Un estudio de la Cnrr, aún no publicado, revela que los reincidentes son más que los calculados por el Gobierno, que las Bacrim están en auge y que varios de los proyectos para los desmovilizados resultaron un fracaso.
La infografía se realizó con datos de Policía, Ejército, Defensoría del Pueblo y la Cnrr que documentan el conflicto actual.
 {youtube}d5nBAUMOA-c|280|220|true{/youtube} Eduardo Pizarro, presidente de la Cnrr, explica el informe de DDR.  |
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Miles de desmovilizados han vuelto a tomar las armas. |
El mayor peligro que enfrenta la desmovilización de paramilitares y guerrilleros es el riesgo latente de que vuelvan a empuñar las armas o a delinquir.
Según las cifras y las conclusiones del segundo Informe de Desarme Desmovilización y Reinserción (DDR) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), las políticas que acompañan el proceso no son suficientes para construir la paz. El Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Alto Comisionado a la Reinserción, el Icbf, el Inpec, entre otros, han tenido falencias para asegurar un proceso de desarme, reinserción, verdad, justicia y reparación real.
Para el gobierno Uribe, 2006 tenía que ser el año en el que se iba a sepultar la violencia paramilitar definitivamente, pues se completaba la desmovilización de cerca de 30.000 paramilitares que había comenzado en 2003 y los varios programas, que se habían desarrollado para asegurar que los excombatientes volvieran a la vida civil, estarían ya maduros y con suficiente experiencia acumulada para operar con eficiencia.
Sin embargo, la realidad ha resultado más dura y aún hoy, cerrando el 2010, esa violencia paramilitar mutó, y las masacres, los desplazamientos obligados y las desapariciones forzadas, aún golpean importantes zonas del país.
El informe de la Cnrr, que aún no ha sido publicado, pero que VerdadAbierta.com consiguió, revela que numerosas fallas en programas e instituciones gubernamentales explican estas dificultades de la reinserción y la continuación de la violencia.
Sin embargo en entrevista con VerdadAbierta.com, Eduardo Pizarro, presidente de la Cnrr, resaltó que más de 50.000 personas de la guerrilla y de las Auc se han desmovilizado y que gran parte están en programas de reinserción a la vida civil. Pizarro también destacó la disminución fuerte de homicidios y secuestros desde 2002.
Pizarro también dijo que este es un momento crucial para combatir las bandas criminales e impedir que se vuelvan grandes carteles de la droga y sean incontrolables.
El trabajo se basó en cifras de la Procuraduría, Fiscalía, Policía, la Alta Consejería para la Reinsersión y Ongs como la Corporación Nuevo Arco Iris o Human Wright Watch.
Las conclusiones prenden alarmas, sobre todo porque viene de una institución que por mandato sigue muy de cerca la situación de las víctimas y que colabora estrechamente con la acción estatal.
Esta es una lista de los principales puntos que el informe de la Cnrr considera críticos en la política de desmovilización y reinserción.
Los límites de la Seguridad Democrática
El informe de la Comisión acepta que la Seguridad Democrática logró bajar los niveles de violencia, concluye que esta política, bandera del gobierno Uribe, tiene límites si se quiere alcanzar una paz duradera.
Según el informe, “es una política primordialmente de seguridad, con contenidos mayoritariamente de carácter militar y, en consecuencia, no es suficiente para consolidar la estabilidad local luego de la fase de licenciamiento de tropa, individual o colectiva, que la precede”.
Añade que no es “acertado afirmar que ya se logró la superación integral del fenómeno paramilitar o interpretar que los grupos rearmados son sólo un fenómeno delincuencial común”.
Las cuentas que no cuadran
En junio de 2010 Frank Pearl, entonces alto comisionado para la Paz y alto consejero para la Reintegración,, dijo que sólo siete por ciento de los desmovilizados volvieron a delinquir, o sea 3.655 personas de los más de 52 mil ‘paras’ y guerrilleros que se desmovilizaron.
Sin embargo la Cnrr, que se basa en cifras de las autoridades, sostiene que el número de reincidentes es mayor. Cita el informe que para diciembre de 2009 la fuerza pública había capturado a 5.890 desmovilizados. Añade que la Policía y el Ejército reportaron para la misma fecha 2.210 homicidios de desmovilizados. Es decir que sumando los dos datos, según calculó la Cnrr, “aumenta la reincidencia a 8.100 es decir el 15,5%, sobre la totalidad de desmovilizados”. Añade el estudio que la cifra de reincidentes es probablemente mucho más alta, pues del total, hay muchos que no aparecen en ninguna lista, ni la de los reconocidos en proceso de reinsersión, ni la de los investigados, ni de capturados, ni de los asesinados.
Por eso dice: “Preocupa, según estos resultados, la incapacidad oficial para apreciar y reconocer la dimensión del fenómeno, más aún, cuando tiende al incremento. De igual forma, resulta discutible afirmar como explicación que se asiste al margen ‘normal’ de reincidencia en los procesos de DDR que en el mundo se pueden estimar entre el 5% y el 10%, cifra en la que se acomoda la versión gubernamental pero que se diferencia bastante del cálculo de lo realmente existente”.
Por eso la Comisión le pide a la Alta Consejería para la Reintegración que haga un análisis preciso que aclare cuál es la situación actual de los desmovilizados de las Auc.
El fracaso de los proyectos productivos
Una de las bases para evitar el rearme de los ‘paras’ desmovilizados fue impulsar proyectos productivos que, de la mano del sector privado, tenían que asegurar empleo y un futuro sostenible a los más de 30.000 paramilitares que entregaron las armas.
Sin embargo la Cnrr, citando ejemplos concretos, constató que varios los proyectos no se han podido consolidar, ya sea por falta de recursos, carencia de estudios de factibilidad o de asesores, poca estructuración y débil seguimiento, o escasa participación de los gobiernos locales. Además resalta que es “notorio a la vez la falta apoyo del sector empresarial, pues los niveles de colaboración son muy escasos”.
Por eso le pide al gobierno, a las alcaldías y poderes locales asumir su responsabilidad con los desmovilizados.
Críticas al proceso de Justicia y Paz
La Ley de Justicia y Paz, la 975, fue la hoja de ruta del gobierno Uribe para desmovilizar a cerca de 30.000 paramilitares y para reinsertar a los guerrilleros que se han entregado las armas individualmente.
El informe de la Cnrr –institución que, dicho sea de paso, fue creada por esta Ley– es muy crítico acerca de la gestión de las distintas entidades que conforman la institucionalidad que puso en marcha la Ley 975. “Justicia y Paz ha estado marcada por la lentitud, ineficacia y reacciones en contra de la participación de la población desmovilizada, lo cual se evidencia en la ausencia de condenas, la no suficiente revelación de la verdad y la casi inexistente entrega de los bienes”.
Además sostiene que el proceso ha entregado ““un nivel de resultado parcial y lento y, en lo relativo a los versionados, con problemáticas como cálculos políticos, denuncias sobre chantajes, inasistencias o negativas a continuar con las versiones”.
La Comisión le pide a la Fiscalía volver más transparente el proceso de Justicia y Paz, haciendo más abiertas al público las versiones libres y fortaleciendo la participación de las víctimas, entre otros.
En entrevista con VerdadAbierta.com, Eduardo Pizarro, presidente de la Cnrr, señaló que los resultados de Justicia y Paz han sido positivos: “Gracias a las versiones libres se ha logrado avanzar enormemente en la verdad judicial. En América Latina hubo impunidad generalizada. Hubieron comisiones de la verdad que permitieron reconstruir la historia macro, pero no permitieron reconstruir las responsabilidades individuales. Colombia es el primer país en América Latina donde la memoria histórica y la verdad empírica, que determina las responsabilidades individuales, están caminando de la mano”.
La violencia no cesa
Las estadísticas nacionales muestran que los principales índices de violencia han disminuido con la desmovilización de ‘paras’ y guerrilleros, sin embargo el estudio de las cifras en zonas de la Costa Caribe, los Llanos Orientales, Antioquia, Nariño, entre otros, muestran un fuerte aumento de asesinatos, desaparición, desplazamiento y masacres entre 2007 y 2009.
Para la Cnrr “existen muchas dudas sobre la posibilidad de que la desmovilización de los paramilitares conduzca al desmonte de sus estructuras de poder, lo cual pone en riesgo la garantía de no repetición de las atrocidades y la sostenibilidad de la paz”.
Así hay cada día nuevas víctimas, y un problema subrayado por el reporte es que el gobierno no las está reconociendo. La investigación de la sostiene que “el Estado no puede excluir o negarse, en ningún tiempo, lugar ni por ninguna circunstancia, a brindar a las víctimas del conflicto armado la atención tanto humanitaria de emergencia como a sus derechos fundamentales referidos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
Cita a la Comisión Colombiana de Juristas cuyos datos revelan que entre 2006 y 2007 cerca de 1.400 personas fueron asesinadas o desaparecieron fuera de combate por razones políticas o sociales.
Una de las recomendaciones de la Comisión es que el gobierno tenga en cuenta las alertas de la Defensoría del Pueblo, tenga políticas enfocadas en las regiones más críticas.
Desmovilizados en peligro
El informe de la Cnrr muestra que claramente el gobierno no ha podido proteger con éxito los desmovilizados, un compromiso clavepara evitar la reincidencia.
Según la Fiscalía, 800 desmovilizados fueron asesinados entre 2007 y 2009, y la Policía sostiene que durante los últimos tres años murieron 923, “siendo la tendencia al incremento”, dice la Cnrr.
Por eso, según el informe, “los mecanismos de protección para la seguridad personal de los desmovilizados no han sido los necesarios y se revela falta de capacidad del Estado para responder a fondo, con medidas adecuadas y oportunas, ante la aguda problemática de violencia que los afecta”.
La Cnrr también señala que varios desmovilizados fueron asesinados por las autoridades y luego presentados como ‘positivos’. En el Caribe la Comisión recogió varias denuncias de desmovilizados atemorizados por que aseguran que “están siendo perseguidos para ser legalizados por la Policía y el Ejército”.
Uno de los casos que cita el estudio es el de Manuel Santiago Angarita Sánchez, desmovilizado de los ‘paras’ de Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, cuyo cadáver fue presentado en Tolima como miliciano muerto en combate por el Ejército. Varios militares fueron capturados por su presunta responsabilidad en el crimen.
Niños en la guerra: muchos más que las cifras oficiales
La Cnrr también denuncia que el número de menores en la guerrilla o en las autodefensas es probablemente mucho mayor que los que se desmovilizaron oficialmente.
La Cnrr sostiene que “el número de NNA (niños, niñas y adolescentes) desvinculado a raíz de estas desmovilizaciones colectivas fue minoritario en relación con los que realmente estaban enlistados, según todas las versiones existentes”.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) acogió a cerca de 1000 menores de edad desmovilizados, sin embargo la Cnrr contrasta la cifra con las de Coalico, coalición de Ongs que militan por los derechos de los niños, que afirma que podrían ser entre 8 mil y 13 mil.
La Cnrr encomienda el Icbf y las instituciones gubernamentales a emprender políticas más eficaces para tener un censo preciso de los menores en el conflicto y superar la incertidumbre.
Las quejas de los desmovilizados en la cárcel
Investigadores de la Cnrr, que hicieron varias visitas a centros penitenciaros y se entrevistaron con los desmovilizados presos, donde “se han podido detectar algunas dificultades e irregularidades en el tratamiento de los postulados”.
Según el informe, los principales problemas de los desmovilizados, que son los que participan en las versiones libres de Justicia y Paz, los presos están hacinados (entre 25 y 60 por ciento de presos más que lo que tiene previsto la Picota de Bogotá), no cuentan con sitios adecuados para dormir,no hay condiciones sanitarias, no tienen la posibilidad de recibir visitas entre otras quejas en las cárceles de Bogotá e Itagüí.
Desmovilizados y empresas de seguridad: peligro latente
La Cnrr considera sumamente peligroso vincular desmovilizados a empresas de seguridad, “especialmente si implican armas de fuego y responsabilidad en dispositivos de control social”.
La comisión encontró que en 2006, 1.500 desmovilizados estaban trabajando, entre los cuales más de 1.000 prestaban servicios de vigilancia y seguridad o como escoltas.
Aunque actualmente ya no hay proyectos de reincorporación de ex ‘paras’ y guerrilleros en empresas de seguridad, la Comisión mostró que en varias regiones estas políticas llevaron desmovilizados a rearmarse y a delinquir.
Uno de los casos es el de la empresa Calidad Total en Medellín que según investigaciones tenía vínculos con bandas criminales. La Cnrr también conoció varios casos en Bucaramanga en una empresa de seguridad donde desmovilizados se enfrentaron a otros empleados.
