje de las sentencias condenatorias por hechos victimizantes. El desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, es escaso o de bajo impacto en los departamentos donde se concentran las victimizaciones contra las personas en proceso de reincorporación”.
Además, dijo que la UEI carece de personal e incluso no tiene oficinas permanentes ni equipos territoriales en algunas zonas del país, por lo que es fundamental fortalecerla para que cumpla con su mandato.
Aunque la labor de la Fiscalía es clave para combatir la impunidad y garantizar la no repetición, es indispensable que exista un trabajo conjunto con la Fuerza Pública y todo el sistema judicial colombiano, según la ONU. Sobre dicho tema, informó que Unidades del Ejército y de la Policía Nacional ya monitorean la seguridad en los ETCR, pero que aún así los ataques a excombatientes no cesan.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pronunció al respecto, advirtiendo en marzo la persistencia de una desarticulación entre las entidades gubernamentales para evitar los asesinatos de firmantes del Acuerdo, por lo que instó a varias de ellas a tomar acción.
En realidad, ya había emitido tres autos en febrero con los que ordenó al Ministerio de Defensa apoyar a la Fiscalía para que progrese en los casos ocurridos en zonas de difícil acceso y a la UEI informar específicamente sobre los avances en las investigaciones de 19 excombatientes que fueron asesinados pero que habían denunciado amenazas previamente, así como de desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y demás denuncias reportadas.
Para ayudarle con dicha tarea a la Fiscalía, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, puso a disposición los datos que ha recopilado a través del Sistema de Monitoreo de Riesgos, una herramienta digital que, entre otras cosas, recopila las noticias publicadas en medios de comunicación de todo el país y contabiliza la afectación a diferentes poblaciones.
Giovanni Álvarez, director de la UIA, hizo un llamado contundente: “Cuando se suscribió el Acuerdo de Paz, tal vez pensábamos, como colombianos, como seres humanos, que el panorama en el país en cuanto a violaciones a los derechos humanos iba a cambiar. Hoy tengo que decir con tristeza que el panorama no sólo no ha cambiado sino que ha empeorado. Y ha empeorado no porque lo digamos nosotros en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición, sino porque la situación del país así lo indica”.
Aporte a la verdad, en riesgo
Pero la JEP no ha ejercido presión sola. Sobre el tema, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, dijo que “es indispensable que la Unidad creada en la Fiscalía para el esclarecimiento de estos hechos arroje resultados contundentes, que el Estado en su conjunto no solamente refuerce mecanismos de protección, sino que esa protección se vea realmente reflejada en el cambio de la situación”.
“Estas cosas quitan toda la fe en que la paz es posible en Colombia y llevan a que muchos de estos hombres se regresen a la guerra y que los campesinos tomen el camino de la guerra donde se sienten seguros”, dijo, por su parte, Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).
Esas declaraciones las hicieron en marzo de este año, cuando le solicitaron a la Defensoría del Pueblo adoptar una resolución defensorial, emitir un informe e implementar acciones de prevención que permitan acabar con el asesinato de excombatientes, argumentando que esto pone en riesgo la misionalidad de las tres instituciones que tienen a cargo la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Así lo expresó Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, quien dijo que los ataques a comparecientes afectan a todos los que quieren revelar la verdad, ofrecer reparación y no repetición ante ese sistema de justicia transicional, pues son intimidados por la muerte de sus compañeros.
“Se pone en marcha una ominosa maquinaria que desalienta las contribuciones a la verdad. La violencia aterroriza, este es el mensaje paralizante que se quiere enviar con cada asesinato, por eso el sistema exige una acción eficaz e inmediata del Estado, no retorica, para poner término a este designio letal", asevera.
Y añade que “sin medidas de seguridad suficientes que ofrezcan tranquilidad y sosiego a quienes se juegan la vida por corregir las injusticias del pasado y escribir un nuevo capítulo de la historia nacional y de la suya propia, es obvio que las instituciones que emanaron del acuerdo final no pueden operar”.
Por esto es necesario no solamente investigar una vez se cometa un delito, sino establecer y desarrollar mecanismos de prevención, de acuerdo con Valencia. Las alertas tempranas que emite la Defensoría contribuyen, en parte, a ese objetivo, no obstante, sólo hay dos donde los desmovilizados aparecen como parte de la población vulnerable.
Una de ellas fue una alerta de inminencia que advirtió que en el municipio de Tarazá, Antioquia, había disputa en 2018 al interior de las Agc por control territorial, presencia del Eln y posiblemente de disidentes de las Farc.
La segunda, de 2020, fue una alerta estructural para los municipios de Cabuyaro, Puerto Gaitán y Puerto López, en Meta, que señaló la presencia de integrantes de estructuras asociadas a grupos sucesores al paramilitarismo identificados como Puntilleros Bloque Meta, Libertadores del Vichada y Agc. También por nuevas estructuras como el Bloque Los Cuchillitos de las Autodefensas Unidas de la Orinoquía.
Ambas señalaban posibilidades de homicidios selectivos, homicidios múltiples, desplazamiento forzado, enfrentamientos con interposición de la población civil, masacres y amenazas.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que 70 alertas se han puesto en conocimiento de la JEP, en las que “no sólo hemos realizado un análisis integral del escenario del riesgo sino que también hemos identificado, caracterizado y recomendado a distintas instituciones del Estado la adopción de medidas dirigidas a garantizar los derechos de las personas en proceso de reincorporación y sus familias”.
También que recibía la invitación a elaborar la resolución defensorial adquiriendo el compromiso de “emprender lo que sea necesario” para dar término a la violencia contra excombatientes de las Farc.
“Todas y todos los representantes de entidades de Estado y de las diferentes agencias, programas y entidades de los organismos internacionales que estamos aquí presentes coincidimos en la necesidad de redoblar los esfuerzos institucionales para contribuir en la garantía efectiva de la seguridad de esta población con acciones que vayan desde el fortalecimiento interno de cada una de las instituciones hasta la optimización de los procesos de articulación y coordinación interinstitucional que nos permitan alcanzar importantes metas como el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales en el territorio”, concluyó.
Mientras víctimas, entes estatales y organismos internacionales hacen un llamado para evitar más muertes de exguerrilleros que le apostaron a la paz y a darle la cara a la justicia transicional para lograr la reconciliación nacional, los asesinatos de desmovilizados continúan sucediéndose sin parar. La no repetición de la violencia parece ser una deuda histórica que no se saldará prontamente y, con ella, se siguen vulnerando los derechos de quienes dejaron sus armas y de las víctimas que dejaron a su paso, que, con cada asesinato, ven cómo se alejan las posibilidades de acceder a verdad y reparación integral.
